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Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la gestión de los raíles. Mientras en casa el 2026 se ha convertido en un año negro con dos accidentes ferroviarios mortales que dejan una estela de más de 100 fallecidos, el Gobierno de Pedro Sánchez ha jugado a ser el banquero generoso del mundo. No es que falte dinero, es que el mapa de prioridades parece dibujado con los ojos vendados. Desde el despacho se decidió que era más urgente que el tranvía de Casablanca brillara que evitar que nuestros propios trenes se conviertan en ataúdes de acero. El 12 de abril de 2019, el Ejecutivo firmó un cheque de 190 millones de euros para el régimen de Mohamed VI. Según Reyes Maroto, el Ministerio de Industria de entonces, era una jugada 'estratégica' para que las empresas españolas pudieran entrar en el negocio del material rodante. Básicamente, hemos financiado la infraestructura del vecino para que nuestros contratistas puedan cobrar la factura. Un negocio redondo, siempre que no vivas en una línea ferroviaria española con mantenimiento precario. Pero la generosidad no se detuvo en el Magreb. Uzbekistán también recibió su parte del botín: 57,4 millones de euros para comprar trenes Talgo-250 y repuestos. Todo salió del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM). En total, 247 millones de euros que volaron hacia el exterior mientras aquí el sistema cruje. Ahora, tras la tragedia de Adamuz y el horror de este miércoles con 68 muertos más, el presidente Sánchez descubre que 'no es asumible' tener dos accidentes en un año y promete 'reforzar la inversión'. Es el clásico movimiento de quien se da cuenta de que el techo gotea justo después de haber pagado la reforma del jardín del vecino.
Hay quien usa el Museo Reina Sofía para contemplar el arte y quien lo usa como set de rodaje para su propio 'spot' publicitario. Pedro Sánchez, con el 'Guernica' de fondo y un aura de místico incomprendido, decidió que la mejor forma de presumir de sus principios 'sin dobles raseros' era apropiándose de un lienzo nacional mientras el resto de los mortales hacemos cola para entrar. La Junta Electoral Central (JEC) no ha comprado el numerito y le ha abierto un nuevo expediente sancionador este jueves, recordándole que el artículo 50.2 de la LOREG no es una sugerencia, sino una prohibición de usar logros de gestión en precampaña. El Partido Popular, que tiene el radar de las infracciones más afilado que un cuchillo de cocina, denunció que el presidente aprovechó su 'pase VIP' institucional para grabar el vídeo sin público, saltándose el deber de neutralidad. Es la segunda vez que Sánchez se mete en líos en esta precampaña; la primera fue el 15 de octubre, tras pedir una 'mayoría más rotunda' el día 6 en la Moncloa. Si miramos el historial, el presidente ya lleva un 'currículum' de multas que suman 6.600 euros. Para alguien que maneja el presupuesto del Estado, 500 euros por una entrevista en 2020 o 2.200 euros por sus declaraciones en Bruselas en 2023 son como el coste de un café en una terraza turística: insignificantes. A esto se suma el expediente por defender a Salvador Illa en Cataluña y los dardos en Extremadura. Y para cerrar el combo, la ministra Elma Saiz también ha caído en el saco de la JEC por llamar 'especialista en hacer agujeros' a Feijóo el pasado día 20. Al final, parece que en Moncloa confunden la neutralidad institucional con una recomendación opcional.
Hay una coreografía muy estudiada en la política actual: el 'momento de respeto'. Irene Montero ha decidido ejecutarla en X, pidiendo solemnidad por las víctimas del accidente ferroviario y lanzando un dardo contra los 'carroñeros' que señalan al trabajador. Según la candidata de Podemos, no es momento de bulos, sino de mirar el fallo del sistema y la liberalización del negocio. Muy noble el discurso, pero en la calle la memoria no funciona con el botón de borrar y el recibo de la hipocresía ha llegado antes que el tuit. La red, que no tiene la cortesía de olvidar, le ha recordado que el respeto es un concepto elástico. Mientras Montero pide silencio ahora, cientos de usuarios le han sacado la factura del caso Maricarmen, acusándola de usar la muerte de una anciana desahuciada como combustible electoral. Es la clásica paradoja del político: el dolor es una herramienta sagrada cuando sirve para el programa, pero es un terreno intocable cuando la culpa puede salpicar al Gobierno de coalición que ella misma ha sostenido. El contraste es brutal. Por un lado, la petición de no cargarle el muerto a un maquinista; por otro, la indignación por la filtración de audios sesgados para culpar a un solo hombre de la tragedia de 68 víctimas. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el mantenimiento de las vías se convierte en un agujero contable mientras se priorizan otras inversiones, el mensaje de Montero suena a intentar tapar el sol con un dedo. Si la culpa fuera de una empresa privada, probablemente estaríamos oyendo gritos de 'responsabilidades criminales' e indemnizaciones multimillonarias. Pero como el sistema falla desde arriba, el discurso se vuelve seda. Al final, politizar el dolor es el deporte nacional, solo que algunos juegan con el árbitro comprado.
