Crítica:
El texto original es un despliegue de datos técnicos que oculta la magnitud del cinismo detrás de la 'mediación'. Se queda corto al no cuestionar la pasividad de la SEPI ante tal descaro temporal.
Anticorrupción avisa de que la colaboración de los exdirectivos de Plus Ultra contra Zapatero es insuficiente
Plus Ultra: el rescate del 1% 'mágico'
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Marlaska y la 'inseguridad subjetiva' de Ceuta
Fernando Grande Marlaska ha aterrizado en Ceuta por tercera vez desde aquel asalto masivo del 30 y 31 de julio, y lo ha hecho con el maletín lleno de eufemismos. Mientras el ciudadano de a pie siente que el perímetro es un colador, el ministro ha decidido bautizar el miedo de los ceutíes como 'inseguridad subjetiva'. Es una jugada maestra: básicamente, te dice que el peligro está en tu cabeza y no en la calle, como quien te explica que el agujero de tu cuenta bancaria es solo una 'percepción negativa de tu saldo'. Pero los números, esos que no entienden de subjetividades, son el verdadero sablazo. El Gobierno insiste en que hay 6.000 inmigrantes, mientras que la ciudad y los sindicatos policiales, que son quienes ponen el cuerpo, hablan de 8.000. De ese montón de gente, solo se han filiado 1.100. Un éxito rotundo si el objetivo fuera hacer el proceso a paso de tortuga. ¿La excusa? Que ahora la normativa europea es más exigente: ya no vale con una foto y una huella como para sacar el DNI, ahora hay que escanear hasta las palmas de las manos. Es como si para entrar en el cine ahora te pidieran el árbol genealógico completo y una muestra de ADN. Para solucionar este atasco burocrático, el Ministerio ha desplegado 25 líneas de trabajo —repartidas entre El Tarajal, la Jefatura Superior y el CATE provisional—, y pretenden subir a 20 las líneas del CATE. Pero aquí viene el giro cómico: Marlaska quiere enviar más funcionarios de la Oficina de Asilo, pero no sabe dónde meterlos. Sí, han gestionado la frontera, pero se han quedado cortos con las reservas de hotel. Todo esto mientras el reloj corre hacia el 1 de enero, fecha límite para renovar el mando único de Ángel Víctor Torres. El ministro confía en que todo esté 'encauzado' para entonces. Ojalá la realidad fuera tan flexible como su vocabulario.
Marruecos: el 'espía' que fingió sorpresa
Hablemos claro: decir que el asalto a Ceuta fue una sorpresa es como decir que te pilló desprevenido el aguacero después de ver el cielo negro y escuchar el trueno. En el barrio decimos que 'no somos tontos', y los documentos de seguridad de Rabat confirman que ellos tampoco lo son. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, el Gobierno marroquí presumía de una maquinaria de vigilancia digital que haría palidecer a cualquier agencia de marketing. En 2024, la DGSN y la DGST no solo miraban, sino que presumían de haber desmantelado 123 redes criminales y haber interceptado a 32.449 candidatos a saltar la valla. Es una cifra astronómica; es como si pudieran contar cada grano de arena de Castillejos y supieran exactamente cuál se mueve. La hipocresía es el plato fuerte. Desde septiembre de 2021, Rabat ya monitorizaba redes sociales y apps de mensajería. Para diciembre de 2024, ya habían catalogado TikTok y el fenómeno de los 'harragas' como un 'modo operativo criminal'. O sea, que tenían el mapa, la brújula y el GPS encendido. El informe de José María Gil Garre, 'Ceuta 2026', deja claro que el Regimiento de Guerra Electrónica 32 (REW-32) interceptó comunicaciones donde los propios agentes marroquíes avisaban de la entrada masiva durante la Fiesta del Trono. No fue un fallo del sistema; fue el sistema funcionando a la perfección. Desde el 13 de julio, con la Marina Real frenando a 50 nadadores, hasta el caos del 30 y 31 de julio, las señales eran más claras que el agua. Marruecos aprendió en mayo de 2021 que usar la presión humana es la moneda de cambio más efectiva para chantajear diplomáticamente a España. No es migración, es ingeniería política con carne y hueso.
