Crítica:
El texto original es un catálogo de precios disfrazado de noticia. Le falta profundidad en el análisis de la responsabilidad corporativa para centrarse en el 'estropicio' tarifario.
El texto original es un catálogo de precios disfrazado de noticia. Le falta profundidad en el análisis de la responsabilidad corporativa para centrarse en el 'estropicio' tarifario.
Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira un campo de minas, el Estado ha decidido montar un banquete de contrataciones. En solo doce meses, el sector público ha sumado 204.100 ocupados. Para que nos entendamos: es como si después de cuatro años de dieta estricta, donde solo se permitieron 48.700 puestos netos entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2025, el Gobierno se hubiera dado un atracón de plantillas multiplicando por 4,19 el ritmo de crecimiento. La paradoja es deliciosa. España ganó 465.500 ocupados en el último año, pero el sector público se llevó el 43,8% del pastel (204.100 personas), a pesar de que solo representa el 16,4% de los trabajadores del país. Es el clásico caso de quien aporta menos a la cena pero se lleva la mitad de la tarta. Mientras tanto, el sector privado, que es el que realmente mueve la maquinaria, se ha quedado en 261.400 nuevos puestos, mostrando un dinamismo que empieza a recordar a una tortuga con artritis. El dato más escandaloso llega al analizar el trimestre entre julio y septiembre de 2026: el empleo público subió 89.900 personas mientras el privado retrocedió en 16.300. Básicamente, el Estado ha servido de colchón para que la estadística no se desangre. Pero cuidado, que no todo es oro y plaza fija. Según Función Pública, a enero de 2026, el 30,5% del personal (936.965 empleados) era temporal. En sanidad, la precariedad es el pan de cada día con un 42,4% de temporales. Al final, el Estado crece, pero lo hace a base de parches, mientras la industria pierde 25.900 puestos interanuales y la construcción se desinfla.
Jeff Bezos lleva dos décadas jugando al Monopoly con el espacio exterior, pero ahora parece que quiere que el resto de los mortales paguen la cuenta. Desde que fundó Blue Origin en el año 2000, el ex-CEO de Amazon ha tratado la empresa como un hobby carísimo, inyectando miles de millones de sus propios fondos sin importarle que el retorno de inversión fuera, básicamente, mirar las estrellas. Es el lujo supremo: hacer ingeniería de vanguardia sin tener que darle explicaciones a un accionista histérico cada trimestre. Pero hasta los bolsillos infinitos tienen un límite cuando quieres colonizar la Luna. Bezos ha soltado la bomba de que Blue Origin podría salir a bolsa (IPO) en los próximos años. Traducción: quiere dejar de tirar de su tarjeta personal para que el público financie la expansión. No es que le falte dinero, es que el despliegue de infraestructura lunar y el desarrollo de cohetes reutilizables cuestan más que mantener un ejército de drones repartiendo paquetes. El New Glenn ya dio el primer paso en enero de 2025 al alcanzar la órbita, y tiene programado lanzar la misión ESCAPADE de la NASA el 13 de noviembre de 2025. Todo suena muy glamuroso, pero hay un elefante en la habitación: la diferencia entre un logro técnico y un negocio rentable. Mientras SpaceX es una máquina aceitada, Blue Origin sigue siendo un proyecto de pasión que necesita demostrar que puede lanzar cohetes con la frecuencia de un autobús urbano y a un coste que no deje en bancarrota al cliente. Bezos está jugando la partida larga; prefiere pulir el negocio antes de que los inversores empiecen a pedirle cuentas por cada tornillo perdido en el vacío.
