La noticia es un despliegue de cifras que oculta la verdadera tragedia: el sistema premia el gasto ineficiente en propaganda. El texto original es demasiado respetuoso con una normativa que el propio Consejo de Cuentas admite que es obsoleta.
Hay quien confunde la solidaridad con el marketing de guerrilla. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares para que la cuenta del súper no parezca una hipoteca, en Ceuta desembarcan los 'brigadistas' de Negu Gorriak y Derecho a Techo. No vienen con mantas ni medicinas en silencio —estilo Jesucristo—, sino con una rueda de prensa bajo el brazo, buscando el 'sustillo' necesario para alimentar la narrativa del fascismo. Es la vieja receta: provocar al vecino que lleva dos meses aguantando una invasión y luego presumir de las piedras recibidas como si fueran medallas al valor. El despliegue es casi cómico. Tenemos a una diputada de Ceuta Ya! recogiendo activistas en un Mercedes anticapitalista; un contraste tan fuerte que casi se puede oler el aroma a hipocresía desde el puerto. En el tablero político, la cosa no es distinta. Mientras Óscar López lanza dardos contra los jueces llamándolos 'lobos solitarios', el gobierno parece jugar al ajedrez con piezas que no controla. Se menciona a Leire Díez y un encargo surrealista a clanes de narcotraficantes para asustar a la instructora Biedma. Al final, resulta que los narcos tienen más ética profesional que la cúpula sanchista. Entre el ruido de 'poner el cuerpo' —frase que Irene Montero ha convertido en mantra— y la retórica de Pablo Iglesias, aparecen nombres impronunciables como Aranzadi Iruñea Denon Artean-Pamplona. Aitor Balbás Ruiz, que en 2019 no llegó ni a los 900 votos (867 exactamente), intenta ahora dar lecciones de cultura citando a Bertolt Brecht para camuflar un pasado que huele a Bildu. Todo esto ocurre bajo el paraguas de la Agencia Europea Anti-Fronteras y una red de colectivos como No Name Kitchen o Fraktal, que prometen abolir fronteras mientras el Rey luce el pin de la Agenda 2030. Un círculo perfecto donde el revolucionario y el globalista se dan la mano mientras Ceuta se convierte en el parque temático de la utopía.
En la política, como en el fútbol, el que no marca gol no cobra el primario. Así de crudo es el balance del Consejo de Cuentas sobre las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León. Mientras seis partidos se reparten un festín de 2,27 millones de euros en subvenciones, la coalición de IU-Movimiento Sumar-Verdes-Equo se queda mirando el escaparate con un agujero de 74.230,96 euros en el bolsillo. Básicamente, han pagado la fiesta y se han ido sin comer. El reparto del botín es una oda al contraste. El PSOE, con sus 30 procuradores, se lleva la tajada más gorda con 810.744,02 euros, superando al PP (33 parlamentarios) que recibirá 808.257,89 euros. ¿La razón? Los socialistas gastaron más en el 'mailing' —ese envío de propaganda que llega a casa y acaba directo a la papelera—, soltando 349.865,82 euros frente a los 293.754,03 de los populares. Es la lógica del sistema: cuanto más gastas en papel mojado, más te devuelve el Estado. Vox, con 14 procuradores, se embolsa 487.625,36 euros, aunque el Consejo le ha metido un pequeño 'tijeretazo' de 1.595 euros por pagar fuera de plazo. Las formaciones del Grupo Mixto completan el cuadro: la UPL se lleva 108.477,11 euros, Por Ávila 38.239,94 y Soria ¡Ya! 26.342,89 euros. Lo más irónico es que el Consejo de Cuentas, en su sede de Palencia, ahora sugiere que se limite el gasto a lo 'imprescindible'. Un concepto elástico que llega tarde, después de que se hayan justificado 3,18 millones de euros. Mientras tanto, IU y compañía descubren que en la aritmética electoral, el esfuerzo sin escaño es, sencillamente, una donación involuntaria al sistema.
