Crítica:
El texto original es demasiado aséptico para un despliegue tan descarado de fondos públicos. Le falta subrayar la contradicción entre el discurso ecologista y las 45 toneladas de CO₂ emitidas por un capricho logístico.
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Otros artículos
Pasaportes express: el caladero electoral del PSOE
Hay que reconocerle al PSOE un olfato electoral que envidiaría cualquier tiburón de Wall Street. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación haciendo malabares con la tarjeta de crédito para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, el Gobierno ha decidido ampliar el mercado. No con empleos, sino con pasaportes. La Ley de Memoria Democrática ha servido para que más de 540.000 descendientes de españoles en Sudamérica obtengan la nacionalidad. Un despliegue de generosidad administrativa que, casualmente, coincide con la necesidad de Pedro Sánchez de blindar su silla en el Palacio de la Moncloa. El despliegue es total. Desde Argentina hasta Uruguay, la maquinaria socialista ha activado sus cuentas oficiales para defender el voto exterior como si fuera el último bastión de la civilización. Para el PSOE, cualquier crítica al sistema de voto por correo o la petición de Vox de eliminarlo es, básicamente, un 'golpismo mediático'. Es la clásica táctica: si no puedes debatir la seguridad del proceso, llama 'discurso de odio' al que pregunta por ella. El contraste es delicioso. Mientras acusan al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y a Santiago Abascal de tratar a los residentes en el exterior como 'ciudadanos de segunda', el PSOE los abraza con fuerza, pero solo después de haberles abierto la puerta del censo electoral. El Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) se ha convertido en el caladero perfecto. No es filantropía ni reparación histórica; es ingeniería electoral pura y dura. Buscan que este nuevo contingente de votantes, que probablemente no saben dónde queda la calle Alcalá pero sí saben quién es el 'compañero' Sánchez, sea el colchón que amortigüe cualquier caída en el voto nacional.
Zapatero y sus joyas: el sablazo millonario
Hay una diferencia abismal entre lo que uno dice que tiene en la cartera y lo que el tasador ve bajo la lupa. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que nos enseñó a gestionar la crisis, ahora no sabe gestionar el inventario de su propia caja fuerte. El 19 de mayo, la UDEF entró en su despacho y encontró un tesoro que su secretaria, Gertrudis Alcázar, custodiaba con celo. Para su portavoz, Luis Arroyo, aquello eran unos 'detallitos' de 30.000 o 50.000 euros; una cifra manejable, como quien compra un coche usado. Pero la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español bajaron la persiana de la fantasía: el valor real escala hasta los 1,3 millones de euros. Pasamos de un capricho a un presupuesto que haría temblar a cualquier ciudadano que paga el IVA de un paquete de pipas. Ahora, su abogado Víctor Moreno Catena está en modo 'operación rescate', intentando pescar papeles en los Emiratos Árabes para que el delito fiscal prescriba. Es la clásica ingeniería financiera de última hora: buscar un rastro antiguo para borrar un pecado moderno. Mientras tanto, el juez José Luis Calama no compra el cuento y ha abierto una pieza separada por contrabando y fraude. La hipocresía tiene un brillo especial cuando Hacienda se persona en la causa y recuerda que ya tiene la lupa puesta sobre Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa y sus hijas Alba y Laura. Todo esto ocurre mientras el expresidente se hunde en la depresión y el caso Plus Ultra —donde se investiga un rescate de 53 millones de euros a una aerolínea— le cierra el cerco. Zapatero pidió que paralizaran las inspecciones tributarias, pero parece que el brillo de los 1,3 millones es demasiado cegador para que el juez mire hacia otro lado.
Ayudas en Mallorca: ¿Barra libre sin residencia?