Hay quien organiza su agenda con Google Calendar y hay quien, como José Luis Ábalos y Koldo García, la organiza repartiendo obras públicas como quien reparte cromos en el patio del colegio. El informe 96/2025 de la UCO, con fecha de junio de 2025, nos regala una joya sonora: una grabación del 9 de abril de 2019 donde la 'seguridad ferroviaria' no era una cuestión de frenos o vías, sino de quién se llevaba la tajada. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, estos señores gestionaban 14 presupuestos de ADIF con la naturalidad de quien pide una pizza. El guion es digno de una comedia negra. Koldo, haciendo de puente y recaudador, le sujeta la mano a Ábalos para explicarle que el día 26 se aprueban esas 14 obras. Pero ojo, que no todo es azar. Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF y posterior Secretaria de Estado de Transportes, ya había hecho el cribado: había 5 obras 'especiales' que debían caer en el saco de Acciona, Sacyr o Ferrovial. Porque claro, eran 'muy importantes' y no podían 'quedar mal'. Traducción callejera: el reparto estaba cerrado antes de que el BOE siquiera supiera que existía la licitación. La ingeniería financiera es fascinante. No buscaban la mejor oferta para el Estado, sino el mejor porcentaje para la trama. Cohecho, tráfico de influencias y organización criminal son las etiquetas judiciales, pero en la calle lo llamamos 'amaño de manual'. El informe de la Guardia Civil deja claro que la seguridad de los trenes fue el envoltorio perfecto para una búsqueda sistemática de comisiones, convirtiendo la administración pública en un buffet libre para unos pocos elegidos mientras la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo intentan ahora pasar la factura.
En el Instituto Armado, la etiqueta de 'lealtad' parece haberse convertido en un juego de sillas musicales donde nadie quiere sentarse en la silla que quema. La UCO, esa unidad que suele ser el terror de los delincuentes, se encuentra ahora en el banquillo, tratando de explicarle al juez Santiago Pedraz que no son los 'filtradores' que la cúpula quiere pintar. El Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, intentó venderle al juez una historia donde la UCO desmentía autónomamente las fugas de información. Spoiler: la UCO dice que eso es un cuento chino y que tales conversaciones sencillamente no existen. La trama tiene el aroma clásico de las purgas corporativas. Entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025, se abrieron tres informaciones reservadas contra agentes de la unidad. ¿El motivo? Unas filtraciones que molestaban mucho en Moncloa. Primero, el correo de Begoña Gómez en el 'caso David Sánchez'. El coronel López Malo ya había avisado al DAO, con una nota de despacho más detallada que una factura de Hacienda, que la UCO no tenía nada que ver. ¿La respuesta de Llamas? Un WhatsApp gélido ordenando abrir un expediente. Luego vino mayo de 2025, con los chats de Pedro Sánchez y José Luis Ábalos filtrados desde los dispositivos de Koldo García. Aquí la hipocresía alcanza niveles estratosféricos: el DAO abrió la investigación el día 12, sabiendo desde el día 10 que la filtración no venía de la UCO. Es la ingeniería del miedo aplicada al uniforme. Según la Fiscalía Anticorrupción y Pedraz, estas expedientaciones no eran búsqueda de la verdad, sino un sablazo disciplinario para que los agentes 'se pusieran de perfil'. Básicamente, que dejaran de mirar donde el sol no brilla en los casos que cercan al Gobierno. Una orden directa de 'no encontrar nada' que suena más a guion de mafia que a protocolo policial.
