El texto original es una pieza de denuncia con tintes partidistas evidentes, aunque los datos de las fechas y los cambios de redacción son demoledores. Le falta contrastar si hubo instrucciones similares en otros ministerios para no parecer un ataque personal a la familia Puente.
Hay una distancia sideral entre el discurso de salón y la escritura de propiedad. María Jesús Montero, la secretaria general del PSOE-A, nos vende en redes sociales que la vivienda debe estar «al servicio de las personas» y no del mercado, con un tono que casi huele a incienso social. Nos habla de Mari Carmen y los desahucios como quien lee un poema triste, asegurando que quien no vea el problema es porque no conoce la calle. El detalle es que la calle que conoce Montero es, probablemente, la que lleva a sus tres viviendas en Sevilla, además de un local y un garaje, todos en la misma capital. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban el alquiler, la declaración patrimonial de la senadora, registrada el 27 de julio de 2026, revela una ingeniería inmobiliaria montada entre 2004 y 2006. No es que haya comprado un piso para vivir; es que se montó un portfolio. Para lograrlo, tiró de tarjeta bancaria con dos hipotecas que sumaron un importe inicial de 328.808 euros. Una de ellas, la más ambiciosa, fue de 240.000 euros en 2006, justo cuando la burbuja inmobiliaria estaba en su punto más delirante. Hoy, el saldo pendiente de esos préstamos es de 70.928 euros (31.214 de la primera y 39.714 de la segunda). Es decir, Montero ya ha liquidado casi todo el sablazo bancario y ahora disfruta del pleno dominio del 50% de sus activos bajo régimen de gananciales. Resulta fascinante que use el mercado inmobiliario como arma arrojadiza contra Juanma Moreno y los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2027, cuando su propio patrimonio es el resultado perfecto de haber sabido jugar el juego del mercado en el momento preciso. La coherencia, al parecer, no entra en el registro de la propiedad.
Hay una ironía deliciosa en el aire, de esas que huelen a archivador viejo y conveniencia política. Resulta que la Asociación Descendientes del Exilio ha decidido que su memoria tiene la elasticidad de un chicle. Hace veinte años, concretamente en agosto de 2004, le enviaron un informe al recién estrenado José Luis Rodríguez Zapatero con una petición clarísima: que no se mezclaran los churros con las croquetas. Querían que el Estado distinguiera con bisturí quién fue un exiliado político huyendo de la represión y quién fue un emigrante que simplemente buscaba una vida mejor. Para Ludovica García Arias y compañía, equiparar ambos perfiles era un insulto al sacrificio forzado. Pero el tiempo pasa y los intereses mutan. Tras la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, que permitió que más de 370.000 nietos se colgaran el pasaporte español sin presentar ni un ticket de compra que acreditara el exilio, la asociación ha pegado un giro de 180 grados. Ahora, que el Tribunal Supremo ha decidido poner orden en el censo electoral tras un recurso de Vox, la entidad se pone el traje de víctima. Pilar Nova Melle ya no quiere bisturíes; ahora califica la exigencia de acreditar la condición de exiliado como un «ataque contra el derecho a voto». Es el clásico baile de la hipocresía institucional: ayer pedían rigor jurídico para no diluir la tragedia del exilio; hoy, cuando el Supremo aplica ese mismo rigor, culpan al PP y a Vox de jugar a la política con el censo de 2027. Resulta fascinante ver cómo una organización fundada para diferenciar el dolor forzado de la migración voluntaria ahora lucha para que cualquiera pueda entrar en el club sin presentar la invitación. Al final, parece que la memoria histórica no es un libro cerrado, sino una pizarra que se borra según sople el viento electoral.
