Crítica:
La noticia expone el 'apaño' legal con precisión, pero deja en el aire quién terminó pagando realmente la factura tras la anulación del Constitucional. Es un ejercicio de transparencia tardía sobre un rescate disfrazado de herencia.
CC.OO. y la CNT intentaron invalidar el «trato de favor» de Zapatero que salvó a UGT de la quiebra
Zapatero salvó a UGT con 149 millones
Otros artículos
Plazas vendidas: los 'genios' que huyen del BOE
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en La Coruña descubrieron que el éxito se puede comprar con un cheque. Imagínate el cuadro: 50.000 personas sudando tinta en septiembre de 2025 para entrar en la Seguridad Social, y de repente, 33 aspirantes en una sola provincia se convierten en los 'Einstein' del BOE, barriendo las mejores notas del país. Una anomalía estadística que no es suerte, es ingeniería financiera aplicada al examen. El juego era sencillo: reuniones en hoteles, pinganillos para el chivatazo y un precio que haría temblar a cualquiera, entre 20.000 y 60.000 euros por plaza. Básicamente, el coste de un piso pequeño a cambio de un sueldo público vitalicio. El Ministerio, bajo el mando de Elma Saiz, hizo una auditoría en enero que confirmó que el proceso era un coladero, aunque convenientemente decidieron que las irregularidades ocurrían 'fuera' de su departamento. Muy práctico. Lo más surrealista llega ahora. Siete de los elegidos han renunciado a su plaza. Seis de ellos eran los 'estrellas' de La Coruña (tres con cero fallos, dos con uno y otro con dos). ¿Quién renuncia a un puesto fijo hoy en día? Pues quien tiene miedo de que el Juzgado de Instrucción número dos de La Coruña, que ya investiga la falsificación documental, le pida explicaciones sobre cómo ocurrió el milagro. Algunos ya tienen plazas en ADIF, la AGE o Auxilio Judicial; parece que coleccionaban aprobados como quien colecciona sellos, saltando de organismo en organismo. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Cristina Asacia Navarro, la subsecretaria, firmó la lista de aprobados el 6 de febrero y dimitió ese mismo día. El Ministerio dice que fueron 'razones personales'. Seguramente, la razón personal de no querer estar sentada en el despacho cuando el castillo de naipes se desplome.
V16: La DGT pide milagros imposibles
Pere Navarro y la DGT han decidido jugar al 'simulador de gestión' con la realidad de nuestras carreteras. La idea es romántica: que un agente de la Guardia Civil aparezca como por arte de magia cada vez que un conductor active su baliza V16. Un plan brillante si viviéramos en un mundo de Lego, pero en el mundo real, donde el presupuesto es un chiste y el personal es un recuerdo, suena a delirio. Carlos Cantero, de la AUGC, ha tenido que bajar el telón de este teatro con una dosis de realidad necesaria: es materialmente imposible. Hagamos cuentas de barrio. Tenemos unos 9.000 agentes de Tráfico cuando, para no morir en el intento, harían falta más de 10.000. Mientras tanto, la DGT nos suelta que hay unos 2.700 avisos de balizas V16 diarios. Casi 3.000 conductores pidiendo auxilio cada 24 horas. Intentar cubrir eso con la plantilla actual es como querer limpiar el Estadio Santiago Bernabéu con un cepillo de dientes mientras alguien sigue tirando palomitas. La hipocresía alcanza su clímax al comparar este caos con el País Vasco, donde la Ertzaintza sí acude a cada aviso. Claro, comparar la logística de una región pequeña con la inmensidad de España es como comparar un coche de juguete con un tráiler cargado de cemento. En la A-4 de Madrid, con 3 o 4 siniestros por turno y apenas dos o tres patrullas disponibles, el sistema ya está en modo supervivencia. Sumemos a esto las campañas de alcoholemia que absorben los pocos recursos que quedan y tenemos la receta perfecta para el colapso. Al final, lo de Navarro no es un protocolo, es un 'brindis al sol' pagado con la salud mental de los agentes.
