La noticia es un despliegue de negligencia institucional, aunque el texto original peca de ser demasiado amable al citar las justificaciones de ADIF. El contraste entre el cargo de un periodista y la seguridad ferroviaria es el clavo que sostiene toda la historia.
En la aritmética del poder, parece que la seguridad ferroviaria tiene el valor exacto de un favor político. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió que un millón de euros destinados al ASFA Digital —el sistema de respaldo que evita que los trenes se conviertan en proyectiles cuando falla la tecnología principal— eran prescindibles. ¿El motivo? Un 'refuerzo de servicios' entre Bilbao y Karrantza, una petición del PNV que el Ejecutivo aceptó con la naturalidad de quien cambia un neumático por una pegatina decorativa. La ingeniería financiera fue sencilla: el 17 de noviembre de 2022, la Comisión de Presupuestos aprobó la enmienda de Aitor Esteban. Se recortó el presupuesto de seguridad transversal para varias comunidades autónomas y se envió el dinero directo a Vizcaya. Es el equivalente a quitarle el extintor al edificio entero para comprarle una alfombra nueva al despacho del vecino que te ayuda a mantener la comunidad. El coste de este trueque se hizo carne en Urda (Toledo). Tras la caída del sistema LZB en la línea Madrid-Sevilla, el ASFA entró en juego. Pero el sistema de respaldo, ese que debía ser el ángel guardián a 200 km/h, no pudo evitar que un tren de Renfe impactara contra un Iryo detenido. El resultado: 69 fallecidos. El ministro Óscar Puente ahora intenta explicar que los trenes estaban en el mismo 'cantón', una palabra técnica que suena muy elegante pero que no devuelve la vida a nadie. Al final, la cuenta es cruel: un millón de euros en favores políticos para el PNV y una tragedia que nos recuerda que, en este país, la seguridad a veces es una variable ajustable según el calendario electoral.
Hay quien dice que el dinero público es como el aire, que sobra y que no cuesta nada. En RTVE parecen haberlo comprendido muy bien. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con el pavor de quien ve una película de terror, la Dirección Económica Financiera de la corporación ha decidido que lo más urgente antes de las elecciones del 29-N es montar un búnker jurídico para sus jefes. No es un búnker de hormigón, sino de pólizas de seguro, porque dormir tranquilo cuando sabes que el viento puede cambiar de dirección tiene un precio: 110.000 euros anuales. La ingeniería es fascinante. Buscan un blindaje que sume 30 millones de euros en coberturas (una capa de 10 y otra de 20), asegurándose de que no quede ni una rendija abierta. Piden retroactividad, que en lenguaje de calle significa: 'si hemos metido la pata antes, que el seguro lo pague ahora'. El timing es una obra maestra del cinismo: el plazo de la licitación expira el 10 de noviembre, justo tres días antes de que empiece la campaña electoral. Es el equivalente corporativo a comprarse un paraguas reforzado justo cuando el cielo se pone negro y huele a tormenta política. Pero no se quedan ahí. Han decidido que los gastos de respuesta a reguladores suban de 100.000 a 300.000 euros y que el plazo para notificar reclamaciones se duplique a 40 días. Comodidades de lujo para quien gestiona el presupuesto de todos. Y mientras José Pablo López mantiene el protocolo de selección de cargos en el congelador para seguir nombrando a los suyos, se asegura de que, si algún día alguien decide pedir cuentas, el abogado ya esté pagado con la tarjeta de la casa. Una jugada maestra para que el relevo de mando no sea un paseo por el juzgado, sino un retiro dorado.
