Crítica:
La noticia es una sucesión de pies de foto disfrazada de informe. Carece de profundidad analítica sobre el origen real de la rabia social, limitándose a describir el espectáculo del fuego.
Francia arde entre contenedores en llamas, colegios bloqueados y casi 2.000 detenidos
Francia arde: contenedores, caos y 2.000 arrestos
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Gas: España paga el recibo de Marruecos
España juega a la ruleta rusa con la calefacción y el tablero lo maneja Rabat. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Gobierno parece haber olvidado que en geopolítica no existen los 'amigos de todos'. Tenemos un mapa de dependencia que parece una lista de compras redactada por un optimista ciego: Argelia lleva el peso muerto con el 41,7%, seguida de Nigeria (15,4%), EE.UU. (11,6%) y Rusia (8,1%). El problema es que Argelia y Marruecos se llevan tan mal como un gato y un perro en un ascensor, y nosotros hemos decidido darle la mano a Rabat en el tema del Sáhara Occidental. La ingeniería financiera del desastre es fascinante. Por un lado, sufrimos un parón histórico en los almacenes con una caída del 23% en la entrada de gas por barco este verano, porque los metaneros ahora prefieren Asia si alguien puja un euro más en pleno viaje. Por otro, tenemos un gasoducto cerrado con Argelia por nuestras 'amistades' con Marruecos. Pero aquí viene la joya de la corona: según los datos de Enagás entre julio de 2025 y julio de 2026, hemos logrado que Argelia suba el grifo del gasoducto Medgaz de 9.330 GWh/mes a 10.228 GWh/mes. Un aumento del 10% (898 GWh/mes) que suena a gloria, hasta que miras el otro tubo. Resulta que España está haciendo de 'puente solidario' involuntario. Por el gasoducto de Tarifa, enviamos 992 GWh/mes a Marruecos. Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando el recibo del vecino que nos invade Ceuta, usando gas barato de un país que nos mira mal por culpa de ese mismo vecino. Un negocio redondo para Rabat y una hipoteca energética para nosotros en pleno invierno.
Militares en Ceuta: adornos con esterilla y hambre
Hay algo profundamente poético, en el sentido más trágico de la palabra, en enviar a un ejército a una frontera para que actúe como mobiliario urbano. El 30 de septiembre se cumplieron dos meses desde que Ceuta vivió aquel surrealismo: más de 80.000 personas cruzando la frontera en menos de 48 horas, algunas nadando y otras pisando el espigón del Tarajal como quien camina hacia la playa en agosto. El resultado fue un colapso total porque, mientras la avalancha avanzaba, las órdenes eran tan etéreas que podrían haber sido escritas en el aire: 'presencia y disuasión'. Traducido al lenguaje de la calle, esto significa 'estad ahí plantados y mirad cómo pasa todo', una estrategia tan efectiva como intentar tapar un incendio forestal con un pulverizador de agua. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando analizamos el equipo. A los militares, en lugar de darles dientes legales —como la condición de agentes de autoridad—, decidieron hacerles un 'detox' de armamento. Según José Vicente Maleno, delegado de AUME en Ceuta, la dotación se redujo a un fusil y la pistola del jefe de patrulla. Es como enviar a un mecánico a arreglar un motor sin herramientas, esperando que el coche se repare solo por el respeto que impone el uniforme. Pero el verdadero sablazo no está en la estrategia, sino en la dignidad. Mientras los despachos deciden qué es 'disuasorio', los soldados duermen sobre esterillas tiradas en cualquier suelo y comen una dieta basada en carbohidratos que haría palidecer a un estudiante universitario en exámenes finales, con una ausencia crónica de proteínas. La AUME ya ha pedido que el personal recupere su armamento individual y munición, porque resulta que, para las Fuerzas Armadas, el arma no es un accesorio, sino su herramienta de trabajo. De momento, siguen siendo adornos caros en una frontera que no deja de gritar.
