Crítica:
El texto original es una joya de la sospecha, pero falla al no cuestionar más a fondo la 'coincidencia' de la dimisión de la subsecretaria. Es un caso claro de 'limpieza de imagen' institucional mientras el juzgado hace el trabajo sucio.
Sorpresa en las oposiciones del amaño: seis aspirantes con notas altas renuncian a su plaza
Plazas vendidas: los 'genios' que huyen del BOE
Otros artículos
Serrano: Millones en Panamá y Correos hundidos
Gestionar Correos resultó ser un deporte de riesgo, o al menos para el contribuyente. Juan Manuel Serrano, el hombre de confianza de Pedro Sánchez, dirigió la entidad entre 2018 y diciembre de 2023 dejando un agujero contable que supera los 1.000 millones de euros. Mientras la empresa se desangraba, Serrano y Leire Díez —a quien 'enchufó' en la estructura— se aseguraban un botín personal de unos 1,2 millones de euros. Una gestión brillante, si el objetivo era vaciar la hucha. Lo más excretionario es la ingeniería financiera para repartir el pastel. En 2021, Serrano soltó dos millones de euros a Sortis Networks, una consultora de comunicaciones basada en Panamá. Para el ciudadano común, dos millones son el precio de varias vidas de alquiler, pero para Serrano era el coste de un 'servicio de consultoría' adjudicado a una firma invisible en los rankings, pero muy visible en la agenda de amigos. Resulta curioso que la empresa pertenezca a Javier Martínez Acha, íntimo de Antonio Hernando. Lo más irónico es que Sánchez prometió no contratar con paraísos fiscales, justo cuando Panamá volvía a la 'lista negra' de la UE en marzo de 2020. El compromiso político, al parecer, tiene un asterisco cuando el amigo es el que firma. Pero el festín no terminó ahí. La lista de invitados incluía a Huawei, a pesar de que la UE la ve como un riesgo de seguridad nacional, y a las empresas de Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez. Incluso hubo espacio para Iberojet (Ávoris), justo después de que la familia Hidalgo recibiera un rescate de 475 millones en 2020. Todo coordinado por Serrano, quien ahora ve cómo la UCO y la imputación por el caso Leire convierten sus antiguos contratos en el peor regreso de inversión de su carrera.
Zapatero: El 'broker' del oro venezolano
Hay quien se jubila para cultivar tomates y hay quien, como el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, decide que la jubilación es el momento ideal para jugar al 'broker' de metales preciosos en el Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, Julio Martínez y Domingo Amaro Chacón —este último, generoso benefactor que soltó más de medio millón de euros a las hijas del expresidente por una web— se dedicaban a coordinar expediciones al Arco Minero del Orinoco. No eran vacaciones; buscaban el 'amarillo'. La jugada empezó en mayo de 2023, justo cuando el régimen de Nicolás Maduro se quedó huérfano de rutas comerciales tras el desplome del ministro Tareck El Aissami y el escándalo 'PDVSA-Cripto'. En ese vacío de poder, apareció la red de Zapatero para hacer de puente dorado hacia In2Metals, la joya de la corona del magnate egipcio Naguib Sawiris. El plan era sencillo: usar la agenda del exmandatario como llave maestra para abrir las puertas de Minerven y obtener licencias privadas bajo el 'paraguas' de Delcy Rodríguez y el joven Nicolás Maduro Guerra (el tal 'M.G.'). La trama, rastreada por la UCO y la UDEF, se traduce en una logística de película: geólogos, ingenieros como Philip Stander, Nuris Orihuela y Karl Sonni Mena, y pasaportes volando entre chats de WhatsApp. Mientras Amaro Chacón sudaba frío para que el hotel y la seguridad de los técnicos de Sawiris estuvieran listos en Guasipati, el objetivo final era el 'Proyecto Colombia' y las minas Isidora-Laguna y Sosa Méndez. Básicamente, transformar la influencia política en lingotes, operando en la zona más gris del mapa mundial mientras el resto seguimos contando céntimos para el café.
