Crítica:
El texto original es una sucesión de declaraciones sin contrastar la viabilidad técnica real. Se limita a exponer la queja sindical sin profundizar en por qué la DGT insiste en un modelo que sabe fallido.
Carlos Cantero, Guardia Civil: «Lo que quiere la DGT es imposible, no podemos acudir cada vez que alguien enciende una baliza V16»
V16: La DGT pide milagros imposibles
Otros artículos
Zapatero: El 'broker' del oro venezolano
Hay quien se jubila para cultivar tomates y hay quien, como el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, decide que la jubilación es el momento ideal para jugar al 'broker' de metales preciosos en el Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, Julio Martínez y Domingo Amaro Chacón —este último, generoso benefactor que soltó más de medio millón de euros a las hijas del expresidente por una web— se dedicaban a coordinar expediciones al Arco Minero del Orinoco. No eran vacaciones; buscaban el 'amarillo'. La jugada empezó en mayo de 2023, justo cuando el régimen de Nicolás Maduro se quedó huérfano de rutas comerciales tras el desplome del ministro Tareck El Aissami y el escándalo 'PDVSA-Cripto'. En ese vacío de poder, apareció la red de Zapatero para hacer de puente dorado hacia In2Metals, la joya de la corona del magnate egipcio Naguib Sawiris. El plan era sencillo: usar la agenda del exmandatario como llave maestra para abrir las puertas de Minerven y obtener licencias privadas bajo el 'paraguas' de Delcy Rodríguez y el joven Nicolás Maduro Guerra (el tal 'M.G.'). La trama, rastreada por la UCO y la UDEF, se traduce en una logística de película: geólogos, ingenieros como Philip Stander, Nuris Orihuela y Karl Sonni Mena, y pasaportes volando entre chats de WhatsApp. Mientras Amaro Chacón sudaba frío para que el hotel y la seguridad de los técnicos de Sawiris estuvieran listos en Guasipati, el objetivo final era el 'Proyecto Colombia' y las minas Isidora-Laguna y Sosa Méndez. Básicamente, transformar la influencia política en lingotes, operando en la zona más gris del mapa mundial mientras el resto seguimos contando céntimos para el café.
Plazas vendidas: los 'genios' que huyen del BOE
Hay quien dice que el mérito es la base del éxito, pero en La Coruña descubrieron que el éxito se puede comprar con un cheque. Imagínate el cuadro: 50.000 personas sudando tinta en septiembre de 2025 para entrar en la Seguridad Social, y de repente, 33 aspirantes en una sola provincia se convierten en los 'Einstein' del BOE, barriendo las mejores notas del país. Una anomalía estadística que no es suerte, es ingeniería financiera aplicada al examen. El juego era sencillo: reuniones en hoteles, pinganillos para el chivatazo y un precio que haría temblar a cualquiera, entre 20.000 y 60.000 euros por plaza. Básicamente, el coste de un piso pequeño a cambio de un sueldo público vitalicio. El Ministerio, bajo el mando de Elma Saiz, hizo una auditoría en enero que confirmó que el proceso era un coladero, aunque convenientemente decidieron que las irregularidades ocurrían 'fuera' de su departamento. Muy práctico. Lo más surrealista llega ahora. Siete de los elegidos han renunciado a su plaza. Seis de ellos eran los 'estrellas' de La Coruña (tres con cero fallos, dos con uno y otro con dos). ¿Quién renuncia a un puesto fijo hoy en día? Pues quien tiene miedo de que el Juzgado de Instrucción número dos de La Coruña, que ya investiga la falsificación documental, le pida explicaciones sobre cómo ocurrió el milagro. Algunos ya tienen plazas en ADIF, la AGE o Auxilio Judicial; parece que coleccionaban aprobados como quien colecciona sellos, saltando de organismo en organismo. Para cerrar el círculo de la hipocresía, Cristina Asacia Navarro, la subsecretaria, firmó la lista de aprobados el 6 de febrero y dimitió ese mismo día. El Ministerio dice que fueron 'razones personales'. Seguramente, la razón personal de no querer estar sentada en el despacho cuando el castillo de naipes se desplome.
