Crítica:
El texto original es un collage de datos judiciales que oculta la verdadera ridiculez: cobrar medio millón por aire. Le sobra burocracia y le falta subrayar la desfachatez de las 93 cuentas.
La Audiencia espera información de EEUU y Venezuela para procesar a Monedero por los 425.000 € recibidos de...
Monedero y el informe fantasma de 425.000€
Otros artículos
La abogada 'todo terreno' de Moncloa
En el tablero del poder, hay piezas que se mueven con una precisión quirúrgica y un presupuesto que no sale de su propio bolsillo. Entremos en el juego de Zaida Isabel Fernández Toro, la abogada del Estado que parece ser la navaja suiza jurídica de Moncloa. La trama es deliciosa: la misma profesional que redactó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado —esa histórica maniobra de 35 páginas donde el presidente se negó a declarar y prefirió atacar al juez por querer interrogarlo en La Moncloa— es ahora quien defiende a Hacienda en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, la misma que intentó blindar al jefe del Gobierno ahora se mete en el sumario de blanqueo y tráfico de influencias del exmandatario tras la autorización del juez José Luis Calama a principios de julio. Lo fascinante no es solo el currículum, sino el ahorro doméstico. Mientras el ciudadano medio tiene que apretarse el cinturón para pagar un abogado si tiene un problema con la comunidad, Sánchez decidió que gastar un euro de su cuenta corriente era un pecado; prefirió usar la Abogacía del Estado, pagada con nuestros impuestos, para pelearse con Peinado. Pero Zaida no se detiene ahí. Ha sido la arquitecta legal para salvar a Carles Puigdemont y los del 'caso Tsunami' invocando la amnistía, y también fue la escudo de Álvaro García Ortiz en su duelo contra el novio de Ayuso, intentando anular registros de despacho sin éxito. Para rematar el cuadro, asesora a Enisa, la entidad que patrocinó los eventos de Begoña Gómez en 2019. Es un ecosistema cerrado donde la defensa pública se convierte en un servicio de conserjería VIP para los amigos del régimen, todo bajo el sello de la legalidad administrativa.
Ley de Nietos: El coladero del PSOE
Hacer una ley es como comprar un mueble de IKEA: el manual dice una cosa, pero si tienes un primo que sabe de herramientas, acabas montando un castillo donde solo cabía una silla. La Ley de Memoria Democrática nació el 5 de octubre con un propósito noble y quirúrgico: reparar el daño a los exiliados del franquismo. Pero claro, la nobleza no da votos, y la ingeniería política prefiere los chalecos abiertos. Aquí entra en juego la 'magia' de la instrucción firmada el 25 de octubre por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con un trazo de pluma, Puente convirtió un filtro selectivo en un coladero industrial. De repente, ya no hacía falta haber sufrido el exilio por razones políticas o ideológicas; bastaba con que un antepasado hubiera sido español. Es el equivalente administrativo a decir que solo entrarán al club los que tengan invitación, pero luego dejar la puerta abierta y poner un cartel de 'bienvenidos todos'. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, lo ha confesado en Radio Nacional argentina con una naturalidad pasmosa: no tenían la fuerza en las Cámaras para aprobar una ley de nacionalidad integral, así que usaron la Ley de Nietos como caballo de Troya. El resultado es un festín genealógico donde tataranietos de emigrantes que se fueron a buscar fortuna hace un siglo ahora reclaman el pasaporte rojizo. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un DNI, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y 557.709 ya tienen el visto bueno. No es memoria histórica; es una expansión de cartera electoral disfrazada de justicia, donde el árbol genealógico se ha convertido en el mejor activo financiero para ganar elecciones.