Hay que tener una cara dura del tamaño del Atlas. Mientras en España gestionar el agua es un deporte de riesgo entre sequías y el fantasma de Acuamed, nuestro vecino marroquí ha decidido jugar a la liga de los grandes. Para 2031, el reino alauita tendrá cuatro de las diez desaladoras más grandes del planeta, situándose justo detrás de los jeques de Arabia Saudita y Emiratos. Y aquí viene el giro irónico: el 'empujoncito' financiero viene de Madrid. Con una ingeniería financiera que haría llorar a cualquier contribuyente, España ha soltado unos 340 millones de euros públicos. El desglose es un poema: 250 millones vía FIEM, 60 millones de Cesce y otros 31 millones por Cofides. Básicamente, estamos pagando la factura de la luz y el agua para que los tomates de Karam Green Agri lleguen más frescos y baratos a los lineales de Lidl y Tesco, compitiendo —y machacando— a la huerta española. El plan es agresivo. De producir 345 millones de metros cúbicos anuales con 17 plantas, quieren saltar a 1.700 millones para 2030. La joya de la corona es la planta de Casablanca, construida por Acciona con un coste de 887 millones de euros, que además sirve de 'maquillaje' hídrico para impresionar a la FIFA de cara al Mundial 2030. Mientras tanto, el Plan Verde de Aziz Ajanuch demostró que plantar sandías en el desierto de Zagora es una genialidad... si no te importa agotar los acuíferos. Ahora, con la ósmosis inversa bajando los costes a 50 centavos el metro cúbico, el agua ya no cae del cielo, sino que sale de una tubería financiada por nosotros. Un negocio redondo para ellos; para nosotros, un agujero contable con sabor a salmuera.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de un atleta olímpico para lograr lo que Yolanda Díaz ha hecho esta semana. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, que ocupa un despacho en Moncloa desde 2020, ha soltado la perla: pide una 'movilización contra el Gobierno de España'. Sí, han leído bien. Es como si el dueño de un restaurante saliera a la calle a gritar que hay que cerrar el local porque la comida es incomible, mientras sigue cobrando el sueldo de gerente y manejando la cocina. El escenario fue un acto del Partido Comunista, el lugar ideal para que Díaz lanzara su mantra contra Alberto Núñez Feijóo y Abascal. Pero el giro surrealista llegó cuando sugirió que, si hace falta movilizarse contra el propio Gobierno del que ella es pieza clave, que lo hagan. Es una ingeniería política que deja al ciudadano medio, ese que lucha con la factura de la luz y la lista de la compra, totalmente descolocado. ¿Cómo se puede ser el brazo ejecutor de una política y, simultáneamente, el que pide quemar el mapa desde dentro? Borja Sémper, portavoz del PP, no ha tardado en calificar el episodio de 'berlanguiano' y compararlo con '1984', y no le falta razón. Estamos ante un esperpento donde las siglas de Sumar, fundadas en 2023, ya planean su propia desaparición para 2027 bajo el nombre de Frente Amplio, acogiendo a Izquierda Unida y los Comunes. Mientras tanto, Díaz ya ha avisado que no será la candidata. Básicamente, está preparando la maleta y el aterrizaje, pero antes quiere dejar el jardín abonado con un poco de caos electoral. Una jugada maestra de quien ya no tiene nada que perder, pero mucho que fingir.
Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y siente que el sueldo se le escapa entre los dedos como arena, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido montar un nuevo 'escaparate' en La Habana. A partir del 5 de octubre, abre el Centro de Solicitud de Visados para España, un despliegue logístico que llega justo cuando la 'ley de nietos' tiene a medio Caribe revisando el árbol genealógico para ver si algún tatarabuelo caminó por la península. José Manuel Albares ya lo había soltado en septiembre de 2025: el consulado de La Habana estaba más colapsado que una autopista en agosto. Para solucionar este 'embotellamiento' administrativo, han instalado la nueva oficina en la Av. 31, entre 18 y 14, casa 1419 (Miramar-Playa). Pero ojo, que aquí hay truco de magia burocrática. El nuevo centro es básicamente el recepcionista de turno; se encarga de recoger los papeles y entregar los pasaportes, pero el poder real —el sello del 'sí' o el 'no'— sigue encerrado en el Consulado General de España en La Habana. Es como contratar a un intermediario para que te tome el pedido, pero que la cocina siga siendo la misma de siempre. La transición tecnológica ha sido el clásico 'borrón y cuenta nueva'. Han fulminado el sistema Bookitit este lunes, dejando a los usuarios en un limbo digital donde la única esperanza es revisar la carpeta de 'correo no deseado' para ver si info@spainvisa-cuba.com les da luz verde. Todo esto ocurre mientras Cuba se consolida como el segundo país con más solicitudes de nacionalidad por la ley de nietos. Una danza de pasaportes y ancestros que demuestra que, en el juego de la burocracia, quien tiene el sello tiene el mando.
