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En la Benemérita, parece que el manual de disciplina se aplica según el rango: para la tropa, la guillotina; para el mando, un masaje en la espalda. Mientras Carlos Román y Manuel Velarde, dos veteranos con el currículum lleno de cruces al mérito y experiencia en antiterrorismo, fueron suspendidos de empleo y sueldo justo antes de Navidad por publicar un comunicado defendiendo el Estado de Derecho el 10 de noviembre de 2023, la cúpula opera en otra dimensión. A estos agentes les aplicaron la 'máxima', dejándolos sin un euro en la cuenta bancaria por una nota redactada por abogados, tratándolos como si fueran golpistas en lugar de quienes persiguieron el procés. El Tribunal de Justicia Central Militar tuvo que intervenir para decir que la medida era 'desproporcionada con creces', pero el daño psicológico ya estaba hecho. La comedia se vuelve surrealista cuando miramos hacia arriba. Manuel Llamas, el DAO, lleva casi dos semanas imputado por prevaricación y obstrucción a la Justicia en el caso de las 'cloacas del PSOE', y sigue en su despacho como si nada hubiera pasado. Es la doble vara de medir en estado puro: a un agente como Serviliano Valencia le clavan 15 días de suspensión y un sablazo de 1.400 euros por mirar la matrícula de Carles Puigdemont —un prófugo con euroorden—, mientras que los mandos imputados no pierden ni el sitio en el parking. Desde Agustín Leal, suspendido seis meses por decir que sin Guardia Civil España sería como Venezuela, hasta Braulio J. Calvo, procesado por buscar el DNI de su hermano desaparecido, el mensaje es claro. Si eres la escala básica, cualquier 'exasperación' retórica te deja en la calle; si eres el DAO o la directora Mercedes González, la imputación es solo un trámite administrativo que no interfiere con el horario de oficina.
En España, una orden de expulsión judicial tiene hoy el mismo valor práctico que un ticket del parking caducado. Según los datos del Poder Judicial para 2024, el 94% de los condenados con orden de salida se queda aquí cómodamente instalado. De 22.977 casos proyectados, solo 1.338 fueron efectivos. Una eficiencia tan baja que haría llorar a cualquier gestor de barrio. ¿El truco de magia? El bendito 'arraigo'. Basta con decir que tienes un primo, un perro o un contrato de alquiler para que la sentencia se convierta en una sugerencia decorativa. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban la cuota del gas, el Estado se gasta 770 millones de euros anuales en mantener a presos extranjeros. Para que nos entendamos: el 33,45% de la población reclusa es extranjera, y en Cataluña esa cifra se dispara al 52,85%. Es como pagar la cena de un desconocido que, además, te ha robado la cartera antes de sentarse a la mesa. Vox, que no piensa dejar pasar el desliz, ha registrado una batería de medidas para acabar con este 'oscurantismo'. Denuncian que el sistema SEC maquilla la realidad al contar como españoles a los 3 millones de nacionalizados, independientemente de su origen. Para solucionar este agujero contable, proponen copiar a la Ertzaintza y publicar el lugar de nacimiento. El objetivo es claro: que el origen no sea un escudo y que el artículo 89 del Código Penal se modifique para revocar la nacionalidad a quien cometa cualquier delito. Al final, el mensaje es simple: si vienes a jugar con las reglas de la casa pero rompes los muebles, la maleta te espera en la puerta, sin importar cuánto tiempo lleves aquí.
Hacienda tiene un radar que detecta hasta el último céntimo de un autónomo que no ha dormido en tres días, pero parece que sufre de amnesia selectiva cuando el sujeto es Julio Martínez, el socio y amigo íntimo de Zapatero. Es fascinante. Mientras el ciudadano medio tiembla al abrir el buzón, Martínez vivió cuatro años en un limbo fiscal absoluto, sin presentar declaraciones de renta a pesar de cobrar un sueldo en ASP Renta. Un detalle: la empresa sí practicaba la retención mediante el modelo 190 y deducía los gastos en Sociedades. Es decir, el dinero salía, el Estado lo anotaba, pero al llegar al destinatario, el rastro se borraba como si fuera un dibujo en la arena durante una tormenta. La comedia llega al clímax con el alquiler. Martínez paga su piso con cuentas vacías, mientras el casero, muy diligente, lo declaraba todo en el modelo 180. Un cortocircuito administrativo que haría llorar a cualquier gestor de barrio. Soledad Fernández, quien dirigió la AEAT desde 2022, compareció en el Senado con la mirada perdida, calificando este agujero contable como un "lamentable error". Curioso que este error coincida con la salida precipitada de la propia Fernández y de la directora de RRHH, justo cuando el organismo se convierte en un coladero de favores. Entre la entrega de la Agencia Tributaria a Cataluña y el trato preferente al hermano de Pedro Sánchez en Portugal, la AEAT parece haber pasado de ser un perro guardián a un mayordomo complaciente. Si realmente existió un error, encontrar al responsable es cuestión de un clic en el sistema de trazabilidad. Pero el silencio es ensordecedor. Quizás es que, en los círculos de poder, el 'olvido' es la herramienta de ingeniería financiera más eficiente de todas.
