Crítica:
La noticia es un despliegue de declaraciones judiciales que, aunque potentes, dependen totalmente de testimonios de imputados buscando reducir penas. Falta el contraste con la defensa de Zapatero para no caer en el juicio paralelo.
La noticia es un despliegue de declaraciones judiciales que, aunque potentes, dependen totalmente de testimonios de imputados buscando reducir penas. Falta el contraste con la defensa de Zapatero para no caer en el juicio paralelo.
El sistema educativo español se ha despertado con una resaca de proporciones bíblicas. El informe PISA 2025 ha llegado para recordarnos que, mientras el Gobierno se llena la boca con vanguardias, los resultados en matemáticas y lectura siguen cayendo en picado, peor que en 2015 y con un retroceso evidente respecto a 2022. Es como intentar pagar la hipoteca con cupones de descuento: no cuadran los números. La paradoja es deliciosa y trágica a la vez. Tenemos alumnos con una actitud envidiable —el 72% siente curiosidad y el 68% se esfuerza cuando la cosa se pone fea, superando la media de la OCDE— pero los metemos en centros que parecen zonas de guerra administrativa. El 49% de los directores dice que no tienen profesores suficientes, un sablazo del 8% más que en 2022. Y si hablamos de personal de apoyo, el 72% clama que falta gente, mientras la OCDE mira desde un cómodo 39%. Es el clásico 'estamos haciendo lo posible' mientras el barco hace agua por todas partes. Luego está el absentismo, ese deporte nacional que ya es crónico. El 34% de los chavales ha faltado al menos un día en las dos semanas previas a la prueba, frente al 22% de la media internacional. Básicamente, un tercio de la clase se ha tomado el examen como una sugerencia opcional. Para rematar el cuadro, la IA ha entrado en las aulas sin pedir permiso: más de la mitad de los estudiantes usa chatbots para sobrevivir a las tareas. Solo un 8% se resiste a la tentación digital. En resumen: alumnos con ganas, pero un sistema que los deja solos, sin personal y con la mirada puesta en el botón de 'generar respuesta' de la inteligencia artificial porque el modelo humano está en cuidados intensivos.
Hay llamadas que valen oro, pero hay llamadas con número oculto que huelen a naftalina y despacho cerrado. Mientras el ciudadano medio pelea con la compañía eléctrica por tres euros de diferencia en la factura, en las altas esferas se gestionan 'rescates' como quien pide una pizza. La Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de un culebrón financiero donde Julio Martínez Sola, ex presidente de Plus Ultra, ha soltado la lengua frente al juez José Luis Calama. La trama es sencilla: una inyección de 53 millones de euros en 2021, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que no llegó sola, sino escoltada por la supuesta mediación de José Luis Rodríguez Zapatero. El guion parece sacado de una película de serie B. Una llamada secreta en 2020, un número oculto y la promesa de que los contactos del ex presidente del Gobierno podían 'arreglarlo todo'. Pero claro, en este mercado de influencias nadie trabaja por amor al arte. El precio del éxito fue una 'mordida' del 1%, una comisión que se filtró a través de un entramado dirigido por Julito Martínez Martínez, el empresario alicantino y dueño de Análisis Relevante que hacía de testaferro. La cosa se pone espesa. El juez no solo mira al ex mandatario, sino que rastrea el patrimonio de su círculo íntimo: sus hijas, su secretaria Gertrudis Alcázar y su mujer Sonsoles Espinosa. Para rematar el cuadro, Roberto Roselli, ex CEO de la mercantil, ratifica que la empresa pagó 'elevadas cantidades' sabiendo que Zapatero pretendía cobrar por salvar el barco. Según las escuchas de la Policía Nacional, Roselli se lo dejó claro al accionista Rodolfo Reyes: 'Así que por ahí vendrá la mordida'. Así se traduce la alta política al lenguaje de la calle: un favor público, un contacto oportuno y una tajada bajo la mesa.