Bruselas y el 'cero' humo de pesticidas
Bruselas ha vuelto a sacar el libro de magia. El truco consiste en anunciar con bombos y platillos que los Veintisiete van a reducir a 'prácticamente cero' los residuos de pesticidas prohibidos en los alimentos. Suena a gloria, a aire puro y a justicia para el campo europeo. Pero, como quien lee la letra pequeña de un contrato de telefonía mientras le venden la tarifa plana, el agricultor se ha dado cuenta de que el 'cero' es un espejismo. El límite mágico es de 0,01 miligramos por kilo, que no es más que el mínimo que detecta un análisis. Es decir, Bruselas nos vende como una novedad una barrera que ya existía. Mientras el agricultor europeo no puede ni mirar el catálogo de ciertos productos fitosanitarios bajo pena de multa, el productor de Marruecos, Egipto o Vietnam puede seguir usándolos tranquilamente; solo tiene que asegurarse de que, al llegar el camión a la frontera, el residuo sea imperceptible. Es como prohibir que alguien fume en casa, pero permitir que invite a gente que fume en la calle siempre que no huelan a tabaco al entrar. Víctor Viciedo, presidente de Alive, ha puesto el dedo en la llaga: esto es maquillaje ideológico. Nos hablan de proteger abejas y aguas subterráneas, pero ignoran que el spray que compras en el súper para matar cucarachas tiene más química que cualquier fumigación controlada. La EFSA ya evalúa los riesgos, pero Bruselas prefiere el relato del 'alimento venenoso' para justificar su agenda. Incluso si se cierran los huecos de la OMC para sustancias como el tiametoxam o la clotianidina —que hoy permiten hasta 0,05 mg/kg—, el problema sigue siendo el mismo. No es una cuestión de pesticidas, sino de costes. El agricultor extranjero sigue teniendo una estructura de costes que hace que el nuestro parezca un filántropo. Al final, el 'cero' de Bruselas es un cero a la izquierda.
Biedma y las cloacas: menú reducido
En el tablero judicial, donde las piezas se mueven con la lentitud de un lunes por la mañana, la Fiscalía Anticorrupción acaba de aplicarle un 'recorte de presupuesto' emocional a la juez Beatriz Biedma. La magistrada, que ya tiene experiencia navegando en aguas turbias tras investigar al hermano de Pedro Sánchez, quiso entrar en el caso de las presuntas 'cloacas del PSOE' con el carrito lleno: calumnias, organización criminal, revelación de secretos y hasta amenazas. Básicamente, Biedma presentó una lista de la compra jurídica donde quería cobrar todas las facturas pendientes. Pero la Fiscalía, haciendo de portero estricto en una discoteca de lujo, le ha dicho que solo puede pasar con una cosa: las calumnias. El resto de delitos han sido despachados con la frialdad de un cajero automático sin saldo. Sobre la denuncia falsa, la Fiscalía argumenta que, como las quejas impulsadas por Leire Díez fueron archivadas de plano, no hubo 'actuaciones judiciales' suficientes; es como quejarse de que el café está frío pero no llegar a poner la reclamación formal en el libro. Lo más surrealista llega con la agenda de Leire Díez. Biedma apunta a notas como 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Para la Fiscalía, esto es ruido ambiental; no se puede abrir una investigación por cada garabato de la 'fontanera' del sistema sin pruebas más sólidas. Incluso el canal de YouTube 'Magistrado Anticorrupción TV', vinculado a Sáenz de Tejada, ha sido ignorado por falta de 'descargas' que vinculen los vídeos con las órdenes de Díez. Al final, la Fiscalía le recuerda a Biedma que ser víctima de un insulto (calumnia) no te da pase VIP para acusar a una organización criminal. En resumen: Biedma quería el menú degustación y la Fiscalía solo le ha servido el agua del grifo.
Vivienda: 1,5 millones más, 30.000 casas menos
El Gobierno ha encontrado en Maricarmen el escudo perfecto. Usar una historia sentimental para maquillar la gestión es el deporte nacional de Moncloa. Mientras nos venden la narrativa del casero villano y el inversor vampiro, Pedro Sánchez despliega dos reales decretos que parecen redactados en una dimensión donde la propiedad privada es una sugerencia opcional. Hablamos de contratos indefinidos que huelen a renta antigua y obligaciones de indemnizar inquilinos que dejan al propietario con la cuenta corriente temblando, como quien descubre que la tarifa plana del móvil era una trampa. La joya de la corona es la intención de prorrogar la prohibición de desahucios hasta 2030. Un secuestro legal que arrastramos desde 2020 y que ha dejado a miles de dueños en un limbo psicológico y financiero, viendo cómo sus casas se convierten en hoteles gratuitos gestionados por el Estado. Es el equivalente a que te quiten el coche para dárselo a alguien que no paga, pero con el sello oficial de 'vulnerabilidad'. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con el alquiler subiendo como la espuma— es la aritmética del Ejecutivo. A cierre de 2023, España sumaba 48,3 millones de personas; para mediados de 2026, la cifra escaló a 49,8 millones. Un crecimiento de 1,5 millones de habitantes. ¿La solución? A cierre de 2025, los visados de obra nueva fueron de 139.016, apenas 30.000 más que los 109.483 de 2023. Intentar cubrir la demanda de un millón y medio de personas con 30.000 casas extra es como querer apagar un incendio forestal con un vaso de agua tibia. No es falta de voluntad, es una incapacidad matemática gloriosa.