Zapatero salvó a UGT con 149 millones
Hay quien dice que la solidaridad obrera es sagrada, pero en los despachos de Madrid la solidaridad se mide en ceros y favores políticos. La historia es un clásico: UGT se metió en un jardín inmobiliario con la promotora PSV que terminó siendo un pantano de deuda. Para evitar que el sindicato aterrizara en la quiebra técnica, José Luis Rodríguez Zapatero ejecutó una maniobra de ingeniería legal en 2005 digna de un prestidigitador. Mediante un Real Decreto-ley, el Gobierno decidió que UGT debía cobrar hasta 149 millones de euros basándose en el testamento de Cesáreo del Cerro, un señor que murió en 1915 y que, curiosamente, quería que su dinero fuera a hospitales si la Casa del Pueblo desaparecía. Pero claro, los hospitales no votan ni tienen influencia en el PSOE. El dinero ni siquiera pasó por las arcas del sindicato; fue un traspaso directo al ICO para tapar el agujero. Un 'estoy yo aquí para salvarte' que dejó a CC.OO. y a la CNT echando humo. Mientras UGT recibía el rescate completo, la CNT —que en tiempos de la Guerra Civil era la jefa de la calle— recibió migajas. Zapatero les soltó apenas el 8% de lo que le dio a UGT. Es como si tres hermanos heredan una fortuna y el padre decide que uno se lleva el ático y los otros dos se reparten los cubiertos usados. El Tribunal Supremo intentó poner un parche en 2018 obligando al Estado a pagar a la CNT 2,5 millones de euros y un par de inmuebles, pero con una letra pequeña insultante: valoraron los bienes con precios de 1986. Básicamente, les devolvieron el valor de un coche de lujo de hoy con el precio de un Seat Panda de hace cuatro décadas. Al final, el Tribunal Constitucional tumbó el decreto, pero el daño —o el favor— ya estaba hecho.
Piano público y mesa real para el hermano
Hay que tener valor para componer una sinfonía mientras esperas que la Audiencia de Badajoz decida si te han coronado prevaricador o traficante de influencias. David Sánchez, el hermano del presidente, ha convertido el Palacio de La Moncloa en su refugio personal, donde el estrés judicial se combate con la acústica de un piano Kawai K-600. Para que el ciudadano medio lo entienda: mientras nosotros miramos la etiqueta del precio en el súper, el músico disfruta de un instrumento de 12.000 euros pagado con el dinero de todos, propiedad de Patrimonio Nacional. Pero el lujo no es solo sonoro, es histórico. El señor David no escribe sus notas en cualquier sitio; lo hace sobre una mesa que fue el epicentro del poder durante los mandatos de Adolfo Suárez y Felipe González, un regalo del Rey Juan Carlos que ahora sirve de soporte para partituras. Es el contraste perfecto: la solemnidad de la democracia española convertida en el escritorio de alguien que podría acabar condenado por una contratación fraudulenta en la Diputación de Badajoz. Mientras tanto, el ruido de fondo no es música clásica, sino el eco de la Audiencia Nacional investigando a Leire Díez —la famosa 'fontanera' del PSOE— por intentar espiar a la magistrada Beatriz Biedma. Sumemos a esto la presión de la Guardia Civil para ignorar un correo sospechoso llamado 'pedrosanchez1212' y las maniobras del entorno de Álvaro García Ortiz para dinamitar la instrucción. Al final, la partitura es siempre la misma: el poder protege al suyo, y si la sentencia sale mal, al menos lo hará rodeado de mármol rojizo, alfombras persas y la tranquilidad de que el piano, aunque esté arañado en el tornillo izquierdo, sigue siendo público.
Txistu: El terremoto que lo delató
Hay una ironía perversa en que la naturaleza sea el mejor agente de inteligencia del Estado. Luis María Olalde, alias 'Txistu', llevaba décadas jugando al escondite en Caracas, convencido de que el Caribe era el refugio perfecto para quien huyó en 1979 tras dejar un rastro de sangre. Pero el 25 de junio, la tierra decidió dejar de ser cómplice. Un terremoto en el barrio de San Bernardino no solo derrumbó paredes, sino que desmanteló un anonimato construido a base de distancia y silencio. Mientras el mundo contaba los daños, el rescate de Olalde entre los escombros funcionó como un GPS involuntario para la asociación Dignidad y Justicia. El contraste es brutal: mientras la tragedia se cobraba la vida de Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa, el destino le regalaba la vida a un hombre acusado de participar en el atentado del comando Urola en 1978, donde tres guardias civiles fueron ejecutados. Es el azar en su estado más cínico. Olalde intentó jugar la carta de la prescripción, esa herramienta legal que es como intentar borrar una deuda vieja diciendo que el banco ya no tiene el recibo. Sin embargo, el magistrado Francisco de Jorge no entró al trapo y, precisamente el mismo 25 de junio, mantuvo activa la orden de requisitoria internacional. Ahora, el magistrado Santiago Pedraz, desde la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido la querella el 7 de julio. La maquinaria judicial española ya ha pasado el modo 'espera' al modo 'caza'. Buscan la captura y extradición de alguien que pensó que el cemento de Caracas sería su escudo eterno, solo para descubrir que, a veces, el cielo se cae sobre la cabeza de quien más quiere esconderse.
