Crítica:
El texto original es un despliegue de datos operativos, pero falla al no cuestionar quién se beneficia electoralmente de este 'coladero'. Es una noticia de gestión que esconde un escándalo de diseño político.
Los cónsules retratan al Gobierno: "No pedimos pruebas de exilio porque no se nos exigió"
Ley de Nietos: el coladero del voto
Otros artículos
Nacionalidad: la memoria que cambia de bando
Hay una ironía deliciosa en el aire, de esas que huelen a archivador viejo y conveniencia política. Resulta que la Asociación Descendientes del Exilio ha decidido que su memoria tiene la elasticidad de un chicle. Hace veinte años, concretamente en agosto de 2004, le enviaron un informe al recién estrenado José Luis Rodríguez Zapatero con una petición clarísima: que no se mezclaran los churros con las croquetas. Querían que el Estado distinguiera con bisturí quién fue un exiliado político huyendo de la represión y quién fue un emigrante que simplemente buscaba una vida mejor. Para Ludovica García Arias y compañía, equiparar ambos perfiles era un insulto al sacrificio forzado. Pero el tiempo pasa y los intereses mutan. Tras la Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez, que permitió que más de 370.000 nietos se colgaran el pasaporte español sin presentar ni un ticket de compra que acreditara el exilio, la asociación ha pegado un giro de 180 grados. Ahora, que el Tribunal Supremo ha decidido poner orden en el censo electoral tras un recurso de Vox, la entidad se pone el traje de víctima. Pilar Nova Melle ya no quiere bisturíes; ahora califica la exigencia de acreditar la condición de exiliado como un «ataque contra el derecho a voto». Es el clásico baile de la hipocresía institucional: ayer pedían rigor jurídico para no diluir la tragedia del exilio; hoy, cuando el Supremo aplica ese mismo rigor, culpan al PP y a Vox de jugar a la política con el censo de 2027. Resulta fascinante ver cómo una organización fundada para diferenciar el dolor forzado de la migración voluntaria ahora lucha para que cualquiera pueda entrar en el club sin presentar la invitación. Al final, parece que la memoria histórica no es un libro cerrado, sino una pizarra que se borra según sople el viento electoral.
Puente y el 'copia y pega' de nacionalidades
Hay una diferencia abismal entre huir de una dictadura con una maleta de cartón y haber tenido un tatarabuelo que se fue a América en el siglo XIX porque el maíz pagaba mejor. Pero para Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, esa distinción era un mero detalle administrativo, una especie de 'error de dedo' que requería una corrección urgente. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado de empadronamiento, Puente decidió que la Ley de Memoria Democrática era, en realidad, un cupón de nacionalidad abierta para cualquiera que pudiera rastrear un antepasado español en el árbol genealógico. La jugada fue maestra en su sencillez: el 25 de octubre de 2022 lanzó una instrucción que abría la puerta a todo el mundo. El problema es que los formularios oficiales eran demasiado estrictos y pedían pruebas de exilio. ¿La solución? El 14 de febrero de 2023, con la precisión de quien corrige una errata en un menú de restaurante, Puente cambió la redacción para que bastara con ser 'originariamente español'. Así, sin más, el concepto de 'exilio' se volvió elástico como un chicle, permitiendo que descendientes de emigrantes de hace más de un siglo se colaran en el censo. El resultado es un agujero contable de identidad: más de 2,4 millones de solicitudes y un Tribunal Supremo que ha tenido que poner el freno de mano, suspendiendo el voto de 163.020 personas para las elecciones del 29-N. Ahora, un juzgado de Madrid, bajo la mirada de la magistrada Inmaculada Lova, ha admitido a trámite una querella por prevaricación impulsada por Hazte Oír. Al final, la 'voluntad del legislador' terminó pareciendo más bien una gestión familiar, considerando que Sofía es hermana del ministro Óscar Puente. Una ingeniería jurídica fascinante donde el exilio ya no es un trauma histórico, sino un trámite de ventanilla.