V16: La DGT pide milagros imposibles
Pere Navarro y la DGT han decidido jugar al 'simulador de gestión' con la realidad de nuestras carreteras. La idea es romántica: que un agente de la Guardia Civil aparezca como por arte de magia cada vez que un conductor active su baliza V16. Un plan brillante si viviéramos en un mundo de Lego, pero en el mundo real, donde el presupuesto es un chiste y el personal es un recuerdo, suena a delirio. Carlos Cantero, de la AUGC, ha tenido que bajar el telón de este teatro con una dosis de realidad necesaria: es materialmente imposible. Hagamos cuentas de barrio. Tenemos unos 9.000 agentes de Tráfico cuando, para no morir en el intento, harían falta más de 10.000. Mientras tanto, la DGT nos suelta que hay unos 2.700 avisos de balizas V16 diarios. Casi 3.000 conductores pidiendo auxilio cada 24 horas. Intentar cubrir eso con la plantilla actual es como querer limpiar el Estadio Santiago Bernabéu con un cepillo de dientes mientras alguien sigue tirando palomitas. La hipocresía alcanza su clímax al comparar este caos con el País Vasco, donde la Ertzaintza sí acude a cada aviso. Claro, comparar la logística de una región pequeña con la inmensidad de España es como comparar un coche de juguete con un tráiler cargado de cemento. En la A-4 de Madrid, con 3 o 4 siniestros por turno y apenas dos o tres patrullas disponibles, el sistema ya está en modo supervivencia. Sumemos a esto las campañas de alcoholemia que absorben los pocos recursos que quedan y tenemos la receta perfecta para el colapso. Al final, lo de Navarro no es un protocolo, es un 'brindis al sol' pagado con la salud mental de los agentes.
Zapatero salvó a UGT con 149 millones
Hay quien dice que la solidaridad obrera es sagrada, pero en los despachos de Madrid la solidaridad se mide en ceros y favores políticos. La historia es un clásico: UGT se metió en un jardín inmobiliario con la promotora PSV que terminó siendo un pantano de deuda. Para evitar que el sindicato aterrizara en la quiebra técnica, José Luis Rodríguez Zapatero ejecutó una maniobra de ingeniería legal en 2005 digna de un prestidigitador. Mediante un Real Decreto-ley, el Gobierno decidió que UGT debía cobrar hasta 149 millones de euros basándose en el testamento de Cesáreo del Cerro, un señor que murió en 1915 y que, curiosamente, quería que su dinero fuera a hospitales si la Casa del Pueblo desaparecía. Pero claro, los hospitales no votan ni tienen influencia en el PSOE. El dinero ni siquiera pasó por las arcas del sindicato; fue un traspaso directo al ICO para tapar el agujero. Un 'estoy yo aquí para salvarte' que dejó a CC.OO. y a la CNT echando humo. Mientras UGT recibía el rescate completo, la CNT —que en tiempos de la Guerra Civil era la jefa de la calle— recibió migajas. Zapatero les soltó apenas el 8% de lo que le dio a UGT. Es como si tres hermanos heredan una fortuna y el padre decide que uno se lleva el ático y los otros dos se reparten los cubiertos usados. El Tribunal Supremo intentó poner un parche en 2018 obligando al Estado a pagar a la CNT 2,5 millones de euros y un par de inmuebles, pero con una letra pequeña insultante: valoraron los bienes con precios de 1986. Básicamente, les devolvieron el valor de un coche de lujo de hoy con el precio de un Seat Panda de hace cuatro décadas. Al final, el Tribunal Constitucional tumbó el decreto, pero el daño —o el favor— ya estaba hecho.
Piano público y mesa real para el hermano
Hay que tener valor para componer una sinfonía mientras esperas que la Audiencia de Badajoz decida si te han coronado prevaricador o traficante de influencias. David Sánchez, el hermano del presidente, ha convertido el Palacio de La Moncloa en su refugio personal, donde el estrés judicial se combate con la acústica de un piano Kawai K-600. Para que el ciudadano medio lo entienda: mientras nosotros miramos la etiqueta del precio en el súper, el músico disfruta de un instrumento de 12.000 euros pagado con el dinero de todos, propiedad de Patrimonio Nacional. Pero el lujo no es solo sonoro, es histórico. El señor David no escribe sus notas en cualquier sitio; lo hace sobre una mesa que fue el epicentro del poder durante los mandatos de Adolfo Suárez y Felipe González, un regalo del Rey Juan Carlos que ahora sirve de soporte para partituras. Es el contraste perfecto: la solemnidad de la democracia española convertida en el escritorio de alguien que podría acabar condenado por una contratación fraudulenta en la Diputación de Badajoz. Mientras tanto, el ruido de fondo no es música clásica, sino el eco de la Audiencia Nacional investigando a Leire Díez —la famosa 'fontanera' del PSOE— por intentar espiar a la magistrada Beatriz Biedma. Sumemos a esto la presión de la Guardia Civil para ignorar un correo sospechoso llamado 'pedrosanchez1212' y las maniobras del entorno de Álvaro García Ortiz para dinamitar la instrucción. Al final, la partitura es siempre la misma: el poder protege al suyo, y si la sentencia sale mal, al menos lo hará rodeado de mármol rojizo, alfombras persas y la tranquilidad de que el piano, aunque esté arañado en el tornillo izquierdo, sigue siendo público.
