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La Puerta del Sol ha dejado de ser el lugar donde los turistas se hacen fotos con el Oso y el Madroño para convertirse en un experimento social donde, según JUPOL, la radicalización ha pasado de ser un rumor a una realidad tangible. El 9 de octubre, Laura García soltó la bomba en el programa Horizonte de Cuatro: la acampada ya no es solo gente con pancartas, sino un caldo de cultivo donde conviven simpatizantes de Hamás, amantes de la okupación y la Coordinadora Juvenil Socialista —esa escisión del Movimiento Socialista con aroma a izquierda abertzale— que, según el reportaje de Rebeca Crespo, no temen pedir que se 'incendien las calles'. Pero lo verdaderamente surrealista no es quién acampa, sino cómo se gestiona el tablero. Mientras el ciudadano de a pie intenta cruzar la plaza sin que le salpique el conflicto, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) parecen estar jugando a la ruleta rusa operativa. Según García, la Delegación del Gobierno ha dejado a los antidisturbios 'vendidos'. Imaginen que intentan cocinar una cena familiar pero no saben si tienen gas, si hay sartenes o si la cocina está ardiendo; así trabajan los agentes: a ciegas, sin instrucciones operativas y sin planificación. La hipocresía es deliciosa: en los despachos se habla de derechos fundamentales, pero en el asfalto, el mensaje que llega a los violentos es que pueden hacer lo que quieran. Marlaska, desde su atril, parece haber olvidado que la seguridad no es un concepto abstracto que se gestiona con PowerPoints, sino un derecho que se defiende con órdenes de servicio claras. Al final, entre la falta de mando y el envalentonamiento de los radicales, los policías de la UIP se han convertido en el escudo humano de una gestión política que prefiere mirar hacia otro lado mientras la plaza se calienta.
Hacer campaña es un arte, pero hacerla con el bolsillo ajeno es una maestría. Pedro Sánchez ha decidido jugar la última carta antes del 29-N con una precisión de cirujano electoral: un 'aguinaldo' exprés para 12,5 millones de votantes. No es generosidad, es ingeniería financiera aplicada al voto. Por un lado, Yolanda Díaz acelera la maquinaria para adelantar la subida del SMI cuatro meses, saltándose la costumbre de febrero para que el trabajador sienta el billete en la mano justo antes de marcar la papeleta. Un movimiento que deja a la CEOE y Cepyme pagando el pato, mientras el SMI presume de un 66% de subida desde 2018, dejando en ridículo el 23% del incremento salarial medio. Por otro lado, tenemos el festín de las pensiones. Gracias a la ley de José Luis Escrivá, que indexa las pagas al IPC, Moncloa no tiene que inventar nada; solo tiene que esperar a que el INE suelte el dato el 27 de noviembre. Dos días antes de las urnas, 9,54 millones de jubilados sabrán que su nómina sube, probablemente un 3,5% debido a una inflación que en septiembre alcanzó el 4,9%, la más alta en 45 meses. Es el truco perfecto: el Gobierno se cuelga la medalla, pero la factura de más de 7.000 millones de euros la paga una Seguridad Social que ya arrastraba un agujero de 7.387 millones al cierre de 2025. Al final, la cuenta es sencilla. Mientras el ciudadano medio ve que la lista de la compra es un deporte de riesgo, el Estado utiliza el dinero público como un imán de votos. El resultado es una subida lineal donde quien cobra la máxima se acerca a los 3.500 euros, y el coste lo asumimos todos en la factura final de la deuda pública.
Hay que tener courage, o quizás una capacidad de gimnasia mental digna de un circo romano. La UGT, bajo el mando de Pepe Álvarez, ha decidido que el próximo 11 de noviembre es el día ideal para que el país se detenga en una huelga general. El motivo: salarios dignos para que el trabajador no tenga que vivir en una caja de zapatos. Un discurso impecable, redondo y muy cómodo, siempre y cuando no mires hacia la calle Hortaleza 88, en pleno corazón de Chueca. Mientras el sindicato se llena la boca hablando de la crisis habitacional y se abraza al Sindicato de Inquilinas para coordinar la movilización, su antigua sede —un convento del siglo XVII— se está transformando en un hotel de lujo. No cualquier hotel, sino un establecimiento de la cadena Pulitzer Hoteles con 42 habitaciones donde el precio medio por noche rondará los 600 euros. Para que nos entendamos: una sola noche en ese hotel cuesta más que el alquiler mensual de muchos de los trabajadores que la UGT invita a hacer huelga. Es el clásico 'haz lo que yo digo, pero no mires mi cartera'. La ironía alcanza niveles estratosféricos si recordamos que en 2022 el edificio fue ocupado por grupos de ultraizquierda precisamente para denunciar este 'pelotazo'. En aquel entonces, la policía identificó a 25 personas que gritaban contra la especulación. Hoy, el sindicato ha decidido que la mejor forma de gestionar su patrimonio no es crear vivienda social, sino firmar un contrato de larga duración donde una hotelera internacional se gasta 10 millones de euros en reformas mientras la UGT cobra el alquiler sin mover un dedo. Una ingeniería financiera brillante que deja el discurso social en el cajón y pone el beneficio inmobiliario en el escaparate, justo a tiempo para las elecciones del 29 de noviembre.