España: Datos militares en manos ajenas
España ha jugado a la ruleta rusa con sus secretos de Estado y parece que el tambor estaba cargado. Resulta casi cómico que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) haya tenido que redactar un informe reservado para avisar de lo evidente: tener las tripas de nuestra defensa gestionadas por Palantir es como dejar las llaves de casa puestas en la puerta con un cartel que dice 'Bienvenidos, CIA e Israel'. La ingeniería financiera de este chiringuito es fascinante. En 2023, el Estado Mayor de la Defensa se gastó 16,5 millones de euros en un contrato adjudicado 'a dedo', sin publicidad, bajo la excusa de la 'exclusividad técnica'. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el Gobierno soltó esa cifra sin pestañear para que una empresa nacida con dinero de In-Q-Tel (el brazo inversor de la CIA) y vinculada a Peter Thiel organizara nuestros datos. El software de Palantir, con sus plataformas Gotham y Foundry, es la llave maestra que ahora gobierna el hardware militar. El problema es que esa llave pertenece a una corporación privada donde el 50% de los ingresos vienen del FBI, la OTAN o el ejército británico. Básicamente, hemos alquilado un cerebro artificial que probablemente envía copias de carbono de nuestra inteligencia a Washington o Tel Aviv a través de la Unidad 8200. Ahora, en un giro dramático de 'nos hemos dado cuenta tarde', Moncloa ordena la desconexión inmediata de las empresas de la SEPI, como Indra y Telefónica. El Cifas es tajante: no hay forma de saber qué ocurre con los datos una vez que entran en el sistema. Hemos pasado de la modernización digital a la vulnerabilidad extrema por un contrato de 16,5 millones que ignoró la norma de pedir tres presupuestos. Un descuido de principiantes con consecuencias de estado.
Zapatero y el 'rescate' mágico de UGT
Hay una forma muy elegante de decir 'estamos arruinados' y es llamar a tu problema una 'aventura inmobiliaria fallida'. La UGT, en los años 90, decidió jugar a los promotores con la empresa PSV y el resultado fue un agujero financiero que amenazaba con mandarlos a todos a casa. Mientras el gerente, Carlos Soto, se llevaba una condena por apropiación indebida, el sindicato se quedaba con la factura. Pero no se preocupen, que para eso existen los amigos en el despacho de al lado. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que era el momento de hacer un 'ajuste de cuentas' creativo. Mediante un Real Decreto-ley, modificaron la Ley 4/1986 para que el Estado devolviera el patrimonio sindical incautado tras la Guerra Civil. Lo curioso es que el gran botín vino de un testamento de 1915. El industrial Cesáreo del Cerro dejó un millón de pesetas de la época para formar a obreros y sus hijos; un gesto noble que prohibía explícitamente vender los bienes y obligaba a usar las rentas para la educación. El detalle cómico es que el nombre de UGT no aparece por ninguna parte en el documento. ¿El resultado de esta ingeniería financiera? En 2006, la UGT recibió una compensación de 149 millones de euros que fueron disparados directamente al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para tapar el desagüe de PSV. Un rescate millonario basado en un legado que, según el propio testamento, debió acabar en los hospitales de Madrid al disolverse las sociedades obreras. El Tribunal Constitucional acabó tumbando la urgencia del decreto, pero para entonces el dinero ya había hecho su magia. Mientras CC.OO. y la CNT miraban desde la barrera, la UGT transformó un fondo educativo en un comodín para salvarse de su propia mala gestión.
Comentarios