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En el tablero del poder, hay quienes gestionan presupuestos millonarios y quienes gestionan el pánico con un sueldo de 1.700 euros. La tragedia de Urda, con sus 69 muertos ya contabilizados, no es solo un choque de trenes; es el choque frontal entre la realidad del operario y la retórica del despacho. Mientras el ministro Óscar Puente se pregunta, con una frialdad que hiela la sangre, qué 'confort' le daría a una familia que ha perdido a un hijo que él dimita, en el centro de control de Adif el ambiente es de bunker. La receta es la de siempre: un sistema de seguridad LZB que tose y falla constantemente —176 veces en un año, según el propio Puente, quien considera que este nivel de averías es 'normal'— y una plantilla exhausta que huye de los puestos como quien huye de un incendio. Es la lógica del ahorro mal entendido: sustituir a los veteranos por novatos que cobran entre 1.700 y 2.000 euros mensuales, dejándolos solos frente a una pantalla mientras el sistema LZB se cae en 63 kilómetros y detiene ocho trenes. Cuando la máquina falla, el Gobierno busca un cuello donde colgar la culpa. El dedo índice de Puente apunta directamente al controlador de Atocha que dio la orden de 'marcha normal' en lugar de 'a la vista'. Es la técnica del escudo humano: el ministro dice que no usa a los trabajadores como parapetos, pero se niega a dimitir alegando que no era su 'deber estar en el centro de mando'. Claro, el deber de un ministro no es mover la palanca, sino evitar que la palanca sea lo único que separe la vida de la muerte cuando el mantenimiento es un concepto abstracto y las piezas de reemplazo brillan por su ausencia en la transición al ERTMS.
El mercado ferroviario español acaba de descubrir que el miedo es el mejor cupón de descuento. Tras el horror del accidente de Urda, donde un AVE y un Iryo se dieron un beso mortal en Toledo dejando más de 69 fallecidos, Renfe ha pasado de la arrogancia tarifaria al modo 'liquidación por cierre'. Es fascinante observar cómo la seguridad se vuelve un artículo de lujo que nadie quiere pagar. Para quien quiera jugar a la ruleta rusa sobre raíles, el trayecto Madrid-Valladolid se ha desplomado a 7 euros durante todo noviembre; una cifra que hace un mes parecía un chiste, considerando que lo más barato eran 15 euros comprando con antelación quirúrgica. En la línea Madrid-Barcelona, donde la CNMC situaba la media en 53 euros y los impacientes pagaban más de 100, ahora el billete cuesta 30 euros, incluso en pleno puente de Todos los Santos. Es el precio de viajar en un vagón que parece un pueblo abandonado. La sangría de precios sigue en Madrid-Lérida, que ha pasado de los 85 euros de la semana pasada a unos 26 euros. Prácticamente un 70% de descuento por el simple hecho de que el pasajero medio prefiere el asfalto. Madrid-Alicante se ha quedado en 15 euros, cuando lo normal es soltar entre 30 y 55. A Coruña y Zaragoza no pasan de los 25 euros, recortando la media habitual de 45. Mientras tanto, el corredor Madrid-Andalucía es un agujero negro sin servicio hasta el 13 de diciembre. La hipocresía del sistema es deliciosa: mientras Renfe vacía sus trenes, Socibus agotó sus 3.500 refuerzos en minutos y Iberia vendió plazas extra a 99 euros. En Sevilla, la ocupación hotelera se ha desplomado del 90% al 50%. Al final, el pasajero no busca el ahorro, busca sobrevivir al viaje.
