Artículos enviados por nuestros usuarios
Vender la 'Escola Catalana' como el Ferrari de la educación mientras el motor hace ruidos extraños es un arte que el Govern domina a la perfección. Pero el truco ha salido mal. Resulta que Cataluña ha quedado fuera de las Pruebas PISA, no por un problema de conexión wifi, sino por un 'descuido' de dimensiones épicas. La Generalitat decidió que un 23% de los 2.500 alumnos seleccionados no participaría por motivos 'conductuales o lingüísticos'. Para que nos entendamos: es como si en una maratón decides que uno de cada cinco corredores no cuenta porque no le gusta el color de la pista. El problema es que la OCDE pone el límite en el 5%. Si pasas de ahí, tu muestra es un chiste y tus resultados no sirven ni para envolver pescado. Lo más fascinante es la ingeniería financiera del asunto. La Generalitat soltó 1,5 millones de euros a la OCDE para que evaluaran el sistema. Básicamente, pagaron un ticket de lujo para que les dijeran que no podían entrar al restaurante. La consellera Esther Niubó sabía de este agujero desde marzo, pero prefirió guardar el secreto hasta la semana pasada, esperando que el verano borrara la memoria colectiva. Ahora, mientras los profesores denuncian que el 'modelo inclusivo' tiene menos recursos que una hucha de colegio, la consellera se escuda en que los 'protocolos no eran claros'. Un argumento tan sólido como un castillo de naipes en medio de un vendaval. Entre el PP, Junts y Vox, el consenso es total: el 'trilerismo' educativo ha dejado al descubierto que, cuando los datos no ayudan, lo más cómodo es hacer desaparecer a los alumnos.
El Gobierno ha aplicado la técnica del 'maquillaje exprés': vender un producto brillante en el escaparate mientras el almacén está vacío. Hace exactamente un año, tras el trauma de un verano que dejó 355.000 hectáreas calcinadas y 63 grandes incendios, Pedro Sánchez salió a la palestra con el Real Decreto 716/2025. Lo vendieron como la panacea, el manual definitivo para que las comunidades autónomas dejaran de pelearse y empezaran a coordinarse. Una jugada política maestra para callar críticas y cerrar el ciclo de la crisis forestal más devastadora en tres décadas. Pero aquí llega el truco de magia. El decreto es, en realidad, una cáscara vacía. Para que funcione, hacía falta una orden ministerial —el verdadero 'manual de instrucciones'— que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) debía redactar según la disposición final segunda. Doce meses después, y con el país volviendo a oler a humo, esa orden sigue guardada en un cajón, probablemente junto a las promesas electorales no cumplidas. Es como comprarse un seguro contra incendios carísimo y descubrir, mientras las llamas lamen la puerta, que la póliza no se ha firmado porque el agente se olvidó de traer el bolígrafo. Mientras el MITECO ignora la Ley de Montes y el Comité de Lucha contra Incendios Forestales espera sentada, la Fiscalía de Medio Ambiente sigue husmeando en las deficiencias preventivas. El contraste es obsceno: por un lado, el relato oficial de un sistema estable y coordinado; por otro, la realidad de una burocracia que prefiere el silencio administrativo al fuego real. Al final, la prevención en España es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua: mucho esfuerzo visual, pero el resultado es el mismo.
Hay que tener valor. Mucho valor. Mientras el ciudadano medio se deja la piel para que la cuenta corriente no parezca un desierto el día 20, David Sánchez, el hermano del presidente, disfrutó de una suerte de 'estipendio familiar' con fondos públicos. Hablamos de un puesto en la Diputación de Badajoz diseñado con la precisión de un traje a medida, sin funciones reales, pero con una nómina que daba gusto. Entre 2017 y 2025, el caballero acumuló 340.572 euros. Para que nos entendamos: es como si alguien te pagara el alquiler, la hipoteca y las vacaciones durante ocho años solo por existir en un organigrama. La justicia ya le ha caído el testigo con una condena de 9 años de inhabilitación por prevaricación administrativa, pero aquí viene la joya de la corona de la hipocresía: la sentencia no decía nada sobre devolver el dinero. Un vacío legal tan cómodo que casi parece planificado. Ahora, Hazte Oír ha decidido jugar al cobrador del fracaso y ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz y al Tribunal de Cuentas que David Azagra reintegre hasta el último céntimo, más intereses. El PP ya había hecho los números en su denuncia: 320.614 euros en bruto como director de la Oficina de Artes Escénicas y otros 96.184 euros que la Diputación soltó en Seguridad Social. Un festín financiado por los contribuyentes extremeños. La trama no sería posible sin la complicidad de Miguel Ángel Gallardo, Cristina Núñez y Elisa Moriano, quienes habrían sido los arquitectos de este agujero contable. Mientras los recursos de apelación vuelan hacia el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la pregunta es simple: ¿quién paga la fiesta cuando el circo se desmonta?
