Crítica:
El texto original es una joya de datos, pero le falta el valor añadido de señalar la obscenidad del 'procedimiento negociado' tras un concurso fallido. Es demasiada cortesía para un reparto de fondos tan evidente.
Exteriores adjudicó a dedo 640.000 euros a una firma que dirige la familia de Mohamed VI
Ambulancias a dedo para el primo real
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Ambulancias a dedo para el primo real
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te revisan los bolsillos. Pero lo de la FIAP, esa entidad de Exteriores que juega a ser el brazo ejecutor de la UE, es poesía pura. El 24 de julio de 2025, decidieron soltar 637.200 euros (que con el IVA suben a 771.012 euros) para comprar ambulancias destinadas al Ministerio del Interior de Marruecos. El detalle exquisito es que el dinero aterrizó en Auto Hall, un grupo automovilístico donde el primo hermano del rey Mohamed VI, Moulay Souleimane Cherkaoui, mueve los hilos a través de Société Amana (dueña del 58,3% del capital). Para que el ciudadano medio lo entienda: es como si el Ayuntamiento sacara un concurso para arreglar las farolas, descartara a tres electricistas del barrio porque 'no convencen' y luego, en una cena privada y sin avisar a nadie, le diera el contrato al primo del alcalde. Así ocurrió aquí. Primero hubo una licitación abierta en enero de 2025 donde tres empresas españolas (Euro Gaza Emergencias, TSD e Iturri) pelearon por el pastel. Pero, ¡oh, sorpresa!, ninguna daba la talla. Entonces, la FIAP activó el modo 'invisible': un procedimiento negociado sin publicidad. ¿El resultado? Una única oferta. La de Auto Hall. El consejo de administración de la empresa es un catálogo de 'quién es quién' en Rabat: desde el exministro Karim Ghellab hasta Mohamed Saâd Hassar, antiguo secretario del Interior (precisamente donde iban las ambulancias). Todo esto financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para el norte de África. Mientras en Ceuta y Melilla la tensión es el pan de cada día y el caso Pegasus sigue siendo un enigma con olor a espionaje, el dinero público fluye con una fluidez envidiable hacia la familia real marroquí. Una gestión impecable, siempre que seas el primo adecuado.
Absentismo récord: trabajar es ahora un lujo
La patronal de la gran distribución ha soltado la bomba: el absentismo laboral ha tocado máximos históricos a finales de 2026. Según las cuentas, hay 1,2 millones de personas que no pisan la oficina o el almacén cada día. Para Pilar García de la Granja, directora de 'Mediodía COPE', estamos ante una 'pedagogía de no trabajar', como si fichar en la empresa fuera una condena divina y no la forma de pagar el alquiler. La lógica es sencilla, casi de libro de primaria: si no producimos, no somos competitivos; y si no somos competitivos, los salarios se quedan congelados mientras la cesta de la compra sigue haciendo malabares con nuestro presupuesto. Pero aquí viene la ironía fina. Nos piden 'competitividad' mientras el trabajador se enfrenta a un sistema de bajas que es un auténtico sablazo. Los primeros tres días de baja son gratis para la Seguridad Social, del día 4 al 20 te dan el 60% de la base y solo a partir del 21 llegas al 75%. Es decir, enfermarse es un lujo que el bolsillo no puede permitirse. A esto súmale que el 49% de los trabajadores ha faltado este año por salud, pero como la sanidad pública es un cuello de botella, muchos acaban tirando de tarjeta para pagar un médico privado y volver antes al ruedo. Ignacio González, presidente de AECOC, lo resume bien: menos consumo es menos PIB y menos inversión. El círculo es perfecto: el estrés y la mala alimentación por falta de pasta disparan las bajas, las empresas suben los precios para cubrir el hueco de los que faltan y, al final, el trabajador vuelve a comprar la marca blanca más barata porque el sueldo nominal es un espejismo frente a la inflación. Una danza macabra donde todos pierden, pero la culpa siempre es de la 'falta de ganas'.
