Crítica:
El texto original es una sucesión de citas técnicas que oculta la incompetencia administrativa tras términos como 'baja ejecución'. Le sobra lenguaje tecnocrático y le falta señalar quién ha firmado los papeles de esa ineficiencia.
El texto original es una sucesión de citas técnicas que oculta la incompetencia administrativa tras términos como 'baja ejecución'. Le sobra lenguaje tecnocrático y le falta señalar quién ha firmado los papeles de esa ineficiencia.
Nos vendieron la llegada de los fondos Next Generation como el billete premiado de la lotería que iba a sacar a España del barro, pero al final ha resultado ser un rasca y gana donde el premio es una palmadita en la espalda. La promesa era ambiciosa: Nadia Calviño llegó a presumir ante la Comisión Mixta para la Unión Europea de un impacto de hasta 3,1 puntos del PIB anual. Una cifra que, vista desde la calle, equivaldría a prometer un banquete de lujo y acabar sirviendo caldo de gallina diluido. La realidad es que el impacto real ha caído por debajo del medio punto. ¿Dónde está el agujero? Muy sencillo: la burocracia y el vicio del gasto público. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación en la lista de la compra, el Ejecutivo ha preferido usar los fondos para inflar el consumo público en lugar de activar la inversión productiva. Es como si te dieran una herencia para montar un negocio que dé frutos a largo plazo y tú decidieras gastártelo todo en pagar el alquiler y comprar café para la oficina; al final del día, no tienes empresa, solo tienes recibos pagados. Los números no mienten, aunque intenten maquillarlos. De los 57.000 millones de euros comprometidos en concursos y adjudicaciones, solo han llegado a ejecutarse 39.000 millones. Javier Santacruz lo deja claro: hemos perdido más de la mitad del impacto global esperado. El Banco de España y Funcas confirman que, entre 2021 y 2025, lo máximo que habremos arañado son dos puntos del PIB en el mejor de los escenarios. José María Rotellar, desde la Universidad Francisco de Vitoria, sentencia que se ha desaprovechado el 'efecto tractor'. Ahora que el grifo se cierra a finales de año, nos queda la resaca de un crecimiento apoyado en el gasto y una productividad que sigue durmiendo la siesta.
Hay que tener valor para subir a la tribuna del Congreso y confesar que el cerebro se ha quedado en modo avión. La diputada canaria del PSOE, Alicia Álvarez, decidió que buscar argumentos propios para defender la senda de estabilidad era un esfuerzo demasiado costoso en calorías y prefirió delegar su capacidad cognitiva en un algoritmo. El jueves pasado, en un despliegue de honestidad brutal o de una desfachatez digna de premio, Álvarez admitió haber consultado a la inteligencia artificial para convencer al PP de votar a favor de los objetivos de estabilidad. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz o intenta que el presupuesto familiar no sea una obra de ficción, la diputada presumía de que la IA le había dado la hoja de ruta: decía que el PP debía votar sí porque era el trámite previo para los Presupuestos, beneficiaba a las comunidades autónomas y calmaba los nervios de Bruselas. El giro final fue la guinda al pastel del surrealismo parlamentario: Álvarez sentenció que era "muy triste que haya más inteligencia detrás de un ordenador que en esta parte del hemiciclo". La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. La diputada utilizó una herramienta ajena para llamar ignorantes a la oposición, olvidando que el acto de 'copiar y pegar' la lógica de un bot no es precisamente un ejercicio de brillantez intelectual. Al final, la realidad se impuso al código: el PP, Vox, Junts y UPN pasaron del 'consejo digital' y derrotaron la senda de estabilidad por segunda vez y de forma definitiva. El algoritmo falló, pero la comedia fue absoluta.
