Crítica:
La noticia presenta la solución como un éxito creativo, ignorando que un desfile no arregla la falta de estrategia comercial a largo plazo. Es puro maquillaje institucional para ocultar una crisis de fondo.
La noticia presenta la solución como un éxito creativo, ignorando que un desfile no arregla la falta de estrategia comercial a largo plazo. Es puro maquillaje institucional para ocultar una crisis de fondo.
España ha logrado una hazaña digna de un premio a la ironía: producir tanta energía limpia que el sistema eléctrico ha decidido que lo mejor es tirarla a la basura. No es que no haya quien la compre, es que el cableado es como intentar vaciar una piscina olímpica con una pajita. En junio de 2026, la Energía Renovable No Integrable (ERNI) alcanzó los 712,6 GWh, un sablazo del 63% comparado con los 436,5 GWh de junio de 2025. Básicamente, uno de cada diez megavatios hora que ya estaban vendidos y listos para entrar en el sistema acabó en el limbo porque Red Eléctrica entró en modo pánico operativo. El detonante tiene nombre y fecha: el apagón del 28 de abril. Desde entonces, la gestión se ha vuelto tan conservadora que parece que operan la red con miedo a que se rompa si alguien respira fuerte. Mientras los parques fotovoltaicos brotan como setas después de la lluvia, las redes de transporte y el almacenamiento avanzan a paso de tortuga con artritis. Es la paradoja del rico con la nevera llena pero sin electricidad para encenderla: seguimos dependiendo del exterior en un 68% en 2024, pero desperdiciamos lo nuestro por pura incapacidad técnica. Para los inversores, esto es un baño de realidad. El precio capturado de la fotovoltaica en junio rondó los 29 euros, con un factor de apuntamiento de 0,43; es decir, venden a precio de saldo mientras la red les cierra la puerta en la cara. Hemos pasado de la obsesión por plantar placas a descubrir que, si no tienes dónde meter el flujo, tienes un parque de espejos muy caro que no sirve para nada más que para decorar el campo.
Hacienda ha descubierto que el español es un animal generoso, o más bien, un ciudadano que no sabe decir que no al tajo fiscal. Mientras nosotros hacemos malabares para que el carrito del súper no nos deje en números rojos, la Agencia Tributaria ha cerrado el año pasado con una recaudación de 325.356 millones de euros. Un 10,4% más que el año anterior, porque aparentemente el arte de 'gestionar' el dinero ajeno ha dejado un beneficio de 7.820 millones. Es el equivalente a que tu vecino te pida prestado para el alquiler y termine comprándose un yate con tu comisión. En los primeros cinco meses de este año, la maquinaria no ha descansado: 135.009 millones de euros ya están en la hucha, un 10,8% más que en 2025. El IRPF sigue siendo la vaca sagrada con 60.564 millones, mientras que el IVA ha roto su propia barrera mítica aportando 50.007 millones. Pero lo verdaderamente poético es la estrategia de los 'impuestitos'. Como quien busca calderilla en el sofá, el Estado ha implementado dieciséis gravámenes menores que han succionado 8.900 millones de euros en solo cinco meses. Desde las rentas del capital (3.864 millones) y los arrendamientos (1.645 millones), hasta el impuesto sobre los envases plásticos (256,6 millones), que es la cumbre de la hipocresía: seguimos usando el plástico, pero ahora pagamos el privilegio de contaminar. Y para rematar la faena, Hacienda se lleva una tajada de nuestra suerte con 269 millones procedentes de los juegos de azar, una herencia de la era Rajoy donde se decidió que ganar la lotería era un pecado que solo se perdonaba pagando el 20%. Entre la cerveza (109 millones) y el alcohol (281 millones), el Estado se asegura de que, aunque estemos borrachos de impuestos, la caja esté siempre llena.
