Crítica:
La noticia es un ejercicio de transparencia forzada. El contraste entre la urgencia judicial y la laxitud del Ministerio de Defensa es evidente, aunque el texto original es demasiado respetuoso con la 'censura' administrativa.
La juez exige todos los informes del CNI sobre la invasión
CNI y tachones: el juego sucio
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CNI y tachones: el juego sucio
Hay una forma muy elegante de decir 'no te cuento nada' y es enviar documentos al juzgado que parecen un examen de primaria corregido por un profesor con mala leche: tachones por todas partes. La juez María Tardón ha tenido que dar un golpe sobre la mesa este martes porque el Ministerio de Defensa, bajo el mando de Margarita Robles, ha jugado al juego de las sombras con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La jugada es clásica. El CNI envía informes, pero cuando la magistrada abre el sobre, se encuentra con que la información fundamental ha sido 'editada'. Es como si te pasaran la factura del gas pero borraran el precio final y el consumo; te dicen que el gasto existe, pero no cuánto ni quién lo ha autorizado. La juez quiere saber quién recibió las alertas, a qué hora exacta y qué hicieron con ellas. Pero claro, en los papeles oficiales, las notas estratégicas fueron enviadas a «las autoridades» o «los organismos correspondientes». Esa vaguedad es el refugio favorito de quien no quiere dejar huellas digitales en el barro. Lo más surrealista es que el CNI solo identifica al jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta y a un contacto de la unidad UCE-3 de la Guardia Civil, pero el nombre de este último es un secreto de Estado. ¿Desde cuándo un funcionario es un agente 007 invisible para la Audiencia Nacional? Mientras Margarita Robles se acomoda en el segundo puesto de la lista socialista por Madrid para el 29 de noviembre, el juzgado se queda con una documentación que fuentes jurídicas tildan de «muy decepcionante». Básicamente, Defensa ha entregado el diario de lo que pasó después de la tormenta, pero ha escondido el pronóstico del tiempo que avisaba que iba a llover. Una ingeniería de la opacidad que intenta convertir una investigación penal en un juego de adivinanzas.
Sareb: Lujo para pocos, ruinas para todos
El Gobierno nos vendió un sueño de alquileres asequibles que, al despertar, tiene el sabor amargo de una estafa inmobiliaria con sello oficial. En julio de 2025, Pedro Sánchez prometió traspasar más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos de Sareb a la nueva entidad Casa 47. Parecía el plan maestro para salvar a los jóvenes del alquiler infernal. Pero, un año y medio después, la aritmética del poder es cruel: solo han soltado 638 pisos. Un ridículo 1,5% de la promesa original. Lo verdaderamente cínico no es el número, sino la calidad del producto. Mientras que para el alquiler público han seleccionado el 'catálogo de pesadillas' —pisos okupados o en estado ruinoso—, las joyas de la corona se quedan en el escaparate del lujo. El Ministerio de Economía, bajo el mando de Carlos Cuerpo, prefiere jugar a los Monopoly con el dinero público. A través de Árqura Homes y Aelca, el Ejecutivo sigue comercializando más de 50 promociones de obra nueva con precios que oscilan entre el medio millón y el millón de euros. Es la lógica del mercado aplicada a la ética: los pisos con piscina y jardín se venden al mejor postor para intentar recuperar los 50.700 millones de euros de deuda avalados en 2012. Mientras tanto, el Gobierno paga primas a fondos como Blackstone e Hipoges para desokupar los inmuebles que sí se atreven a ceder. Básicamente, usan el dinero de todos para premiar a los fondos buitre por limpiar los pisos que luego nos venderán como 'asequibles'. Una ingeniería financiera donde el ciudadano es el único que no cobra comisión y el que termina pagando el pato, o mejor dicho, la hipoteca imposible.