En la aritmética del poder, parece que la seguridad ferroviaria tiene el valor exacto de un favor político. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que un millón de euros destinados al ASFA Digital —el sistema de respaldo que evita que los trenes se conviertan en proyectiles cuando falla la tecnología principal— eran prescindibles. ¿El motivo? Un 'refuerzo de servicios' entre Bilbao y Karrantza, una petición del PNV que el Ejecutivo aceptó con la naturalidad de quien cambia un neumático por una pegatina decorativa. La ingeniería financiera fue sencilla: el 17 de noviembre de 2022, la Comisión de Presupuestos aprobó la enmienda de Aitor Esteban. Se recortó el presupuesto de seguridad transversal para varias comunidades autónomas y se envió el dinero directo a Vizcaya. Es el equivalente a quitarle el extintor al edificio entero para comprarle una alfombra nueva al despacho del vecino que te ayuda a mantener la comunidad. El coste de este trueque se hizo carne en Urda (Toledo). Tras la caída del sistema LZB en la línea Madrid-Sevilla, el ASFA entró en juego. Pero el sistema de respaldo, ese que debía ser el ángel guardián a 200 km/h, no pudo evitar que un tren de Renfe impactara contra un Iryo detenido. El resultado: 69 fallecidos. El ministro Óscar Puente ahora intenta explicar que los trenes estaban en el mismo 'cantón', una palabra técnica que suena muy elegante pero que no devuelve la vida a nadie. Al final, la cuenta es cruel: un millón de euros en favores políticos para el PNV y una tragedia que nos recuerda que, en este país, la seguridad a veces es una variable ajustable según el calendario electoral.
En la gestión pública, hay una técnica ancestral llamada 'si no lo miro, no existe'. ADIF ha elevado esta disciplina a categoría de arte. Desde diciembre de 2024, el Comité General de Seguridad en la Operación (CGSO) —ese órgano creado en 2017 para evitar que los trenes se conviertan en chatarra aplastada— ha entrado en coma inducido. No se han reunido. Ni una sola vez en 2025, justo cuando Luis Pedro Marco de la Peña tomaba el mando. La excusa oficial es la típica frase de manual corporativo: 'cambios organizativos'. Traducido al lenguaje de la calle: hemos movido los muebles de sitio y se nos ha olvidado dónde dejamos la seguridad. Mientras tanto, la realidad golpea con la fuerza de un tren bala en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo). Accidentes mortales que, en cualquier mundo cuerdo, habrían provocado reuniones diarias de emergencia, pero que aquí han pasado como ruido de fondo. Para rematar la jugada, la seguridad de la circulación ha terminado en el escritorio de Salvador Almenar, director del Gabinete de Presidencia. Sí, un periodista. Es como si en un quirófano, para optimizar la gestión, pusieran al jefe de prensa a suturar el corazón. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ya ha puesto el grito en el cielo, advirtiendo que este reparto de tareas es un 'condicionamiento grave' bajo la lupa de la Unión Europea. Para cerrar el círculo del surrealismo, el ministro Óscar Puente nos dice que el sistema de señalización LZB se ha caído 170 veces en un año y que eso es 'normal'. Normal es que se te caiga el mando de la tele, no que el cerebro que evita colisiones ferroviarias tenga más apagones que una bombilla fundida. Con equipos de los años noventa y un sindicato como SCF denunciando fallos en la señalización, ADIF nos vende la 'mejora continua' mientras el sistema juega a la ruleta rusa con los pasajeros.
Hay quien dice que el dinero público es como el aire, que sobra y que no cuesta nada. En RTVE parecen haberlo comprendido muy bien. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con el pavor de quien ve una película de terror, la Dirección Económica Financiera de la corporación ha decidido que lo más urgente antes de las elecciones del 29-N es montar un búnker jurídico para sus jefes. No es un búnker de hormigón, sino de pólizas de seguro, porque dormir tranquilo cuando sabes que el viento puede cambiar de dirección tiene un precio: 110.000 euros anuales. La ingeniería es fascinante. Buscan un blindaje que sume 30 millones de euros en coberturas (una capa de 10 y otra de 20), asegurándose de que no quede ni una rendija abierta. Piden retroactividad, que en lenguaje de calle significa: 'si hemos metido la pata antes, que el seguro lo pague ahora'. El timing es una obra maestra del cinismo: el plazo de la licitación expira el 10 de noviembre, justo tres días antes de que empiece la campaña electoral. Es el equivalente corporativo a comprarse un paraguas reforzado justo cuando el cielo se pone negro y huele a tormenta política. Pero no se quedan ahí. Han decidido que los gastos de respuesta a reguladores suban de 100.000 a 300.000 euros y que el plazo para notificar reclamaciones se duplique a 40 días. Comodidades de lujo para quien gestiona el presupuesto de todos. Y mientras José Pablo López mantiene el protocolo de selección de cargos en el congelador para seguir nombrando a los suyos, se asegura de que, si algún día alguien decide pedir cuentas, el abogado ya esté pagado con la tarjeta de la casa. Una jugada maestra para que el relevo de mando no sea un paseo por el juzgado, sino un retiro dorado.