Marruecos pide Ceuta y Melilla: el 'déjà vu'
En Rabat, la política se juega como quien intenta cobrar una deuda prescrita pero con la insistencia de un cobrador telefónico a las ocho de la mañana. El Parlamento marroquí, tras las elecciones del 23 de septiembre, ha decidido que lo más útil para cohesionar el tablero interno es volver a jugar la carta de Ceuta, Melilla y las islas Chafarinas. Es la receta de siempre: cuando no sabes cómo vender el programa económico, vendes el mapa del vecino. La primera ministra, Fatima Ezzara al Mansuri, y su equipo juegan al buen policía. Adil El Bitar, vicepresidente de la Cámara y miembro del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), habla de 'medios pacíficos' y 'diálogo'. Es esa cortesía diplomática que suena a: 'te lo quiero quitar, pero prefiero que me lo des con una sonrisa para no quedar mal en las fotos'. Mientras tanto, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) ha decidido quitarse el guante y ha calificado la visita de los Reyes Felipe VI y Letizia como una 'provocación'. Para ellos, la soberanía no se negocia, es un cheque al portador que esperan cobrar tarde o temprano. El contraste es casi cómico. Por un lado, tenemos a ministros como Nizar Baraka (Istiqlal) y Abdelatif Uahbi (Justicia) jurando que no retrocederán 'ni un palmo', una frase que suena a épica de película antigua pero que en la realidad geopolítica es el ruido habitual de fondo. Por otro, el Palacio Real de Rabat mantiene una prudencia quirúrgica, evitando el espectáculo de 2007 con Juan Carlos I. Al final, entre la Coalición de Izquierdas (CI) pidiendo planes socioeconómicos y la retórica de 'territorios ocupados', Ceuta y Melilla quedan como la moneda de cambio ideal para que los políticos marroquíes se sientan patriotas sin tener que bajar el precio del pan.
Melocotones a Marruecos: el outlet del campo
Hay quien dice que el comercio exterior es una partida de ajedrez, pero en el caso del melocotón español hacia Marruecos, parece más bien una liquidación de outlet en agosto. Los datos de Wikifarmer, basados en Eurostat Comext, nos cuentan una historia deliciosa: entre enero de 2022 y julio de 2026, mientras el resto del mundo pagaba una media de 1,61 euros por kilo, Marruecos se llevaba la fruta por apenas 0,65 euros. Un descuento del 60% que haría palidecer a cualquier cazaofertas de Black Friday. Claro, los expertos ya han salido al rescate con la letra pequeña. Nos explican que el 74% de esas compras se concentran en julio y agosto, justo cuando la fruta abunda y el precio cae en picado, como ocurre con los hoteles de playa en noviembre. Si ajustamos el calendario, la brecha se reduce al 53%, pero sigue siendo un abismo. Es decir, que aunque no sea exactamente el mismo melocotón premium que el que viaja a otros destinos, el sablazo es real. En total, España ha enviado 2.567 toneladas a Marruecos en este periodo. Un flujo errático que alcanzó su pico en 2024 con 1.741 toneladas. Lo más irónico es que, entre 2023 y julio de 2026, el valor unitario para Marruecos se mantuvo sistemáticamente entre el 40% y el 43% de lo que pagan los demás. Nos venden que es una cuestión de 'calidades' o 'formatos de embalaje', la típica excusa corporativa para no admitir que estamos regalando el producto. Al final, mientras el agricultor lucha por no cerrar la persiana, alguien en la frontera firma declaraciones de valor que parecen bromas de mal gusto.
Ayuso al Supremo: Madrid sin un euro
En el tablero político español, el dinero es el lenguaje universal, pero parece que en Madrid han dejado de entender el dialecto del Gobierno central. La Comunidad de Madrid ha decidido llevarse la pelea al Tribunal Supremo tras el último 'reparto de caramelos' del Consejo de Ministros. El asunto es sencillo: hay 180 millones de euros sobre la mesa para vivienda, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Madrid no huela ni el envoltorio. El decreto reparte la pasta entre Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, basándose en la declaración de 'zonas tensionadas'. Para Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, es una cuestión de realidades sociales; para Isabel Díaz Ayuso, es un castigo financiero por no jugar según las reglas de Moncloa. Es como si en una comunidad de vecinos decidieran repartir una subvención para arreglar el tejado, pero solo a quienes acepten pintar la fachada de color fucsia. Madrid, que se niega a pintar su fachada del color que pide el Ministerio, se queda con la gotera y la cartera vacía. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, ya ha soltado la primera piedra judicial argumentando que es discriminatorio condicionar los fondos públicos a una decisión competencial. Mientras tanto, Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, mantiene el muro: ni una sola zona tensionada en la región. El contraste es brutal: el Gobierno central habla de 'soluciones extraordinarias' para nueve millones de habitantes en las regiones beneficiadas, mientras que Madrid ve una 'ingeniería financiera' diseñada para asfixiar al insumiso. Tras haber perdido una batalla previa en el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Vivienda, Ayuso cambia de estrategia y busca el Supremo. No discute la ley, discute el cheque. Al final, el ciudadano ve cómo los 180 millones vuelan hacia otras latitudes mientras los políticos se miden el ego en los juzgados.
