La noticia es un despliegue de datos técnicos que oculta la verdadera pregunta: ¿quién controla al controlador? El texto original es demasiado complaciente con la terminología de 'guerra cognitiva' sin cuestionar la legalidad del espionaje mediático.
Hay quienes se jubilan plantando tomates y otros que convierten la agenda de contactos en una mina de oro. José Bono, el eterno camaleón de la política española, ha perfeccionado el arte de la 'consultoría', que en el idioma de la calle se traduce como cobrar por abrir puertas que otros no saben dónde están. A través de Joasa 2012, Bono ha movido 6,53 millones de euros entre 2015 y 2025. No es que haya montado una multinacional; la empresa tiene una plantilla de apenas 2,09 trabajadores. Básicamente, es él mismo con una calculadora y un teléfono muy caro. Lo fascinante es el ritmo de sus convicciones. En 2022, mientras el ciudadano medio veía cómo la inflación le daba un sablazo en la factura de la luz, los ingresos de Joasa se dispararon a 1,51 millones de euros. Curiosamente, ese pico coincidió con un giro acrobático en su discurso sobre Marruecos: pasó de denunciar la 'dictadura' a llamarla 'socio estratégico'. El amor al reino alauí tiene premio: cinco inmuebles en Tánger comprados por 259.900 euros entre 2023 y 2024, justo al lado del lujo de Mohamed VI. Una 'oportunidad hotelera', dicen. Claro, porque no hay nada más oportuno que comprar casas donde el viento sopla a favor del poder. Pero el negocio no termina en África. Bono ha servido de puente para constructoras y empresas de defensa que querían susurrarle al oído al Gobierno de Pedro Sánchez. En 2024, la facturación volvió a subir hasta los 810.400 euros, y en 2025 se mantuvo en 727.000 euros. Incluso hay espacio para la familia: su hijo, José Bono Rodríguez, se lleva 12.000 euros por 'dirección y gerencia'. Todo muy profesional, todo muy limpio, mientras su nombre aparecía en la agenda de Koldo García gestionando 'clientes' con intereses en República Dominicana. Así es la ingeniería financiera del poder: transformar el cargo público en una renta vitalicia.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en que la persona encargada de gestionar la crisis habitacional de un país viva en un palacio de 229,8 metros cuadrados pagando una miseria. Mientras el ciudadano medio se juega la hipoteca o se deja el alma en alquileres que superan los 1.800 euros por un zulo de 80 metros, Isabel Rodríguez disfruta de ocho estancias en Madrid por la módica suma de 161 euros al mes. Sí, han leído bien. No es el precio del alquiler, es el 'residuo' fiscal que queda tras hacer malabares con la Ley del IRPF. El truco está en la ingeniería financiera del Estado. En lugar de pagar un precio de mercado, los 12 ministros que gozan de este chollo —incluida Yolanda Díaz— y figuras como Francina Armengol, tributan el uso como 'salario en especie'. Para la ministra, con un sueldo bruto de casi 86.000 euros en 2026, el Estado solo le pide que sume un 5% de esa cifra a su base imponible. Tras aplicar el tipo marginal del 45%, el resultado es un pago neto anual de 1.935 euros. Es decir, el precio de una cena decente con vino en un restaurante de moda, repartido en doce meses. Lo más fascinante es que este sistema es un pacto de silencio transversal. Desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, nadie ha tocado este privilegio en 50 años de democracia. Es el único punto donde todos los partidos se ponen de acuerdo: mantener el 'estatus' de palacio a precio de habitación compartida. Mientras tanto, médicos y maestros rechazan plazas públicas porque no pueden pagar un alquiler en la ciudad donde deben trabajar. La realidad es que para la clase política, la 'crisis de la vivienda' es un concepto teórico que se lee cómodamente desde un ático de alto standing con la luz y el agua pagadas por el contribuyente.