El Ministerio de Defensa ha decidido jugar al Monopoly con el dinero público en el barrio de Fuencarral. Bajo el sofisticado rótulo de 'coliving' —ese término moderno para decir que compartes cocina y no tienes privacidad—, Margarita Robles ha alquilado un antiguo edificio universitario en la calle Manuel Tovar por la módica suma de 10.909.090,83 euros. Para que nos entendamos: el Estado está soltando 330.578,51 euros al mes a la empresa Micampus, un sablazo mensual que haría temblar a cualquier administrador de finca sensato. El resultado del experimento es, cuanto menos, curioso. Mientras que las habitaciones individuales vuelan (229 ocupadas de 283), las dobles son el desierto de Gobi: solo 7 personas han aceptado compartir cuarto, dejando 72 plazas vacías. El 92% de las habitaciones dobles son básicamente aire acondicionado y sábanas limpias pagadas con nuestros impuestos. El Ministerio lo llama 'carácter dinámico', que en lenguaje de calle significa: 'no sabíamos que nadie querría dormir con un compañero de armas'. La paradoja es deliciosa. El Invied nos vende una ubicación 'estratégica' y 'moderna', aunque el edificio esté rodeado de naves industriales y tenga como vecino preferente el Tanatorio Norte. Un entorno ideal para reflexionar sobre la carrera militar. Mientras tanto, la realidad económica es un puñetazo: un soldado que cobra 1.325 euros netos tiene que jugarse casi 500 euros al mes por un hueco, una cifra que convierte la lista de la compra en un ejercicio de supervivencia. Al final, el proyecto piloto parece más un subsidio encubierto para la inmobiliaria que una solución real a la movilidad geográfica, demostrando que en Defensa saben mucho de estrategia militar, pero muy poco de mercado inmobiliario real.
Gestionar la alta velocidad en España se ha convertido en una especie de juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse por miedo a que la silla explote. El Ministerio de Transportes es hoy un desguace administrativo. Tenemos dos accidentes de trenes en menos de diez meses —Adamuz (Córdoba) el 18 de enero de 2026 y Urda (Toledo) el pasado día 28— y la respuesta institucional tiene la solidez de un castillo de naipes en medio de un vendaval. Mientras el ciudadano paga el billete esperando no terminar en una zanja, el organigrama ministerial parece una oficina de lunes por la mañana después de un puente: no hay nadie al mando. Sara Hernández del Olmo, la secretaria general de Transporte Terrestre nombrada el 2 de septiembre tras el cese de Rocío Báguena, está de baja. En el lenguaje de la calle, esto significa que el barco no tiene capitán y que las reuniones las preside «el último que pasa por allí». El resultado es un bloqueo total. Los ingenieros y funcionarios, que no son tontos, se niegan a firmar proyectos técnicos. Saben que, en este ecosistema de 'politiqueo', cualquier error se traduce en un 'marrón' que cae sobre el técnico mientras el político se lava las manos. Óscar Puente, el ministro, se ha limitado a decir el miércoles que él es quien sufre un «calvario», una metáfora conmovedora que hace palidecer el riesgo real de los pasajeros. Pedro Sánchez ya ha admitido que la confianza en el sistema está quebrada, pero mantiene a Puente en el puesto, ignorando que el Partido Popular, Vox y hasta el Frente Amplio piden su cabeza. El 29 de noviembre habrá elecciones generales, y mientras tanto, el Ministerio sigue operando bajo la premisa de que si nadie firma nada, técnicamente nadie es culpable. Una ingeniería financiera del riesgo donde el coste lo paga el usuario.