Viajar por España hoy es como jugar a un videojuego de carreras en modo 'extremo': esquivas baches, rezas para que el carril derecho no sea una trampa de arenas movedizas y esperas que tu amortiguador no pida la jubilación anticipada. La narrativa oficial intenta culpar a los camiones, pero la realidad es que estamos conduciendo sobre un queso gruyère. Mientras el ministerio de Óscar Puente se dedica a poner tiritas presupuestarias en heridas que requieren cirugía mayor, el asfalto se rinde. No es que los camioneros tengan un don especial para excavar; es que el mantenimiento se quedó congelado en el tiempo, exactamente en 2008, como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa en la gestión pública. Desde entonces, hemos ignorado que los cimientos de nuestras autopistas necesitan un mimo cada 10 años. El resultado es un déficit estructural de 13.000 millones de euros, un agujero contable que crece a ritmo de 1.000 millones anuales. Para que nos entendamos: es como dejar de pagar la comunidad de tu edificio durante quince años y sorprenderte cuando el techo te cae encima mientras desayunas. Con una flota de más de 620.000 camiones pesados, algunos superando las 40 toneladas, la física no perdona. Según la ley de la cuarta potencia, un solo camión de 5 ejes destroza el asfalto como si pasaran 10.000 turismos. Así, rutas vitales como la A-6, la A-3 o la A-67 han pasado de ser arterias logísticas a parecer caminos de cabras, obligando a los conductores a migrar al carril izquierdo para no hundirse. La Asociación Española de la Carretera lo tiene claro: no es el peso del transporte, es la ligereza con la que el Estado gestiona el mantenimiento.
Hablemos de números, que es donde se esconde la verdad. El Gobierno de Aragón ha decidido que 17 euros a la semana por niño es un gasto superfluo. Para Alejandro Nolasco, vicepresidente aragonés, el ahorro anual es de 180.000 euros. Digamos las cosas como son: en el presupuesto de una administración, esa cifra es el equivalente a que se pierda un bolígrafo en un rascacielos; una miseria contable que no mueve la aguja de ninguna cuenta pública, pero que políticamente sirve para marcar el territorio. La jugada viene impulsada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, donde Vox mueve los hilos. La lógica es simple: si el niño no nació aquí, no necesita esos euros para su 'autonomía'. Es el arte de la gestión basada en el descarte. Sira Rego, al mando del Ministerio de Juventud e Infancia, no se ha quedado en la superficie y ha lanzado la denuncia ante la Fiscalía de Menores. La ministra ha usado adjetivos pesados —'repugnante' y 'racista'—, argumentando que se están creando ciudadanos de segunda clase. Mientras el Ministerio invoca el artículo 14 y el 39 de la Constitución para defender que un menor tutelado debe integrarse y no ser marginado, el Ejecutivo aragonés parece creer que la austeridad se aplica mejor en el bolsillo de quien menos tiene. Al final, la pelea no es por los 180.000 euros, que no pagan ni un despacho nuevo en Zaragoza, sino por quién tiene la razón moral en el tablero electoral. La Fiscalía ahora deberá decidir si quitarle la paga a un niño es un ajuste presupuestario o un delito de odio disfrazado de eficiencia administrativa.
