Crítica:
El texto original es un ejercicio de indignación previsible que se queda corta al no analizar la estrategia electoral detrás del caos. Se limita a señalar la contradicción sin diseccionar el cálculo político del 'Frente Amplio'.
El texto original es un ejercicio de indignación previsible que se queda corta al no analizar la estrategia electoral detrás del caos. Se limita a señalar la contradicción sin diseccionar el cálculo político del 'Frente Amplio'.
En la política, como en el fútbol, el que no marca gol no cobra el primario. Así de crudo es el balance del Consejo de Cuentas sobre las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Mientras seis partidos se reparten un festín de 2,27 millones de euros en subvenciones, la coalición de IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo se queda mirando el escaparate con un agujero de 74.230,96 euros en el bolsillo. Básicamente, han pagado la fiesta y se han ido sin comer. El reparto del botín es una oda al contraste. El PSOE, con sus 30 procuradores, se lleva la tajada más gorda con 810.744,02 euros, superando al PP (33 parlamentarios) que recibirá 808.257,89 euros. ¿La razón? Los socialistas gastaron más en el 'mailing' —ese envío de propaganda que llega a casa y acaba directo a la papelera—, soltando 349.865,82 euros frente a los 293.754,03 de los populares. Es la lógica del sistema: cuanto más gastas en papel mojado, más te devuelve el Estado. Vox, con 14 procuradores, se embolsa 487.625,36 euros, aunque el Consejo le ha metido un pequeño 'tijeretazo' de 1.595 euros por pagar fuera de plazo. Las formaciones del Grupo Mixto completan el cuadro: la UPL se lleva 108.477,11 euros, Por Ávila 38.239,94 y Soria ¡Ya! 26.342,89 euros. Lo más irónico es que el Consejo de Cuentas, en su sede de Palencia, ahora sugiere que se limite el gasto a lo 'imprescindible'. Un concepto elástico que llega tarde, después de que se hayan justificado 3,18 millones de euros. Mientras tanto, IU y compañía descubren que en la aritmética electoral, el esfuerzo sin escaño es, sencillamente, una donación involuntaria al sistema.
Hay que tener una cara dura del tamaño del Atlas. Mientras en España gestionar el agua es un deporte de riesgo entre sequías y el fantasma de Acuamed, nuestro vecino marroquí ha decidido jugar a la liga de los grandes. Para 2031, el reino alauita tendrá cuatro de las diez desaladoras más grandes del planeta, situándose justo detrás de los jeques de Arabia Saudita y Emiratos. Y aquí viene el giro irónico: el 'empujoncito' financiero viene de Madrid. Con una ingeniería financiera que haría llorar a cualquier contribuyente, España ha soltado unos 340 millones de euros públicos. El desglose es un poema: 250 millones vía FIEM, 60 millones de Cesce y otros 31 millones por Cofides. Básicamente, estamos pagando la factura de la luz y el agua para que los tomates de Karam Green Agri lleguen más frescos y baratos a los lineales de Lidl y Tesco, compitiendo —y machacando— a la huerta española. El plan es agresivo. De producir 345 millones de metros cúbicos anuales con 17 plantas, quieren saltar a 1.700 millones para 2030. La joya de la corona es la planta de Casablanca, construida por Acciona con un coste de 887 millones de euros, que además sirve de 'maquillaje' hídrico para impresionar a la FIFA de cara al Mundial 2030. Mientras tanto, el Plan Verde de Aziz Ajanuch demostró que plantar sandías en el desierto de Zagora es una genialidad... si no te importa agotar los acuíferos. Ahora, con la ósmosis inversa bajando los costes a 50 centavos el metro cúbico, el agua ya no cae del cielo, sino que sale de una tubería financiada por nosotros. Un negocio redondo para ellos; para nosotros, un agujero contable con sabor a salmuera.
Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y siente que el sueldo se le escapa entre los dedos como arena, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido montar un nuevo 'escaparate' en La Habana. A partir del 5 de octubre, abre el Centro de Solicitud de Visados para España, un despliegue logístico que llega justo cuando la 'ley de nietos' tiene a medio Caribe revisando el árbol genealógico para ver si algún tatarabuelo caminó por la península. José Manuel Albares ya lo había soltado en septiembre de 2025: el consulado de La Habana estaba más colapsado que una autopista en agosto. Para solucionar este 'embotellamiento' administrativo, han instalado la nueva oficina en la Av. 31, entre 18 y 14, casa 1419 (Miramar-Playa). Pero ojo, que aquí hay truco de magia burocrática. El nuevo centro es básicamente el recepcionista de turno; se encarga de recoger los papeles y entregar los pasaportes, pero el poder real —el sello del 'sí' o el 'no'— sigue encerrado en el Consulado General de España en La Habana. Es como contratar a un intermediario para que te tome el pedido, pero que la cocina siga siendo la misma de siempre. La transición tecnológica ha sido el clásico 'borrón y cuenta nueva'. Han fulminado el sistema Bookitit este lunes, dejando a los usuarios en un limbo digital donde la única esperanza es revisar la carpeta de 'correo no deseado' para ver si info@spainvisa-cuba.com les da luz verde. Todo esto ocurre mientras Cuba se consolida como el segundo país con más solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos. Una danza de pasaportes y ancestros que demuestra que, en el juego de la burocracia, quien tiene el sello tiene el mando.
En el tablero del surrealismo español, donde la realidad parece escrita por un guionista con fiebre, nos encontramos con el caso de Maricarmen. Ochenta y siete años cumplidos y una maleta que resume siete décadas de alquileres pagados. Maricarmen ha sido lanzada a la calle el pasado miércoles, víctima de una resolución judicial firme que decidió que el contrato heredado de sus padres ya había caducado. Mientras ella termina el proceso desde la cama de un hospital, la Puerta del Sol se ha convertido en un campamento de indignados bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'. Aquí es donde entra el marketing del agravio. Vox ha decidido que el momento es perfecto para lanzar el dardo de 'Morocarmen', sugiriendo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el corazón lleno de plazas para Ceuta pero vacío para las abuelas madrileñas. El contraste es bruto: mientras Maricarmen pierde el techo, el Ejecutivo ha desplegado desde el 30 y 31 de julio más de 6.000 plazas de acogida temporal en Ceuta, repartidas entre La Hípica, la zona del Guano y terrenos militares. Es la eterna pelea de presupuestos: el gasto en alojamiento humanitario temporal frente a la desprotección de una inquilina veterana. El viernes, 63 mujeres inmigrantes accedieron a plazas libres en La Hípica, un dato que Vox usa como combustible para denunciar una supuesta prioridad ideológica. Al final, tenemos a una mujer pidiendo un decreto urgente en el Consejo de Ministros este martes para evitar más dramas, mientras los políticos usan su desahucio como un tablero de ajedrez para medir quién es más 'patriota' o más 'humanista'. Maricarmen no quiere ser un eslogan, quiere un techo; pero en este país, el techo suele ser el límite de la hipocresía política.
Hay una frase que en el lenguaje de la administración es el equivalente a decir 'estamos viendo la tele mientras se quema la casa': 'a la espera de que se dicte la correspondiente resolución judicial firme'. Así, con una elegancia burocrática pasmosa, el Subdirector General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica le ha explicado a Verdemar-Ecologistas en Acción que, básicamente, no pueden hacer nada. Mientras tanto, el proyecto urbanístico Eastside sigue engordando, soltando toneladas de relleno sobre aguas que, según los mapas, son españolas y protegidas. La cronología es un poema al ritmo lento. Todo empezó en diciembre de 2024, cuando se pidió a los Agentes Medioambientales que miraran si se estaban saltando el plan de gestión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Estrecho Oriental. El Estado hizo lo que mejor sabe hacer: mover papeles. El Ministerio preguntó a la Guardia Civil y a Hacienda, y estos respondieron que no podían soltar prenda porque el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de La Línea de la Concepción ya tenía el asunto en el horno. Pero aquí llega el giro irónico: la causa está sobreseída provisionalmente. Es decir, el proceso está en el congelador. Sin sentencia no hay sanción, y sin sanción, el cemento sigue cayendo al mar como si fuera confeti en carnaval. Para rematar la faena, la Guardia Civil no puede ni acercarse a tomar muestras porque las autoridades de Gibraltar les cierran el paso. Es el surrealismo puro: tenemos una Fiscalía especializada y al Instituto Español de Oceanografía (IEO) analizando cetáceos y hábitats con el proyecto BIODIV, pero en la práctica, el Estado español es un espectador de primera fila que paga la entrada para ver cómo le roban un trozo de mar.