RTVE: El pozo sin fondo de la SEPI
Gestionar la televisión pública parece haberse convertido en un ejercicio de magia financiera donde el truco consiste en hacer desaparecer el presupuesto y hacer aparecer rescatistas. José Pablo López, el timonel de RTVE, ha vuelto a tirar de la cuerda de la SEPI para pedir una aportación extra de 90 millones de euros. De momento, ya se ha servido los primeros 30 millones, probablemente para que el Mundial de fútbol de Estados Unidos y los Juegos Olímpicos de Invierno no se vieran en blanco. Es el clásico 'sablazo' institucional: mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico antes de ir al súper, la cadena pública opera sin presupuestos actualizados desde 2023, navegando a ojo y con la tarjeta de crédito del Estado sin límite. La hipocresía es el plato fuerte. En el Congreso, ante las preguntas de Vicente Azpitarte y Arenales Serrano, López practicó el arte del silencio selectivo. Resulta curioso que, mientras el PP le recordaba los 163 millones ya inyectados entre 2024 y 2025 (incluyendo esos 100 millones del año 2024), el presidente de la Corporación prefiriera no admitir que ya estaba pidiendo más gasolina para el coche. Pero el verdadero agujero negro no son los contenidos, sino el pleito del IVA. El auditor de la casa habla de una cifra que roza los 1.000 millones de euros. Para evitar que RTVE se hunda en ese fango contable, el Gobierno prepara un real decreto para que la Administración pague la cuenta si Hacienda gana. Como el camino ordinario en las Cortes estaba bloqueado, han decidido irse por la puerta trasera de la Diputación Permanente, donde Junts no molesta y la mayoría es un camino despejado. Todo esto mientras UGT y el Sindicato Independiente asienten en el Comité Intercentros, esperando el nuevo contrato programa que redefine, convenientemente, qué significa 'coste neto' en el diccionario del gasto público.
Sánchez y el millón de casas fantasma
Hay que tener una imaginación envidiable o una calculadora muy creativa para soltar que en España se ha levantado un millón de viviendas en los últimos años. Pedro Sánchez lo soltó con la seguridad de quien pide el menú del día sabiendo que paga el jefe, pero el problema es que el ticket de la realidad no cuadra. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma el 70% de su nómina, el Presidente se inventa un urbanismo fantástico donde las grúas no dejan de bailar. Lo más exquisito de la función no es la cifra en sí, sino que los datos del propio Gobierno —esos que suelen ser el escudo sagrado en cualquier rueda de prensa— actúan aquí como el fiscal que desmiente al testigo. Es una comedia de errores donde la mano derecha ignora lo que la izquierda ha anotado en el Excel. Un millón de casas es una cifra que, traducida al lenguaje de la calle, sería como decir que hemos acabado con el hambre en el mundo mientras seguimos contando los céntimos para comprar el pan. Íñigo Zulet ha puesto el dedo en la llaga, exponiendo que el relato oficial tiene más agujeros que un queso gruyère. No es un error de redondeo ni un desliz tipográfico. Es la brecha insalvable entre la narrativa del despacho y la pesadilla de quien busca un piso sin tener que vender un riñón en el mercado negro. Al final, el millón de viviendas de Sánchez es un espejismo arquitectónico: muy bonito de escuchar, pero imposible de habitar.
Ambulancias a dedo para el primo real
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. Pero lo de la FIAP, esa entidad de Exteriores que juega a ser el brazo ejecutor de la UE, es poesía pura. El 24 de julio de 2025, decidieron soltar 637.200 euros (que con el IVA suben a 771.012 euros) para comprar ambulancias destinadas al Ministerio del Interior de Marruecos. El detalle exquisito es que el dinero aterrizó en Auto Hall, un grupo automovilístico donde el primo hermano del rey Mohamed VI, Moulay Souleimane Cherkaoui, mueve los hilos a través de Société Amana (dueña del 58,3% del capital). Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si el Ayuntamiento sacara un concurso para arreglar las farolas, descartara a tres electricistas del barrio porque 'no convencen' y luego, en una cena privada y sin avisar a nadie, le diera el contrato al primo del alcalde. Así ocurrió aquí. Primero hubo una licitación abierta en enero de 2025 donde tres empresas españolas (Euro Gaza Emergencias, TSD e Iturri) pelearon por el pastel. Pero, ¡oh, sorpresa!, ninguna daba la talla. Entonces, la FIAP activó el modo 'invisible': un procedimiento negociado sin publicidad. ¿El resultado? Una única oferta. La de Auto Hall. El consejo de administración de la empresa es un catálogo de 'quién es quién' en Rabat: desde el exministro Karim Ghellab hasta Mohamed Saâd Hassar, antiguo secretario del Interior (precisamente donde iban las ambulancias). Todo esto financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para el norte de África. Mientras en Ceuta y Melilla la tensión es el pan de cada día y el caso Pegasus sigue siendo un enigma con olor a espionaje, el dinero público fluye con una fluidez envidiable hacia la familia real marroquí. Una gestión impecable, siempre que seas el primo adecuado.
