Crítica:
La noticia se pierde en un mar de cifras sin analizar la causa real de esa inactividad laboral previa. Es un volcado de datos del SEPE disfrazado de análisis sociológico.
La noticia se pierde en un mar de cifras sin analizar la causa real de esa inactividad laboral previa. Es un volcado de datos del SEPE disfrazado de análisis sociológico.
Imagínate vivir en España, pero que para enviar un paquete a Algeciras te traten como si estuvieras mandándolo desde el Congo o Nigeria. Esa es la surrealista comedia burocrática que padece Ceuta. Mientras el resto del país intenta ayudar comprando online a los comerciantes locales, se topan con un muro: la ciudad no pertenece a la Unión Aduanera. Es el equivalente a vivir en el mismo edificio que tu vecino pero tener que pasar el control de pasaportes para ir a pedirle un poco de sal. Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, lo tiene claro: es una tortura. Un camión de tomates frescos pasa por los mismos controles que uno que va para Argelia, haciendo que la verdura llegue a la mesa con la frescura de un mueble antiguo. Lo más irónico es que, mientras a Gibraltar le han hecho un traje a medida en julio, Ceuta sigue vistiendo harapos administrativos desde 1986. Pedro Sánchez, el 3 de septiembre, prometió en el Congreso corregir este 'desastre' (término que ya usaba CNN), pero ha pasado un mes y el olvido es la única medida efectiva. La economía local está en cuidados intensivos. El 90 % son pymes y micropymes, y ya han volado 44 autónomos. Para ellos, los 5.000 euros de ayuda son como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua, especialmente para quienes no facturaron ni un euro en agosto tras la invasión. Y ojo al dato: el paro baja un 4 % interanual, pero no es por el éxito empresarial, sino porque hay que contratar a cientos de personas para limpiar las 1.775 toneladas de basura —unas 3,5 piscinas olímpicas de mugre— dejadas por los inmigrantes ilegales y montar carpas. El Gobierno dice que volveremos a la normalidad antes de fin de año, pero en la calle saben que eso es un cuento chino.
Hay una danza muy curiosa en los despachos de Madrid. El Banco de España, bajo el mando de José Luis Escrivá, ha decidido salir del modo silencio para darle un toque de atención al Gobierno en su informe de Proyecciones macroeconómicas del tercer trimestre de 2026. El motivo es el clásico: la factura de la luz y ese caos energético provocado por la guerra en el Golfo Pérsico. Mientras el ciudadano medio mira el recibo de la electricidad como quien mira una película de terror, el Banco de España advierte que el Gobierno está jugando al revés. La Moncloa ha decidido que el 'escudo anticrisis' sea un abrazo al combustible fósil, pero un desplante a las renovables. Es como si, para ahorrar en la compra, el Gobierno nos regalara el aceite importado pero nos subiera el precio de las patatas del huerto vecino. El Real Decreto del 29 de septiembre es el ejemplo perfecto: rebajas en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y topes al gas, pero la luz se queda en el limbo, esperando a que un 'mecanismo de salvaguardia' actúe cuando ya estemos todos a oscuras. Pero lo más delirante es el lío del diésel. España prometió a Bruselas en 2021, mediante el Hito 388 del Plan de Recuperación, que dejaría de mimar al gasóleo para recibir los fondos Next Generation. Resultado: una incapacidad parlamentaria crónica que nos ha costado 200 millones de euros en ayudas retenidas. Para rematar la faena, la última medida de septiembre ha inflado la ventaja fiscal del diésel sobre la gasolina, pasando de 9,4 a 24,4 céntimos por litro. En resumen, el Gobierno prefiere pagar la multa a Europa que cambiar la receta, mientras el Banco de España mira el agujero contable con una ceja levantada.