El Ministerio de Defensa ha decidido jugar al Monopoly con el dinero público en el barrio de Fuencarral. Bajo el sofisticado rótulo de 'coliving' —ese término moderno para decir que compartes cocina y no tienes privacidad—, Margarita Robles ha alquilado un antiguo edificio universitario en la calle Manuel Tovar por la módica suma de 10.909.090,83 euros. Para que nos entendamos: el Estado está soltando 330.578,51 euros al mes a la empresa Micampus, un sablazo mensual que haría temblar a cualquier administrador de finca sensato. El resultado del experimento es, cuanto menos, curioso. Mientras que las habitaciones individuales vuelan (229 ocupadas de 283), las dobles son el desierto de Gobi: solo 7 personas han aceptado compartir cuarto, dejando 72 plazas vacías. El 92% de las habitaciones dobles son básicamente aire acondicionado y sábanas limpias pagadas con nuestros impuestos. El Ministerio lo llama 'carácter dinámico', que en lenguaje de calle significa: 'no sabíamos que nadie querría dormir con un compañero de armas'. La paradoja es deliciosa. El Invied nos vende una ubicación 'estratégica' y 'moderna', aunque el edificio esté rodeado de naves industriales y tenga como vecino preferente el Tanatorio Norte. Un entorno ideal para reflexionar sobre la carrera militar. Mientras tanto, la realidad económica es un puñetazo: un soldado que cobra 1.325 euros netos tiene que jugarse casi 500 euros al mes por un hueco, una cifra que convierte la lista de la compra en un ejercicio de supervivencia. Al final, el proyecto piloto parece más un subsidio encubierto para la inmobiliaria que una solución real a la movilidad geográfica, demostrando que en Defensa saben mucho de estrategia militar, pero muy poco de mercado inmobiliario real.
Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira un campo de minas, el Estado ha decidido montar un banquete de contrataciones. En solo doce meses, el sector público ha sumado 204.100 ocupados. Para que nos entendamos: es como si después de cuatro años de dieta estricta, donde solo se permitieron 48.700 puestos netos entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2025, el Gobierno se hubiera dado un atracón de plantillas multiplicando por 4,19 el ritmo de crecimiento. La paradoja es deliciosa. España ganó 465.500 ocupados en el último año, pero el sector público se llevó el 43,8% del pastel (204.100 personas), a pesar de que solo representa el 16,4% de los trabajadores del país. Es el clásico caso de quien aporta menos a la cena pero se lleva la mitad de la tarta. Mientras tanto, el sector privado, que es el que realmente mueve la maquinaria, se ha quedado en 261.400 nuevos puestos, mostrando un dinamismo que empieza a recordar a una tortuga con artritis. El dato más escandaloso llega al analizar el trimestre entre julio y septiembre de 2026: el empleo público subió 89.900 personas mientras el privado retrocedió en 16.300. Básicamente, el Estado ha servido de colchón para que la estadística no se desangre. Pero cuidado, que no todo es oro y plaza fija. Según Función Pública, a enero de 2026, el 30,5% del personal (936.965 empleados) era temporal. En sanidad, la precariedad es el pan de cada día con un 42,4% de temporales. Al final, el Estado crece, pero lo hace a base de parches, mientras la industria pierde 25.900 puestos interanuales y la construcción se desinfla.
Gestionar la alta velocidad en España se ha convertido en una especie de juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse por miedo a que la silla explote. El Ministerio de Transportes es hoy un desguace administrativo. Tenemos dos accidentes de trenes en menos de diez meses —Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026 y Urda (Toledo) el pasado día 28— y la respuesta institucional tiene la solidez de un castillo de naipes en medio de un vendaval. Mientras el ciudadano paga el billete esperando no terminar en una zanja, el organigrama ministerial parece una oficina de lunes por la mañana después de un puente: no hay nadie al mando. Sara Hernández del Olmo, la secretaria general de Transporte Terrestre nombrada el 2 de septiembre tras el cese de Rocío Báguena, está de baja. En el lenguaje de la calle, esto significa que el barco no tiene capitán y que las reuniones las preside «el último que pasa por allí». El resultado es un bloqueo total. Los ingenieros y funcionarios, que no son tontos, se niegan a firmar proyectos técnicos. Saben que, en este ecosistema de 'politiqueo', cualquier error se traduce en un 'marrón' que cae sobre el técnico mientras el político se lava las manos. Óscar Puente, el ministro, se ha limitado a decir el miércoles que él es quien sufre un «calvario», una metáfora conmovedora que hace palidecer el riesgo real de los pasajeros. Pedro Sánchez ya ha admitido que la confianza en el sistema está quebrada, pero mantiene a Puente en el puesto, ignorando que el Partido Popular, Vox y hasta el Frente Amplio piden su cabeza. El 29 de noviembre habrá elecciones generales, y mientras tanto, el Ministerio sigue operando bajo la premisa de que si nadie firma nada, técnicamente nadie es culpable. Una ingeniería financiera del riesgo donde el coste lo paga el usuario.
