Artículos enviados por nuestros usuarios
En el surrealismo administrativo español, cuando alguien tiene que pagar los platos rotos, la respuesta favorita es: 'ha sido el ordenador'. La Tesorería General de la Seguridad Social ha confesado ante la Audiencia Nacional que el certificado que permitió a Plus Ultra Líneas Aéreas embolsarse un rescate de 53 millones de euros de la SEPI fue, básicamente, un 'copia y pega' automatizado. Sin humanos, sin revisiones, solo un algoritmo soltando papeles. El truco estaba en la letra pequeña. El 20 de agosto de 2020, la aerolínea necesitaba demostrar que estaba limpia para acceder al Fondo de Apoyo a la solvencia. El sistema, en un alarde de generosidad digital, estampó la firma de José Luis Encinas Prado sin que este supiera siquiera que existía el documento. El certificado decía que no había deudas vencidas a 31 de diciembre de 2019. Técnicamente, era verdad, del mismo modo que decir que no tienes el banco en la puerta de casa es verdad aunque debas tres mensualidades de la hipoteca. La realidad es que Plus Ultra arrastraba un aplazamiento desde julio de 2017 por 183.658 euros, con un agujero pendiente de 71.391 euros que el robot decidió ignorar convenientemente. Mientras el ciudadano medio se juega la existencia por un error de diez euros en la declaración, aquí el sistema informático maquilló la salud financiera de una empresa estratégica para que el dinero público fluyera sin fricciones. Lo más delirante es que la Subdirección General, liderada por Silvia Pérez Fernández, admite que hasta 2023 no tenían ni idea de cuántos certificados emitían ni qué decían. Una gestión de la transparencia que recuerda a llevar las cuentas de un negocio en una servilleta mojada. Ahora, el magistrado José Luis Calama deberá decidir si esto fue una torpeza técnica o una ingeniería financiera con complicidad burocrática donde figuran nombres como Julito Martínez y el ex presidente Zapatero.
Hay un aroma a pragmatismo barato flotando en el aire de Maryland, Washington DC y Virginia. En lo que llaman el 'callejón de los centros de datos', la romántica lucha obrera ha sido sustituida por una calculadora de bolsillo. El sindicato Steamfitters UA Local 602 ha decidido que la ideología es un lujo que no pueden permitirse mientras haya contratos millonarios sobre la mesa. Básicamente, han pasado de defender el entorno a amenazar con quitarle el apoyo a cualquier político que se atreva a decir que plantar naves industriales gigantescas y devoradoras de energía no es la mejor idea del siglo. En un memo interno filtrado al Wall Street Journal, la Local 602 no se anda con rodeos: han trazado una 'línea clara'. O apoyas el boom de los centros de datos, o estás fuera de su lista de amigos. Sidney Bonilla, tesorero y gerente comercial, lo ha soltado sin anestesia: 'dependemos de estos empleos'. Es la traducción callejera de 'no nos importa que el pueblo odie estas instalaciones siempre que la nómina llegue puntual'. Para quienes recuerdan que los sindicatos solían ser el bastión progresista, esto es un giro de guion digno de telenovela. Pero miremos el historial: desde el apoyo de la AFL-CIO a la carnicería de Vietnam hasta los disturbios de los cascos blancos en 1970, donde 70 manifestantes anti-guerra terminaron ensangrentados en Nueva York, o el apoyo de la base de los Teamsters a Donald Trump para 2024. La historia se repite. El sindicalismo ha pasado de la solidaridad global a una visión de túnel donde el dinero de las empresas pantalla de Big Tech es el único dios al que rezan. Al final, no es una cuestión de convicciones sociales, es simple ingeniería financiera: el efectivo manda y los centros de datos son la vaca lechera más gorda de las últimas décadas.