Hay una diferencia abismal entre el despacho climatizado de Moncloa y el salitre que se come la cara en la frontera de Ceuta. Mientras Pedro Sánchez repartía felicitaciones por la 'humanidad' de los agentes, la realidad en el terreno olía a improvisación y a agua estancada. El escenario es surrealista: el Tribunal Supremo, el pasado 8 de julio, decidió cerrar el grifo de las devoluciones en caliente, y tres semanas después, la frontera se convirtió en una puerta giratoria sin llave. No fue una entrada, fue un tsunami. Más de 80.000 personas cruzaron en menos de 48 horas. Para que nos entendamos, es como si intentaras vaciar un estadio de fútbol usando una cuchara de postre mientras tu jefe te dice que lo estás haciendo con mucha sensibilidad. Los guardias civiles, que según el artículo 104 de la Constitución deben garantizar la seguridad, pasaron de ser agentes de ley a ser socorristas improvisados y, finalmente, recolectores de cadáveres. Sacaron un centenar de cuerpos que Marruecos, con la elegancia de quien ignora una factura vencida, se negó a reconocer, obligando a enterrarlos en el cementerio Sidi Embarek a partir del 21 de agosto. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva gritando que amplíen los espigones del Tarajal y Benzú desde el 6 de febrero de 2014, cuando 14 personas se ahogaron en un salto de 200. Pero en el lenguaje de la administración, 'pedir ayuda' es un deporte invisible. Ni siquiera la entrada de 10.000 personas en mayo de 2021 sirvió para mover un solo saco de cemento. Rachid Sbihi, con 30 años de servicio, lo resume con una ironía amarga: el Gobierno puso una 'boya ridícula' donde hacían falta muros. Ahora, 10.000 personas deambulan por las calles mientras los agentes se quedan con la medalla de la 'humanidad' y el vacío de no haber tenido órdenes concretas.
Hay promesas que tienen la fecha de caducidad de un yogur dejado al sol. En 2022, el PSOE se puso la capa de superhéroe feminista y anunció que aboliría la prostitución con una solemnidad que ya quisiera un cardenal. Pero claro, entre la teoría del despacho y la realidad del asfalto hay un abismo. La cruzada abolicionista se ha desinflado como un globo pinchado, dejando el camino libre para que el escándalo sea el único protagonista. Porque mientras el Gobierno hablaba de salvar mujeres, la realidad se filtraba por las grietas: el caso Mediador con Tito Berni, los audios de José Luis Ábalos y Koldo García, y esas saunas del suegro de Pedro Sánchez que parecen sacadas de una novela de espionaje barata. Como bien soltó Cayetana Álvarez de Toledo, pasamos de la ley utópica a ser el Gobierno que 'le puso un piso a una puta en la Plaza de España'. El desplome fue lento pero seguro. Primero intentaron colar el abolicionismo en la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero en 2022, pero el injerto fue rechazado por el cuerpo parlamentario y casi tumba la ley entera. Luego presentaron su propia norma en junio de 2022, que murió por inanición al acabar la legislatura. Y para rematar el cuadro, en 2024, bajo el mando de Ana Redondo, ni siquiera lograron que el Congreso aceptara tramitarla. Hasta Sumar, que suele ir en el mismo barco, decidió saltar por la borda y votar en contra. Mientras los políticos juegan al Monopoly con la vida ajena, las trabajadoras sexuales viven en un limbo jurídico que es un auténtico laberinto. Sin reconocimiento laboral, quedan a merced de ordenanzas municipales de civismo que funcionan como una máquina de hacer multas. Luna Wine pone el ejemplo: una mujer con 6.000 euros en sanciones por 'uso intensivo de la vía pública'. Básicamente, el Estado no sabe si eres una trabajadora, una delincuente o un mueble urbano, pero sabe cobrarte la factura.