Hay una regla no escrita en la gestión pública: cuanto más se ensalza la sanidad universal en los mítines, más rápido corre el funcionario hacia la puerta de la privada cuando le toca pasar la revisión. El Ministerio de Transportes, bajo el mando de Óscar Puente, acaba de dejarlo por escrito. Resulta que para los 150 trabajadores de la Autoridad Portuaria de Ceuta y sus familias, el Sistema Nacional de Salud es un laberinto de listas de espera infinitas y especialistas invisibles. Para ellos, la sanidad pública no es un derecho, es un riesgo laboral. Con una urgencia que ya quisiera cualquier paciente con una hernia, el Ministerio ha lanzado una licitación para un seguro privado. ¿El motivo? Que la póliza actual con Sanitas expira el 31 de diciembre de 2026 y no quieren que sus elegidos se queden 'desprotegidos'. Mientras el ciudadano de a pie en Ceuta sobrevive con una ratio ridícula de 4,26 médicos por cada 1.000 habitantes —compartiendo el sótano de la miseria con Melilla—, la Administración saca la cartera para evitar que sus empleados sufran la realidad que ellos mismos gestionan. El sablazo estimado es de 75.000 euros públicos, aunque si sumamos los aportes de los trabajadores y sus 200 familiares para las coberturas amplias, el pastel sube hasta los 315.000 euros anuales. Es una ingeniería financiera curiosa: el Estado paga la entrada y el empleado pone el resto para saltarse la cola. Mirando el historial, el gasto no ha dejado de subir: de los 280.315 euros de 2023 a los 234.531 euros ya gastados solo hasta octubre de 2026. En Ceuta, la salud pública es para el pueblo; para el Puerto, hay póliza de urgencia.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el presupuesto de la compra no se le escape de las manos, en el Senado se maneja el dinero público como si fuera un monópolo infinito. La Mesa del Senado acaba de lanzar una licitación que nos deja helados: 1.150.999,44 euros para comprar 325 móviles y 325 tablets. Sí, han leído bien. Un millón cien mil euros para que los nuevos senadores de la XVI legislatura no se sientan desprotegidos tecnológicamente tras las elecciones del 29 de noviembre. La excusa es la de siempre: la 'urgencia'. Dicen que no hay tiempo material para cambiar de sistema operativo antes de la constitución de las Cortes el 23 de diciembre. Así que, para evitar el estrés de aprender a usar un Android, se quedan con iOS y iPadOS. El despliegue es faraónico. Los móviles, de 'última generación' y color oscuro, se llevan 609.021,97 euros. Exigen pantallas de 6,3 pulgadas, 512 GB de memoria y cargadores rápidos que recuperen el 50% de la batería en 15 minutos. Probablemente para que no se queden sin batería mientras ignoran las peticiones ciudadanas. Por si fuera poco, las tablets suman otros 541.977,47 euros. Pantallas de hasta 11 pulgadas y teclado incluido, porque escribir con los dedos en el aire es demasiado esfuerzo para la aristocracia parlamentaria. Y claro, el seguro contra accidentes está incluido, porque romper un juguete de lujo es un riesgo laboral. Si miramos el retrovisor, la XV legislatura costó 863.442,21 euros. La inflación no solo golpea al supermercado, también golpea la generosidad del erario público. Y mientras tanto, el Congreso no se queda atrás, licitando 550 móviles y 425 tablets por casi 1,6 millones. Una fiesta digital pagada con nuestros impuestos.
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Rosa Muñoz