Hoteles públicos: el negocio de los 'refugiados'
El Gobierno ha montado un sistema de acogida que parece más un buffet libre de ingeniería financiera que un plan de ayuda humanitaria. En el polígono Villa de Vallecas, el Hostal Welcome se ha convertido en la mina de oro de turno, facturando 3,3 millones de euros anuales mientras el Estado paga la fiesta. La paradoja es tan gorda que no cabe en la habitación: mientras el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, nos vende que aquí se refugia a personas huyendo de bombas y persecuciones, los propios huéspedes —hombres adultos de Senegal, Gambia o Guinea Bissau— confiesan con una naturalidad pasmosa que en sus países no hay guerra. Básicamente, el Estado está pagando el alquiler de un hotel a gente que no cumple los requisitos, mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca una hipoteca. La Cruz Roja gestiona el tinglado, pero hay sociedades mercantiles que se están haciendo el agosto con el dinero público, convirtiendo la miseria ajena en un balance empresarial envidiable. El trato es sencillo: alojamiento, comida en restaurantes cercanos y una asignación de 50 euros al mes, que es lo que uno se gasta hoy en día en un par de cafés y un bocadillo si tiene suerte. Lo más cínico es el ciclo de vida del 'refugiado': pasan unos meses en el hotel, reciben el móvil cortesía de la casa y, cuando el presupuesto se agota o el plazo expira, el Gobierno los suelta en la calle, ya sea en Carabanchel o donde caigan, sin un duro y sin rumbo. Un despliegue de generosidad pública que empieza con millones en facturas hoteleras y termina con la misma desidia de siempre.
WhatsApp real: El 'Sablazo' electoral de Sánchez
Imaginen que el despacho del Presidente es, en realidad, un grupo de WhatsApp donde se gestiona el país como quien organiza una cena de empresa con rencores acumulados. Los chats filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos —este último ahora coleccionando 24 años de prisión según el Tribunal Supremo— no son estados de razón, sino el diario de una obsesión. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco a mano armada, el jefe del Ejecutivo se dedicaba, en la primavera de 2021, a jugar al 'detective de empadronamientos'. El despliegue de ingenio fue conmovedor. Sánchez, con la vena de fiscal activada, instaba a Ábalos el 6 de abril de 2021 a recurrir la candidatura de Toni Cantó y el 'ex de Toledo', celebrando con un «jajaja me parto» que Cantó saltara del barco el 11 de abril. Era el deporte nacional de Moncloa: el control obsesivo de las papeletas ajenas. Pero el verdadero monstruo bajo la cama era Isabel Díaz Ayuso. Para el dúo dinámico, la presidenta madrileña no era una gestora autonómica, sino una amenaza «en clave nacional». La ironía alcanza su cenit el 6 de mayo de 2021, tras el batacazo electoral donde el PSOE acabó empatado con Más Madrid. Sánchez, lejos de la autocrítica, fulminó la falta de pulso político en Ferraz y rechazó a Julio Navalpotro con un tajante «ni de coña». En lugar de eso, barajó nombres como Mercedes González, hoy imputada en el caso de las cloacas. Entre risas sobre vídeos de X y el envío de noticias sobre el hermano de Ayuso, los chats revelan que el poder real no estaba en los congresos, sino en el teclado de un móvil, donde el destino de los socialistas madrileños se decidía entre un «Inshalá» y un desprecio coordinado.
Frontera vacía: el ahorro que sale caro
El Ministerio del Interior ha intentado jugar al Tetris con la seguridad nacional y el resultado es un tablero vacío. Estamos en plena Operación Paso del Estrecho (OPE), ese momento del año donde Ceuta se convierte en el embudo de Europa, y el refuerzo policial en el Tarajal ha sido, sencillamente, un chiste. De las 20 plazas previstas para reforzar la frontera, solo han aterrizado tres. Tres. Para que nos entendamos: es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de yogur mientras el agua sigue cayendo a chorros. ¿Cuál es el truco de esta ingeniería financiera? El Gobierno decidió que los agentes desplazados desde la Península no tendrían derecho a dietas ni ayudas para alojamiento. Básicamente, le pidieron a los policías que pagaran de su bolsillo el placer de trabajar tres meses en una ciudad donde el alquiler en verano sube más que la fiebre de un niño. Nadie es tan tonto como para aceptar un contrato donde el sueldo se lo come el dueño del piso. De hecho, los tres valientes que aceptaron ya tenían casa o familia allí; el refuerzo exterior fue un espejismo. Mientras tanto, la Guardia Civil sí cobra sus compensaciones, creando una brecha de hipocresía institucional que huele a cerrado. Ahora, la plantilla ordinaria tiene que gestionar a 550.000 pasajeros y 128.000 vehículos, soportando jornadas infinitas y cambios de turno improvisados que parecen sacados de una pesadilla laboral. Y para añadirle sal a la herida, llega el sistema europeo EES con sus controles biométricos, que básicamente significa que cada pasajero tarda más en pasar. El diputado Javier Celaya ya ha pedido cuentas en el Congreso, pero mientras el Gobierno busca la respuesta, los agentes en el Tarajal siguen haciendo malabares con la seguridad de la frontera sur.