Hay una lógica muy sencilla en el barrio: si el portero del edificio solo le pide el DNI al vecino que llega con una maleta vieja y no al que baja de un Tesla, es obvio que el primero acabará teniendo más 'incidentes' registrados. Pues bien, Fernando Grande-Marlaska y su mano derecha, Francisco Pardo Piqueras, han decidido que los futuros subinspectores de la Policía Nacional aprendan esta joya de la sociología en la Universidad Pública de Salamanca. El manual de instrucciones para los mandos policiales es fascinante. Básicamente, les explican que detener a más inmigrantes es el resultado de un 'control desproporcionadamente más intenso'. Es la teoría del 'profiling' elevada a dogma: si etiquetas a alguien como delincuente en potencia y lo vigilas más que a tu propia cartera en un concierto, lógicamente lo pillarás más veces. Es como decir que en una casa donde solo revisas la habitación del hijo menor, es donde más calcetines sucios vas a encontrar. El texto no se corta y lanza el dardo: en 2013, la población extranjera encarcelada en España superaba el 35%, una cifra que el manual atribuye a que la policía es la 'puerta de entrada al sistema penal' y no necesariamente a una tendencia criminal. Para rematar el cuadro, el manual juega al juego de la patata caliente y culpa a la Unión Europea de imponer una política 'punitivista' y un 'Derecho penal del enemigo', mientras el legislador nacional, según el texto, se apunta al toro y hasta añade rigurosidad extra a las normas, como ocurre con la definición de organización criminal. Mientras el ciudadano de a pie siente que la seguridad es un lujo, en las aulas de Salamanca se enseña que las estadísticas de detenciones son, en realidad, un espejismo provocado por mirar más a unos que a otros. Una ingeniería conceptual brillante para justificar que los datos de la Policía Vasca, donde dos tercios de las detenciones en delitos principales son extranjeros, sean solo el resultado de un 'círculo vicioso'.
En el manual de supervivencia política, el primer paso es llamar 'percepción' a lo que el ciudadano ve por la ventana. Pero hay un momento en que el maquillaje se derrite, y en Ceuta ese momento ha llegado. Mientras algunos despachos en Madrid juegan al Tetris con la realidad, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha soltado una bomba de datos que no admite interpretaciones poéticas. No es una sensación térmica; es un incendio. Empecemos por los números, que son los que no mienten aunque los políticos lo intenten. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río Fernández, ha soltado que las infracciones penales subieron un 60% en agosto y septiembre comparado con el año pasado. Si queremos ser más precisos, el 8 de septiembre se habló de un incremento del 75% en la actividad penal desde aquel caos de los días 30 y 31 de julio. Es como si, de repente, la ciudad hubiera decidido cambiar el civismo por el código penal en tiempo récord. El 112, que debería ser un servicio de emergencias y no una central de crisis permanente, ha pasado de 93 a 1.357 avisos por agresiones en seis semanas. Los allanamientos de morada han saltado de 16 a 837. Es un salto cuantitativo que deja en ridículo cualquier discurso de 'inseguridad subjetiva'. Para rematar, el Consejo General del Poder Judicial tiene 37 diligencias abiertas por agresión sexual. ¿Y quién paga el pato? Los guardias civiles, que llevan dos meses encadenando turnos sin vacaciones, trabajando en una Comandancia que ya tenía cien plazas vacías antes de que llegara la tormenta. Diego Madrazo, de la AUGC, lo tiene claro: no se puede sostener la frontera de la UE con el agotamiento de los mismos de siempre. Mientras Fernando Grande-Marlaska gestiona el calendario, los agentes viven en la misma ciudad donde trabajan, sin descanso y con dietas que parecen un chiste de mal gusto. Una gestión que llegó tarde y que, ahora, prefiere mirar hacia otro lado.
