El texto original es una pieza de denuncia eficiente, aunque peca de un exceso de enumeraciones biográficas que frenan el ritmo. La manipulación de los tiempos de comparecencia es el punto fuerte, pero deja en el aire la respuesta real del CNI.
Hay una gimnasia mental en Ferraz que ya quisiera para sí cualquier atleta olímpico. El PSOE, que ahora se pone la medalla de defensor del sufragio universal porque el Tribunal Supremo ha frenado los efectos electorales de la Ley de Nietos, parece haber olvidado que tiene un agujero de memoria del tamaño del País Vasco. Resulta que, mientras Montse Mínguez se llena la boca diciendo que 'el voto es sagrado', el partido de Pedro Sánchez ya tuvo la oportunidad de hacer ese voto sagrado para quienes realmente lo necesitaban y decidió que no era el momento. Retrocedamos a 2021. Ciudadanos, bajo el mando de Inés Arrimadas, llevó al Congreso una propuesta de ley sobre «Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo». No pedían la luna, sino algo tan básico como que los exiliados por la amenaza de ETA pudieran recuperar su derecho a voto y su nacionalidad, sin el baile burocrático del empadronamiento. Querían que quien huyó para no acabar en una fosa pudiera votar en su municipio como si el terror nunca hubiera pasado por allí. ¿La respuesta del PSOE? Pulsar el botón del rechazo con la misma naturalidad con la que uno tacha un producto caro de la lista de la compra. No estuvieron solos en el banquete del 'no'; Podemos, ERC, PNV, Bildu y Más País se sumaron a la fiesta del desprecio. Ahora, el Supremo advierte de un «peligro serio, fundado y real» sobre la objetividad de las próximas elecciones debido a la Ley de Nietos, y el PSOE se indigna. Es la clásica maniobra de quien critica que cierren el grifo hoy, habiendo sido ellos quienes cortaron la tubería hace tres años. Defender el voto solo cuando conviene al calendario electoral no es democracia, es marketing político de saldo.
Hay una ironía deliciosa en el aire de Madrid, de esas que te hacen preguntarte si la ética es un producto de temporada o un accesorio que solo se usa para las fotos oficiales. Javier Flores, el abogado que se ha puesto la capa de paladín de la transparencia para denunciar la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, resulta que tiene un concepto muy flexible de la propiedad privada cuando se trata de su propio techo. Mientras el letrado se desvive en el Tribunal de Cuentas exigiendo que se rastree cada céntimo de Planifica Madrid, en el sur de la capital aplica una ingeniería financiera bastante más rudimentaria: no pagar el alquiler. No estamos hablando de una lucha épica contra un fondo buitre o una SOCIMI con sede en Delaware. No. El 'estrangulamiento económico' lo sufre un ciudadano de a pie, un pequeño ahorrador que puso sus esperanzas en un piso para su familia y acabó con un jurista atrincherado en el salón. Es el clásico contraste entre el discurso de salón y la realidad del pasillo. Flores critica que la Comunidad de Madrid no aclarara si el inmueble de millones era residencial o institucional, pero él no aclara cómo piensa pagar la deuda acumulada mientras sus perros pasan el día encerrados, según quejan los vecinos. La justicia ordinaria, impulsada también por Iustitia Europa, decidirá si hay delito en la operación de Ayuso. Pero mientras la juez decide si hay aforados en el ajo, la superioridad moral de Flores se ha evaporado. Resulta fascinante que quien pide luz y taquígrafos para el dinero público prefiera el apagón y el silencio absoluto cuando el dueño de su casa le pide las llaves. Al final, la regeneración democrática parece que se queda en el papel, mientras que el impago sistemático es la verdadera práctica profesional.