Bruselas ha vuelto a abrir el grifo. Ursula von der Leyen, desde la comodidad de un Global Citizen Festival en Nueva York que acabó siendo un baño colectivo por el mal tiempo, ha anunciado un desembolso de casi 710 millones de euros. Para el ciudadano medio, que mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, esa cifra es abstracta; pero traducido al lenguaje de la calle, es como si la UE decidiera pagar la hipoteca de medio barrio mientras nosotros seguimos contando los céntimos para el café. El reparto del botín es quirúrgico. 380 millones de euros se van al África subsahariana para gestionar la migración, que en lenguaje diplomático significa intentar que el flujo no llegue a nuestras costas mediante el 'retorno voluntario'. Un eufemismo elegante para decir que pagan para que no vengan. A esto sumamos otros 97 millones para combatir la malnutrición y el clima en la misma zona, porque aparentemente el primer paquete no bastaba para llenar los platos. Luego están los 'parches' de urgencia. 103 millones de euros se dirigen a Gaza y Líbano, donde los servicios básicos han colapsado más que un servidor de Hacienda el día de la declaración de la renta. Ucrania, que ya tiene la despensa llena de promesas europeas, recibe 52 millones más para no congelarse este invierno. Y para cerrar el despliegue de generosidad, 7.5 millones de euros aterrizan en la República Democrática del Congo para pelearse con el ébola. Todo este despliegue de solidaridad, con 252 millones aún pendientes de que alguien en Bruselas firme el cheque final, nos deja una sensación agridulce. Es la eterna paradoja: Europa se siente el salvador del mundo mientras sus propios barrios se vuelven prohibitivos. Mucho compromiso en redes sociales, pero la realidad es que el dinero vuela más rápido que los aviones privados de los comisarios.
Hay gente que hace networking y hay quienes montan autopistas directas al núcleo del poder. Begoña Gómez, desde su puesto como directora del Africa Center del IE, no se limitó a organizar seminarios; se instaló en el VIP del Majzén marroquí. Desde agosto de 2018, mientras el ciudadano medio intentaba cuadrar la cuenta bancaria, ella navegaba en la órbita de APD Maroc, el club donde se decide quién es quién en el Reino. El premio gordo de esta agenda fue Meriem Bensalah Chaqroun. No hablamos de una empresaria cualquiera, sino de la mujer más poderosa de Marruecos, alguien que encabeza listas de Forbes y que maneja el Holding Holmarcom como quien mueve las fichas de un Monopoly. Chaqroun, que ya había soltado 35 millones de euros en una planta de cereales en Gran Canaria en 2017, es la definición viva de influencia: primera mujer al frente de la patronal marroquí y exdirectiva de Bank Al Magreb. La ingeniería de contactos alcanzó su cenit en el Foro Económico Empresarial España-Marruecos. Un evento donde el despliegue de cargos era casi obsceno: desde Aziz Rabbah (Energía) y Zohair Chorfi (Economía), hasta Adil Bahi y Ali Seddiki. En el lado español, María Paz Ramos, directora de Comercio Internacional, ponía el sello oficial. Todo coordinado por Saad Kettani, presidente de APD Marruecos y socio estratégico del Africa Center. Es fascinante observar cómo el currículum de Gómez se nutría de estas 'alianzas' justo cuando su marido tomaba las riendas del Gobierno. Al final, el Africa Center no era solo un centro de formación, sino una llave maestra que abría puertas blindadas en Rabat, hasta que el ruido judicial sobre sus métodos de contratación terminó por cerrar el despacho.
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