Txistu: El terremoto que lo delató
Hay una ironía perversa en que la naturaleza sea el mejor agente de inteligencia del Estado. Luis María Olalde, alias 'Txistu', llevaba décadas jugando al escondite en Caracas, convencido de que el Caribe era el refugio perfecto para quien huyó en 1979 tras dejar un rastro de sangre. Pero el 25 de junio, la tierra decidió dejar de ser cómplice. Un terremoto en el barrio de San Bernardino no solo derrumbó paredes, sino que desmanteló un anonimato construido a base de distancia y silencio. Mientras el mundo contaba los daños, el rescate de Olalde entre los escombros funcionó como un GPS involuntario para la asociación Dignidad y Justicia. El contraste es brutal: mientras la tragedia se cobraba la vida de Alazne Solabarrieta, nieta del ex alcalde de Ondarroa, el destino le regalaba la vida a un hombre acusado de participar en el atentado del comando Urola en 1978, donde tres guardias civiles fueron ejecutados. Es el azar en su estado más cínico. Olalde intentó jugar la carta de la prescripción, esa herramienta legal que es como intentar borrar una deuda vieja diciendo que el banco ya no tiene el recibo. Sin embargo, el magistrado Francisco de Jorge no entró al trapo y, precisamente el mismo 25 de junio, mantuvo activa la orden de requisitoria internacional. Ahora, el magistrado Santiago Pedraz, desde la plaza número 1 de la sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, ha admitido la querella el 7 de julio. La maquinaria judicial española ya ha pasado el modo 'espera' al modo 'caza'. Buscan la captura y extradición de alguien que pensó que el cemento de Caracas sería su escudo eterno, solo para descubrir que, a veces, el cielo se cae sobre la cabeza de quien más quiere esconderse.
España: Datos militares en manos ajenas
España ha jugado a la ruleta rusa con sus secretos de Estado y parece que el tambor estaba cargado. Resulta casi cómico que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) haya tenido que redactar un informe reservado para avisar de lo evidente: tener las tripas de nuestra defensa gestionadas por Palantir es como dejar las llaves de casa puestas en la puerta con un cartel que dice 'Bienvenidos, CIA e Israel'. La ingeniería financiera de este chiringuito es fascinante. En 2023, el Estado Mayor de la Defensa se gastó 16,5 millones de euros en un contrato adjudicado 'a dedo', sin publicidad, bajo la excusa de la 'exclusividad técnica'. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el Gobierno soltó esa cifra sin pestañear para que una empresa nacida con dinero de In-Q-Tel (el brazo inversor de la CIA) y vinculada a Peter Thiel organizara nuestros datos. El software de Palantir, con sus plataformas Gotham y Foundry, es la llave maestra que ahora gobierna el hardware militar. El problema es que esa llave pertenece a una corporación privada donde el 50% de los ingresos vienen del FBI, la OTAN o el ejército británico. Básicamente, hemos alquilado un cerebro artificial que probablemente envía copias de carbono de nuestra inteligencia a Washington o Tel Aviv a través de la Unidad 8200. Ahora, en un giro dramático de 'nos hemos dado cuenta tarde', Moncloa ordena la desconexión inmediata de las empresas de la SEPI, como Indra y Telefónica. El Cifas es tajante: no hay forma de saber qué ocurre con los datos una vez que entran en el sistema. Hemos pasado de la modernización digital a la vulnerabilidad extrema por un contrato de 16,5 millones que ignoró la norma de pedir tres presupuestos. Un descuido de principiantes con consecuencias de estado.
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