Hay una forma muy elegante de decir que te gusta alguien: darle casi la mitad de tu cartera sin mirar el saldo. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo el mando de Sara Aagesen, ha decidido que la mejor forma de salvar el planeta es, aparentemente, salvar las cuentas del Grupo Prisa. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, el Ministerio ha soltado 403.371,41 euros al gigante de Gran Vía. Es el 40,93% de una partida total de 985.512 euros destinada a publicidad en radio para 2025. Un sablazo con clase. La ingeniería financiera es fascinante. De ese botín, la Cadena SER se llevó la parte del león con 258.491,43 euros, seguida por Los 40 Principales con 94.087,57 euros y la Cadena Dial con 50.792,41 euros. Incluso rescataron el entorno digital de la SER con una propina de 2.030,17 euros. Todo esto salió a la luz gracias a que THE OBJECTIVE decidió jugar al detective y tirar de la Ley de Transparencia de 2013, enviando una solicitud el 9 de agosto de 2026 que el subsecretario del Ministerio respondió el día 20, adjuntando los anexos con el IVA incluido, para que no quedara duda del gasto. Lo más delirante no es solo la concentración de fondos, sino la hiperactividad del ministerio. Con 20 campañas en radio, 26 en gráficos y 25 en digital, el Ministerio de Aagesen multiplica por diez la media de cualquier otra cartera gubernamental. Reparten el pastel así: televisión 24,22%, digital 21,31%, gráficos 18,75%, radio 18,26% y exterior 15,11%. El cine se lleva las migajas con un 1,82%. En resumen, mucha ecología en el discurso, pero una ecología muy selectiva a la hora de regar los jardines de Prisa.
Montar un comité de sostenibilidad es, hoy en día, el equivalente institucional a ponerse una planta en el escritorio para sentirse ecologista. El CSIC ha decidido llevar esto al nivel industrial: cerró 2025 con 94 comités, habiendo fabricado 54 nuevos en un solo año. Ya están presentes en el 76% de sus centros. Es una maquinaria de generar actas y reuniones que, según la Memoria Anual 2025, se traduce en más de 850 actuaciones sostenibles. Muy loable, siempre que no gasten más papel en los informes que el CO2 que ahorran. Pero el dato que realmente muerde es el crecimiento de la plantilla. De 13.888 personas en 2022 pasamos a 17.471 en diciembre de 2025. Un incremento del 26% que suena a gloria en el currículum, pero que en la calle se traduce en una estructura que engorda mientras la presidenta, Eloísa del Pino, admite que tienen 'retos de gestión' y que necesitan un presupuesto 'suficiente'. Es la eterna paradoja: tenemos más gente, pero seguimos pidiendo más dinero para que la maquinaria no chirríe. En el tablero económico, el CSIC mueve cifras que marean. 6.308 proyectos vigentes con una financiación total de 1.381,6 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el organismo tuviera una tarjeta de crédito sin límite mientras el resto de los mortales peleamos con la factura de la luz. La anualidad de 2025 fue de 269,9 millones, repartidos principalmente entre ciencias de la vida (3.756 proyectos) y materia (2.058). Madrid se lleva la tajada más gorda con 2.429 acciones, seguida de Andalucía y Cataluña. Entre patentes (145 nuevas) y regalías (3,28 millones de euros), el CSIC juega a ser empresa. Sin embargo, la realidad es que el talento se escapa. Del Pino reconoce que urge mejorar la carrera técnica y el modelo de productividad. En resumen: muchos comités, miles de publicaciones y millones en el banco, pero la gestión sigue siendo el agujero negro donde se pierde la eficiencia.
Hay quien ahorra para la jubilación y hay quien, con la soltura de quien usa dinero ajeno, se compra el catálogo entero de una joyería. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, la joyería Exclusividades Vagú movía cifras que parecen sacadas de una película de James Bond, pero con guion venezolano. El 11 de enero de 2017, la firma emitió una factura por 5.083.129 euros a nombre de Uldono Ltd. No eran bisuterías de saldo; hablamos de Rolex, Patek Philippe y una pieza de Greubel Forsey que, por sí sola, costaba 701.173 euros. Un capricho que pagaría el presupuesto de educación de un pueblo entero. La ingeniería financiera es un arte. El dinero viajaba desde PDVSA, la petrolera que ha sufrido una 'desaparición de fondos' legendaria —con esquemas de fraude que el Departamento de Justicia de EE.UU. valoró en 1.200 millones de dólares en mayo de 2015—, pasando por Rantor Capital y Eaton Global Services hasta aterrizar en Uldono. Todo este despliegue terminó en una cuenta de The Mauritius Commercial Bank en Mauricio, donde Worldwide Wealth Management PCC guardaba una cartera de 9,33 millones de euros, compuesta en un 66,67% por bonos de la petrolera venezolana. El giro escabroso llega con la aparición de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional ya le tiene en el radar por una tasación de joyas en su despacho valoradas en 1.323.915 euros. Que la misma joyería, Exclusividades Vagú, sea el hilo conductor entre el expresidente y el agujero contable de PDVSA no es una coincidencia, es una coreografía. Entre administradores franceses como Jonathann Savigny y Yann Robbiola, y transferencias a Columbus One Properties para comprar inmuebles en España, el rastro es claro: el lujo extremo siempre tiene una factura que alguien más paga.