Piano público y mesa real para el hermano
Hay que tener valor para componer una sinfonía mientras esperas que la Audiencia de Badajoz decida si te han coronado prevaricador o traficante de influencias. David Sánchez, el hermano del presidente, ha convertido el Palacio de La Moncloa en su refugio personal, donde el estrés judicial se combate con la acústica de un piano Kawai K-600. Para que el ciudadano medio lo entienda: mientras nosotros miramos la etiqueta del precio en el súper, el músico disfruta de un instrumento de 12.000 euros pagado con el dinero de todos, propiedad de Patrimonio Nacional. Pero el lujo no es solo sonoro, es histórico. El señor David no escribe sus notas en cualquier sitio; lo hace sobre una mesa que fue el epicentro del poder durante los mandatos de Adolfo Suárez y Felipe González, un regalo del Rey Juan Carlos que ahora sirve de soporte para partituras. Es el contraste perfecto: la solemnidad de la democracia española convertida en el escritorio de alguien que podría acabar condenado por una contratación fraudulenta en la Diputación de Badajoz. Mientras tanto, el ruido de fondo no es música clásica, sino el eco de la Audiencia Nacional investigando a Leire Díez —la famosa 'fontanera' del PSOE— por intentar espiar a la magistrada Beatriz Biedma. Sumemos a esto la presión de la Guardia Civil para ignorar un correo sospechoso llamado 'pedrosanchez1212' y las maniobras del entorno de Álvaro García Ortiz para dinamitar la instrucción. Al final, la partitura es siempre la misma: el poder protege al suyo, y si la sentencia sale mal, al menos lo hará rodeado de mármol rojizo, alfombras persas y la tranquilidad de que el piano, aunque esté arañado en el tornillo izquierdo, sigue siendo público.
Txistu: El terremoto que lo delató
Hay una ironía perversa en que la naturaleza sea el mejor agente de inteligencia del Estado. Luis María Olalde, alias 'Txistu', llevaba décadas jugando al escondite en Caracas, convencido de que el Caribe era el refugio perfecto para quien huyó en 1979 tras dejar un rastro de sangre. Pero el 25 de junio, la tierra decidió dejar de ser cómplice. Un terremoto en el barrio de San Bernardino no solo derrumbó paredes, sino que desmanteló un anonimato construido a base de distancia y silencio. Mientras el mundo contaba los daños, el rescate de Olalde entre los escombros funcionó como un GPS involuntario para la asociación Dignidad y Justicia. El contraste es brutal: mientras la tragedia se cobraba la vida de Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa, el destino le regalaba la vida a un hombre acusado de participar en el atentado del comando Urola en 1978, donde tres guardias civiles fueron ejecutados. Es el azar en su estado más cínico. Olalde intentó jugar la carta de la prescripción, esa herramienta legal que es como intentar borrar una deuda vieja diciendo que el banco ya no tiene el recibo. Sin embargo, el magistrado Francisco de Jorge no entró al trapo y, precisamente el mismo 25 de junio, mantuvo activa la orden de requisitoria internacional. Ahora, el magistrado Santiago Pedraz, desde la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido la querella el 7 de julio. La maquinaria judicial española ya ha pasado el modo 'espera' al modo 'caza'. Buscan la captura y extradición de alguien que pensó que el cemento de Caracas sería su escudo eterno, solo para descubrir que, a veces, el cielo se cae sobre la cabeza de quien más quiere esconderse.