Parece que hemos confundido la Navidad con un simulacro de supervivencia. Mientras el ciudadano medio intenta que la cesta de la compra no requiera un préstamo hipotecario, el sector energético nos suelta la bomba: lo peor está por llegar. Estamos volviendo a los tiempos de la invasión rusa, pero con el agravante de que ya no nos sorprende que nos tomen el pelo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desempolvado el manual de 'recetas repetidas', aplicando descuentos en carburantes y recortes fiscales que son, en esencia, poner una tirita en una fractura expuesta. Los números no mienten, aunque intenten maquillarlos. Mibgas ya nos avisó con el MWh disparado a 75 euros, un capricho que arrastra a la electricidad hasta los 180 euros por la bendita regla de que el más caro manda en la fiesta. Pero preparen los abrigos y el ahorro, porque enero y febrero de 2027 prometen ser un auténtico sablazo. Tempos Energía, con Antonio Aceituno al timón, advierte que si el estrecho de Ormuz sigue cerrado, la luz podría bailar entre los 150 y 170 euros por MWh. Es decir, pagar el doble que el año pasado por el simple hecho de no querer congelarse en el salón. El cóctel es explosivo: la desaparición del GNL ruso el 1 de enero y una Alemania desesperada por llenar sus depósitos. En el peor de los casos, con un frío que muerda y Ormuz bloqueado, el gas podría superar los 105 euros/MWh, catapultando la luz hasta los 189 euros. Si el estrecho abre, el alivio tarda semanas porque los metaneros no vuelan. En resumen, estamos a merced de un calendario caprichoso y de una geopolítica que nos usa de moneda de cambio mientras nosotros miramos el contador de la luz con el mismo pánico que quien mira una bomba de tiempo.
Vivir en España se ha convertido en un deporte de riesgo financiero, una especie de lotería donde el premio es un piso compartido con tres desconocidos y un alquiler que devora el sueldo antes del día diez. Mientras el ciudadano de a pie intenta hacer malabarismos con la lista de la compra, el Banco de España nos suelta una cifra que marea: un déficit de más de 700.000 viviendas. No es un agujero, es un abismo. Pero claro, la solución no es ponerse las pilas, sino tirar el freno. BBVA Research, en su última dosis de realismo, ha decidido que las previsiones eran demasiado optimistas. Han recortado la construcción de unas 20.000 casas para 2026 y 2027. Ahora esperan que se terminen entre 130.000 y 140.000 unidades, cuando antes se hacían ilusiones con el rango de 140.000 a 160.000. Es como si te prometieran una cena completa y, al final, te sirvieran solo la entrada porque 'la cocina está lenta'. La hipocresía del mercado es deliciosa: nos dicen que los precios subirán menos, pasando de un 11,5% en 2026 a un 5,5% en 2027. Para el analista en su torre de cristal, eso es una 'moderación'. Para un joven que ve cómo su salario es un chiste comparado con la hipoteca, es simplemente que el sablazo es un poco más suave, pero sigue doliendo igual. Entre los tipos de interés que muerden y una renta que no levanta vuelo, el acceso a la vivienda se ha vuelto un club privado donde solo entran los que ya tienen el patrimonio heredado. El resultado es un mercado residencial que no se ajusta, sino que se enquista, dejando a los de rentas bajas mirando la vitrina desde la acera de enfrente.
Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de gestionar un país es como quien gestiona una hucha que no es suya: sacudiéndola hasta que no quede ni un céntimo. Mientras el presidente se lanza a unas elecciones el 29 de noviembre tras el desplome de sus decretos de vivienda —esos que intentó colar dividiéndolos en un texto 'real' y otro 'de adorno' para engañar a Junts—, el Gobierno prefiere presumir de una economía que tiene más maquillaje que una novia el día de su boda. Nos venden un PIB envidiable, pero olvidan mencionar que está dopado con gasto público y que el paro es una obra de ficción gracias a los fijos discontinuos. Pero el verdadero espectáculo está en la factura. Según la IGAE y Funcas, la recaudación de impuestos y cotizaciones en 2025 ha alcanzado la cifra astronómica de 641.488 millones de euros. Para que nos entendamos: es el 38% del PIB. Un récord histórico que no es fruto de la prosperidad, sino de un sablazo coordinado. El incremento respecto al año anterior fue de 49.528 millones de euros, una cantidad que haría temblar a cualquier familia al mirar el extracto bancario. Lo más cínico es el reparto del botín. De ese aumento, más de 28.400 millones recaen sobre el factor trabajo (IRPF y cotizaciones), mientras que el IVA y los Impuestos Especiales aportan 16.700 millones y el Impuesto de Sociedades apenas 6.400 millones. Básicamente, el Gobierno hace lo contrario a lo que piden la Comisión Europea y la OCDE: en lugar de aliviar al trabajador, le usa como cajero automático. Y no se engañen, que con una inflación acumulada del 20,2% entre 2020 y 2025 y una previsión del 4% para 2026, la mano del Estado seguirá metida en nuestro bolsillo hasta que el cuero se rompa.