Hay una lógica perversa en la administración pública: cuando el problema es demasiado grande para resolverlo, lo convierten en un mercadillo. Baleares ha decidido que la mejor forma de limpiar sus puertos del colapso migratorio es jugar al 'al mejor postor'. PortsIB, la entidad que gestiona los muelles bajo el ala de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha puesto en marcha un plan para subastar los cayucos y motores que las mafias dejan tirados como quien olvida un paraguas en el autobús. El inventario es modesty: 26 pateras y 12 motores que ahora mismo ocupan un espacio que, en términos náuticos, vale oro. Mientras el Gobierno de Sánchez mantiene un silencio que Prohens ha calificado de «desesperante», la administración autonómica ha optado por la ingeniería administrativa. Para que el martillo de la subasta caiga, primero deben hacer el truco de magia legal de la 'declaración de abandono', ya que estas barcas no tienen matrícula ni dueño que quiera dar la cara. Es el equivalente a encontrar una bicicleta vieja en el portal y decidir que, tras un par de papeles, se puede vender en Wallapop para pagar la luz. El plan es sencillo: lo que sirva para navegar sin hundirse se vende; lo que sea un peligro público, se chatarra. Mientras tanto, el lote prioritario ha sido trasladado a Son Tous, como quien manda los trastos viejos al trastero antes de la mudanza. Al final, la ruta argelina no solo deja dramas humanos, sino un excedente de material flotante que la administración quiere monetizar para liberar espacio. Una solución brillante: combatir la crisis migratoria transformando los restos del naufragio en una fuente de ingresos para el erario público.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma la mitad de su sueldo, el Estado marroquí despliega una logística de precisión quirúrgica para que su fe no pierda terreno en suelo español. La Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero, presidida por la princesa Lalla Meryem, ha decidido que 38 imanes en 2025 eran pocos para el menú del Ramadán. Para 2026, han subido la apuesta un 34%, aterrizando a 51 religiosos en España. Es una operación de 'marketing espiritual' donde Rabat no escatima: de una delegación global de 320 personas, nosotros somos el segundo destino favorito, solo superados por Francia. Lo fascinante es la arquitectura del tinglado. Hablamos de una institución pública cuyos presupuestos son un secreto a voces, esquivando el control parlamentario como quien esquiva un radar en la autopista. No es solo 'acompañamiento espiritual'; es diplomacia religiosa pura y dura. El objetivo es claro: que los jóvenes nacidos aquí, que ya tienen el DNI español, no olviden que el cordón umbilical religioso sigue anclado en el Reino de Mohamed VI. Para ello, cuentan con el Instituto Mohammed VI, una auténtica fábrica de imanes y predicadoras diseñada para exportar el modelo oficial. Pero el tablero se calienta. Mientras la Comisión Islámica tramitaba 230 invitaciones en 2025 —donde el Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos puso 55 y la Fundación Hassan II otras 46—, en Aragón han decidido cerrar el grifo. La consejería de Educación ha fulminado el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), ese convenio que desde 1992 permite que funcionarios seleccionados por Rabat den clase en institutos españoles. Vox ha movido la ficha y el Gobierno regional ha respondido que el 'sentido común' dicta priorizar la cultura occidental, poniendo fin a una relación donde el profesorado venía con sello de calidad marroquí.
Hay una coreografía muy curiosa en el Puerto de Ceuta que merece un Oscar al mejor guion surrealista. El domingo 20 de septiembre de 2026, la Policía Nacional, bajo el mando del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska, decidió que la mejor forma de gestionar la paz era a base de golpes y pelotas de goma. ¿El objetivo? Abrirle paso, con la delicadeza de un servicio de escolta VIP y nueve furgonetas de apoyo, a los miembros de la ONG Negu Gorriak. Sí, esos 'filantropos' proetarras que aterrizaron sobre las 20:00 horas para apoyar a los invasores. Mientras los locales, que se habían plantado allí bajo el lema «basta ya contra los radicales», recibían el tratamiento de choque, la Guardia Civil se encargaba de que los invitados de honor salieran por una puerta trasera, evitando así el contacto con la realidad. La confusión fue tal que el hambre de justicia terminó en un error de puntería: un Mercedes gris acabó siendo el blanco de los manifestantes. El detalle irónico es que el coche no llevaba a ningún radical, sino a Julia Ferreras, diputada de Ceuta Ya!, quien ya ha pasado por comisaría a poner la denuncia correspondiente, según confirmó Mohamed Mustafa. La escena terminó como suelen terminar estas gestiones: con disparos al aire de los antidisturbios y ciudadanos gritando «¡Id al Trampolín!» a los agentes. Entre cánticos de «¿dónde están los etarras?» y el sentimiento de ser tratados como ciudadanos de segunda clase —autodenominándose «caballas» para subrayar la paradoja—, la jornada dejó claro que, para el Ministerio, hay quienes merecen el alfombrado rojo y quienes merecen la pelota de goma. Una gestión del orden público que, en lugar de apagar el fuego, ha echado gasolina al motor del resentimiento local.