España: Datos militares en manos ajenas
España ha jugado a la ruleta rusa con sus secretos de Estado y parece que el tambor estaba cargado. Resulta casi cómico que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) haya tenido que redactar un informe reservado para avisar de lo evidente: tener las tripas de nuestra defensa gestionadas por Palantir es como dejar las llaves de casa puestas en la puerta con un cartel que dice 'Bienvenidos, CIA e Israel'. La ingeniería financiera de este chiringuito es fascinante. En 2023, el Estado Mayor de la Defensa se gastó 16,5 millones de euros en un contrato adjudicado 'a dedo', sin publicidad, bajo la excusa de la 'exclusividad técnica'. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el Gobierno soltó esa cifra sin pestañear para que una empresa nacida con dinero de In-Q-Tel (el brazo inversor de la CIA) y vinculada a Peter Thiel organizara nuestros datos. El software de Palantir, con sus plataformas Gotham y Foundry, es la llave maestra que ahora gobierna el hardware militar. El problema es que esa llave pertenece a una corporación privada donde el 50% de los ingresos vienen del FBI, la OTAN o el ejército británico. Básicamente, hemos alquilado un cerebro artificial que probablemente envía copias de carbono de nuestra inteligencia a Washington o Tel Aviv a través de la Unidad 8200. Ahora, en un giro dramático de 'nos hemos dado cuenta tarde', Moncloa ordena la desconexión inmediata de las empresas de la SEPI, como Indra y Telefónica. El Cifas es tajante: no hay forma de saber qué ocurre con los datos una vez que entran en el sistema. Hemos pasado de la modernización digital a la vulnerabilidad extrema por un contrato de 16,5 millones que ignoró la norma de pedir tres presupuestos. Un descuido de principiantes con consecuencias de estado.
Zapatero y el 'rescate' mágico de UGT
Hay una forma muy elegante de decir 'estamos arruinados' y es llamar a tu problema una 'aventura inmobiliaria fallida'. La UGT, en los años 90, decidió jugar a los promotores con la empresa PSV y el resultado fue un agujero financiero que amenazaba con mandarlos a todos a casa. Mientras el gerente, Carlos Soto, se llevaba una condena por apropiación indebida, el sindicato se quedaba con la factura. Pero no se preocupen, que para eso existen los amigos en el despacho de al lado. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que era el momento de hacer un 'ajuste de cuentas' creativo. Mediante un Real Decreto-ley, modificaron la Ley 4/1986 para que el Estado devolviera el patrimonio sindical incautado tras la Guerra Civil. Lo curioso es que el gran botín vino de un testamento de 1915. El industrial Cesáreo del Cerro dejó un millón de pesetas de la época para formar a obreros y sus hijos; un gesto noble que prohibía explícitamente vender los bienes y obligaba a usar las rentas para la educación. El detalle cómico es que el nombre de UGT no aparece por ninguna parte en el documento. ¿El resultado de esta ingeniería financiera? En 2006, la UGT recibió una compensación de 149 millones de euros que fueron disparados directamente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para tapar el desagüe de PSV. Un rescate millonario basado en un legado que, según el propio testamento, debió acabar en los hospitales de Madrid al disolverse las sociedades obreras. El Tribunal Constitucional acabó tumbando la urgencia del decreto, pero para entonces el dinero ya había hecho su magia. Mientras CC.OO. y la CNT miraban desde la barrera, la UGT transformó un fondo educativo en un comodín para salvarse de su propia mala gestión.
Sinfonía de enchufes y fantasmas musicales
Hay quien dice que el talento es un don y quien prefiere que sea un trámite administrativo. David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del jefe de la Moncloa, parece haber optado por lo segundo. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, David disfrutaba de una plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, creada 'a dedo' y cocinada a fuego lento desde 2017. Un puesto ideal para quien, según los expertos, tiene la técnica musical de un gato caminando sobre un teclado. El centro del ruido es 'La danza de las chirimoyas', una pieza presentada en 2016 que es el único trofeo en su catálogo. El problema es que la obra es tan sofisticada que musicólogos y expertos se preguntan cómo es posible que la haya escrito alguien que, según las malas lenguas, no sabe ni dónde está el Do central. Aquí entra en juego la figura del 'autor fantasma', esa especie de jardinero invisible que poda la obra para que el dueño se lleve los aplausos. Se puso el foco en Leonel Morales, un pianista cubano de pedigrí, acostumbrado a interpretar a Alberto Ginastera. Morales, con la elegancia de quien no quiere líos, ha negado haber escrito la pieza. Dice que solo fue a casa de David Sánchez para una consulta técnica porque un alumno no entendía la partitura. Una visita de cortesía que ahora parece un interrogatorio policial. Mientras tanto, David se refugia en la Moncloa, esperando una sentencia que podría darle seis años de prisión. Pasar de los conservatorios a la celda es un giro dramático que ni la mejor composición contemporánea podría haber previsto.
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