Hablemos claro: entrar en el mercado laboral a los 45 años es como intentar comprar un piso en el centro con el presupuesto de un menú del día. Imposible. Pero los datos del SEPE a julio de 2026 nos cuentan una historia donde la aritmética no cuadra con la lógica del currículum. Hay 103.599 personas mayores de 45 que, oficialmente, jamás han trabajado. Un ejército de 'estrenos' laborales que asusta. El dato que dinamita la mesa es el de los hombres marroquíes: pasaron de ser 617 en julio de 2021 a 1.778 en 2026. Un salto del 188,1% que huele a regularizaciones extraordinarias más que a personas que decidieron tomarse un descanso de medio siglo antes de buscar empleo. La ingeniería administrativa es fascinante. Mientras las españolas en esta situación bajaron un 27% (de 67.763 a 47.832), el bloque extracomunitario ha pasado de representar el 22% en 2021 al 40,5% actual. Es decir, cuatro de cada diez 'novatos' de 45 años tienen pasaporte extranjero. El Reino Alauí lidera la lista con 11.434 personas, superando incluso la suma de venezolanas, colombianas, ucranianas y brasileñas juntas (9.624). Las colombianas, por cierto, se han disparado un 446%, pasando de 807 fichas a 3.882. Ricardo Cuesta García, director del SEPE, firma los documentos que revelan este agujero lógico. ¿Cómo es posible que miles de personas lleguen a la madurez sin haber pisado una oficina o un campo, pero aparezcan súbitamente en las listas de demandantes? Es la magia de los papeles: regularizar es, a veces, inventar un pasado laboral en blanco para poder acceder a un futuro con papeles. Mientras el bloque comunitario cae un 16,9%, la lista de espera de los 'nunca trabajados' se llena de banderas lejanas que aterrizan en el sistema sin haber pasado por la casilla de 'primer empleo'.
Hay una receta infalible para que un propietario retire su piso del mercado: convéncele de que el Estado es su nuevo socio involuntario y que las reglas del juego cambian cada martes. El llamado 'decreto Maricarmen', ese pacto in extremis entre PSOE y Sumar del pasado 29 de septiembre, ha aterrizado en la Comunidad de Madrid como un cubo de agua fría. En apenas 10 días, la oferta de alquiler se ha encogido un 10,97%. No es una fluctuación estadística; es un éxodo. Pasar de 11.800 anuncios en Idealista el 1 de octubre a unos escasos 10.500 hoy es, básicamente, borrar 1.300 oportunidades de techo para quien no tiene dónde caerse muerto. La velocidad del desplome es casi quirúrgica. Entre el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, 47 propietarios decidieron que preferían dejar el piso vacío que jugar a la ruleta rusa con la ley. En el municipio de Madrid, la sangría es similar: de 9.416 viviendas disponibles al inicio, hemos caído a 8.680. Un 7,82% de viviendas que se evaporan mientras el Ejecutivo presume de sensibilidad social. Es como intentar apagar un incendio lanzándole gasolina y sorprendiéndose de que las llamas crezcan. Pero esto no es un accidente aislado, es la culminación de una tendencia que parece un deporte nacional. Desde 2018, España ha perdido casi 393.000 alquileres permanentes, un 44% menos. Madrid es el epicentro del desastre con una caída del 54% (de 252.442 anuncios en 2018 a 115.031 en 2025), seguida de cerca por Cataluña con un desplome del 71%. Mientras La Rioja es la única que sonríe con 282 anuncios más, el resto del país ve cómo el alquiler se convierte en un artículo de lujo o en un recuerdo nostálgico.
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