Crítica:
El texto original es un panfleto cargado de adjetivos juiciosos que suplanta la información por la opinión. Carece de contrastes y se limita a atacar la ideología del PSOE sin dar voz a la contraparte técnica.
El PSOE exige barra libre de pagas y ayudas sociales a los inmigrantes en Mallorca sin fijar años de reside...
Ayudas en Mallorca: ¿Barra libre sin residencia?
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Zapatero y sus joyas: el sablazo millonario
Hay una diferencia abismal entre lo que uno dice que tiene en la cartera y lo que el tasador ve bajo la lupa. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que nos enseñó a gestionar la crisis, ahora no sabe gestionar el inventario de su propia caja fuerte. El 19 de mayo, la UDEF entró en su despacho y encontró un tesoro que su secretaria, Gertrudis Alcázar, custodiaba con celo. Para su portavoz, Luis Arroyo, aquello eran unos 'detallitos' de 30.000 o 50.000 euros; una cifra manejable, como quien compra un coche usado. Pero la joyería Ansorena y el Instituto Gemológico Español bajaron la persiana de la fantasía: el valor real escala hasta los 1,3 millones de euros. Pasamos de un capricho a un presupuesto que haría temblar a cualquier ciudadano que paga el IVA de un paquete de pipas. Ahora, su abogado Víctor Moreno Catena está en modo 'operación rescate', intentando pescar papeles en los Emiratos Árabes para que el delito fiscal prescriba. Es la clásica ingeniería financiera de última hora: buscar un rastro antiguo para borrar un pecado moderno. Mientras tanto, el juez José Luis Calama no compra el cuento y ha abierto una pieza separada por contrabando y fraude. La hipocresía tiene un brillo especial cuando Hacienda se persona en la causa y recuerda que ya tiene la lupa puesta sobre Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa y sus hijas Alba y Laura. Todo esto ocurre mientras el expresidente se hunde en la depresión y el caso Plus Ultra —donde se investiga un rescate de 53 millones de euros a una aerolínea— le cierra el cerco. Zapatero pidió que paralizaran las inspecciones tributarias, pero parece que el brillo de los 1,3 millones es demasiado cegador para que el juez mire hacia otro lado.
De suspender en Morón a un 9
Hay milagros que no ocurren en la catedral, sino en los tribunales de las oposiciones. El caso es fascinante por su sencillez: Inmaculada Fernández-Figueroa, sobrina del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, ha pasado de ser una aspirante invisible en Morón de la Frontera a convertirse en la estrella brillante de la Diputación. En Morón, la historia fue la de cualquier mortal que se queda a medio gas; un 5,63 en el test (donde dejó 25 preguntas en blanco, básicamente el cuarto de examen ignorando la existencia del papel) y un 7 en el práctico. Pero llegó el examen final, la prueba oral, y Inmaculada decidió que no comparecer era la mejor estrategia. Resultado: un cero rotundo y una media de 4,21. Patético, casi humano. Pero el guion cambia cuando el escenario es la Diputación de Sevilla. De repente, la memoria falla menos y la elocuencia florece. Inmaculada se marca un 9,08 en la prueba oral, la nota más alta de todo el proceso para Técnico de Administración General (TAG). Es un salto cualitativo que haría palidecer a cualquier atleta olímpico. Pasar de no presentarse a un examen a ser la mejor de la clase en la casa donde tu tío es el jefe se siente como comprar un billete de lotería y que te toque el premio gordo sin haber llenado el boleto. Claro, los papeles están en regla y no hay irregularidades acreditadas. Todo es legal, según el manual. Pero en la calle, donde las cosas se cuentan sin adornos, este 9,08 huele a una ingeniería de parentescos tan fina que parece soplada por el viento de la Diputación. Un ascenso meteórico que deja el mérito como un concepto muy elástico.