Hablemos de la 'economía del detalle'. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra para que el presupuesto no explote antes del día veinte, en las altas esferas del Partido Socialista se manejan conceptos más creativos. Santos Cerdán y su entorno familiar parecen haber descubierto el secreto de la eterna prosperidad gracias a una tarjeta de crédito de la sociedad Servinabar. No es que hayan vaciado el banco, pero entre 2015 y 2024 se habrían beneficiado de la módica suma de 323.178 euros. Para algunos, eso es un capricho; para la UCO de la Guardia Civil, es una hoja de ruta de irregularidades. El informe es quirúrgico. Detectaron 40 pagos específicos por 3.560 euros que Cerdán o los suyos usaron como si fuera una tarjeta de fidelidad de supermercado. Pero el truco de magia está en la tubería del dinero. Entre el 1 de febrero de 2022 y el 1 de septiembre de 2024, entraron en la cuenta 257.563,42 euros, de los cuales 230.000 euros llegaron vía traspasos directos desde Servinabar. Es la ingeniería financiera de barrio: mover el dinero de un bolsillo a otro para que no se note el roce. ¿De dónde salía el combustible para este despliegue? Aquí entra el 'confirming', esa palabra elegante para cobrar facturas antes de tiempo. El 61,49% de los ingresos totales de la cuenta, que alcanzó los 2.168.049,49 euros, provenía de este sistema. El rastro conduce directo a Acciona Construcción SA y a la UTE Variante de Logroño. También asoman la cabeza la UTE Túnel de Belate y la UTE Pabellón de Navarra Arena. Al final, el esquema es sencillo: obras públicas, contratos millonarios y una tarjeta de crédito que, mágicamente, siempre tiene saldo para el entorno del exsecretario de Organización.
Hay quien gestiona su agenda con Google Calendar y quien monta una 'boutique' de influencias para que el dinero fluya sin dejar rastro, como si fuera un truco de magia de feria. La Justicia acaba de destapar que José Luis Rodríguez Zapatero no tenía un solo camino hacia el rescate de 53 millones de euros de Plus Ultra, sino que operaba con un sistema de redundancia digno de la NASA. Por un lado, el entramado de 38 sociedades instrumentales de Julio Martínez —el famoso 'Julito'—; y por otro, la red de Manuel Aarón Fajardo, el 'hombre de Venezuela'. Para el ciudadano medio, conseguir que el banco no te cobre una comisión por un descubierto es una odisea. Para Plus Ultra, bastó con activar el 'equipo del amigo'. Mientras nosotros peleamos con la administración, el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, solo tuvo que escribirle a Fajardo el 29 de abril de 2020 siguiendo el hilo de Ramón Gordils. El resultado fue una llamada de 11 minutos con 'ZP' el 30 de abril, donde se le pidió al expresidente que 'empujara' el rescate de la SEPI porque la banca privada, curiosamente, ponía trabas. Lo más exquisito es el lenguaje: se hacían llamar 'el equipo' y hablaban de 'misiones de Z'. Fajardo, que vive en Caracas y se mueve en el sector financiero, no era un simple contacto, era el lugarteniente. Incluso se mencionan rentas mensuales de entre 6.000 y 10.000 euros para la 'boutique' por operar plantas empaquetadoras. Al final, el rescate de 53 millones de euros otorgado en 2021 no fue una cuestión de solvencia técnica, sino de tener la llave correcta para abrir la puerta de la SEPI. Una ingeniería financiera donde el mérito no estaba en volar, sino en saber a quién llamar.