Hay una técnica de magia contable muy extendida en los despachos de Madrid: consiste en gritar muy fuerte cuánto pagas en impuestos para que nadie se fije en lo que no devuelves. Plus Ultra ha aplicado este manual de supervivencia ante la Audiencia Nacional. Sus directivos, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han presentado unos escritos donde presumen de haber soltado 46,3 millones de euros en impuestos y Seguridad Social entre 2021 y 2026. Es el equivalente a que un vecino te diga que es un ciudadano ejemplar porque paga la tasa de basuras, mientras sigue debiéndote el dinero del alquiler desde hace tres años. Porque aquí está la madre del cordero: de los 53 millones de euros del rescate concedido en marzo de 2021 vía FASEE, la compañía solo ha devuelto 11,98 millones en intereses (de unos 13,1 millones devengados). El principal, ese montón de dinero público que debería volver a casa, sigue intacto. Ahora, con la cara dura que solo da el dinero ajeno, negocian aplazar la deuda del préstamo ordinario (19 millones) y el participativo (34 millones) hasta 2028. Pero lo más jugoso no es el impago, sino la 'mordida'. Los documentos admiten que 527.417 euros del rescate acabaron en manos de intermediarios vinculados a José Luis Rodríguez Zapatero. Lo mejor es que la propia defensa admite que las facturas eran 'inciertos', un eufemismo elegante para decir que los informes fueron un invento o que eran irrelevantes. Todo esto se cocinó entre WhatsApps de Rodolfo Reyes hablando de 'lacayos' y 46 billetes de avión en business valorados en 69.000 euros. Mientras la facturación subió de 56,6 millones en 2021/2022 a 215,7 millones en 2025/2026, el Estado sigue esperando que el dinero público deje de ser un préstamo perpetuo.
Nos vendieron la llegada de los fondos Next Generation como el billete premiado de la lotería que iba a sacar a España del barro, pero al final ha resultado ser un rasca y gana donde el premio es una palmadita en la espalda. La promesa era ambiciosa: Nadia Calviño llegó a presumir ante la Comisión Mixta para la Unión Europea de un impacto de hasta 3,1 puntos del PIB anual. Una cifra que, vista desde la calle, equivaldría a prometer un banquete de lujo y acabar sirviendo caldo de gallina diluido. La realidad es que el impacto real ha caído por debajo del medio punto. ¿Dónde está el agujero? Muy sencillo: la burocracia y el vicio del gasto público. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, el Ejecutivo ha preferido usar los fondos para inflar el consumo público en lugar de activar la inversión productiva. Es como si te dieran una herencia para montar un negocio que dé frutos a largo plazo y tú decidieras gastártelo todo en pagar el alquiler y comprar café para la oficina; al final del día, no tienes empresa, solo tienes recibos pagados. Los números no mienten, aunque intenten maquillarlos. De los 57.000 millones de euros comprometidos en concursos y adjudicaciones, solo han llegado a ejecutarse 39.000 millones. Javier Santacruz lo deja claro: hemos perdido más de la mitad del impacto global esperado. El Banco de España y Funcas confirman que, entre 2021 y 2025, lo máximo que habremos arañado son dos puntos del PIB en el mejor de los escenarios. José María Rotellar, desde la Universidad Francisco de Vitoria, sentencia que se ha desaprovechado el 'efecto tractor'. Ahora que el grifo se cierra a finales de año, nos queda la resaca de un crecimiento apoyado en el gasto y una productividad que sigue durmiendo la siesta.
Pedro Sánchez aterrizó en Almussafes con el pecho hinchado y el discurso ya masticado. Fue un jueves de pompas y circumstance para celebrar que Ford y la china Geely se han dado la mano en una joint venture que promete cinco modelos nuevos para 2028. El presidente se paseaba por la planta presumiendo de que el coche eléctrico es el futuro, soltando que las matriculaciones subieron un 40% en el primer semestre y que uno de cada cuatro coches vendidos ya es electrificado. Todo un cuento de hadas tecnológico, si no fuera porque el Gobierno ha hecho un recorte quirúrgico en la cartera. Mientras Sánchez vende progreso, la realidad es que el plan Auto + ha sufrido un sablazo del 50%. Pasar de 800 millones de euros en 2025 a tan solo 400 millones en 2026 no es una 'transición', es un tijeretazo en toda regla. Es como si te prometieran una cena gourmet y al final te sirvieran la mitad de la ración mientras te explican que estás más lleno que nunca. El resultado: unos 50.000 españoles se quedan mirando el escaparate, fuera de las ayudas, porque el presupuesto se ha evaporado. En medio de este surrealismo, Ford intenta salvar los muebles. Seguirán con el Kuga y esperan que el nuevo Bronco y un crossover multienergía, junto a los dos SUV de Geely, lleven la fábrica a su tope de 500.000 vehículos anuales. Pero ojo, que el maquillaje no tape la grieta: hay mil trabajadores bajo el mecanismo RED, un parche que caduca el 31 de diciembre y que es lo único que evita que el ajuste de plantilla sea el titular del domingo. Mucha joint venture y mucha nube eléctrica, pero el aterrizaje en Valencia sigue siendo turbulento.