El Ministerio del Interior ha descubierto que el agua moja y que las boyas, esas piezas de plástico que flotan con la misma convicción con la que un político promete bajar los impuestos, son 'fáciles de sortear'. Resulta fascinante que el Gobierno haya montado un teatro de flotadores para cumplir el capricho jurídico del Tribunal Supremo —que exigía una barrera física para permitir las devoluciones rápidas—, olvidando que el mar no es un pasillo de oficina. La paradoja es deliciosa: mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Estado ha diseñado una frontera con un 'agujero contable' de seguridad justo en el espigón de la playa del Tarajal. Por ese hueco, a finales de julio, entraron unas 80.000 personas en una crisis que dejó en evidencia que el dispositivo era más un adorno que una muralla. Es como poner una cerradura de alta seguridad en la puerta principal pero dejar la ventana del salón abierta de par en par. Para solucionar este 'descuido técnico', el plan es tirar la casa por la ventana. Primero, una extensión de 15 metros con malla 'antitrepa' y luego un dique vertical de 100 metros. El sablazo total del espigón asciende a 7 millones de euros, a los que hay que sumar otros 2 millones para una red de contención sumergida que sustituya a los flotadores que, para colmo, se pincharon en septiembre como si fueran globos de fiesta barata. Tres meses después del caos de los días 30 y 31 de julio, Juan Vivas, presidente de Ceuta, sigue esperando que las obras arranquen. Mientras tanto, el Interior se conforma con decir que la barrera cumple su función legal, aunque sea un colador. Al final, lo importante no es que la frontera sea infranqueable, sino que el papel diga que hay una valla, aunque sea de plástico y tenga pinchazos.
En el despacho del Ministerio, los números cuadran con una elegancia quirúrgica; en el campo cordobés, la realidad es un barro pegajoso que no deja avanzar. El Gobierno de Pedro Sánchez nos vendió la regularización de 1,17 millones de inmigrantes como la panacea para que el aceite no se quedara pudriendo en la rama. Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, lo dejó claro: hacían falta manos. Pero resulta que los papeles no quitan el frío ni el sol abrasador de las pendientes andaluzas. Mientras el Estado presume de una ingeniería administrativa masiva, Francisco Moreno, secretario general de la UPA en Córdoba, nos cuenta que la situación es, sencillamente, preocupante. El kilo de aceite baila entre los 3,2 y 3,3 euros, una cifra que, para el agricultor, es como intentar pagar la hipoteca con monedas de un céntimo. La producción nacional, que se estimaba en 1,6 millones de toneladas para esta campaña, probablemente se quede corta debido a que el cielo se ha olvidado de llover y el termómetro no da tregua. La paradoja es deliciosa: hay millones de personas regularizadas, pero nadie quiere doblar el lomo en el olivar. El trabajo es penoso y la gente prefiere cualquier cosa antes que la intemperie. Para que alguien acepte el jornal, hay que subir la apuesta: mientras el convenio marca unos 50 euros, en Córdoba hay que soltar entre 60 y 70 euros por ocho horas para que alguien se asome al campo. La UPA ha tenido que improvisar su propio sistema de supervivencia, trayendo a 30 trabajadores bajo protección internacional este año, frente a los 10 del anterior. En resumen: el Gobierno puso los sellos, pero el campo sigue vacío y el bolsillo del agricultor, agujereado.
En el tablero geopolítico, hay quienes juegan al ajedrez y quienes prefieren el 'estilo callejero': empujar la masa y mirar desde la barrera con gafas de sol. La Policía Nacional acaba de entregarle a la juez María Tardón un vídeo de siete minutos y medio que es, básicamente, el 'detrás de las cámaras' de un asalto planificado. No estamos hablando de un arrebato espontáneo de desesperación, sino de una coreografía montada con precisión quirúrgica los días 30 y 31 de julio en Ceuta. Mientras el ciudadano medio lucha por entender por qué sube la luz, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha detectado que el cruce tuvo sus propios 'directores de escena'. El informe es demoledor en su frialdad: 34 fichas de presuntos agentes marroquíes. Diez iban con el uniforme puesto, haciendo el trabajo sucio, pero los otros 24 eran los 'dinamizadores', esos tipos de paisano que se mueven a contracorriente de la masa, señalando rutas como quien indica dónde está el mejor puesto de tapas, pero con la diferencia de que aquí el objetivo era colapsar una frontera. El CENIF estima que entre 75.000 y 85.000 personas fueron movilizadas en dos días. Para que nos entendamos: es como intentar meter el estadio Santiago Bernabéu entero por una puerta estrecha, y alguien, muy convenientemente, estaba coordinando el tráfico. Lo más cínico es ver a estos infiltrados dando órdenes a los antidisturbios de la Gendarmería, demostrando que la jerarquía estaba clara mientras los inmigrantes ponían el cuerpo. Ahora la Audiencia Nacional intenta ponerles nombre y apellidos a estas sombras que monitorizaban la operación. Queda claro que esto no fue un fallo del sistema, sino el sistema funcionando exactamente como alguien quería.