Apagón en Cataluña: el interruptor contra la vivienda
En Barcelona, el Ayuntamiento ha descubierto que la mejor forma de gestionar una crisis social no es con políticas de vivienda, sino con el interruptor de la luz. Desde el martes 21 de octubre, una parte de la plaza de Cataluña ha quedado a oscuras. El consistorio de Jaume Collboni, con la delicadeza de quien corta el grifo en mitad de una ducha, justifica la medida basándose en un informe de Bomberos —convenientemente secreto— que advierte sobre 'enganches irregulares'. Traducción: los acampados se conectaron a la red municipal para no morir en la penumbra, y ahora el Ayuntamiento usa la seguridad como escudo para hacerles la vida imposible. Estamos hablando de un campamento que ya es un barrio paralelo: más de 600 tiendas, una comisión de cocina que saca entre 300 y 400 platos diarios y un sistema de convivencia con silencio a partir de las 00:30. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí el conflicto es existencial. El 7 de octubre pidieron formalmente agua y electricidad; trece días después, la respuesta fue el apagón. Una eficiencia administrativa envidiable. El contraste es sangrante. Mientras Albert Batlle, teniente de Seguridad, dice que un desalojo sería 'irresponsable', el Ayuntamiento prefiere el desgaste lento. Es la guerra de los suministros. En Madrid, la derecha de Almeida juega con los niveles de amoniaco y la limpieza del Metro en Sol; en Barcelona, el socialismo de Collboni prefiere el 'apagón preventivo'. Con temperaturas de 14ºC y lluvias que ya han inundado lonas, dejar a oscuras a personas que incluyen a veinte sin hogar es, cuanto menos, un gesto poético sobre la luz que el sistema ofrece a quienes no tienen techo. Los acampados, liderados por voces como León o Kiara Monrroy, aguantarán hasta la huelga del 11 de noviembre. La luz se ha ido, pero la indignación tiene batería propia.
Marruecos hace el vacío con los menas
En la diplomacia de alta alcurnia, el silencio es una herramienta tan letal como un tajo en el presupuesto. Marruecos ha decidido aplicar el 'visto' eterno a los requerimientos de la Policía sobre los primeros 50 menores extranjeros no acompañados que deberían volver a casa. Es el clásico juego del gato y el ratón, pero con vidas humanas y expedientes acumulando polvo. Mientras Rabat se llena la boca hablando de facilitar reagrupaciones familiares tras la avalancha de finales de julio, en la práctica han montado un muro de silencio que hace que cualquier servicio de atención al cliente parezca eficiente. La aritmética del caos es desoladora. En Ceuta hay cerca de 3.000 menores; 2.000 ya tienen nombre y apellidos, pero unos 700 siguen jugando al escondite en las calles, lejos de cualquier manta o plato de comida. Y para rematar la faena, hay otros 600 expedientes previos a julio que Marruecos ha ignorado olímpicamente. Es una ingeniería del bloqueo donde el Gobierno español, en una confesión parlamentaria a VOX, ha admitido que las devoluciones son un mito urbano: no se ha materializado ninguna en los últimos años. ¿La solución del Ejecutivo? El 'reparto de cartas'. Sira Rego, ministra de Infancia y Juventud, ya ha soltado la sentencia: los chavales se quedan porque la ley los protege y, según ella, ellos quieren quedarse. Así que, mientras Juan Jesús Vivas amenaza con llevar el asunto al Supremo porque Ceuta está más saturada que un vagón de metro en hora punta, el plan es trasladar a los jóvenes a otras comunidades. Básicamente, mover el problema de estantería para que no estorbe en la foto, mientras el acuerdo bilateral de protección se convierte en un papel mojado que solo sirve para limpiar el escritorio.
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