Hay una gimnasia mental en Ferraz que ya quisiera para sí cualquier atleta olímpico. El PSOE, que ahora se pone la medalla de defensor del sufragio universal porque el Tribunal Supremo ha frenado los efectos electorales de la Ley de Nietos, parece haber olvidado que tiene un agujero de memoria del tamaño del País Vasco. Resulta que, mientras Montse Mínguez se llena la boca diciendo que 'el voto es sagrado', el partido de Pedro Sánchez ya tuvo la oportunidad de hacer ese voto sagrado para quienes realmente lo necesitaban y decidió que no era el momento. Retrocedamos a 2021. Ciudadanos, bajo el mando de Inés Arrimadas, llevó al Congreso una propuesta de ley sobre «Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo». No pedían la luna, sino algo tan básico como que los exiliados por la amenaza de ETA pudieran recuperar su derecho a voto y su nacionalidad, sin el baile burocrático del empadronamiento. Querían que quien huyó para no acabar en una fosa pudiera votar en su municipio como si el terror nunca hubiera pasado por allí. ¿La respuesta del PSOE? Pulsar el botón del rechazo con la misma naturalidad con la que uno tacha un producto caro de la lista de la compra. No estuvieron solos en el banquete del 'no'; Podemos, ERC, PNV, Bildu y Más País se sumaron a la fiesta del desprecio. Ahora, el Supremo advierte de un «peligro serio, fundado y real» sobre la objetividad de las próximas elecciones debido a la Ley de Nietos, y el PSOE se indigna. Es la clásica maniobra de quien critica que cierren el grifo hoy, habiendo sido ellos quienes cortaron la tubería hace tres años. Defender el voto solo cuando conviene al calendario electoral no es democracia, es marketing político de saldo.
Hay una ironía deliciosa en el aire de Madrid, de esas que te hacen preguntarte si la ética es un producto de temporada o un accesorio que solo se usa para las fotos oficiales. Javier Flores, el abogado que se ha puesto la capa de paladín de la transparencia para denunciar la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, resulta que tiene un concepto muy flexible de la propiedad privada cuando se trata de su propio techo. Mientras el letrado se desvive en el Tribunal de Cuentas exigiendo que se rastree cada céntimo de Planifica Madrid, en el sur de la capital aplica una ingeniería financiera bastante más rudimentaria: no pagar el alquiler. No estamos hablando de una lucha épica contra un fondo buitre o una SOCIMI con sede en Delaware. No. El 'estrangulamiento económico' lo sufre un ciudadano de a pie, un pequeño ahorrador que puso sus esperanzas en un piso para su familia y acabó con un jurista atrincherado en el salón. Es el clásico contraste entre el discurso de salón y la realidad del pasillo. Flores critica que la Comunidad de Madrid no aclarara si el inmueble de millones era residencial o institucional, pero él no aclara cómo piensa pagar la deuda acumulada mientras sus perros pasan el día encerrados, según quejan los vecinos. La justicia ordinaria, impulsada también por Iustitia Europa, decidirá si hay delito en la operación de Ayuso. Pero mientras la juez decide si hay aforados en el ajo, la superioridad moral de Flores se ha evaporado. Resulta fascinante que quien pide luz y taquígrafos para el dinero público prefiera el apagón y el silencio absoluto cuando el dueño de su casa le pide las llaves. Al final, la regeneración democrática parece que se queda en el papel, mientras que el impago sistemático es la verdadera práctica profesional.
Comentarios