En Mallorca, el dinero público se ha convertido en el tablero de un juego de mesa donde las reglas cambian según quién mueva la ficha. El Consell, bajo la tutela de PP y Vox, soltó nueve millones de euros el pasado mes de abril para amortiguar el golpe económico del conflicto bélico con Irán. Pero ojo, que no era un buffet libre: para llevarse la tajada, pedían cinco años de residencia continuada en la isla. Una medida para evitar que el archipiélago se convirtiera en el destino favorito de la 'ruta argelina' y que el efecto llamada transformara las playas en salas de espera de la Seguridad Social. Sin embargo, el PSOE, con Francina Armengol al timón en Baleares, ha decidido que el reloj es un invento burgués. Para los socialistas, exigir que alguien haya cotizado o vivido media década en la isla es 'injustificado'. Quieren que la ayuda llegue sin mirar la fecha de aterrizaje, basándose solo en la 'necesidad acreditada'. Es la lógica del 'paga primero y pregunta después', donde la solidaridad se entiende como una tarjeta de crédito sin límite y sin fecha de corte. Mientras el ciudadano de a pie ve cómo la cesta de la compra se convierte en un deporte de riesgo, el PSOE defiende que la cohesión social se construye eliminando los filtros. Argumentan que limitar el acceso fractura la convivencia, ignorando que los recursos públicos no son un pozo sin fondo ni una cuenta corriente heredada. En el pleno del Consell de este jueves, la moción socialista buscará convertir la red de protección en una alfombra roja para quien llegue en patera, independientemente de si ha aportado un solo céntimo al sistema que ahora le piden financiar.
De suspender en Morón a un 9
Hay milagros que no ocurren en la catedral, sino en los tribunales de las oposiciones. El caso es fascinante por su sencillez: Inmaculada Fernández-Figueroa, sobrina del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, ha pasado de ser una aspirante invisible en Morón de la Frontera a convertirse en la estrella brillante de la Diputación. En Morón, la historia fue la de cualquier mortal que se queda a medio gas; un 5,63 en el test (donde dejó 25 preguntas en blanco, básicamente el cuarto de examen ignorando la existencia del papel) y un 7 en el práctico. Pero llegó el examen final, la prueba oral, y Inmaculada decidió que no comparecer era la mejor estrategia. Resultado: un cero rotundo y una media de 4,21. Patético, casi humano. Pero el guion cambia cuando el escenario es la Diputación de Sevilla. De repente, la memoria falla menos y la elocuencia florece. Inmaculada se marca un 9,08 en la prueba oral, la nota más alta de todo el proceso para Técnico de Administración General (TAG). Es un salto cualitativo que haría palidecer a cualquier atleta olímpico. Pasar de no presentarse a un examen a ser la mejor de la clase en la casa donde tu tío es el jefe se siente como comprar un billete de lotería y que te toque el premio gordo sin haber llenado el boleto. Claro, los papeles están en regla y no hay irregularidades acreditadas. Todo es legal, según el manual. Pero en la calle, donde las cosas se cuentan sin adornos, este 9,08 huele a una ingeniería de parentescos tan fina que parece soplada por el viento de la Diputación. Un ascenso meteórico que deja el mérito como un concepto muy elástico.
Apesteguia y el manual del caos
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena calle Mayor. Lluís Apesteguia, el timonel de Més per Mallorca, ha ejecutado una maniobra de esquiva digna de un piloto de Fórmula 1. Tres veces. Tres oportunidades tuvo el portavoz para decir que un manual de 'kale borroka' —ese manual de instrucciones para el caos que incita a cometer delitos contra el turismo— no es la forma de hacer política. Pero Apesteguia prefiere el arte de la elisión. Mientras el resto de los partidos, el empresariado y las instituciones se pusieron el traje de la indignación, él decidió que el manual era un 'ruido' que 'desenfocaba el debate'. Traducido al lenguaje de la calle: cuando te pillan con el manual de instrucciones para romper escaparates sobre la mesa, dices que lo importante es el 'modelo económico'. Es la vieja técnica de cambiar de canal cuando la película se pone incómoda. El manual, difundido por el grupo 'Menys turisme, més vida', es la chispa que la Policía Nacional ya tiene vigilada para la manifestación del 26 de julio en Palma. El contraste es delicioso. Por un lado, PP y Vox disparan adjetivos como 'inaceptable' e 'infame'. Por otro, el PSIB-PSOE juega al equilibrio, rechazando la violencia pero sin mojarse demasiado, probablemente porque comparten el mismo calendario electoral que Més. Todos saben que cualquier piedra lanzada contra el gobierno de Marga Prohens es un punto a favor en la encuesta de cara a las próximas autonómicas. Al final, el 'cambio de modelo' de Apesteguia parece consistir en que, si el manual sugiere Deloitte o dinamitar la paz turística, lo mejor es mirar hacia otro lado y decir que estamos hablando de economía.