Tener una casa en España no es poseer un activo, es alquilarle el derecho de existir al Estado. El doctor Jaume Menéndez lo ha dejado claro en su libro 'Análisis económico de la fiscalidad de la vivienda en España', presentado en Fedea: la maquinaria tributaria es un agujero negro que no deja títere con cabeza. Para que lo entendamos los mortales, Menéndez pone un ejemplo en Gerona que parece un chiste de mal gusto. Alguien compró una casa en el año 2000 por 90.000 euros y la vendió en 2025 por 240.000 euros. Entre el IVA, el ITP, el IBI y la plusvalía, el propietario dejó sobre la mesa 56.000 euros. Traducido al idioma de la calle: el Estado se llevó el 62% del precio original de la casa. Es como si fueras al súper, compraras un jamón y, entre el IVA y el impuesto por llevarlo en la nevera, al final tuvieras que pagarle al Gobierno otro jamón y medio. La hipocresía es deliciosa. Nos venden la movilidad residencial mientras nos encadenan con impuestos en tres niveles: estatal, autonómico y municipal. Somos la cuarta potencia de la UE en presión fiscal inmobiliaria, solo superados por Luxemburgo, Francia y Bélgica. Mientras tanto, la oferta de vivienda es una broma pesada. Desde 2021 han nacido 1,2 millones de hogares, pero solo se han terminado 470.000 viviendas. Básicamente, hay dos familias peleándose por cada piso nuevo, especialmente en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Murcia. El resultado es obvio: la carga fiscal no desaparece, se traslada al precio final. Al final, el ciudadano paga la fiesta y el Estado se queda con la llave.
Japón ha descubierto, después de décadas de mirar hacia otro lado, que resulta caro ignorar a la mitad de la población. No es una epifanía feminista, es pura matemática de supervivencia. Con un agujero proyectado de 11 millones de trabajadores para 2040, el país se ha dado cuenta de que no puede mantener la maquinaria funcionando solo con hombres cansados. El Recruit Works Institute lo ha dejado claro: la oferta caerá de 65,87 millones en 2022 a unos 57,68 millones, mientras la demanda se mantiene terca en los 68,68 millones. Básicamente, se quedan sin manos. Para solucionar este drama, gigantes como MUFG Bank y Nippon Life han decidido hacer limpieza en sus organigramas. Han fulminado esas categorías administrativas —como la categoría BS de MUFG— que servían como una especie de 'gueto' profesional donde las mujeres se quedaban estancadas con sueldos de risa y cero ascensos. En MUFG, la remuneración femenina era un triste 50% de la masculina; en Nippon Life, la broma era peor: un 39%. Es como si te dijeran que trabajas lo mismo, pero que tu cuenta bancaria tiene un impuesto invisible por el simple hecho de ser mujer. Según la Encuesta Básica sobre la Estructura Salarial de 2025, el hombre medio cobra 373.400 yenes frente a los 285.900 de la mujer. Un 76,6% que suena a avance, pero que en la calle se traduce en un 23,4% de diferencia que duele al pagar el alquiler. La OCDE, con una lupa más severa, pone la brecha en un 21,3%, la cuarta más alta del club. Para rematar, el Gobierno intenta combatir la 'curva en L' —ese momento donde la maternidad expulsa a las mujeres al empleo temporal— con horarios flexibles y tres días libres semanales en Tokio desde abril de 2025. Un parche moderno para una herida antigua.
Comentarios