El Gobierno ha jugado al póker con el censo electoral y, como suele pasar, la mano le ha salido mal. La Ley de Memoria Democrática, que nació con la nobleza de reparar el exilio, ha acabado siendo un 'todo vale' administrativo. Gracias a la creativa ingeniería jurídica de Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica, bastaba con encontrar una partida de nacimiento de un bisabuelo que emigrara en el siglo XIX para obtener el pasaporte y el voto. Básicamente, se ha pasado de buscar víctimas del franquismo a hacer un casting masivo de genealogía donde cualquiera con un ancestro español podía colarse en la fiesta. Ahora, con las elecciones del 29-N en el horizonte, el Tribunal Supremo ha pinchado el globo y el Ejecutivo ha entrado en pánico. Han trasladado el marrón a los consulados, obligando a diplomáticos agotados y con bajas por estrés a filtrar a 163.020 personas. Es como pedirle a un cajero de supermercado que, en plena hora punta, revise si cada cliente que ha comprado pan tiene el ticket de hace diez años para saber si es 'exiliado real' o simplemente un turista con suerte. El cónsul de Rosario, Pablo Platas, ya lo admitió: nacionalizaron familias enteras, tataranietos incluidos, en expedientes que se resolvían en seis u ocho meses. Mientras tanto, la Oficina del Censo Electoral intenta depurar una lista que es un auténtico coladero. El resultado es una comedia del absurdo: miles de personas recibirán sus papeletas, pero el 4 de diciembre, durante el recuento del voto CERA, el sistema podría escupir esos votos como si fueran billetes falsos. Una gestión impecable que convierte la memoria democrática en una lotería electoral.
Gestionar la televisión pública parece haberse convertido en un ejercicio de magia financiera donde el truco consiste en hacer desaparecer el presupuesto y hacer aparecer rescatistas. José Pablo López, el timonel de RTVE, ha vuelto a tirar de la cuerda de la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De momento, ya se ha servido los primeros 30 millones, probablemente para que el Mundial de fútbol de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno no se vieran en blanco. Es el clásico 'sablazo' institucional: mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico antes de ir al súper, la cadena pública opera sin presupuestos actualizados desde 2023, navegando a ojo y con la tarjeta de crédito del Estado sin límite. La hipocresía es el plato fuerte. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López practicó el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras el PP le recordaba los 163 millones ya inyectados entre 2024 y 2025 (incluyendo esos 100 millones del año 2024), el presidente de la Corporación prefiriera no admitir que ya estaba pidiendo más gasolina para el coche. Pero el verdadero agujero negro no son los contenidos, sino el pleito del IVA. El auditor de la casa habla de una cifra que roza los 1.000 millones de euros. Para evitar que RTVE se hunda en ese fango contable, el Gobierno prepara un real decreto para que la Administración pague la cuenta si Hacienda gana. Como el camino ordinario en las Cortes estaba bloqueado, han decidido irse por la puerta trasera de la Diputación Permanente, donde Junts no molesta y la mayoría es un camino despejado. Todo esto mientras UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando el nuevo contrato programa que redefine, convenientemente, qué significa 'coste neto' en el diccionario del gasto público.