Sira Rego y su Ministerio de Juventud e Infancia han decidido que el cine español padece una crisis de casting. Según el informe 'La representación de las juventudes en el audiovisual español', redactado por el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) y publicado por el INJUVE, nuestras pantallas son demasiado 'normativas'. Traducido al cristiano: el Gobierno quiere que los guionistas cambien el café por cuotas de 'cuerpos disidentes'. El estudio es un tostón de 120 páginas que actúa como una lista de la compra ideológica. Se quejan de que los jóvenes racializados solo ocupan el 16% de los personajes en series. Pero el verdadero drama llega al contar los protagonistas de cine: siete latines, dos árabes y uno gitane. Cero negros y asiáticos con relevancia. Es como si el Ministerio quisiera que el reparto de una serie fuera un censo municipal, donde el éxito no se mida en audiencia, sino en interseccionalidad. No contentos con el color de piel, la ministra Rego pone la mirada en la báscula. El informe lamenta la 'ausencia mayúscula' de personajes gordos, acusando a la ficción de alimentar imaginarios gordófobos. Básicamente, sugieren que ver gente delgada en pantalla es un acto de opresión. Para rematar el menú, el colectivo LGBTIQA+ ya tiene sitio, pero el Gobierno dice que no basta con que 'salgan del armario'; quieren que sus identidades se 'cotidianicen'. Sira Rego afirma que los datos 'la agitan'. Mientras tanto, el ciudadano medio, que lucha por llegar a fin de mes, verá cómo el Estado gasta energía en vigilar que el protagonista de la próxima serie de Netflix tenga la corporalidad adecuada para cumplir con la 'justicia democrática'. Una gestión brillante: ignorar el hambre real para preocuparse por el hambre de representación.
Hay una regla no escrita en la alta política: puedes mentir sobre el presupuesto, pero no sobre tu árbol genealógico si este choca con el manual de valores del partido. Jens Spahn, el otrora capitán del bloque conservador en el Bundestag, ha tenido que tirar la toalla este sábado. El motivo no es un agujero contable ni un escándalo de corrupción europea, sino un viaje de compras muy particular a Estados Unidos para contratar una gestación subrogada. Resulta fascinante que Spahn, quien ya fue ministro de Salud, decidiera importar un bebé de un país donde la práctica es legal, mientras que en Alemania —donde él debía velar por la ley— el proceso es ilegal. Es el clásico movimiento de 'yo lo hago, pero tú no'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la burocracia para cambiar un domicilio, el líder conservador simplemente cruzó el Atlántico para saltarse la normativa doméstica. La presión fue asfixiante. Friedrich Merz, el canciller y co-líder de la alianza, no tardó en recordarle que la credibilidad es el 'bien supremo', una frase que en lenguaje de calle significa: 'estás haciendo quedar mal al partido y tienes que marcharte ya'. Spahn, en una misiva recogida por la ARD, intentó maquillar la salida hablando de su 'felicidad personal' y lamentando la 'crueldad del discurso público'. Un giro dramático para evitar admitir que su doble moral era más evidente que un elefante en una cristalería. Al final, Spahn y su marido, Daniel Funke, se quedan con la familia, pero pierden la silla. Markus Soeder y Merz ya están coordinando el calendario para buscar a alguien que no tenga secretos transatlánticos. La moraleja es clara: en la CDU, la familia es lo primero, siempre y cuando no haya sido gestada fuera de los márgenes legales del país.
En el tablero del poder, hay piezas que se mueven por ley y otras que se desplazan según el humor del jefe. María José Segarra cometió el pecado capital de la política moderna: confundir la Fiscalía General del Estado con un despacho de gestoría al servicio del Palacio de la Moncloa. Nombrada el 28 de junio de 2018, Segarra descubrió pronto que en este juego no se premia la independencia, sino la obediencia ciega. El conflicto no fue un malentendido, fue un choque de trenes. Mientras el Gobierno soñaba con el trofeo político de ver a Pablo Casado en el banquillo por el caso del máster —acusado de cohecho impropio y prevaricación administrativa—, Segarra decidió que los hechos pesaban más que las consignas. Avaló el archivo de la causa, basándose en que las acusaciones de la jueza Carmen Rodríguez-Medel eran, básicamente, castillos en el aire. Para Pedro Sánchez, que el 6 de noviembre de 2019 soltó en Radio Nacional de España un lapidario «Pues ya está» al confirmar que la Fiscalía depende del Ejecutivo, la respuesta fue quirúrgica. Segarra no fue renovada en enero de 2020. Fue el equivalente político a despedir al contable porque no quiso maquillar los números para que el balance pareciera un éxito. La sustitución por Dolores Delgado en febrero de 2020 fue el sello final de una estrategia de domesticación institucional. Esta purga de los 'rebeldes' dejó un rastro de migajas que culminó con la condena de Álvaro García Ortiz en noviembre de 2025, quien acabó con dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por filtrar datos fiscales. Al final, Segarra aprendió la lección más dura de la calle: si el jefe pregunta de quién depende la oficina, es mejor no responder con el Código Penal en la mano.