El Gobierno ha descubierto que jugar al Monopoly con la energía verde no es tan sencillo como vender una utopía en un folleto. Resulta que hemos plantado paneles solares hasta en el patio de los vecinos sin mirar si la red eléctrica podía soportar semejante banquete, y ahora el resultado es un indigesto: el 10% de la energía se tira a la basura porque no cabe por los cables. Es como comprar diez pizzas para una cena de dos personas; al final, la mayoría acaba en la basura, pero alguien tiene que pagarlas. La jugada es maestra en su hipocresía. Para evitar el ruido de un 'rescate' oficial —que suena a caja de ahorros en quiebra y nos trae malos recuerdos—, han decidido usar el ICO como el cajón de sastre de la administración. La patronal UNEF ya le ha pedido a la ministra Sara Aagesen que el ICO se haga cargo de 900 millones de euros en deuda durante tres años. Básicamente, quieren que el Estado pague los intereses mientras ellos esperan un milagro. Es el equivalente financiero a que tu padre pague la letra del coche mientras tú buscas un trabajo que no existe, con la promesa de que 'en tres años' todo estará arreglado. Mientras que los gigantes eléctricos pasan el temporal sin despeinarse, las pymes como Holaluz, Soltec o Greenergy están contra las cuerdas. Pasar de tipos de interés al 0% a un 3% ha sido el sablazo final para quienes apostaron por el mercado puro. Los bancos, que huelen la sangre a kilómetros, solo ofrecen crédito si instalas baterías, pero claro, para poner baterías necesitas dinero que no tienes. Así que, ante la huida de la banca privada, el Gobierno sale al rescate de tapadillo, asumiendo el riesgo de que, si el negocio no despega, el Estado se quede con parques solares que producen energía a precio cero. Una ingeniería financiera brillante, siempre que seas tú quien firma el cheque y no quien lo recibe.
En el tablero del surrealismo español, donde la realidad parece escrita por un guionista con fiebre, nos encontramos con el caso de Maricarmen. Ochenta y siete años cumplidos y una maleta que resume siete décadas de alquileres pagados. Maricarmen ha sido lanzada a la calle el pasado miércoles, víctima de una resolución judicial firme que decidió que el contrato heredado de sus padres ya había caducado. Mientras ella termina el proceso desde la cama de un hospital, la Puerta del Sol se ha convertido en un campamento de indignados bajo el lema 'Ni una Maricarmen más'. Aquí es donde entra el marketing del agravio. Vox ha decidido que el momento es perfecto para lanzar el dardo de 'Morocarmen', sugiriendo que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene el corazón lleno de plazas para Ceuta pero vacío para las abuelas madrileñas. El contraste es bruto: mientras Maricarmen pierde el techo, el Ejecutivo ha desplegado desde el 30 y 31 de julio más de 6.000 plazas de acogida temporal en Ceuta, repartidas entre La Hípica, la zona del Guano y terrenos militares. Es la eterna pelea de presupuestos: el gasto en alojamiento humanitario temporal frente a la desprotección de una inquilina veterana. El viernes, 63 mujeres inmigrantes accedieron a plazas libres en La Hípica, un dato que Vox usa como combustible para denunciar una supuesta prioridad ideológica. Al final, tenemos a una mujer pidiendo un decreto urgente en el Consejo de Ministros este martes para evitar más dramas, mientras los políticos usan su desahucio como un tablero de ajedrez para medir quién es más 'patriota' o más 'humanista'. Maricarmen no quiere ser un eslogan, quiere un techo; pero en este país, el techo suele ser el límite de la hipocresía política.
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