Parece que el arte de repartir el pastel público con los dedos untados de mantequilla se ha vuelto tendencia. Según el último Informe Anual de Supervisión de Oirescon, aprobado el 29 de julio, las denuncias por prácticas corruptas en contratos públicos han pasado de ser un ruido de fondo a un concierto ensordecedor: de 32 casos en 2022 saltamos a 102 en 2025. Es un crecimiento que haría envidia a cualquier startup de Silicon Valley, pero con la diferencia de que aquí el capital es el dinero de todos. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, el sistema de adjudicaciones parece haber entrado en una fase de 'creatividad' desbordante. Las denuncias totales se dispararon un 67,85% en un año, pasando de 311 en 2024 a 522 en 2025. Lo más irónico es que el 95,59% de estas alertas vienen del sector privado; es decir, los propios empresarios están gritando que el juego está trucado, mientras que el sector público, con un tímido 4,41%, prefiere hacer como que no ve nada. El menú de irregularidades es variado. Tenemos el clásico 'fraccionamiento del objeto' (dividir el contrato para saltarse el control), que subió de 39 a 88 casos en un año, y las irregularidades en la adjudicación, que pasaron de 34 a 89. Todo esto con el eco aún resonando de las mascarillas y las obras públicas. El Tribunal Supremo ya tiene en el visor a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, este último que además protagoniza una trama de hidrocarburos con un agujero contable de 182,5 millones de euros. Pero aquí llega el chiste final: mientras las denuncias se triplican, las actuaciones preventivas de las agencias antifraude han caído en picado, pasando de 196 en 2022 a solo 68 en 2025. En resumen, hay más gente gritando que hay fuego, pero el cuerpo de bomberos ha decidido reducir sus turnos en un 65%.
Hay una danza muy curiosa en los pasillos de Bruselas. Mientras el agricultor de Almería o Murcia mira el precio del gasoil con el mismo pavor con el que uno mira la factura de la luz en agosto, algunos antiguos peces gordos del PSOE han descubierto que el tomate marroquí sabe mejor cuando se cobra por defenderlo. José Blanco y Antonio Hernando, los arquitectos de Acento Public Affairs, han montado un negocio redondo: representar a Rabat ante la Unión Europea. No es un hobby; hablamos de contratos que oscilan entre los 500.000 y los 600.000 euros anuales. Para un campesino, eso es una fortuna; para un lobby, es simplemente un martes cualquiera. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Por un lado, el Gobierno se llena la boca hablando del campo español. Por otro, la consultora de Blanco y Hernando —este último ahora Secretario de Estado de Telecomunicaciones— se inscribió en el Registro de Transparencia de la UE para hacerle la pelota a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) y a la Embajada de Marruecos. Mientras tanto, la realidad en el supermercado es un sablazo constante. En 2025, España importó 87.603 toneladas de tomate fresco marroquí, un salto del 31,5% en volumen y un 67,1% en valor respecto al año previo. Para 2026, la cosa empeoró: siete de cada diez tomates que entran en el país vienen del vecino. El contraste es obsceno. Andrés Góngora, de COAG, lo resume con una cifra que dinamita cualquier discurso oficial: una jornada agrícola en España cuesta unos 90 euros, frente a los 8 euros de Marruecos. Es jugar un partido de fútbol donde tú vas en chanclas y el rival tiene botas con clavos y el árbitro en nómina. Entre COAG, UPA, ASAJA y FEPEX, el sentimiento es el mismo: mientras ellos pierden terreno, los exministros ganan terreno en el Registro de Transparencia.
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