Apesteguia y el manual del caos
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena calle Mayor. Lluís Apesteguia, el timonel de Més per Mallorca, ha ejecutado una maniobra de esquiva digna de un piloto de Fórmula 1. Tres veces. Tres oportunidades tuvo el portavoz para decir que un manual de 'kale borroka' —ese manual de instrucciones para el caos que incita a cometer delitos contra el turismo— no es la forma de hacer política. Pero Apesteguia prefiere el arte de la elisión. Mientras el resto de los partidos, el empresariado y las instituciones se pusieron el traje de la indignación, él decidió que el manual era un 'ruido' que 'desenfocaba el debate'. Traducido al lenguaje de la calle: cuando te pillan con el manual de instrucciones para romper escaparates sobre la mesa, dices que lo importante es el 'modelo económico'. Es la vieja técnica de cambiar de canal cuando la película se pone incómoda. El manual, difundido por el grupo 'Menys turisme, més vida', es la chispa que la Policía Nacional ya tiene vigilada para la manifestación del 26 de julio en Palma. El contraste es delicioso. Por un lado, PP y Vox disparan adjetivos como 'inaceptable' e 'infame'. Por otro, el PSIB-PSOE juega al equilibrio, rechazando la violencia pero sin mojarse demasiado, probablemente porque comparten el mismo calendario electoral que Més. Todos saben que cualquier piedra lanzada contra el gobierno de Marga Prohens es un punto a favor en la encuesta de cara a las próximas autonómicas. Al final, el 'cambio de modelo' de Apesteguia parece consistir en que, si el manual sugiere Deloitte o dinamitar la paz turística, lo mejor es mirar hacia otro lado y decir que estamos hablando de economía.
La abogada 'todo terreno' de Moncloa
En el tablero del poder, hay piezas que se mueven con una precisión quirúrgica y un presupuesto que no sale de su propio bolsillo. Entremos en el juego de Zaida Isabel Fernández Toro, la abogada del Estado que parece ser la navaja suiza jurídica de Moncloa. La trama es deliciosa: la misma profesional que redactó la querella de Pedro Sánchez contra el juez Juan Carlos Peinado —esa histórica maniobra de 35 páginas donde el presidente se negó a declarar y prefirió atacar al juez por querer interrogarlo en La Moncloa— es ahora quien defiende a Hacienda en el caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, la misma que intentó blindar al jefe del Gobierno ahora se mete en el sumario de blanqueo y tráfico de influencias del exmandatario tras la autorización del juez José Luis Calama a principios de julio. Lo fascinante no es solo el currículum, sino el ahorro doméstico. Mientras el ciudadano medio tiene que apretarse el cinturón para pagar un abogado si tiene un problema con la comunidad, Sánchez decidió que gastar un euro de su cuenta corriente era un pecado; prefirió usar la Abogacía del Estado, pagada con nuestros impuestos, para pelearse con Peinado. Pero Zaida no se detiene ahí. Ha sido la arquitecta legal para salvar a Carles Puigdemont y los del 'caso Tsunami' invocando la amnistía, y también fue la escudo de Álvaro García Ortiz en su duelo contra el novio de Ayuso, intentando anular registros de despacho sin éxito. Para rematar el cuadro, asesora a Enisa, la entidad que patrocinó los eventos de Begoña Gómez en 2019. Es un ecosistema cerrado donde la defensa pública se convierte en un servicio de conserjería VIP para los amigos del régimen, todo bajo el sello de la legalidad administrativa.