Gestionar la frontera sur española parece, últimamente, como intentar tapar un colador con un trozo de queso suizo. El informe 'Demografía de Canarias, Ceuta y Melilla: la porosa frontera sur de España', orquestado por Joaquín Leguina y Alejandro Macarrón de CEU Cefas, nos pone los números sobre la mesa y el resultado es un frío jarro de agua. En tres décadas, más de 350.000 personas han cruzado la raya sin invitación. Es una cifra que asusta, pero más asusta la distribución del botín demográfico. Canarias ha sido la puerta giratoria: 270.218 llegadas por mar desde 1994. Lo curioso es que el grifo se ha abierto a niveles industriales bajo el mando de Pedro Sánchez, con 142.539 personas aterrizando entre 2021 y 2025. Mientras tanto, Ceuta y Melilla, esos dos trozos de tierra que Rabat mira con el hambre de quien ve un jamón en el escaparate, han sumado entre 85.000 y 100.000 entradas. Aquí la cosa no es solo de tránsito, es de sustitución. El informe es tajante: el sustrato marroquí-musulmán ya no es un detalle folclórico, es el motor demográfico. En Ceuta, el 81,1% de los nombres más comunes entre 2020 y 2024 son árabes; en Melilla, esa cifra supera el 90%. Es una transformación silenciosa mientras el Estado mira hacia otro lado. El contraste es brutal: Canarias se vacía y podría perder el 60% de su población este siglo, mientras que Ceuta y Melilla presumen de las edades medias más bajas de España (39,26 y 37,66 años). No es una migración, es un cambio de piel coordinado con las 'ambiciones expansivas' de Marruecos, que juega al ajedrez mientras nosotros seguimos pensando que esto es una partida de parchís.
Hay que tener valor. O mucha desfachatez. Morrissey, el eterno incomprendido del pop británico, ha decidido que el mejor preludio para sus conciertos del 25 de julio en Barcelona y el 29 de julio en Madrid es enviarle un 'recadito' a Pedro Sánchez. No es una postal de felicitación, sino una exigencia formal para prohibir las corridas de toros, argumentando que esta tradición empaña la imagen de España. Básicamente, el cantante quiere que el presidente limpie el patio antes de que él ponga un pie en la alfombra roja. El despliegue es digno de un manual de marketing: el músico, con el respaldo de PETA, lanza su ofensiva epistolar justo cuando el tablero político está caliente. El 15 de julio, 52 diputados volvieron a registrar en el Congreso la iniciativa 'No Es Mi Cultura'. Es el eterno retorno legislativo; un intento de quitarle el disfraz de 'patrimonio cultural' a la tauromaquia que ya ha chocado contra el muro de la abstención del PSOE. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación y el precio del aceite, en el Congreso se juegan el destino del toro con una proposición de ley que el año pasado movilizó a más de 715.000 firmas. Morrissey no es nuevo en esto. Ya le escribió al Papa y tiene hasta una canción, 'The Bullfighter Dies', dedicada a la causa. Pero pedirle a Sánchez que 'utilice su influencia' para acabar con la 'barbarie' justo antes de cobrar sus honorarios por llenar estadios suena a una jugada de relaciones públicas muy fina. Es el clásico movimiento de: 'Te critico el salón, pero acepto la invitación a cenar'.
Hay regalos que no caben en una tarjeta de agradecimiento ni en la conciencia de un funcionario. Mientras el ciudadano medio se pelea con el precio del aceite, en la calle de Ferraz se guardaban tesoros que hacen palidecer cualquier hucha de ahorros. La Fiscalía Anticorrupción ha decidido que el primer vistazo a las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero no fue suficiente. ¿El motivo? Un informe de la joyería Ansorena ya tasaba el botín en 1,3 millones de euros, una cifra que, para el Ministerio Público, podría ser solo la punta del iceberg de un valor de mercado mucho más jugoso. Todo empezó el 19 de mayo, cuando la Policía Judicial entró en el despacho del exlíder socialista por orden del juez José Luis Calama. Desde entonces, el juego se ha vuelto lento. Zapatero, en su comparecencia del 18 de junio ante el Juzgado Central de Instrucción Número 4 por el caso Plus Ultra, decidió jugar al silencio. Pidió un plazo de entre siete y diez días para traer los papeles que probarían que todo era legal, pero ha pasado más de un mes y el silencio es el único documento que ha presentado. La narrativa oficial es casi conmovedora: según contó en Televisión Española al periodista Javier Ruiz, las piezas fueron un 'regalo de cortesía' y 'personal'. Eso sí, el donante es un fantasma; no hay nombre, no hay fecha, solo un vago 'hace muchos años'. El juez Calama no ha comprado el cuento y ya ha imputado al exmandatario por delitos fiscales y de contrabando. Ahora la Fiscalía quiere saber exactamente cuándo se montaron esas joyas, buscando el rastro de una generosidad anónima que huele a ingeniería financiera de alta gama.