Asturias: El 90% de maestros 'no valen'
En el Principado de Asturias han decidido que saber de educación infantil es un don místico que solo posee el 10% de la población. No es que los aspirantes hayan ido al examen a dibujar nubes; es que la Consejería de Educación ha ejecutado una purga administrativa que haría palidecer a cualquier inquisidor. Imagínate que vas al supermercado y, al llegar a la caja, el cajero te dice que tu dinero no es 'moneda evaluable' y te echa de la tienda sin decirte por qué. Pues eso es el 'no 25%': una etiqueta humillante que significa que ni siquiera llegas al 1,25 sobre 5, dejándote sin nota numérica y, sobre todo, sin dignidad. La aritmética del absurdo es fascinante. Tenemos 1.680 valientes peleando por unas miserables 79 plazas. Para gestionar este caos, montaron 28 tribunales donde la lotería es la única regla clara: mientras en un tribunal aprobaron 16 personas, en otro solo tres. ¿Cómo es posible que el 90% de los futuros maestros sean repentinamente analfabetos funcionales? Es más probable que haya caído un meteorito sobre los libros de texto que encontrar una tasa de suspensos tan obscena de forma natural. Lo mejor es el 'timing' burocrático. La administración dice que las alegaciones se hacen al final del proceso. Es como si te atropellara un autobús y el conductor te dijera que puedes reclamar el seguro una vez que te hayan incinerado. Jorge Caro, de la CSIF, ya huele que esto no es un error de dedo, sino un patrón generalizado. Entre criterios arbitrarios y la imposibilidad de ver los errores, el sistema no busca el mejor talento, sino filtrar la cantidad de gente para que el presupuesto no sufra un ataque de pánico. Una gestión tan transparente que es invisible.
FIFA: Agilidad Trump, tortuga con Negreira
La FIFA tiene la agilidad de un atleta olímpico cuando conviene y la lentitud de un trámite burocrático en lunes cuando el asunto huele mal. Mientras el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá se convierte en un festival de decisiones arbitrales creativas —como ese pase de Argentina frente a Egipto donde el VAR decidió hacer un retiro anticipado—, en Bruselas empiezan a soplar vientos incómodos. El Parlamento Europeo ha decidido que ya basta de mirar para otro lado y pide cuentas sobre el caso Balogun. Resulta que el futbolista norteamericano fue expulsado, pero la sanción se esfumó más rápido que el sueldo el día uno después de que Donald Trump le susurrara al oído a Gianni Infantino. La UEFA, por supuesto, el 6 de julio se alineó con el guion y aplaudió la jugada. Pero aquí llega la parte donde la hipocresía se vuelve deporte de élite. Cuando se trata de limpiar la imagen, la FIFA es un rayo: fulminaron a Blatter y Platini en 2015 y borraron a Rubiales del mapa por el caso Jenni Hermoso sin esperar al juez. Sin embargo, ante el caso Negreira, el organismo se ha quedado en modo avión. A pesar de que la Agencia Tributaria ha certificado un agujero contable de 8,4 millones de euros y que el propio Infantino lo llamó 'uno de los mayores escándalos del fútbol mundial', la acción disciplinaria es inexistente. Florentino Pérez ya ha enviado un informe de 500 páginas a la UEFA, básicamente un recordatorio de que la ley no debería ser un buffet libre. Entre el Convenio Macolin, firmado el 18 de septiembre de 2014 para evitar que el deporte sea una puesta en escena, y la Confad española, que parece haber olvidado informar sobre Negreira, el fútbol internacional opera con una doble vara. El informe 'Pelícano 2.0' lo deja claro: la limpieza en la FIFA depende de quién firme la carta o de cuántos millones se hayan movido bajo la mesa.
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