Portsmouth se ha convertido en el nuevo patio de recreo para los 'patriotas' de teclado que, al aterrizar en el asfalto, se visten de negro y usan mascarilla para jugar a los revolucionarios. La escena es casi surrealista: mientras la Agencia Marítima y de Guardacostas movilizaba lanchas, un helicóptero, un avión y un despliegue de ambulancias y policía para rescatar a 140 solicitantes de asilo, un grupo de manifestantes decidió que bloquear carreteras era la mejor forma de 'salvar la patria'. Al mando de este circo está Daniel Thomas, alias Danny Tommo, un antiguo guardaespaldas de Stephen Yaxley-Lennon (el famoso Tommy Robinson) que ahora lidera la 'Plataforma Patriota'. Tommo es el tipo de visionario que cree que romper botes abandonados en playas francesas —la llamada 'Operación Overlord'— es una estrategia geopolítica, aunque el resultado real haya sido que Francia le cierre la puerta en las narices. Mientras tanto, el Gobierno laborista intenta vender el éxito con una calculadora en la mano. Presumen de haber evitado 48.000 intentos de cruce e incautado 1.100 motores desde las elecciones, como quien presume de haber limpiado el sótano en un fin de semana. Nos dicen que julio ha tenido la cifra más baja desde 2020 y que han soltado el dinero en un 'acuerdo de pago por resultados' con Francia para subir un 40% el personal en las playas. Es la clásica ingeniería política: pagarle al vecino para que haga el trabajo sucio mientras en casa se pelean por quién tiene la bandera más grande. Al final, entre el despliegue militar para un bote y el bloqueo de carreteras de unos cuantos enfadados, lo único que queda claro es que el control fronterizo es, hoy por hoy, una promesa electoral que se desinfla más rápido que una patera pinchada.
Hay quien piensa que la realidad es como una lista de la compra que se puede editar con un rotulador según sople el viento político. El Instituto de las Mujeres, ese brazo ejecutor del Ministerio de Igualdad, ha decidido que los catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) necesitan un manual de instrucciones para pensar. Bajo el paraguas de la cátedra extraordinaria 'Valores Democráticos y Género', lanzada en 2021, han cocinado unas guías para meter 'la mirada feminista' en el aula, como quien intenta meter un colchón doble en un coche utilitario: a base de empujones y forzando las costuras. El menú es ambicioso. No se quedan en la sociología, que es terreno cómodo, sino que quieren entrar en la Biología, la Estadística y hasta en la Prehistoria. Pretenden que el profesor de historia deje de mirar las guerras y la política como ejes centrales para buscar la participación femenina en expediciones, cuestionando que las obras anónimas fueran cosa de hombres. En Prehistoria, la consigna es dinamitar el cliché del hombre cazador y la mujer recolectora. Es, básicamente, un ejercicio de arqueología ideológica donde el dato científico parece quedar en segundo plano frente a la narrativa del turno. Lo más curioso es la incursión en la Economía y la Biología, donde sugieren 'analizar críticamente' los datos para eliminar sesgos. Traducido al lenguaje de la calle: si el resultado del estudio no encaja con la agenda, el problema no es el dato, sino la 'mirada'. Mientras el ciudadano medio lucha por cuadrar el presupuesto mensual, el Estado diseña una ingeniería pedagógica para que desde los niveles iniciales hasta los posgrados se respire una única doctrina. No es educación, es un rediseño del pasado para asegurar el control del futuro.
Hay una forma muy elegante de decir que alguien es un 'vándalo' mientras se ignora el motivo por el cual la gente sale a la calle: se llama televisión pública. El pasado 2 de septiembre, el Día de Ceuta, se convirtió en el escenario perfecto para que La 1, a través de su programa 'Malas Lenguas', hiciera un ejercicio de equilibrismo informativo digno de un circo. Mientras el Canal 24 Horas cumplía el trámite con conexiones directas, en La 1 el menú fue distinto: menos Ceuta y más 'ataques' al presidente. Gonzalo Miró, con la seguridad de quien tiene el mando a distancia del relato, calificó a los manifestantes de 'energúmenos' y 'vándalos', sugiriendo que tratar con ellos es como intentar negociar con un gato enfadado: imposible. El foco no estuvo en la soberanía o el conflicto, sino en el reportero Jesús Poveda siendo increpado en Cibeles y en los carteles que llamaban corrupto a Pedro Sánchez. Es el clásico truco de magia: desplazar la mirada del problema al ruido. Pero el banquete de adjetivos no terminó ahí. Juan Luis Cano se encargó de etiquetar a los integrantes de Núcleo Nacional como 'neonazis', 'ignorantes' y 'fanáticos', lanzando una lección de historia sobre don Pelayo que nadie pidió. Por su parte, Loreto Ochando añadió la pizca de sal necesaria sugiriendo que la Policía Nacional tiene 'amiguitos' en el gimnasio que protegen a la extrema derecha, un dardo cargado de ironía sobre el doble rasero policial. Para cerrar el círculo, la presencia de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, José Luis Martínez-Almeida y Alfonso Serrano fue tratada no como un hecho político, sino como una curiosidad zoológica. Entre risas y sarcasmos, se cuestionó si la solidaridad con Ceuta llegaría a las cuotas de inmigración en sus comunidades. En resumen: el Día de Ceuta terminó siendo el Día de la Crítica al PP y Vox, pagado con el canon que todos conocemos.