Bruselas ha decidido jugar a los jardineros ecológicos con el dinero ajeno. Bajo el sofisticado nombre de 'Paquete de Simplificación de la Inocuidad de los Alimentos y los Piensos' (el famoso Ómnibus X), la Unión Europea quiere apretar la tuerca a los pesticidas en las importaciones. Suena muy noble en un despacho de cristal, pero en el mundo real, esto es como pedirle a un agricultor que mantenga su huerto impecable usando solo un cepillo de dientes y buena voluntad. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ya ha soltado la bomba: hay 44.200 millones de dólares en exportaciones agroalimentarias que están temblando. De ese pastel, 26.600 millones pertenecen a Sudamérica. Brasil es el que tiene el agua al cuello con 15.400 millones de dólares en riesgo, especialmente en soja, café, cítricos y maíz. Mientras tanto, Argentina reza por sus derivados de soja y girasol, y Perú mira con pánico sus aguacates, mangos y espárragos. No olvidemos los plátanos de Costa Rica ni el cacao de República Dominicana. La ironía es exquisita. Bruselas quiere bajar los límites de residuos hasta el 'límite detectable', ignorando que existen normas internacionales que dicen que los niveles actuales no matan a nadie. Es la misma canción que llevan años cantando los agricultores europeos, que ya están asfixiados. Al final, la ingeniería burocrática es sencilla: si el productor americano tiene que gastar más en adaptar sus cultivos para que el funcionario europeo esté tranquilo, ese 'sablazo' no lo pagará la UE. El coste viajará en el barco, cruzará el Atlántico y aterrizará directamente en tu ticket del supermercado. Muhammad Ibrahim, director del IICA, pide datos técnicos, pero parece que en Bruselas prefieren la utopía al ticket de la compra.
Dos años después de que el agua decidiera rediseñar el mapa de Valencia el 29 de octubre de 2024, la realidad nos escupe una cifra que no cuadra en la libreta de nadie: la vivienda ha subido un 27%. Es la paradoja del desastre; mientras unos intentan secar los cimientos, el mercado inmobiliario ha aprovechado el agujero para inflar los precios. Según Equito y el INE, no es solo que falten casas, es que la tragedia ha servido de gasolina para un fuego que ya ardía. En los municipios más castigados, Global Analytics firma un incremento del 16,8% en los precios en solo un año, mientras la oferta se encoge un 22%. Básicamente, hay menos sitios donde vivir y cuestan más que un piso en la Castellana. En la calle, la historia es más amarga. La Cámara de Comercio de Valencia suelta la bomba: 2.000 de los 12.000 negocios urbanos siguen en la UCI económica. Abrir la persiana no es lo mismo que facturar. Especialmente si eres un pequeño autónomo; el 35% de los negocios de hasta cinco empleados sigue operando a medio gas. La hostelería es el paciente más grave, con un 53% que no ve la luz al final del túnel. El ciclo es cruel. Primero hubo el 'boom' de las compras desesperadas para sustituir el sofá que el lodo se llevó por delante, y ahora llega la resaca del ahorro y la prudencia. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda mueve 273,2 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Generalitat lanza 3,3 millones en ayudas, con cheques de hasta 20.000 euros. Dinero que suena a mucho en el boletín oficial, pero que para el dueño de un bar que sigue viendo el suelo húmedo, es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
Imaginen que tienen un coche con 20 años, que ya pide clemencia en cada curva, y el mecánico les dice que no pueden cambiarle el aceite porque el barrio necesita que el motor siga rugiendo. Pues eso es exactamente lo que Red Eléctrica (REE) le está pidiendo a las centrales eléctricas: que se olviden de las revisiones y sigan funcionando aunque el motor eche humo. En un movimiento inédito, el operador ha rechazado los planes de mantenimiento de más de un centenar de instalaciones entre octubre de 2026 y septiembre de 2027. Básicamente, es como pedirle a alguien que no vaya al dentista para que no deje de hablar. La jugada es desesperada. Desde este verano, hasta el 35% de la potencia de los ciclos combinados está fuera de servicio. Solo disponemos del 65% de esa tecnología, lo que ha obligado a REE a exprimir estas plantas hasta que digan basta. La presencia de los ciclos combinados en la generación peninsular ha saltado del 8% al 19,4%. El problema es que estas máquinas no están diseñadas para este ritmo de arranques frenéticos; es como intentar correr una maratón con zapatos que se deshacen. Mientras tanto, el miedo al fantasma del apagón de 2025 tiene a REE en modo pánico. Han activado el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) once veces este año, cuando en 2025 no lo hicieron ni una sola vez. Es la versión industrial de 'apagar la luz del pasillo para que no salte el plomo'. El sector energético, que ya tiene contratados a los técnicos de Siemens, Mitsubishi y General Electric, mira la jugada con escepticismo. Saben que posponer el mantenimiento es un pan para hoy y un hambre para mañana: una ingeniería financiera del riesgo donde se prioriza el parche inmediato sobre la seguridad estructural.