Hay que tener una imaginación envidiable o una calculadora muy creativa para soltar que en España se ha levantado un millón de viviendas en los últimos años. Pedro Sánchez lo soltó con la seguridad de quien pide el menú del día sabiendo que paga el jefe, pero el problema es que el ticket de la realidad no cuadra. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma el 70% de su nómina, el Presidente se inventa un urbanismo fantástico donde las grúas no dejan de bailar. Lo más exquisito de la función no es la cifra en sí, sino que los datos del propio Gobierno —esos que suelen ser el escudo sagrado en cualquier rueda de prensa— actúan aquí como el fiscal que desmiente al testigo. Es una comedia de errores donde la mano derecha ignora lo que la izquierda ha anotado en el Excel. Un millón de casas es una cifra que, traducida al lenguaje de la calle, sería como decir que hemos acabado con el hambre en el mundo mientras seguimos contando los céntimos para comprar el pan. Íñigo Zulet ha puesto el dedo en la llaga, exponiendo que el relato oficial tiene más agujeros que un queso gruyère. No es un error de redondeo ni un desliz tipográfico. Es la brecha insalvable entre la narrativa del despacho y la pesadilla de quien busca un piso sin tener que vender un riñón en el mercado negro. Al final, el millón de viviendas de Sánchez es un espejismo arquitectónico: muy bonito de escuchar, pero imposible de habitar.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. Pero lo de la FIAP, esa entidad de Exteriores que juega a ser el brazo ejecutor de la UE, es poesía pura. El 24 de julio de 2025, decidieron soltar 637.200 euros (que con el IVA suben a 771.012 euros) para comprar ambulancias destinadas al Ministerio del Interior de Marruecos. El detalle exquisito es que el dinero aterrizó en Auto Hall, un grupo automovilístico donde el primo hermano del rey Mohamed VI, Moulay Souleimane Cherkaoui, mueve los hilos a través de Société Amana (dueña del 58,3% del capital). Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si el Ayuntamiento sacara un concurso para arreglar las farolas, descartara a tres electricistas del barrio porque 'no convencen' y luego, en una cena privada y sin avisar a nadie, le diera el contrato al primo del alcalde. Así ocurrió aquí. Primero hubo una licitación abierta en enero de 2025 donde tres empresas españolas (Euro Gaza Emergencias, TSD e Iturri) pelearon por el pastel. Pero, ¡oh, sorpresa!, ninguna daba la talla. Entonces, la FIAP activó el modo 'invisible': un procedimiento negociado sin publicidad. ¿El resultado? Una única oferta. La de Auto Hall. El consejo de administración de la empresa es un catálogo de 'quién es quién' en Rabat: desde el exministro Karim Ghellab hasta Mohamed Saâd Hassar, antiguo secretario del Interior (precisamente donde iban las ambulancias). Todo esto financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para el norte de África. Mientras en Ceuta y Melilla la tensión es el pan de cada día y el caso Pegasus sigue siendo un enigma con olor a espionaje, el dinero público fluye con una fluidez envidiable hacia la familia real marroquí. Una gestión impecable, siempre que seas el primo adecuado.
En Rabat, la política se juega como quien intenta cobrar una deuda prescrita pero con la insistencia de un cobrador telefónico a las ocho de la mañana. El Parlamento marroquí, tras las elecciones del 23 de septiembre, ha decidido que lo más útil para cohesionar el tablero interno es volver a jugar la carta de Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. Es la receta de siempre: cuando no sabes cómo vender el programa económico, vendes el mapa del vecino. La primera ministra, Fatima Ezzara al Mansuri, y su equipo juegan al buen policía. Adil El Bitar, vicepresidente de la Cámara y miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), habla de 'medios pacíficos' y 'diálogo'. Es esa cortesía diplomática que suena a: 'te lo quiero quitar, pero prefiero que me lo des con una sonrisa para no quedar mal en las fotos'. Mientras tanto, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) ha decidido quitarse el guante y ha calificado la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia como una 'provocación'. Para ellos, la soberanía no se negocia, es un cheque al portador que esperan cobrar tarde o temprano. El contraste es casi cómico. Por un lado, tenemos a ministros como Nizar Baraka (Istiqlal) y Abdelatif Uahbi (Justicia) jurando que no retrocederán 'ni un palmo', una frase que suena a épica de película antigua pero que en la realidad geopolítica es el ruido habitual de fondo. Por otro, el Palacio Real de Rabat mantiene una prudencia quirúrgica, evitando el espectáculo de 2007 con Juan Carlos I. Al final, entre la Coalición de Izquierdas (CI) pidiendo planes socioeconómicos y la retórica de 'territorios ocupados', Ceuta y Melilla quedan como la moneda de cambio ideal para que los políticos marroquíes se sientan patriotas sin tener que bajar el precio del pan.
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