Hay quienes juegan al Tetris con los muebles del salón y quienes lo hacen con la seguridad de miles de pasajeros. En Renfe, la última partida fue especialmente creativa. El 14 de octubre, mientras el país miraba hacia las elecciones adelantadas del 5 de octubre, la cúpula decidió que la seguridad ferroviaria era un accesorio más que podía colgarse del despacho del presidente. Así nació la Dirección de la Oficina del Presidente, con Elena Aróstegui al mando, convirtiendo la seguridad técnica en un trámite de gabinete. Una maniobra de ingeniería organizativa que, en lenguaje de calle, es como cambiar al electricista certificado por el primo del dueño justo antes de que estalle el cuadro eléctrico. El resultado llegó rápido y con un coste humano devastador: el choque en Urda, Toledo, donde un tren de Renfe embistió por detrás a uno de Iryo, dejando un saldo de 68 muertos. Un desastre que ocurre días después de que Álvaro Fernández Heredia —el hombre de confianza de Óscar Puente desde sus tiempos en Auvasa, Valladolid— decidiera que los 'martes del susto' eran el momento ideal para mover piezas en el organigrama. Heredia, que aterrizó en la presidencia el 14 de enero de 2025 tras pasar por el Ministerio de Transportes, ya arrastra el fantasma de Adamuz (Córdoba), donde el 18 de enero murieron 46 personas por una soldadura que se rompió un día antes. Entre nombramientos como los de Francisco Javier Rubio, Antonio Moraga y Mónica Fernández, la seguridad pasó a ser una cuestión de sintonía política y personal. Mientras el ciudadano medio reza para que el cajero no le cobre comisión, en Renfe se gestionaba la prevención ferroviaria como si fuera una agenda de contactos. Una reestructuración que priorizó la lealtad del círculo de Puente sobre la robustez de las vías.
Hay quien piensa que la Policía Nacional es una extensión del departamento de marketing del Gobierno, pero los mandos han decidido que ya basta de hacer el paripé. El Sindicato Profesional de la Policía (SPP), con Daniel López Gutiérrez al mando, ha soltado la bomba en Ceuta: el Ministerio del Interior está aplicando un 'hostigamiento sistemático' a quienes se atreven a escribir la verdad en los informes, especialmente en los casos Plus Ultra y Ceuta. Porque claro, en los despachos de Madrid el café sabe mejor cuando la realidad no molesta, pero en la calle la cosa es distinta. El quid de la cuestión es la hipocresía. Mientras el ministro Grande-Marlaska jugaba al gato y al ratón con una carta preguntando si existía o no un informe que señalaba a Marruecos en la avalancha de El Tarajal, la UDEF y el CNIF estaban intentando desentrañar el rescate de la aerolínea Plus Ultra y las sombras que rodean a José Luis Zapatero. Es como si el jefe te pidiera que ignores que la cocina se está quemando mientras él firma un comunicado diciendo que el edificio es ignífugo. La paradoja es sangrante. En Bruselas venden un discurso de control y normalidad, pero en la frontera de Ceuta los agentes gestionan el caos con los bolsillos vacíos y el respaldo jurídico en números rojos. El pasado lunes, en la Audiencia Nacional, dos mandos policiales tuvieron que explicar durante dos horas y media cómo sobrevivieron a la improvisación de Interior mientras los gendarmes marroquíes miraban la escena como quien ve una serie de Netflix, sin mover un dedo. El CNIF ha sido tajante: hubo hasta 30 agentes marroquíes infiltrados coordinando la entrada de 100.000 inmigrantes. Pero gestionar una frontera estratégica con 'parches' y declaraciones amables es como intentar tapar el sol con un colador. La policía no quiere más cuentos; quiere medios, ley y que el Gobierno deje de tratar la seguridad nacional como un problema de relaciones públicas.
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Xavier Domínguez