La abogada 'todo terreno' de Moncloa
En el tablero del poder, hay piezas que se mueven con una precisión quirúrgica y un presupuesto que no sale de su propio bolsillo. Entremos en el juego de Zaida Isabel Fernández Toro, la abogada del Estado que parece ser la navaja suiza jurídica de Moncloa. La trama es deliciosa: la misma profesional que redactó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado —esa histórica maniobra de 35 páginas donde el presidente se negó a declarar y prefirió atacar al juez por querer interrogarlo en La Moncloa— es ahora quien defiende a Hacienda en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, la misma que intentó blindar al jefe del Gobierno ahora se mete en el sumario de blanqueo y tráfico de influencias del exmandatario tras la autorización del juez José Luis Calama a principios de julio. Lo fascinante no es solo el currículum, sino el ahorro doméstico. Mientras el ciudadano medio tiene que apretarse el cinturón para pagar un abogado si tiene un problema con la comunidad, Sánchez decidió que gastar un euro de su cuenta corriente era un pecado; prefirió usar la Abogacía del Estado, pagada con nuestros impuestos, para pelearse con Peinado. Pero Zaida no se detiene ahí. Ha sido la arquitecta legal para salvar a Carles Puigdemont y los del 'caso Tsunami' invocando la amnistía, y también fue la escudo de Álvaro García Ortiz en su duelo contra el novio de Ayuso, intentando anular registros de despacho sin éxito. Para rematar el cuadro, asesora a Enisa, la entidad que patrocinó los eventos de Begoña Gómez en 2019. Es un ecosistema cerrado donde la defensa pública se convierte en un servicio de conserjería VIP para los amigos del régimen, todo bajo el sello de la legalidad administrativa.
Monedero y el informe fantasma de 425.000€
Hay quien dice que el trabajo remoto es el futuro, pero Juan Carlos Monedero llevó el concepto a otro nivel: cobrar 425.150 euros por un informe que, según la justicia, simplemente no existió. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz o hace malabares con la lista de la compra, el fundador de Podemos disfrutaba de una 'ingeniería financiera' digna de Casino. El Banco del Alba, ese organismo fundado en Caracas en 2008, decidió que el análisis de una hipotética moneda latinoamericana valía casi medio millón de euros. Un sablazo generoso para un documento invisible. La Audiencia Nacional, con los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Ruiz y Ana María Rubio al mando, no ha comprado la versión del 'mero apoderado'. Monedero niega ser dueño de las 93 cuentas corrientes que le atribuyen, alegando que solo tiene dos. Una modestia sospechosa. La UDEF ha rastreado una trama donde aparecen nombres como Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez y Ramón Gordils Montes, moviendo fondos que huelen a petróleo chavista vendido en el mercado negro. El esquema es un clásico: efectivo, testaferros, cuentas en Curazao y un aterrizaje final en Suiza. Para rematar el cuadro, su empresa, Caja de Resistencia SL, ha dejado de publicar cuentas desde 2021, ignorando la ley como quien ignora un mensaje de WhatsApp de su ex. Ahora, el caso flota en el limbo de la diplomacia judicial. La Audiencia Nacional espera que Estados Unidos y Venezuela respondan a las comisiones rogatorias. Básicamente, el futuro de Monedero depende de que dos gobiernos que se odian decidan enviar un correo electrónico. Mientras tanto, el ex dirigente se dedica a esquivar el juzgado con la misma agilidad con la que esquivó redactar aquel informe de 425.000 euros.
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