Monedero y el informe fantasma de 425.000€
Hay quien dice que el trabajo remoto es el futuro, pero Juan Carlos Monedero llevó el concepto a otro nivel: cobrar 425.150 euros por un informe que, según la justicia, simplemente no existió. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz o hace malabares con la lista de la compra, el fundador de Podemos disfrutaba de una 'ingeniería financiera' digna de Casino. El Banco del Alba, ese organismo fundado en Caracas en 2008, decidió que el análisis de una hipotética moneda latinoamericana valía casi medio millón de euros. Un sablazo generoso para un documento invisible. La Audiencia Nacional, con los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Ruiz y Ana María Rubio al mando, no ha comprado la versión del 'mero apoderado'. Monedero niega ser dueño de las 93 cuentas corrientes que le atribuyen, alegando que solo tiene dos. Una modestia sospechosa. La UDEF ha rastreado una trama donde aparecen nombres como Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez y Ramón Gordils Montes, moviendo fondos que huelen a petróleo chavista vendido en el mercado negro. El esquema es un clásico: efectivo, testaferros, cuentas en Curazao y un aterrizaje final en Suiza. Para rematar el cuadro, su empresa, Caja de Resistencia SL, ha dejado de publicar cuentas desde 2021, ignorando la ley como quien ignora un mensaje de WhatsApp de su ex. Ahora, el caso flota en el limbo de la diplomacia judicial. La Audiencia Nacional espera que Estados Unidos y Venezuela respondan a las comisiones rogatorias. Básicamente, el futuro de Monedero depende de que dos gobiernos que se odian decidan enviar un correo electrónico. Mientras tanto, el ex dirigente se dedica a esquivar el juzgado con la misma agilidad con la que esquivó redactar aquel informe de 425.000 euros.
Ley de Nietos: El coladero del PSOE
Hacer una ley es como comprar un mueble de IKEA: el manual dice una cosa, pero si tienes un primo que sabe de herramientas, acabas montando un castillo donde solo cabía una silla. La Ley de Memoria Democrática nació el 5 de octubre con un propósito noble y quirúrgico: reparar el daño a los exiliados del franquismo. Pero claro, la nobleza no da votos, y la ingeniería política prefiere los chalecos abiertos. Aquí entra en juego la 'magia' de la instrucción firmada el 25 de octubre por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con un trazo de pluma, Puente convirtió un filtro selectivo en un coladero industrial. De repente, ya no hacía falta haber sufrido el exilio por razones políticas o ideológicas; bastaba con que un antepasado hubiera sido español. Es el equivalente administrativo a decir que solo entrarán al club los que tengan invitación, pero luego dejar la puerta abierta y poner un cartel de 'bienvenidos todos'. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, lo ha confesado en Radio Nacional argentina con una naturalidad pasmosa: no tenían la fuerza en las Cámaras para aprobar una ley de nacionalidad integral, así que usaron la Ley de Nietos como caballo de Troya. El resultado es un festín genealógico donde tataranietos de emigrantes que se fueron a buscar fortuna hace un siglo ahora reclaman el pasaporte rojizo. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un DNI, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y 557.709 ya tienen el visto bueno. No es memoria histórica; es una expansión de cartera electoral disfrazada de justicia, donde el árbol genealógico se ha convertido en el mejor activo financiero para ganar elecciones.
Hoteles públicos: el negocio de los 'refugiados'
El Gobierno ha montado un sistema de acogida que parece más un buffet libre de ingeniería financiera que un plan de ayuda humanitaria. En el polígono Villa de Vallecas, el Hostal Welcome se ha convertido en la mina de oro de turno, facturando 3,3 millones de euros anuales mientras el Estado paga la fiesta. La paradoja es tan gorda que no cabe en la habitación: mientras el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, nos vende que aquí se refugia a personas huyendo de bombas y persecuciones, los propios huéspedes —hombres adultos de Senegal, Gambia o Guinea Bissau— confiesan con una naturalidad pasmosa que en sus países no hay guerra. Básicamente, el Estado está pagando el alquiler de un hotel a gente que no cumple los requisitos, mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca una hipoteca. La Cruz Roja gestiona el tinglado, pero hay sociedades mercantiles que se están haciendo el agosto con el dinero público, convirtiendo la miseria ajena en un balance empresarial envidiable. El trato es sencillo: alojamiento, comida en restaurantes cercanos y una asignación de 50 euros al mes, que es lo que uno se gasta hoy en día en un par de cafés y un bocadillo si tiene suerte. Lo más cínico es el ciclo de vida del 'refugiado': pasan unos meses en el hotel, reciben el móvil cortesía de la casa y, cuando el presupuesto se agota o el plazo expira, el Gobierno los suelta en la calle, ya sea en Carabanchel o donde caigan, sin un duro y sin rumbo. Un despliegue de generosidad pública que empieza con millones en facturas hoteleras y termina con la misma desidia de siempre.
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