Sánchez en La Revuelta: éxito de élites
Hacer que el país se siente a ver al Presidente del Gobierno durante una hora y 45 minutos sin que nadie cambie de canal es, básicamente, un milagro moderno. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' y no solo sobrevivió a David Broncano, sino que convirtió la pantalla en un imán. Hablamos de 4.387.000 espectadores de media y un 33,9% de share. Para que nos entendamos: es como si en un bar de barrio, de cada tres personas, dos estuvieran mirando la tele y una estuviera intentando entender cómo el Presidente terminó hablando de su vida sexual con Begoña Gómez. Lo fascinante no es el número, sino el 'quién'. Mientras el Gobierno suele hablarle a quien ya está convencido, aquí el target fue un despliegue de contradictiones. El programa fue un éxito rotundo entre los adultos jóvenes de 25 a 44 años (51,1% de share) y los chavales de 13 a 24 (48,7%). Incluso los niños de 4 a 12 años se quedaron pegados con un 31,5%. Es el equivalente televisivo a que el profesor más serio del instituto se ponga a bailar TikTok para que los alumnos no se duerman en clase. Pero el dato que realmente hace ruido es la cartera. La entrevista fue un imán para la clase alta, con un 42,4% de share, dejando atrás a la clase media (32,9%) y la baja (22,4%). Resulta curioso que quienes más sufren el sablazo de la inflación sean los que menos sintonizaron el 'show'. Geográficamente, Madrid lideró la fiesta con un 43,2%, seguida del País Vasco (41,7%) y la Comunidad Valenciana (40%), mientras que Canarias (21,1%) y Andalucía (27,5%) miraron el espectáculo con mucha más distancia. La curva de audiencia fue un ascenso vertical: empezó en un 24,1% y terminó en un 40,2%, alcanzando el pico máximo a las 23:44 con un 40,4%. El Presidente no fue a dar un discurso; fue a hacer marketing de guerrilla en horario prime.
Sánchez en La Revuelta: sexo y esquivas
Hay una forma muy elegante de esquivar el barro: envolverse en un abrazo de amiguismo televisivo. Pedro Sánchez aterrizó en 'La Revuelta' no para rendir cuentas, sino para hacer un casting de 'tipo nearest' en la televisión pública. Mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la hipoteca, el presidente se paseaba por el plató con un pin de 'Perro Sanxe', transformando la gestión del Estado en un sketch de comedia donde el guion estaba más cerrado que un banco un domingo. Las cifras son modestas para quien busca verdad, pero gloriosas para quien busca marketing: el programa arrancó con un 24,1% de share y terminó rozando el 40%, convirtiéndose en la emisión no deportiva más vista del año. Un éxito rotundo. El problema es que el precio de esa audiencia fue el silencio. David Broncano, luciendo la bandera de España como quien se pone una corbata, sirvió de escudo humano. El tono distendido fue la cortina de humo perfecta para que los asuntos espinosos —ese patrimonio que genera más dudas que un examen de cálculo o los casos de corrupción que orbitan su entorno— se fueran por el sumidero. En lugar de hablar de política real, tuvimos que soportar confesiones sobre su vida íntima y la relación con Begoña Gómez. El clímax del surrealismo llegó cuando el candidato del PSOE para el 29-N decidió que el país necesitaba saber que él y su esposa mantienen una 'vida sexual activa y sana'. Un dato tan útil para la economía nacional como un cenicero en una moto. Mientras tanto, en el programa de Federico, la audiencia no perdonó el despliegue, comparando al jefe del Ejecutivo con Nerón: alguien que sonríe y hace chistes mientras el imperio, o al menos la coherencia institucional, arde en llamas.
Sánchez en La Revuelta: ¿Audiencia o milagro?
Hay milagros que no se explican con la fe, sino con la aritmética, y el último ha ocurrido en La 1. David Broncano, que venía arrastrando los pies con una audiencia de 1.223.000 espectadores y un share del 10,1% —quedándose corto incluso frente a las tentaciones de Telecinco—, ha pegado un salto cuántico. El jueves, con Pedro Sánchez en el sofá, La Revuelta se despertó con 4.387.000 seguidores y un 33,9% de cuota. Un crecimiento del 258% que hace que cualquier fondo de inversión de Wall Street parezca un ahorro infantil en una hucha de barro. ¿De dónde han salido 3.164.000 espectadores nuevos de la noche a la mañana? Es el misterio del siglo. Mientras El Hormiguero y Horizonte seguían en su ritmo habitual, como quien va al súper a comprar el pan, la audiencia de Sánchez ha dinamitado todos los récords. Ha superado incluso el bote histórico de Rosa Rodríguez en Pasapalabra (3.696.000), que era el evento social del año. Es como si, de repente, todo el país hubiera decidido que ver al presidente era más urgente que pagar la hipoteca. Lo más surrealista ocurre en Madrid. En la tierra de Ayuso, la cuota subió al 43,2%, casi 10 puntos por encima de la media nacional. Un fenómeno paranormal que desafía la lógica política. Para rematar el cuadro, la entrevista duró 45 minutos más de lo habitual; normalmente, alargar un programa es la receta perfecta para que la gente cambie de canal, pero aquí el share subió del 24% al 40% al final de la noche. En el mundo real, esto sería como que una película aburrida se hiciera más popular a medida que se acerca el final. Entre los rumores de pasillo sobre el sistema de medición y el historial de 'creatividad' estadística del CIS de Tezanos, los números de Sánchez parecen más una obra de ficción que un dato de audiencia.