Hacer malabares con la cartera es un arte que dominamos los mortales, pero el Gobierno lo ha elevado a categoría de disciplina olímpica. El pasado martes 20 de octubre, el Consejo de Ministros decidió que la mejor forma de cerrar el año era jugar al 'yo te presto y tú me debes'. Han aprobado una referencia presupuestaria de 10.003,8 millones de euros para que la Seguridad Social no se quede en blanco justo antes de Navidad. Básicamente, es como si el padre le prestara dinero al hijo para que este pueda pagar la cena de Nochebuena, sabiendo que el hijo no tiene un duro en la cuenta y que el préstamo es, en realidad, dinero de la misma familia. Este movimiento se apoya en la disposición adicional tercera de la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado, una especie de 'chequera abierta' que permite estos rescates anuales sin intereses y con un plazo de devolución de diez años. El problema es que ya vamos por el décimo préstamo de este estilo. Si sumamos este nuevo sablazo, la deuda acumulada de la Seguridad Social con el Estado trepa hasta los 146.000 millones de euros. Es una cifra astronómica que, aunque sea una deuda 'entre primos' (administraciones públicas), condiciona el futuro de cualquiera que aún tenga la esperanza de jubilarse sin comer aire. La realidad es que el sistema tiene un agujero estructural. En 2025, aunque el déficit bajó a 7.387 millones de euros (un 0,4% del PIB) frente a los 9.834 millones negativos de 2024, la sangría sigue ahí. Los ingresos no financieros fueron de 232.782 millones, pero las obligaciones llegaron a 240.169 millones. La joya de la corona es el gasto en pensiones y prestaciones contributivas: 206.360 millones de euros, un 6,3% más que el año anterior. En resumen: gastamos más de lo que cotizamos y el parche favorito del Gobierno es pedirle dinero al espejo.
Parece que en España hemos decidido que cultivar sandías es un deporte de riesgo o, quizá, simplemente un capricho que no podemos costear. Mientras el agricultor local pelea contra el clima y la burocracia, el Estado ha decidido que la mejor estrategia es abrir la cartera y mirar hacia el sur. En la campaña 2025/2026, nos hemos traído 52,68 millones de kilos de sandía desde Marruecos. Un despliegue logístico digno de una mudanza transatlántica que nos ha costado 44,23 millones de euros. Para que nos entendamos: estamos hablando de que casi la mitad de lo que importamos (el 48,26%) viene del vecino, dejando a Senegal y Mauritania cogiendo migajas. El precio medio se ha quedado en 0,84 euros por kilo, una cifra que suena a ganga en el papel de Hortoinfo y Estacom, pero que es el reflejo de una dependencia crónica. Lo curioso es el baile de las cifras. Venimos de un agujero profundo en 2023/2024, cuando solo trajimos 28,7 millones de kilos, el mínimo histórico de la última década. Pero el hambre de fruta extranjera ha vuelto: hemos subido un 6,3% respecto a la campaña anterior, sumando 3,11 millones de kilos adicionales. El resto del tablero es casi anecdótico. Senegal nos vendió 16,24 millones de kilos por 11,8 millones de euros (a 0,73 €/kg), mientras que Mauritania, con menos volumen (10,23 millones de kilos), nos clavó un precio medio de 1,33 euros por kilo, sumando 13,62 millones de euros. Y para rematar la ironía, hasta Alemania nos ha 'vendido' 6,87 millones de kilos, que probablemente no hayan visto una semilla alemana en su vida, sino que son simples reexportaciones. En total, hemos soltado 91,86 millones de euros por 109,15 millones de kilos de sandía extranjera. Un negocio redondo, siempre que no seas el que planta la semilla aquí.
Comentarios