Marruecos pide Ceuta y Melilla: el 'déjà vu'
En Rabat, la política se juega como quien intenta cobrar una deuda prescrita pero con la insistencia de un cobrador telefónico a las ocho de la mañana. El Parlamento marroquí, tras las elecciones del 23 de septiembre, ha decidido que lo más útil para cohesionar el tablero interno es volver a jugar la carta de Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. Es la receta de siempre: cuando no sabes cómo vender el programa económico, vendes el mapa del vecino. La primera ministra, Fatima Ezzara al Mansuri, y su equipo juegan al buen policía. Adil El Bitar, vicepresidente de la Cámara y miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), habla de 'medios pacíficos' y 'diálogo'. Es esa cortesía diplomática que suena a: 'te lo quiero quitar, pero prefiero que me lo des con una sonrisa para no quedar mal en las fotos'. Mientras tanto, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) ha decidido quitarse el guante y ha calificado la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia como una 'provocación'. Para ellos, la soberanía no se negocia, es un cheque al portador que esperan cobrar tarde o temprano. El contraste es casi cómico. Por un lado, tenemos a ministros como Nizar Baraka (Istiqlal) y Abdelatif Uahbi (Justicia) jurando que no retrocederán 'ni un palmo', una frase que suena a épica de película antigua pero que en la realidad geopolítica es el ruido habitual de fondo. Por otro, el Palacio Real de Rabat mantiene una prudencia quirúrgica, evitando el espectáculo de 2007 con Juan Carlos I. Al final, entre la Coalición de Izquierdas (CI) pidiendo planes socioeconómicos y la retórica de 'territorios ocupados', Ceuta y Melilla quedan como la moneda de cambio ideal para que los políticos marroquíes se sientan patriotas sin tener que bajar el precio del pan.
Ayuso al Supremo: Madrid sin un euro
En el tablero político español, el dinero es el lenguaje universal, pero parece que en Madrid han dejado de entender el dialecto del Gobierno central. La Comunidad de Madrid ha decidido llevarse la pelea al Tribunal Supremo tras el último 'reparto de caramelos' del Consejo de Ministros. El asunto es sencillo: hay 180 millones de euros sobre la mesa para vivienda, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Madrid no huela ni el envoltorio. El decreto reparte la pasta entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, basándose en la declaración de 'zonas tensionadas'. Para Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, es una cuestión de realidades sociales; para Isabel Díaz Ayuso, es un castigo financiero por no jugar según las reglas de Moncloa. Es como si en una comunidad de vecinos decidieran repartir una subvención para arreglar el tejado, pero solo a quienes acepten pintar la fachada de color fucsia. Madrid, que se niega a pintar su fachada del color que pide el Ministerio, se queda con la gotera y la cartera vacía. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, ya ha soltado la primera piedra judicial argumentando que es discriminatorio condicionar los fondos públicos a una decisión competencial. Mientras tanto, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, mantiene el muro: ni una sola zona tensionada en la región. El contraste es brutal: el Gobierno central habla de 'soluciones extraordinarias' para nueve millones de habitantes en las regiones beneficiadas, mientras que Madrid ve una 'ingeniería financiera' diseñada para asfixiar al insumiso. Tras haber perdido una batalla previa en el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda, Ayuso cambia de estrategia y busca el Supremo. No discute la ley, discute el cheque. Al final, el ciudadano ve cómo los 180 millones vuelan hacia otras latitudes mientras los políticos se miden el ego en los juzgados.
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