Sueldos públicos: más gasto, menos poder compra
Hacer las cuentas con el Estado es como intentar llenar un cubo agujereado: parece que echas agua, pero el nivel nunca sube. El Gobierno nos vende una subida del 4,5 % para el año que viene como si fuera un premio de lotería, pero la realidad es que el funcionario medio lleva desde 2018 jugando al juego de la supervivencia. Entre diciembre de 2018 y septiembre de este año, el IPC ha pegado un salto del 27,7 %, mientras que los sueldos base solo han subido un 20,7 %. En lenguaje de calle: el carrito de la compra ha crecido más rápido que la nómina. Si miramos las tablas, el grupo A1 ha pasado de 15.216 a 18.359 euros para 2026. Suena a mejora, pero es un espejismo. Para que un A1 con nivel 26 no sintiera que le están desplumando, sus 30.586,30 euros previstos para 2026 deberían ser, en realidad, unos 32.371 euros. Hay un agujero de 1.785 euros anuales que se ha evaporado en el aire de la inflación. Lo verdaderamente surrealista ocurre cuando miramos la caja registradora del Estado. Mientras el funcionario se queja de que el café le sale más caro, la IGAE revela que el gasto en personal ha pasado de 127.668 millones en 2018 a 181.494 millones en 2025. Un sablazo de 53.826 millones de euros adicionales. ¿Dónde está el truco? No todo es sueldo; es que la maquinaria administrativa ha engordado plantillas sin freno. Para rematar la faena, el INE nos recuerda que, pese a los lamentos, el funcionario sigue viviendo en otra liga. El salario medio en la Administración pasó de 29.824 a 37.518 euros (2018-2024), mientras el trabajador medio del país apenas llegó a los 29.540 euros. Al final, la brecha se ha ensanchado en 2.163 euros. El funcionario pierde poder adquisitivo, sí, pero lo pierde desde un pedestal mucho más alto que el resto de los mortales.
IA en Países Bajos: 25.000 despidos
El Gobierno de Países Bajos ha decidido que el futuro de la administración pública no tiene espacio para tantos humanos, pero sí para muchos algoritmos. Bajo la batuta de Rob Jetten, el Ejecutivo ha lanzado un plan de 'optimización' que suena a manual de consultoría barata: 25.000 funcionarios a la calle para el año 2035. El objetivo es un ahorro de 3.500 millones de euros, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un juego de niños mientras el Estado decide que el software es más rentable que el sueldo de un empleado. La hoja de ruta es agresiva. Quieren recortar 900 millones de euros ya en 2027. Eric van den Burg, el secretario de Estado para una Administración Eficaz, lo vende como la búsqueda de un gobierno 'más sencillo', aunque en lenguaje de calle esto significa que si tu trámite antes dependía de un funcionario con mal humor, ahora dependerá de un código que no sabe lo que es la empatía. Lo más curioso es el blindaje: la policía y la defensa se salvan. Al parecer, la IA puede redactar un informe o gestionar un impuesto, pero todavía no sabe poner esposas ni disparar un cañón. Para redondear el sablazo, el plan incluye una Ley de Simplificación que promete eliminar 500 regulaciones anuales. Menos burocracia, dicen, mientras cierran edificios 'innecesarios' porque un servidor en la nube ocupa menos que una oficina con calefacción. También barren con los comités asesores y órganos consultivos, esos ecosistemas de expertos que, según el Gobierno, solo generan 'trabajo innecesario'. Al final, la receta es clara: menos personas pensando y más máquinas procesando, todo para que la cuenta corriente del Estado deje de sangrar.
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