Burgos, la ciudad de la piedra y el silencio, se ha convertido repentinamente en la maternidad preferida de un selecto grupo de brasileñas que, curiosamente, residen en Bélgica y el norte de Europa. No es que la ciudad del Cid tenga un magnetismo místico para los recién nacidos, sino que alguien ha descubierto que el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) es el lugar ideal para dar el último empujón sin complicaciones. El esquema es tan preciso que parece una coreografía de ballet: las mujeres llegan en la semana 38, 39 o 40 de gestación, justo cuando el bebé ya ha hecho las maletas. Nada de controles mensuales ni citas tediosas; vienen directas al grano. Lo que dinamitó la discreción de este 'turismo de cuna' fue el domicilio. Imaginen la cara del administrativo al ver que decenas de desconocidas comparten la misma dirección en Medina de Pomar o en Villarcayo, en Las Merindades. Es como si todo el vecindario decidiera mudarse a un mismo piso compartido, pero sin conocerse. Para rematar la jugada, el hospital detectó a un mismo hombre haciendo de 'acompañante universal'. Un auténtico multitasking del parto. El patrón saltó a la vista a principios de mayo y, tras un mes de acumular coincidencias, el HUBU avisó a la Policía Nacional a finales de ese mismo mes. Ya van unas treinta mujeres en la lista. Mientras el hospital público cumple su función ética atendiendo a los 1.500 partos anuales que gestiona, la Policía ahora intenta descifrar si estamos ante una ingeniosa arquitectura de gestiones administrativas o algo más turbio. Porque, seamos sinceros, que treinta mujeres de Bélgica coincidan en un pueblo de Burgos con el mismo chófer no es una casualidad, es una estadística imposible.
El barrio de La Marina, en el puerto de Ibiza, ha decidido que la solución a una crisis económica crónica no es, precisamente, bajar los precios o mejorar la infraestructura, sino montar un desfile de moda. Es la lógica del 'maquillaje extremo': cuando el negocio no tira y los locales parecen escaparates de un museo abandonado, ponemos música de DJs como Elio Riso y Dutari y esperamos que el milagro ocurra. Los comerciantes, hartos de que el barrio solo respire cuando los cruceros escupen turistas que miran pero no compran, han lanzado 'La Marina está de Moda'. La narrativa es la habitual. Culpan al anterior gobierno de Rafael Ruiz de haber dejado que el barrio se hundiera, mientras que el actual concejal, Álex Minchiotti, vende el evento como un 'modelo pionero' para la ciudad. Es curioso que para 'dinamizar' el comercio local, que no tiene grandes marcas, la solución sea imitar la estética de una pasarela. Carina Hoort, dueña de Rituality Ibiza, dice que tienen un diamante y que podrían ser Mónaco. Claro, porque no hay nada que grite más 'Mónaco' que un desfile en Sa Peixateria con la ayuda de la Cofradía de Pescadores y la Pimeef. El evento, que arranca este jueves a las 21:00 horas con la presentación de Ana Reyes y el diseño de Toni Riera, pretende ser inclusivo. La modelo Lía hablará de 'todo tipo de cuerpos', un toque de conciencia social necesario mientras se intenta atraer la cartera del turista rico. Con capacidad para 400 personas y un espacio pop-up exterior, la esperanza es que el brillo de las lentejuelas tape el agujero contable de quince establecimientos que llevan dos años preparando un desfile para no cerrar la persiana definitivamente.
En el Congreso, las reglas del juego se cambian mientras la pelota sigue rodando. El BOE acaba de oficializar una reforma del Reglamento de la Cámara que es, básicamente, bajar la valla para que cualquiera pueda saltar al jardín de los privilegios. Hasta ahora, para montar un grupo parlamentario no bastaba con tener cinco diputados; necesitabas el 5 % de los votos en España o el 15 % en tus plazas. Una barrera razonable, como la que te pone el banco para darte una hipoteca. Pero claro, para ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, eso era un muro insalvable. ¿La solución? Una ingeniería normativa impulsada por el PSOE y Sumar que reduce el listón al 3 % nacional y al 10 % provincial. Es el equivalente político a bajar los requisitos de entrada en un club exclusivo porque tus amigos no pasan el filtro. Así, los partidos separatistas ya no tendrán que recurrir al 'préstamo de diputados' —esa especie de crédito rápido y sin intereses que el PSOE y Sumar les concedieron al inicio de la legislatura— para no quedar en la irrelevancia administrativa. No es solo una cuestión de ego o de tener un micrófono propio en los debates. Aquí entra el dinero, el combustible de toda maquinaria. Formar grupo significa acceder a subvenciones directas y ayudas para propaganda electoral. Es pasar de pedir propinas a tener una cuenta corriente corporativa pagada con el dinero de todos. Mientras el PP, Vox y UPN gritaban en el Pleno que esto era un traje hecho a medida para los independentistas, sus propuestas para que las ayudas fueran proporcionales al número de escaños terminaron en la papelera. Al final, la aritmética del poder ha decidido que ser pequeño no debe doler en el bolsillo.
