La noticia es un ejercicio de conectar puntos que ya estaban dibujados, aunque el tono es claramente militante. Le falta profundizar en si existen conflictos de interés reglamentarios o si es simplemente la norma en el despliegue de la Abogacía del Estado.
Hay milagros que no ocurren en la catedral, sino en los tribunales de las oposiciones. El caso es fascinante por su sencillez: Inmaculada Fernández-Figueroa, sobrina del secretario general de la Diputación de Sevilla, Fernando Fernández-Figueroa, ha pasado de ser una aspirante invisible en Morón de la Frontera a convertirse en la estrella brillante de la Diputación. En Morón, la historia fue la de cualquier mortal que se queda a medio gas; un 5,63 en el test (donde dejó 25 preguntas en blanco, básicamente el cuarto de examen ignorando la existencia del papel) y un 7 en el práctico. Pero llegó el examen final, la prueba oral, y Inmaculada decidió que no comparecer era la mejor estrategia. Resultado: un cero rotundo y una media de 4,21. Patético, casi humano. Pero el guion cambia cuando el escenario es la Diputación de Sevilla. De repente, la memoria falla menos y la elocuencia florece. Inmaculada se marca un 9,08 en la prueba oral, la nota más alta de todo el proceso para Técnico de Administración General (TAG). Es un salto cualitativo que haría palidecer a cualquier atleta olímpico. Pasar de no presentarse a un examen a ser la mejor de la clase en la casa donde tu tío es el jefe se siente como comprar un billete de lotería y que te toque el premio gordo sin haber llenado el boleto. Claro, los papeles están en regla y no hay irregularidades acreditadas. Todo es legal, según el manual. Pero en la calle, donde las cosas se cuentan sin adornos, este 9,08 huele a una ingeniería de parentescos tan fina que parece soplada por el viento de la Diputación. Un ascenso meteórico que deja el mérito como un concepto muy elástico.
Hay silencios que gritan más que un megáfono en plena calle Mayor. Lluís Apesteguia, el timonel de Més per Mallorca, ha ejecutado una maniobra de esquiva digna de un piloto de Fórmula 1. Tres veces. Tres oportunidades tuvo el portavoz para decir que un manual de 'kale borroka' —ese manual de instrucciones para el caos que incita a cometer delitos contra el turismo— no es la forma de hacer política. Pero Apesteguia prefiere el arte de la elisión. Mientras el resto de los partidos, el empresariado y las instituciones se pusieron el traje de la indignación, él decidió que el manual era un 'ruido' que 'desenfocaba el debate'. Traducido al lenguaje de la calle: cuando te pillan con el manual de instrucciones para romper escaparates sobre la mesa, dices que lo importante es el 'modelo económico'. Es la vieja técnica de cambiar de canal cuando la película se pone incómoda. El manual, difundido por el grupo 'Menys turisme, més vida', es la chispa que la Policía Nacional ya tiene vigilada para la manifestación del 26 de julio en Palma. El contraste es delicioso. Por un lado, PP y Vox disparan adjetivos como 'inaceptable' e 'infame'. Por otro, el PSIB-PSOE juega al equilibrio, rechazando la violencia pero sin mojarse demasiado, probablemente porque comparten el mismo calendario electoral que Més. Todos saben que cualquier piedra lanzada contra el gobierno de Marga Prohens es un punto a favor en la encuesta de cara a las próximas autonómicas. Al final, el 'cambio de modelo' de Apesteguia parece consistir en que, si el manual sugiere Deloitte o dinamitar la paz turística, lo mejor es mirar hacia otro lado y decir que estamos hablando de economía.