Marlaska: más etiquetas que policías en Ceuta
Hay prioridades que son un poema. Mientras en Ceuta los refuerzos policiales llegaban con la agilidad de una tortuga con reuma y los alojamientos eran, cito textualmente, 'indignos', en el despacho climatizado del Ministerio del Interior se montó un centro de inteligencia digno de una novela de espionaje de tercera. El objetivo no era detener el crimen ni blindar la frontera, sino algo mucho más vital para el ego político: hacer una lista de 'amigos y enemigos'. La Confederación Española de Policía (CEP) ha soltado la bomba. Resulta que la Oficina de Comunicación ha dedicado tiempo y recursos públicos a elaborar un dosier para encasillar a los periodistas según su ideología y su afinidad con el Gobierno. Es fascinante. Mientras el agente de a pie en el terreno se las veía y las payaba con medios insuficientes, el Ministerio operaba con una diligencia quirúrgica para poner etiquetas a los profesionales de la información. Es el clásico contraste de la gestión moderna: incapacidad absoluta para atender alertas policiales reales, pero una eficiencia envidiable para el control de daños mediáticos. Para la CEP, esta práctica es 'repugnante'. Y claro, es que duele más que un sablazo en la hipoteca ver que el dinero y el personal que debería estar asegurando la frontera se gasta en jugar al 'quién es quién' ideológico. Marlaska tiene ahora el reto de explicar por qué es más urgente saber quién le critica que garantizar que sus policías no duerman en condiciones deplorables. Al final, parece que en Interior prefieren gestionar el titular que gestionar la realidad.
Casa 47: El mapa que borró España
Hay errores que son un descuido y otros que son una declaración de intenciones disfrazada de 'fallo técnico'. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana acaba de estrenar el portal de Casa 47, una empresa estatal que promete rescatar el mercado inmobiliario con 800 anuncios actuales y la promesa de sumar otras 1.500 viviendas pronto. Un despliegue digital que, en teoría, debería centrarse en que la gente tenga un techo donde dormir, pero que terminó convirtiéndose en un campo de batalla geopolítico. El problema no fue la falta de pisos, sino la geografía. Alguien, en un alarde de optimismo cartográfico, decidió que el Sáhara Occidental era parte de Marruecos. Un detalle que, para quienes manejan el derecho internacional, es como intentar pagar el alquiler con cupones vencidos: sencillamente, no cola. Sumar y Compromís no tardaron en saltar, denunciando que el mapa vulneraba los compromisos de España con los saharauis. Pero el 'sablazo' conceptual no terminó ahí. El mapa, en un giro surrealista, situaba a Ceuta y Melilla como territorios en disputa. Básicamente, el Ministerio borró la frontera de casa mientras Pedro Sánchez presidía el acto de presentación este lunes. La reacción fue quirúrgica. Tras el ruido mediático, el Ministerio de Vivienda retiró el visor a última hora del domingo, según confirmó Europa Press. Es la clásica maniobra de 'borrón y cuenta nueva' cuando te das cuenta de que has dejado la puerta abierta en el barrio equivocado. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y busca un alquiler que no le cueste un riñón, el Ejecutivo prefiere dedicar sus energías a corregir los límites de un mapa digital que, por un momento, decidió redibujar el mundo según el criterio de algún becario con prisa o un asesor con demasiada imaginación.
Ayuso contra el Gobierno: el limbo MENA
En el tablero político de Madrid, la gestión de los menores extranjeros no acompañados se ha convertido en un partido de tenis donde la pelota se queda clavada en la red. Ana Dávila, consejera de Familia, ha lanzado un dardo directo al delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, denunciando un bloqueo administrativo que roza lo surrealista. Resulta que hay 134 expedientes de reagrupación familiar que llevan en el limbo desde marzo de 2025. Para que nos entendamos: es como pedir una cita médica en la Seguridad Social y que te respondan tres años después cuando ya te has curado o te has muerto. En este caso, el tiempo ha pasado factura y 53 de esos jóvenes ya son adultos. Se han convertido en mayores de edad esperando un sello oficial que nunca llegó, frustrando cualquier posibilidad de retorno familiar mientras el reloj no se detuvo. La Comunidad de Madrid no se anda con rodeos y ha sacado la artillería de los datos para subrayar la urgencia. No hablamos de niños ejemplares que solo leen libros; el informe detalla un historial que haría temblar a cualquier vecino: 382 incidencias y 268 denuncias. El menú es variado y peligroso: 25 denuncias por robo, más de 40 por hurto, amenazas, lesiones y hasta una tenencia ilícita de armas. Es la paradoja del sistema: mientras el Gobierno central juega al silencio administrativo, la calle acumula el coste de esa inacción. Dávila recuerda que en Ceuta el Gobierno de Pedro Sánchez predica que la prioridad es volver con la familia, pero en Madrid parece que el manual de instrucciones es distinto. La carta cierra con un guante de seda que esconde un puño de hierro: si siguen pasando cosas graves, el delegado no podrá decir que no sabía que el incendio estaba encendido.