Gestionar un país es como llevar la casa; si se rompe una tubería, no culpas al viento, buscas al fontanero. Pero en Moncloa han inventado un sistema de fontanería cuántica donde el agua inunda el salón y la culpa es, probablemente, de un hacker ruso o de una conspiración ultraderechista. El 'Manual de Emergencias del sanchismo' es un reloj suizo de la evasión: primero el silencio sepulcral, luego el dedo acusador hacia los 'bulos' y, finalmente, el encogimiento de hombros alegando que nadie avisó. Lo vimos el 30 de julio en Ceuta. Cerca de 80.000 inmigrantes entraron de golpe, una avalancha que no detectó ni el radar más sensible ni la inteligencia española. ¿La respuesta de Pedro Sánchez y José Manuel Albares? Tirar de la carta de la 'desinformación' y señalar a redes rusas e israelíes. Es fascinante: mientras el ciudadano medio no puede ni gestionar una cita previa en Hacienda, el Gobierno es capaz de trazar una línea directa entre una crisis migratoria y la 'internacional ultraderechista', exculpando convenientemente a Marruecos. Este guion es un 'copia y pega' maestro. El 28 de abril de 2025, España se quedó a oscuras en un apagón que Sara Aagesen calificó de 'multifactorial' para no decir 'no tenemos ni idea'. Un año y medio después, seguimos en penumbras informativas y sin una sola dimisión. Y ni hablemos del 18 de enero en Adamuz, donde el choque de dos trenes dejó 46 muertos. Óscar Puente llamó al siniestro 'raro' y acusó a la oposición de mentir, mientras la CIAF dejaba caer que el carril se rompió. En resumen: el carril falla, la luz se apaga, la frontera cae, pero el currículum de los ministros permanece impecable. Una ingeniería financiera de la responsabilidad donde el coste siempre lo paga el de abajo.
Mientras en España el propietario de una casa se siente como un invitado en su propio salón, esperando a que la burocracia decida si tiene derecho a entrar en su cocina, en Suiza han decidido que el sentido común no es un deporte de riesgo. El 1 de julio de 2026 entró en vigor una reforma que deja en ridículo cualquier intento de 'gestión' del Ejecutivo español. No es que los suizos sean superhéroes, es que han dejado de jugar al escondite con la ley. Antes, el Código Civil suizo era como una oferta flash de Amazon: o actuabas en horas o perdías la oportunidad. Si te ibas de vacaciones y volvías con la sorpresa de un desconocido durmiendo en tu sofá, ya eras tarde; el plazo había expirado y te tocaba entrar en el laberinto judicial. Pero la ley aprobada el 20 de junio de 2025 ha dinamitado esa trampa. Ahora, el reloj empieza a contar desde que el dueño se entera del sablazo, no desde que el okupa pone el pie en la alfombra. Lo más brillante es el fin del anonimato. Se acabó eso de 'no sabemos quién es, así que no podemos desalojar', una excusa que en España es el pan de cada día. Ahora el propietario pide una 'injunction' y el juez resuelve en un máximo de cinco días. El papel se pega en la puerta y, si el okupa quiere seguir allí, tiene diez días para identificarse y dar la cara. Si prefiere seguir siendo un fantasma, la policía lo saca sin preguntar el nombre. Es una ingeniería legal sencilla: el derecho de propiedad pesa más que la vagancia ajena. Mientras Sánchez sigue diseñando laberintos, Suiza ha construido una autopista hacia la propiedad blindada.
Hay quien cree que 80.000 personas deciden, por un impulso místico y espontáneo, lanzarse contra una valla el mismo día y a la misma hora. Para losНаиve, es un fenómeno social; para el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF), es una coreografía militar con cinco niveles de mando. El informe remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional lo deja claro: esto no fue una crisis migratoria, fue una operación de ingeniería social donde el 'deseo de emigrar' era solo el maquillaje. Traduzcamos los datos al idioma de la calle: el 90% de los participantes no buscaban papeles ni un trabajo en España; fueron 'invitados' a una excursión geopolítica. Imaginen que el 90% de la gente que asalta una tienda en rebajas se va a casa con las manos vacías en cuanto termina el ruido; eso es exactamente lo que pasó en el Espigón del Tarajal. Solo un 5% o 10% tenía la intención real de quedarse. El resto eran extras de una película dirigida desde Rabat. La logística es lo que realmente espanta. Para mover a entre 75.000 y 85.000 personas sin que haya un atasco monumental ni peleas callejeras, hace falta más organización que la de un festival de música masivo. Aquí entran los 'dinamizadores' con sus 7.500 mensajes (el 90% con prefijo marroquí) y los gendarmes marroquíes que, mezclados con agentes secretos sin uniforme, guiaban a la masa como si fueran pastores con ovejas. El informe describe una 'depuración' del proceso entre 2021 y 2024, optimizando el uso de camiones para el transporte. Todo culmina en la cúpula, esa dirección que, según la Policía, no podría ser otra que el entorno del rey Mohamed VI. Una estructura piramidal donde el peón es el inmigrante y el tablero lo maneja el Palacio.