Hay papeles que sirven para envolver pescado y acuerdos internacionales que sirven para decorar archivadores. El convenio de readmisión de 1992, firmado por José Luis Corcuera y Driss Basri el 13 de febrero de aquel año, es el ejemplo perfecto de literatura fantástica aplicada a la diplomacia. Mientras el texto hablaba de 'lazos históricos' y 'preocupación común', la realidad en Ceuta el 30 y 31 de julio fue un despliegue de surrealismo puro: más de 80.000 personas cruzando la frontera en menos de 48 horas mientras el presidente Pedro Sánchez disfrutaba de la brisa de La Mareta en Lanzarote. Para que nos entendamos: mandar a 70 agentes y siete embarcaciones a frenar esa marea es como intentar tapar un agujero en una presa con un chicle masticado. Diego Madrazo, de la AUGC, lo dejó claro: el dispositivo estaba 'desnudo'. Pero lo verdaderamente cómico —si es que alguien puede reírse con 10.000 personas ocupando plazas y aceras en una ciudad de 83.000 habitantes— es que el Gobierno ni siquiera intentó tirar de ese acuerdo de 1992 (que, por cierto, tardó diez años en entrar en vigor oficialmente, el 21 de octubre de 2012). España se quedó mirando cómo el rechazo en frontera fallaba estrepitosamente, obligando a abrir expedientes individuales por sentencias del Tribunal Supremo del 8 de marzo, mientras Marruecos jugaba al gato y al ratón con la documentación. Al final, el Ejecutivo se conformó con que el 90% se marchara por su cuenta, dejando un residuo humano que ha convertido los parques y playas de Ceuta en campamentos improvisados. Mientras Grecia en 2025 cerró el grifo y devolvió a miles de personas con el visto bueno de la UE, aquí preferimos la gestión del 'ya veremos', dejando que Juan Jesús Vivas y Jaime de los Santos griten en el desierto institucional mientras el acuerdo de Corcuera sigue cogiendo polvo.
En el surrealismo administrativo español, cuando alguien tiene que pagar los platos rotos, la respuesta favorita es: 'ha sido el ordenador'. La Tesorería General de la Seguridad Social ha confesado ante la Audiencia Nacional que el certificado que permitió a Plus Ultra Líneas Aéreas embolsarse un rescate de 53 millones de euros de la SEPI fue, básicamente, un 'copia y pega' automatizado. Sin humanos, sin revisiones, solo un algoritmo soltando papeles. El truco estaba en la letra pequeña. El 20 de agosto de 2020, la aerolínea necesitaba demostrar que estaba limpia para acceder al Fondo de Apoyo a la solvencia. El sistema, en un alarde de generosidad digital, estampó la firma de José Luis Encinas Prado sin que este supiera siquiera que existía el documento. El certificado decía que no había deudas vencidas a 31 de diciembre de 2019. Técnicamente, era verdad, del mismo modo que decir que no tienes el banco en la puerta de casa es verdad aunque debas tres mensualidades de la hipoteca. La realidad es que Plus Ultra arrastraba un aplazamiento desde julio de 2017 por 183.658 euros, con un agujero pendiente de 71.391 euros que el robot decidió ignorar convenientemente. Mientras el ciudadano medio se juega la existencia por un error de diez euros en la declaración, aquí el sistema informático maquilló la salud financiera de una empresa estratégica para que el dinero público fluyera sin fricciones. Lo más delirante es que la Subdirección General, liderada por Silvia Pérez Fernández, admite que hasta 2023 no tenían ni idea de cuántos certificados emitían ni qué decían. Una gestión de la transparencia que recuerda a llevar las cuentas de un negocio en una servilleta mojada. Ahora, el magistrado José Luis Calama deberá decidir si esto fue una torpeza técnica o una ingeniería financiera con complicidad burocrática donde figuran nombres como Julito Martínez y el ex presidente Zapatero.
Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite o intentamos que el Wi-Fi no se corte en mitad de una llamada, a miles de metros bajo el Caribe hay un mundo que pasa olímpicamente de nuestra existencia. Recientemente, una expedición liderada por la Dra. Diva Amon y el Schmidt Ocean Institute decidió que ya era hora de mirar debajo de la alfombra marina de Trinidad y Tobago. A bordo del R/V Falkor (too), el equipo se lanzó a explorar un territorio donde el 93% de las aguas están fuera del alcance de cualquier buceador aficionado, básicamente en una zona donde la presión te convertiría en un cubito de hielo en segundos. El botín es, sencillamente, obsceno. Han documentado el 13% del territorio marino nacional y han dado con al menos 20 sospechosos de ser especies nuevas, incluyendo tres que podrían ser géneros totalmente inéditos. Para que nos entendamos: es como si entraras en tu propia casa y descubrieras que tienes un piso secreto con muebles que no existen en ninguna tienda. Entre los hallazgos destaca un pulpo Graneledone que Diva Amon ya había visto en 2014, pero que hasta ahora se había estado jugando al escondite, evitando ser capturado. La expedición no solo ha sido un safari de lujo con el ROV SuBastian. Han recolectado más de 700 especímenes para la Universidad de las Indias Occidentales, en St. Augustine, lo que multiplicará por 12 la colección del Museo de Zoología. Desde el pez tragador negro (Chiasmodon niger), que tiene un estómago expandible capaz de engullir presas más grandes que él —una envidia para cualquiera que quiera ahorrar en el súper—, hasta tiburones fantasma a 2.355 metros de profundidad. Todo esto ocurre en un entorno donde la vida no depende del sol, sino de la quimiosíntesis, alimentándose de gases que escapan de la Tierra, mientras nosotros seguimos discutiendo por el precio del alquiler.