Hay una danza macabra en el Congreso que ya huele a naftalina y cinismo. En el centro, el caso de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que pasó siete décadas en su casa del Retiro para terminar sus días en la intemperie. En la periferia, el juego de sillas entre Isabel Rodríguez y Isabel Díaz Ayuso, donde el dolor de una anciana es el combustible perfecto para el marketing político. La ministra de Vivienda, cómodamente instalada en su sillón azul, decidió que era el momento ideal para señalar con el dedo a Ayuso y sus áticos, olvidando convenientemente que, según Alicia del Río y el Sindicato de Inquilinas, el Gobierno tenía un dossier sobre la mesa desde octubre de 2025. Un dossier. Papeles que, en la administración, suelen tener la misma utilidad que un cenicero en una moto si no hay voluntad política. Mientras la ministra pedía condenas morales, el Sindicato le recordaba que ignorar un real decreto para paralizar el desahucio es, básicamente, dejar que la maquinaria rentista haga su trabajo. Es la clásica ingeniería del 'yo no fui'. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el alquiler se come la mitad de su nómina, este espectáculo es agotador. Mientras el Gobierno juega al tenis con la responsabilidad, Maricarmen desaparecía del mapa. La ironía es fina: el PSOE acusa a la Comunidad de Madrid de inacción, pero el Sindicato de Inquilinas les grita en la cara que el Ministerio no contestó ni una sola de las soluciones propuestas. Al final, el dinero público fluye hacia los áticos y las ferias inmobiliarias, mientras que para Maricarmen solo hubo tiempo para un dossier que cogió polvo durante un año. Un balance contable donde la dignidad humana sale en números rojos.
Votar desde el extranjero en España siempre ha sido un deporte de riesgo, una carrera de obstáculos digna de un programa de televisión donde, si te olvidas de una fotocopia o firmas un milímetro fuera del recuadro, tu voluntad democrática acaba en la papelera. Ahora, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha decidido que tanta burocracia es 'demasiado'. Proponen eliminar la fotocopia del DNI y la firma en el voto en urna, requisitos que hoy son el verdugo de miles de papeletas. La jugada es sencilla: quieren 'mejorar la participación'. Es curioso que el informe se redactara en 2025, justo cuando la Ley de Nietos estaba engrosando el censo con descendientes de exiliados. Claro que el Supremo puso el freno de mano a los efectos electorales, y el Ejecutivo salió al paso diciendo que la participación exterior es tan baja (menos del 10%) que no movería ni un escaño. Pero, mientras el Gobierno restaba importancia al asunto en público, sus organismos trabajaban en el sótano para aceitar la maquinaria. Actualmente, enviar un voto por correo es como montar un mueble de IKEA sin instrucciones: necesitas el sobre a la Junta Electoral Provincial, la papeleta, el certificado de censo firmado y la fotocopia del DNI, todo enviado cinco días antes. Un error y adiós. El CGCEE admite que dos tercios de los electores siguen usando el correo y solo un tercio va a la urna, a pesar de que algunas oficinas ya pasan de pedir la fotocopia por debajo de la mesa. Lo que buscan ahora es que esa 'flexibilidad' sea la norma en toda la red consular. Menos papeleo, más votos. La aritmética del poder no perdona.
Hay una mística casi religiosa en la capacidad de algunos políticos para mirar al abismo y no pestañear. Laura Borràs, la ex presidenta del Parlament que acaba de cumplir 56 años, es la maestra de esta disciplina. Mientras el ciudadano medio suda tinta para cuadrar la hipoteca, Borràs nos regala una lección de 'empoderamiento financiero': comprar un Jaguar XF de 45.900 euros para su marido, Xavier Botet, y defenderlo con la altivez de quien no ha roto un plato, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diga lo contrario. La aritmética del poder es fascinante. Por un lado, tenemos la 'ingeniería administrativa' en la Institució de les Lletres Catalanes que le costó una condena; por otro, un indulto parcial en julio de 2026 que le redujo la pena a dos años y le permitió esquivar la cárcel el pasado 6 de octubre, siempre y cuando se siente 25 horas en un curso de prevención de la corrupción. Es el trato perfecto: un curso intensivo de 'cómo no hacer lo que ya hice' para seguir disfrutando de la vida. En su declaración de bienes de 2021, la transparencia era un ejercicio de minimalismo selectivo. Un piso en Barcelona comprado a medias en 1996 (valor catastral de 201.000 euros), unos 15.000 euros en cuentas y 50.000 en planes de pensiones. Todo muy correcto, excepto ese Jaguar que brilla más que cualquier ética pública. Borràs sostiene que fue fruto de su 'esfuerzo', mientras conduce un Toyota Yaris para mantener la fachada de humildad. Es la clásica maniobra de quien tiene el coche de lujo en el garaje pero sale a hacer la compra en el utilitario para no levantar sospechas. Una coreografía perfecta entre la ópera, el punk de su marido y el arte de no pedir perdón por nada.
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Xavier Domínguez