Hay quien dice que el trabajo remoto es el futuro, pero Juan Carlos Monedero llevó el concepto a otro nivel: cobrar 425.150 euros por un informe que, según la justicia, simplemente no existió. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz o hace malabares con la lista de la compra, el fundador de Podemos disfrutaba de una 'ingeniería financiera' digna de Casino. El Banco del Alba, ese organismo fundado en Caracas en 2008, decidió que el análisis de una hipotética moneda latinoamericana valía casi medio millón de euros. Un sablazo generoso para un documento invisible. La Audiencia Nacional, con los magistrados Alfonso Guevara, Carolina Ruiz y Ana María Rubio al mando, no ha comprado la versión del 'mero apoderado'. Monedero niega ser dueño de las 93 cuentas corrientes que le atribuyen, alegando que solo tiene dos. Una modestia sospechosa. La UDEF ha rastreado una trama donde aparecen nombres como Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez y Ramón Gordils Montes, moviendo fondos que huelen a petróleo chavista vendido en el mercado negro. El esquema es un clásico: efectivo, testaferros, cuentas en Curazao y un aterrizaje final en Suiza. Para rematar el cuadro, su empresa, Caja de Resistencia SL, ha dejado de publicar cuentas desde 2021, ignorando la ley como quien ignora un mensaje de WhatsApp de su ex. Ahora, el caso flota en el limbo de la diplomacia judicial. La Audiencia Nacional espera que Estados Unidos y Venezuela respondan a las comisiones rogatorias. Básicamente, el futuro de Monedero depende de que dos gobiernos que se odian decidan enviar un correo electrónico. Mientras tanto, el ex dirigente se dedica a esquivar el juzgado con la misma agilidad con la que esquivó redactar aquel informe de 425.000 euros.
Hacer una ley es como comprar un mueble de IKEA: el manual dice una cosa, pero si tienes un primo que sabe de herramientas, acabas montando un castillo donde solo cabía una silla. La Ley de Memoria Democrática nació el 5 de octubre con un propósito noble y quirúrgico: reparar el daño a los exiliados del franquismo. Pero claro, la nobleza no da votos, y la ingeniería política prefiere los chalecos abiertos. Aquí entra en juego la 'magia' de la instrucción firmada el 25 de octubre por Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con un trazo de pluma, Puente convirtió un filtro selectivo en un coladero industrial. De repente, ya no hacía falta haber sufrido el exilio por razones políticas o ideológicas; bastaba con que un antepasado hubiera sido español. Es el equivalente administrativo a decir que solo entrarán al club los que tengan invitación, pero luego dejar la puerta abierta y poner un cartel de 'bienvenidos todos'. Lorena Suárez, secretaria general del PSOE en Argentina, lo ha confesado en Radio Nacional argentina con una naturalidad pasmosa: no tenían la fuerza en las Cámaras para aprobar una ley de nacionalidad integral, así que usaron la Ley de Nietos como caballo de Troya. El resultado es un festín genealógico donde tataranietos de emigrantes que se fueron a buscar fortuna hace un siglo ahora reclaman el pasaporte rojizo. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un DNI, 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad y 557.709 ya tienen el visto bueno. No es memoria histórica; es una expansión de cartera electoral disfrazada de justicia, donde el árbol genealógico se ha convertido en el mejor activo financiero para ganar elecciones.
El Gobierno ha montado un sistema de acogida que parece más un buffet libre de ingeniería financiera que un plan de ayuda humanitaria. En el polígono Villa de Vallecas, el Hostal Welcome se ha convertido en la mina de oro de turno, facturando 3,3 millones de euros anuales mientras el Estado paga la fiesta. La paradoja es tan gorda que no cabe en la habitación: mientras el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, nos vende que aquí se refugia a personas huyendo de bombas y persecuciones, los propios huéspedes —hombres adultos de Senegal, Gambia o Guinea Bissau— confiesan con una naturalidad pasmosa que en sus países no hay guerra. Básicamente, el Estado está pagando el alquiler de un hotel a gente que no cumple los requisitos, mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca una hipoteca. La Cruz Roja gestiona el tinglado, pero hay sociedades mercantiles que se están haciendo el agosto con el dinero público, convirtiendo la miseria ajena en un balance empresarial envidiable. El trato es sencillo: alojamiento, comida en restaurantes cercanos y una asignación de 50 euros al mes, que es lo que uno se gasta hoy en día en un par de cafés y un bocadillo si tiene suerte. Lo más cínico es el ciclo de vida del 'refugiado': pasan unos meses en el hotel, reciben el móvil cortesía de la casa y, cuando el presupuesto se agota o el plazo expira, el Gobierno los suelta en la calle, ya sea en Carabanchel o donde caigan, sin un duro y sin rumbo. Un despliegue de generosidad pública que empieza con millones en facturas hoteleras y termina con la misma desidia de siempre.