El espacio exterior se ha convertido en el vertedero más caro de la historia. Mientras nosotros peleamos con el ayuntamiento porque no recogen los contenedores el domingo, allá arriba tenemos un cementerio de chatarra orbital que amenaza con bloquearnos la salida de casa. Pero tranquilo, que ya vienen los 'grúas del cosmos'. En el episodio 225 de This Week In Space, Rod Pyle y Tariq Malik nos presentan a Adam Kall de KMI Space, una empresa que ha decidido que la solución al caos orbital no está en los manuales de ingeniería cuántica, sino en mirar a un pulpo o a un geco. Sí, básicamente quieren que los satélites se peguen a la basura como un niño pequeño a una pierna en el supermercado. KMI Space no se queda en la teoría; ya han hecho los deberes en la Estación Espacial Internacional (ISS), ejecutando más de 170 operaciones de 'encuentro y agarre'. Es como jugar al Tetris, pero con piezas que pesan toneladas y se mueven a velocidades absurdas. Mientras tanto, Elon Musk sigue jugando al Monopoly inmobiliario con un Starbase en Luisiana valorado en 100.000 millones de dólares y planea jubilar al Falcon 9 en cuanto el Starship deje de dar sustos. La hipocresía es el combustible de la industria: Trump intentó cargarme el Telescopio Espacial Roman el año pasado, pero ahora que está listo para despegar, todos sonríen para la foto. Y para cerrar el círculo del surrealismo capitalista, mientras discutimos la sostenibilidad de la órbita terrestre, nos venden maquetas del Falcon 9 por 149,99 dólares. Porque nada dice 'salvemos el planeta' como comprar más plástico que imite el cohete que ensucia el cielo.
Dario Amodei, el cerebro detrás de Anthropic, ha descubierto que el karma no acepta pagos con créditos de computación. Sony Music y Warner, esos titanes que gestionan los derechos de todo lo que suena en el ascensor y en la radio, han soltado un zarpazo legal el pasado viernes noche. La acusación es sencilla y brutal: un 'robo descarado' de propiedad intelectual. Básicamente, Anthropic decidió que pagar licencias era un gasto superfluo y prefirió aspirar decenas de miles de composiciones protegidas para alimentar a su IA, Claude. Aquí es donde la cosa se pone fea. No estamos hablando de un error de cálculo en la factura de la luz. Los demandantes piden hasta 150.000 dólares por obra y una multa de 25.000 dólares cada vez que Anthropic borró los datos de copyright. Si echamos cuentas, el agujero contable podría alcanzar varios miles de millones de dólares. Para que nos entendamos: es pasar de pedir un préstamo para el coche a deber el PIB de un país pequeño. Lo más irónico es que el dataset pirata es el mismo que Benjamin Mann, cofundador y ahora demandado, ya había descargado ilegalmente, lo que terminó en aquel acuerdo millonario de 1.500 millones de dólares en septiembre de 2025. Resulta que entre los millones de libros 'torrented' se colaron joyas como 'Livin’ on a Prayer' de Bon Jovi, 'September' de Earth, Wind & Fire y la eterna 'Hallelujah' de Leonard Cohen. Anthropic ahora intenta vender la moto del 'fair use', ese comodín legal que dice que usar el trabajo ajeno es justo si es para 'aprender'. Pero después de haber soltado ya más de mil millones para callar bocas, intentar convencer al juez de que esta vez fue un malentendido es como intentar explicar que te has colado en el cine porque pensabas que era un museo gratuito.
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