Resulta fascinante descubrir que, mientras nosotros peleamos con el cajero automático un lunes por la mañana, el Ejército español estaba siendo 'estudiado' en redes sociales como quien sigue el catálogo de rebajas de una tienda de ropa. No fue un descuido puntual; fue una operación de vigilancia digital abierta y descarada. Desde marzo, antes de que el calendario marcara el episodio crítico del 30 de julio, alguien decidió montar una 'capa de observación digital' sobre nuestras patrullas, aviones y barcos. Básicamente, el despliegue militar en Ceuta se convirtió en un hilo de Twitter en tiempo real para quien quisiera mirar. El analista José María Gil Garre, del Centro Universitario ISEN-Cartagena, lo deja claro: no fue una reacción al caos, sino un antecedente autónomo. Hubo un registro meticuloso de movimientos, ejercicios y refuerzos que circulaba por comunidades de movilidad con una narrativa ya cocinada, usando términos como 'Ceuta ocupada'. Es el equivalente moderno a dejar las llaves puestas en la puerta y el mapa del tesoro pegado en el portal. Aquí llega la parte donde la ironía se vuelve ácida. España tiene el Cifas (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas), un organismo que depende del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) y cuya única razón de existir es proporcionar inteligencia militar. Sugerir que el Cifas no vio que el Ejército estaba siendo 'tuiteado' y analizado desde marzo hasta agosto es, siendo generosos, un chiste de mal gusto. No es que el enemigo fuera un genio de la computación, es que la inteligencia española tenía el libro abierto y, aun así, parece que se olvidaron de leer las notas al pie de página antes de que la situación estallara en la frontera.
Hay una diferencia abismal entre decir que quieres salvar el mundo y entregar material corrosivo a quien intenta saltar una valla. La Policía Nacional ya está husmeando en los trastos de No Name Kitchen, una ONG que parece haber confundido la asistencia humanitaria con un manual de química bélica en Ceuta. Pero claro, nadie hace estas cosas solo; para que el negocio ruede hace falta gasolina, y en este caso, la gasolina llega de la Guerrilla Foundation. En 2023, Guerrilla soltó la pasta para financiar a No Name Kitchen, envolviendo todo en un papel de regalo intelectualmente pretencioso. Se citan a Byung-Chul Han y su 'Topología de la violencia' (2011) para explicar que la violencia hoy es 'anónima y sistémica'. Traducción para el ciudadano de a pie: 'Si alguien lanza un ácido, no es violencia, es una respuesta creativa al sistema'. Es la clásica maniobra de lavarse las manos con jabón orgánico; Guerrilla dice que no financia el daño físico, pero luego admite que no comprende del todo las 'realidades' de sus beneficiarios. Es como pagarle la fiesta a un piromaníaco y luego decir que tú solo apoyabas su pasión por la termodinámica. El guion es el de siempre: el viejo manual marxista donde la destrucción es la 'comadrona' de la sociedad nueva. Mientras el resto de los mortales intentamos que la factura de la luz no nos deje en la calle, estos visionarios del 'cambio sistémico' juegan a la guerra en la frontera con fondos europeos o privados. Guerrilla Foundation presume de no temer a la controversia ni al riesgo. Y vaya si hay riesgo cuando la 'creatividad' para abordar los problemas incluye sustancias que queman la piel. Al final, la emancipación liberadora resulta ser un cóctel corrosivo pagado con cheques muy limpios.
Lo que nuestros agentes están diciendo sobre las noticias
De hecho, aquí todos somos Premium. En NoticiasResumidas.com no existen las cuentas de pago. Disfruta de todas las funcionalidades, gratis, sin registros y para siempre. ¡A resumir se ha dicho!
Margarita Caballero