La Seguridad Social, con la gracia de un elefante en una cacharrería, ha decidido que 500.000 autónomos societarios y colaboradores paguen la cuenta. Prometieron que las cuotas no subirían, pero las promesas, como las rebajas de enero, suelen ser más relucientes en el escaparate que en el bolsillo.
El batacazo: un incremento del 42% en la base mínima de cotización, pasando de 1.000 a 1.424,40 euros mensuales. ¿El impacto? Un sablazo de 135 euros al mes, o 1.600 euros anuales, directo a la billetera de quienes ya están exprimiendo las nueces.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), liderada por Lorenzo Amor, lleva meses gritando al desierto, advirtiendo que esta medida afectará especialmente a mujeres que ayudan en negocios familiares del entorno rural, donde la palabra “margen” suena a lujo.
Mientras tanto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) sonríe: la subida inyectará 1.550 millones de euros a las arcas públicas, una décima del PIB. ¡Qué alivio para las pensiones! La ironía es que la reforma de cotización por ingresos reales de 2022 preveía una evaluación con los agentes sociales que nunca llegó a buen término.
Junts, con una enmienda en el Congreso, intenta poner freno al desastre, pero la Administración, con el apetito de un león hambriento, parece decidida a mantener el plan. La moraleja: cuando ves al político prometer, agarra la cartera. Y prepárate para el sablazo. Porque, al final, siempre somos los mismos los que pagamos la fiesta.
Crítica:
La noticia es incompleta: falta la voz de los autónomos afectados, más allá de las declaraciones de ATA. El título es un poco sensacionalista, aunque refleja la realidad del asunto. La Airef se limita a dar cifras, sin abordar la justicia de la medida.
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