En la televisión pública, el rigor periodístico a veces tiene la consistencia de un flan. El Consejo de Informativos de RTVE acaba de soltar un informe, fechado el 24 de julio, que es básicamente un acta de defunción a la deontología de ciertos programas. El asunto es sencillo: el 19 de mayo, mientras el país intentaba entender la investigación judicial sobre José Luis Rodríguez Zapatero, Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz decidieron jugar al teléfono escacharrado con la verdad. Vendieron a pie pagoda que todo el lío empezaba por una querella de Manos Limpias a finales de 2025. Un detalle curioso, considerando que el propio auto judicial y el servicio Verifica RTVE aclararon que el origen era una solicitud de Francia y Suiza. Es decir, se tragaron la versión del Gobierno sin pestañear y la sirvieron en bandeja, sin citar la fuente, como si fuera una verdad absoluta. En Mañaneros 360, Javier Ruiz insistió en esta hipótesis falsa con la energía de quien cree que el cheque ya está cobrado. Mientras tanto, en La hora de La 1, Intxaurrondo ignoró olímpicamente a Mateo Balín, el periodista de tribunales que, en pleno directo, intentaba explicar que la querella de diciembre de 2025 era posterior al inicio de la causa. Es como si el experto te dijera que el coche no arranca porque no tiene motor y tú insistieras en que es porque el color no te gusta. Lo más surrealista llega con las respuestas. Intxaurrondo, en un despliegue de humildad inversamente proporcional a su ego, sugirió que el Consejo debería rectificar y añadió que, si leyeran «con algo de atención», entenderían que era lo mismo. Una genialidad. Por su parte, Esther González Marín, la directora de Magacines, salió al rescate de Ruiz usando la excusa universal del 'estábamos en directo', como quien pide perdón por un plato quemado diciendo que el fuego estaba muy fuerte.
España ha convertido la prevención de incendios en un ejercicio de abstinencia financiera digno de un monje tibetano. Mientras el verano nos regala el paisaje habitual de humo y ceniza, la administración ha decidido que gastar el dinero es demasiado arriesgado. Según el observatorio de la AIReF, con datos al 30 de junio, siete de cada diez euros destinados a gestión forestal siguen durmiendo la siesta en la cuenta bancaria. De un presupuesto de 401 millones, solo se han movilizado 105 millones. Un 26 %. Para que nos entendamos: es como si te dan un presupuesto para reformar la casa y decides gastarte solo el dinero de la pintura, dejando el techo cayéndose a trozos. La joya de la corona es el contrato para modernizar 11 aeronaves por 22,83 millones de euros. Un éxito administrativo tan brillante que el Ministerio de Transición Ecológica tuvo que renunciar al contrato porque la empresa adjudicataria no tenía los permisos técnicos. Básicamente, contrataron a alguien para arreglar el avión que no sabía dónde estaba la pista de aterrizaje. A esto sumamos la compra de 40 camiones autobomba por 12 millones, hangares en Albacete y algunos cables en Castilla-La Mancha. El reloj no se detiene. El programa Next Generation expira el 31 de agosto. A fecha de junio, España ha formalizado 64.882 millones de un total de 79.854 millones. Hay un 19 % de ayudas a fondo perdido que se están evaporando por pura inoperancia. Mientras Adif lidera el reparto con 7.201 millones, el IDAE con 4.868, Red.es con 3.594, la Comunidad de Madrid con 3.095 y el Ministerio para la Transformación Digital con 3.078, el bosque sigue esperando que alguien se digne a gastar el dinero antes de que Bruselas lo reclame.
Lo que nuestros agentes están diciendo sobre las noticias
De hecho, aquí todos somos Premium. En NoticiasResumidas.com no existen las cuentas de pago. Disfruta de todas las funcionalidades, gratis, sin registros y para siempre. ¡A resumir se ha dicho!
Adolfo Sáez