En el Congreso, las rebajas no llegan a la cesta de la compra, sino al reglamento. Este jueves, mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación, los arquitectos del poder han decidido que entrar en el club VIP de los grupos parlamentarios ahora es más barato. A petición de ERC, Junts, BNG, Compromís y Podemos, y con el visto bueno del PSOE, se ha aprobado bajar el listón. La regla de los 15 diputados sigue ahí, como el precio oficial de un menú que nadie pide. El truco está en la vía alternativa: ahora solo hace falta el 10% de los votos en las circunscripciones y un 3% nacional. Antes, el peaje era del 15% y 5%. Un recorte quirúrgico que, en lenguaje de calle, es como si el portero de la discoteca decidiera dejar pasar a quien tenga la camiseta del equipo adecuado, aunque no tenga la entrada completa. Inés Granollers de ERC lo pinta como un acto de generosidad democrática para que 'todas las voces' suenen. Jon Iñarritu, de EH Bildu, dice que es para evitar que el PP use el reglamento a su antojo. Por su parte, Alberto Ibáñez de Compromís sostiene que es una compensación al bipartidismo. María Adrio, del PSOE, lo resume como una lucha contra la 'rigidez'. Pero el otro lado del mostrador no compra la narrativa. Pedro Navarro del PP lo define como un 'pago político' con el mismo comprador y vendedor de siempre. No es filantropía; es acceso a la maquinaria: despachos, asesores y subvenciones. Carlos Flores Juberías, de Vox, ha soltado la frase del día: 'las rebajas suceden a final de temporada'. Para él y Alberto Catalán de UPN, esto no es pluralidad, es el PSOE aceptando que es rehén de sus socios mientras prepara el cierre de la legislatura.
Hay quien recibe una tarjeta de felicitación por cumpleaños y hay quien recibe piezas de joyería que valen 1,3 millones de euros. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pertenece, al parecer, al segundo grupo. La Fiscalía Anticorrupción, que no piensa dejar pasar ni un quilate, ha pedido al juez José Luis Calama ampliar la tasación de los brillantes hallados en su despacho el pasado 19 de mayo. Quieren saber el precio actual de mercado y, sobre todo, cuándo se engarzaron esas piezas. Básicamente, quieren saber si el regalo llegó antes o después de que el Gobierno soltara 53 millones de euros en un rescate para la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, Zapatero juega al misterio. En su primera entrevista, el exmandatario negó cualquier 'afán patrimonial' o 'intención de defraudar'. Según él, fueron un 'regalo de cortesía personal de hace muchos años'. Un detalle curioso: no ha querido decir quién es el generoso donante. Imaginen el nivel de generosidad; es el equivalente a que alguien te regale un yate y tú digas que fue 'un detalle' sin dar el nombre del dueño del barco. La joyería Ansorena ya hizo el primer estudio, pero la Fiscalía quiere más. No es solo el brillo, es la trazabilidad. El juez ya lo ha imputado por presuntos delitos fiscales y de contrabando. Porque claro, pasar joyas de lujo por la aduana sin decir ni mu es un deporte extremo que no todos practicamos. Ahora, el tablero está listo: 53 millones en rescates públicos, un despacho lleno de joyas millonarias y un expresidente que se define como alguien sin ambiciones materiales mientras el brillo de los diamantes encandila a la Audiencia Nacional.
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