Imaginen que el despacho del Presidente es, en realidad, un grupo de WhatsApp donde se gestiona el país como quien organiza una cena de empresa con rencores acumulados. Los chats filtrados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos —este último ahora coleccionando 24 años de prisión según el Tribunal Supremo— no son estados de razón, sino el diario de una obsesión. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco a mano armada, el jefe del Ejecutivo se dedicaba, en la primavera de 2021, a jugar al 'detective de empadronamientos'. El despliegue de ingenio fue conmovedor. Sánchez, con la vena de fiscal activada, instaba a Ábalos el 6 de abril de 2021 a recurrir la candidatura de Toni Cantó y el 'ex de Toledo', celebrando con un «jajaja me parto» que Cantó saltara del barco el 11 de abril. Era el deporte nacional de Moncloa: el control obsesivo de las papeletas ajenas. Pero el verdadero monstruo bajo la cama era Isabel Díaz Ayuso. Para el dúo dinámico, la presidenta madrileña no era una gestora autonómica, sino una amenaza «en clave nacional». La ironía alcanza su cenit el 6 de mayo de 2021, tras el batacazo electoral donde el PSOE acabó empatado con Más Madrid. Sánchez, lejos de la autocrítica, fulminó la falta de pulso político en Ferraz y rechazó a Julio Navalpotro con un tajante «ni de coña». En lugar de eso, barajó nombres como Mercedes González, hoy imputada en el caso de las cloacas. Entre risas sobre vídeos de X y el envío de noticias sobre el hermano de Ayuso, los chats revelan que el poder real no estaba en los congresos, sino en el teclado de un móvil, donde el destino de los socialistas madrileños se decidía entre un «Inshalá» y un desprecio coordinado.
El Ministerio del Interior ha intentado jugar al Tetris con la seguridad nacional y el resultado es un tablero vacío. Estamos en plena Operación Paso del Estrecho (OPE), ese momento del año donde Ceuta se convierte en el embudo de Europa, y el refuerzo policial en el Tarajal ha sido, sencillamente, un chiste. De las 20 plazas previstas para reforzar la frontera, solo han aterrizado tres. Tres. Para que nos entendamos: es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de yogur mientras el agua sigue cayendo a chorros. ¿Cuál es el truco de esta ingeniería financiera? El Gobierno decidió que los agentes desplazados desde la Península no tendrían derecho a dietas ni ayudas para alojamiento. Básicamente, le pidieron a los policías que pagaran de su bolsillo el placer de trabajar tres meses en una ciudad donde el alquiler en verano sube más que la fiebre de un niño. Nadie es tan tonto como para aceptar un contrato donde el sueldo se lo come el dueño del piso. De hecho, los tres valientes que aceptaron ya tenían casa o familia allí; el refuerzo exterior fue un espejismo. Mientras tanto, la Guardia Civil sí cobra sus compensaciones, creando una brecha de hipocresía institucional que huele a cerrado. Ahora, la plantilla ordinaria tiene que gestionar a 550.000 pasajeros y 128.000 vehículos, soportando jornadas infinitas y cambios de turno improvisados que parecen sacados de una pesadilla laboral. Y para añadirle sal a la herida, llega el sistema europeo EES con sus controles biométricos, que básicamente significa que cada pasajero tarda más en pasar. El diputado Javier Celaya ya ha pedido cuentas en el Congreso, pero mientras el Gobierno busca la respuesta, los agentes en el Tarajal siguen haciendo malabares con la seguridad de la frontera sur.
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