Hay una regla no escrita en la gestión pública: cuanto más se ensalza la sanidad universal en los mítines, más rápido corre el funcionario hacia la puerta de la privada cuando le toca pasar la revisión. El Ministerio de Transportes, bajo el mando de Óscar Puente, acaba de dejarlo por escrito. Resulta que para los 150 trabajadores de la Autoridad Portuaria de Ceuta y sus familias, el Sistema Nacional de Salud es un laberinto de listas de espera infinitas y especialistas invisibles. Para ellos, la sanidad pública no es un derecho, es un riesgo laboral. Con una urgencia que ya quisiera cualquier paciente con una hernia, el Ministerio ha lanzado una licitación para un seguro privado. ¿El motivo? Que la póliza actual con Sanitas expira el 31 de diciembre de 2026 y no quieren que sus elegidos se queden 'desprotegidos'. Mientras el ciudadano de a pie en Ceuta sobrevive con una ratio ridícula de 4,26 médicos por cada 1.000 habitantes —compartiendo el sótano de la miseria con Melilla—, la Administración saca la cartera para evitar que sus empleados sufran la realidad que ellos mismos gestionan. El sablazo estimado es de 75.000 euros públicos, aunque si sumamos los aportes de los trabajadores y sus 200 familiares para las coberturas amplias, el pastel sube hasta los 315.000 euros anuales. Es una ingeniería financiera curiosa: el Estado paga la entrada y el empleado pone el resto para saltarse la cola. Mirando el historial, el gasto no ha dejado de subir: de los 280.315 euros de 2023 a los 234.531 euros ya gastados solo hasta octubre de 2026. En Ceuta, la salud pública es para el pueblo; para el Puerto, hay póliza de urgencia.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el presupuesto de la compra no se le escape de las manos, en el Senado se maneja el dinero público como si fuera un monópolo infinito. La Mesa del Senado acaba de lanzar una licitación que nos deja helados: 1.150.999,44 euros para comprar 325 móviles y 325 tablets. Sí, han leído bien. Un millón cien mil euros para que los nuevos senadores de la XVI legislatura no se sientan desprotegidos tecnológicamente tras las elecciones del 29 de noviembre. La excusa es la de siempre: la 'urgencia'. Dicen que no hay tiempo material para cambiar de sistema operativo antes de la constitución de las Cortes el 23 de diciembre. Así que, para evitar el estrés de aprender a usar un Android, se quedan con iOS y iPadOS. El despliegue es faraónico. Los móviles, de 'última generación' y color oscuro, se llevan 609.021,97 euros. Exigen pantallas de 6,3 pulgadas, 512 GB de memoria y cargadores rápidos que recuperen el 50% de la batería en 15 minutos. Probablemente para que no se queden sin batería mientras ignoran las peticiones ciudadanas. Por si fuera poco, las tablets suman otros 541.977,47 euros. Pantallas de hasta 11 pulgadas y teclado incluido, porque escribir con los dedos en el aire es demasiado esfuerzo para la aristocracia parlamentaria. Y claro, el seguro contra accidentes está incluido, porque romper un juguete de lujo es un riesgo laboral. Si miramos el retrovisor, la XV legislatura costó 863.442,21 euros. La inflación no solo golpea al supermercado, también golpea la generosidad del erario público. Y mientras tanto, el Congreso no se queda atrás, licitando 550 móviles y 425 tablets por casi 1,6 millones. Una fiesta digital pagada con nuestros impuestos.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, en el Senado se respira un aire de urgencia... pero de la urgencia tecnológica. La Mesa del Senado ha decidido que para la XVI legislatura no basta con la voluntad política; hace falta hardware de lujo. El plan: soltar 1.150.999,44 euros (IVA incluido) para que 325 senadores estrenen móvil y tablet a juego. Un despliegue de generosidad pública que deja el presupuesto doméstico de cualquiera como un chiste de mal gusto. La excusa es la 'tramitación urgente'. Dicen que no hay tiempo para cambiar de sistema operativo porque el 23 de diciembre se constituyen las Cortes y, claro, adaptar el antivirus a Android sería un drama griego. Así que, blindados por el ecosistema iOS y iPadOS, se han pedido 325 móviles de 'última generación' por 609.021,97 euros. Pantallas de 6,3 pulgadas, 512 GB de memoria (probablemente para guardar los PDFs que nadie lee) y carga rápida para recuperar el 50% de batería en 15 minutos. Porque claro, el ritmo de trabajo en el Senado es tan frenético que no pueden permitirse esperar media hora a que el móvil cargue. Para completar el kit de bienvenida, suman 325 tablets por otros 541.977,47 euros, todas en 'color oscuro', para mantener la sobriedad mientras se gasta el dinero de todos. No olvidemos que el Congreso ya ha hecho su propia fiesta con 1,6 millones para 550 móviles y 425 tablets. Si comparamos con la legislatura anterior, donde el Senado gastó 863.442,21 euros, vemos que la inflación en la Cámara Alta no es un problema, es una política de estado. Todo con garantía de cuatro años y seguro contra accidentes, porque romper un juguete de mil euros es un riesgo profesional que el contribuyente debe cubrir.
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