Sánchez falla y los caseros respiran
Pedro Sánchez ha intentado jugar al póker con el techo de los españoles y, como suele pasar cuando se sienta a la mesa con Junts, se ha quedado sin fichas. El pasado viernes, el presidente sufrió un portazo en toda regla: los independentistas han dinamitado los dos decretos de vivienda que pretendían hacer feliz a la izquierda y al Sindicato de Inquilinas. Fue una jugada de manual, casi infantil. El Ejecutivo lanzó dos paquetes; uno 'light' para que pasara el filtro y otro puramente cosmético, un envoltorio brillante para que Sumar y Podemos pudieran decir que lo habían intentado. Pero Junts ha decidido que no quiere ni el postre ni la cena. Para el casero medio, esto es como si el banco le devolviera una comisión abusiva justo cuando ya se había resignado a perderla. El primer decreto era un catálogo de pesadillas: prohibir desahucios hasta finales de 2030 para los 'vulnerables' —una etiqueta que desde 2020 se ha convertido en el comodín perfecto para no pagar— y topar las rentas al 2% hasta 2028. Imagina intentar mantener una casa con la inflación actual mientras el Gobierno te dice que tu alquiler debe congelarse como un guisante en el congelador. A eso sumamos la obligatoriedad de prorrogar contratos hasta diciembre de 2028 y un IVA del 10% para los pisos turísticos. Un sablazo en toda regla. Pero el segundo decreto era la verdadera joya del surrealismo: el regreso a la renta antigua, al estilo 'Maricarmen'. Pretendían que, si el dueño no renovaba el contrato, tuviera que soltarle al inquilino doce meses de renta. Unos 10.000 euros de media por el simple hecho de recuperar tu propiedad. Una ingeniería financiera diseñada para que el propietario termine pagando por tener una casa. De momento, los caseros respiran, aunque la inseguridad jurídica sigue siendo el ruido de fondo que no deja dormir a nadie.
Blindados y drones para limpiar una playa
Para limpiar una playa, parece que ahora hace falta el presupuesto de una pequeña guerra. El domingo, a las 7:30 de la mañana, mientras el resto de los mortales intentaba recuperar el sueño, la Policía Nacional decidió que era el momento de ejecutar la 'Operación Trampolín'. No fueron a pasear; irrumpieron con más de 30 furgones y una artillería que haría palidecer a cualquier cineasta de acción: dos blindados BMR y un VAMTAC. Porque claro, para gestionar a personas en tiendas improvisadas, lo más lógico es desplegar vehículos diseñados para el campo de batalla. El escenario es el delirio. Hablamos de más de 3.500 personas viviendo en una playa que, para colmo, tiene el agua contaminada con E. coli. Es decir, el menú diario era arena, desesperación y bacterias intestinales. La hipocresía institucional brilla por su ausencia: el Gobierno permitió que el asentamiento creciera desde la invasión del 31 de julio, convirtiéndolo en un foco de tensión, para luego llegar con drones y unidades de intervención de toda España para 'recuperar el control'. La logística es un chiste de mal gusto. El desalojo es 'por fases' porque, sorprendentemente, no hay autobuses ni plazas suficientes para mover a miles de personas de golpe. Es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de plástico. Algunos irán al CATE y otros, siguiendo el patrón del desalojo de Benítez —donde 300 personas prefirieron volver a Marruecos que esperar el triaje—, regresarán a su país. Todo este despliegue, coordinado por el mando único de Ángel Víctor Torres, tiene un objetivo estratégico: proteger la planta desalinizadora. Al final, la prioridad no es la salud pública ni la dignidad humana, sino que el perímetro de la infraestructura quede vallado y reluciente antes del 15 de octubre. El problema es que, una vez que los blindados se retiren, la pregunta sigue flotando en el aire como el dron de la policía: ¿qué vamos a hacer cuando vuelvan?
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