Hay amistades que valen oro y otras que cuestan mil millones de euros. Juan Manuel Serrano, el 'fontanero' de confianza de Pedro Sánchez y antiguo jefe de gabinete desde 2014, es la prueba viviente de que en la alta política la meritocracia es un cuento para niños. A Serrano no le dieron un ministerio porque, probablemente, el lenguaje técnico le resultaba tan ajeno como el inglés, así que el presidente decidió 'desagraviarlo' lanzándolo al timón de Correos entre 2018 y 2023. El trato era sencillo: un sueldo de ensueño a cambio de gestionar el chiringuito y hacer algunos 'favorcillos' por debajo de la mesa. Mientras el ciudadano medio pelea con la tarifa de la luz, Serrano convirtió a Correos en un agujero negro financiero, acumulando pérdidas de más de 1.000 millones de euros. Lo más surrealista es que, en plena fiebre del e-commerce, el hombre que debía atraer a los gigantes no hablaba el idioma de los negocios. Cuando el jefe de Europa de Amazon aterrizaba en España, Serrano ni se asomaba; mandaba a un subdirector para que tradujera, mientras el ejecutivo de Jeff Bezos se preguntaba en qué país estaba. Para rematar la faena, intentó combatir al coloso estadounidense con 'Correos Market', una ocurrencia con aroma a mercadillo de pueblo que fracasó estrepitosamente. La gestión fue un festival de la improvisación: enchufó a Leire Díez en el departamento de sellos (sin saber de filatelia, claro) y contrató a 10.000 personas extra para las elecciones del 23 de julio de 2023, inflando una plantilla de casi 50.000 empleados que Pedro Saura ha tenido que purgar mediante prejubilaciones. Tras cobrar, junto a Leire, unos 1,2 millones de euros por este desastre, Serrano no fue a la calle, sino a la SEITT y luego a Arcamo Controls. Ahora, el juez Pedraz y la UCO han desenterrado 9.355 mensajes de WhatsApp que podrían poner fin a su gira de cargos públicos. Al menos, para declarar ante la Audiencia Nacional, no necesitará traductor.
Hay quien guarda los tickets del súper durante tres años por si hay que devolver un yogur caducado, y luego está José Luis Rodríguez Zapatero, que ha preferido mantener un 'silencio administrativo' de casi dos décadas sobre un tesoro de 1,3 millones de euros. La UDEF abrió la caja fuerte de su despacho el pasado 19 de mayo y, en lugar de encontrar papeles aburridos, se topó con un catálogo de joyería árabe metido en bolsas de basura. Collares con piedras azules, granates y verdes, brazaletes dorados y relojes que parecen sacados de una película de espías. Todo un despliegue de lujo que, según el exmandatario, fue un detalle del rey Abdalá bin Abdulaziz en 2007. Aquí es donde la historia empieza a oler a naftalina. Zapatero espera que unos papeles de la diplomacia saudí, que deberían llegar en agosto, limpien su imagen ante el juez Ismael Moreno. El problema es que, en el protocolo de los regalos reales, no se entrega un millón de euros en alhajas sin un certificado de autenticidad o una caja oficial; es como comprar un Ferrari y que te lo den envuelto en papel de periódico. Además, la costumbre árabe dicta que los regalos gordos se dan al anfitrión que visita el país, no al revés. Otros como Miguel Sebastián, Barack Obama o David Cameron sí declararon sus joyas tras visitar el desierto; Zapatero, en cambio, solo anotó un reloj de sobremesa con esmeraldas. Ahora la esperanza del socialista recae en un intérprete de árabe, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores con 38 años de experiencia que estuvo en todas las citas clave entre 2007 y 2009. Este profesional, que ya trabajó para Trinidad Jiménez y Felipe González, es la única persona capaz de confirmar si el rey saudí realmente le entregó ese botín o si estamos ante una creativa pieza de ingeniería financiera para evitar que el juez Calama le pida explicaciones sobre el rescate a Plus Ultra.
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Margarita Caballero