Zapatero: el 'broker' oculto de Plus Ultra
Hay llamadas que valen oro, pero hay llamadas con número oculto que huelen a naftalina y despacho cerrado. Mientras el ciudadano medio pelea con la compañía eléctrica por tres euros de diferencia en la factura, en las altas esferas se gestionan 'rescates' como quien pide una pizza. La Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de un culebrón financiero donde Julio Martínez Sola, ex presidente de Plus Ultra, ha soltado la lengua frente al juez José Luis Calama. La trama es sencilla: una inyección de 53 millones de euros en 2021, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que no llegó sola, sino escoltada por la supuesta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. El guion parece sacado de una película de serie B. Una llamada secreta en 2020, un número oculto y la promesa de que los contactos del ex presidente del Gobierno podían 'arreglarlo todo'. Pero claro, en este mercado de influencias nadie trabaja por amor al arte. El precio del éxito fue una 'mordida' del 1%, una comisión que se filtró a través de un entramado dirigido por Julito Martínez Martínez, el empresario alicantino y dueño de Análisis Relevante que hacía de testaferro. La cosa se pone espesa. El juez no solo mira al ex mandatario, sino que rastrea el patrimonio de su círculo íntimo: sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar y su mujer Sonsoles Espinosa. Para rematar el cuadro, Roberto Roselli, ex CEO de la mercantil, ratifica que la empresa pagó 'elevadas cantidades' sabiendo que Zapatero pretendía cobrar por salvar el barco. Según las escuchas de la Policía Nacional, Roselli se lo dejó claro al accionista Rodolfo Reyes: 'Así que por ahí vendrá la mordida'. Así se traduce la alta política al lenguaje de la calle: un favor público, un contacto oportuno y una tajada bajo la mesa.
Acuerdos de papel y fronteras de colador
Hay papeles que sirven para envolver pescado y acuerdos internacionales que sirven para decorar archivadores. El convenio de readmisión de 1992, firmado por José Luis Corcuera y Driss Basri el 13 de febrero de aquel año, es el ejemplo perfecto de literatura fantástica aplicada a la diplomacia. Mientras el texto hablaba de 'lazos históricos' y 'preocupación común', la realidad en Ceuta el 30 y 31 de julio fue un despliegue de surrealismo puro: más de 80.000 personas cruzando la frontera en menos de 48 horas mientras el presidente Pedro Sánchez disfrutaba de la brisa de La Mareta en Lanzarote. Para que nos entendamos: mandar a 70 agentes y siete embarcaciones a frenar esa marea es como intentar tapar un agujero en una presa con un chicle masticado. Diego Madrazo, de la AUGC, lo dejó claro: el dispositivo estaba 'desnudo'. Pero lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con 10.000 personas ocupando plazas y aceras en una ciudad de 83.000 habitantes— es que el Gobierno ni siquiera intentó tirar de ese acuerdo de 1992 (que, por cierto, tardó diez años en entrar en vigor oficialmente, el 21 de octubre de 2012). España se quedó mirando cómo el rechazo en frontera fallaba estrepitosamente, obligando a abrir expedientes individuales por sentencias del Tribunal Supremo del 8 de marzo, mientras Marruecos jugaba al gato y al ratón con la documentación. Al final, el Ejecutivo se conformó con que el 90% se marchara por su cuenta, dejando un residuo humano que ha convertido los parques y playas de Ceuta en campamentos improvisados. Mientras Grecia en 2025 cerró el grifo y devolvió a miles de personas con el visto bueno de la UE, aquí preferimos la gestión del 'ya veremos', dejando que Juan Jesús Vivas y Jaime de los Santos griten en el desierto institucional mientras el acuerdo de Corcuera sigue cogiendo polvo.
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