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Hay quien dice que el amor es ciego, pero en el entorno de la Moncloa parece que el amor tiene una vista privilegiada para los negocios. Mientras el juez Juan Carlos Peinado prepara el escenario para un juicio oral con jurado, la trama se engrosa con un detalle delicioso: Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez procesada por malversación, tiene un marido que sabe exactamente dónde aprieta el zapato de la burocracia. David Arevalillo de la Torre, socio director de A&A Estudio Jurídico, ha hecho de la 'Ley de Nietos' su gallina de los huevos de oro, vendiendo la posibilidad de saltarse las colas de unos consulados que, según él, están más desbordados que una terraza en agosto. El negocio es sencillo: vender el 'sueño español' a clientes latinoamericanos y sefardíes, prometiendo agilizar trámites que, sin su ayuda, podrían tardar décadas. Es el clásico 'yo te llevo de la mano', una frase que suena muy tierna hasta que recuerdas que Cristina Álvarez está señalada como cooperadora necesaria en un presunto agujero contable relacionado con un software para pymes en la Complutense. Resulta fascinante que la Presidencia del Gobierno pagara el sueldo de una asistente que, según la investigación, no hacía labores protocolarias, sino que era el apoyo logístico permanente de la actividad profesional de Begoña Gómez. Un favor entre amigas, dicen, aunque el favor haya costado dinero público y ahora acarree una petición de seis años de cárcel para la asesora y trece para la mujer del presidente. Lo más irónico es el 'timing'. Mientras el Tribunal Supremo suspende el voto de 163.020 nacionalizados por esta vía para las elecciones del 29 de noviembre, el despacho de Arevalillo, tras ser consultado, ha decidido borrar sus redes sociales. Un truco de magia digital digno de un experto: cuando el foco se pone sobre la ingeniería financiera y los vínculos familiares, lo más prudente es hacer desaparecer la evidencia. Así es la danza del poder: unos gestionan la cátedra, otros los pasaportes y nosotros, los de siempre, pagamos la fiesta.
Hay una lógica perversa en la gestión de lo público que roza el surrealismo. Mientras el ciudadano medio recicla el bote de yogur para no tirar dinero, Adif y el ministro Óscar Puente parecen haber decidido que la mejor forma de gestionar 35.000 traviesas de hormigón es mandarlas al desguace. Sí, han leído bien: material en perfecto estado, fabricado entre 2018 y 2023, que en lugar de salvar la economía de una zona herida, acabará como escombro. Es como tirar un coche nuevo porque te has comprado uno con asientos de cuero, ignorando que tu vecino no tiene ni para el autobús. La plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata ha destapado este agujero de sentido común. Estas piezas son la llave para reabrir el tramo Astorga-La Bañeza como ramal de mercancías, la única tabla de salvación para reindustrializar el centro de la provincia tras el cierre de la azucarera. El plan es sencillo: trasladar el material a los 50.000 metros cuadrados de terreno en Astorga-San Andrés. Pero no. Adif prefiere la 'sustitución total', una ingeniería financiera que huele a derroche mientras se ignora el mandato de siete ayuntamientos y la Diputación. Lo más sangrante es que el proyecto es viable, no requiere expropiaciones ni evaluaciones ambientales infinitas y costaría unos 25 millones de euros. Un chiste comparado con las inversiones faraónicas que suelen volar en Madrid. Ya se hizo en el ramal de Villadangos y funcionó. Pero parece que en León, la estrategia oficial del Gobierno socialista es el desprecio. Destruir infraestructura pública útil no es un error logístico; es un bofetón directo a la cara de Riego de la Vega y Valderrey, disfrazado de modernización ferroviaria.
Hay una coreografía muy estudiada en los pasillos del poder: primero sueltas la bomba, luego pides perdón con cara de circunstancias y, finalmente, te vas discretamente cuando el calendario electoral te dice que ya no eres útil. Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, acaba de completar el ciclo. Este domingo ha presentado su dimisión, aunque llamémoslo por su nombre: ha sido el clásico 'estás fuera de la lista', el equivalente político a que te quiten el mando de la tele en tu propia casa. Quedarse fuera de las listas del PSOE para el 29 de noviembre es la señal definitiva de que el tiempo de los experimentos ha terminado. Martín aterrizó en marzo de 2023 con el viento a favor, pero solo tardó tres meses en dinamitar su propia estabilidad. El 15 de junio de 2023, mientras desayunaba tranquilamente en el Nueva Economía Fórum, decidió que era el momento de soltar el zapato. En un despliegue de sinceridad brutal —o de suicidio táctico—, aseguró que EH Bildu y ERC, esos 'supuestos enemigos de España', habían hecho más por el país que los 'patrioteros de pulsera'. Una frase que en la calle suena a desafío de bar, pero que en la Delegación del Gobierno es como tirar un petardo en una gasolinera. El argumento era sencillo: los votos de Bildu salvaron vidas en la pandemia y subieron las pensiones. Para Martín, la derecha no remaba; solo llevaba pulseras. Claro que, cuando Isabel Díaz Ayuso y el PP empezaron a pedir su cabeza, el delegado recordó que no se había expresado 'adecuadamente' y pidió disculpas a EFE. Un parche rápido para un agujero enorme. Al final, el balance es un mandato corto, una polémica eterna y una salida forzosa porque, en política, la lealtad se paga con listas, y la suya ya no tiene espacio.
Estados Unidos ha decidido jugar al Monopoly con el mapa del Sáhara Occidental y, esta vez, quiere quedarse con todas las propiedades. En un movimiento que huele a pragmatismo frío, Washington ha lanzado un borrador al Consejo de Seguridad de la ONU donde básicamente dice que el plan de autonomía de Marruecos no es una opción, sino la única vía. Es como si en una comunidad de vecinos, el presidente decidiera que la única forma de arreglar el tejado es pagando la factura que él mismo ha redactado, sin dejar espacio a réplicas. La jugada es maestra en su cinismo: proponen rebautizar la Minurso. Quieren borrar la palabra 'Referéndum' del nombre de la misión para convertirla en Minuso (Misión para una Solución Política). Borrar la palabra es, en lenguaje diplomático, borrar el derecho a votar. Es el equivalente a cambiar el nombre de una cuenta de ahorro por 'fondo de esperanza' justo cuando el banco decide que no te va a devolver el dinero. El calendario aprieta. El 30 de octubre es la fecha límite para renovar el mandato, y EE.UU., que lleva la pluma de la resolución, sabe que solo necesita nueve votos y que ninguno de los cinco permanentes —Rusia, China, Francia, Reino Unido y ellos mismos— pulse el botón del veto. Mientras tanto, el Frente Polisario, a través de Sidi M. Omar, ha respondido con la única moneda que le queda: la amenaza de abandonar el proceso de paz. Desde 1991 esperamos un referéndum que tiene más polvo que un desván antiguo. Ahora, mientras António Guterres y Staffan de Mistura piden 'negociar de buena fe', Washington parece haber decidido que la 'buena fe' es aceptar que Rabat tiene la sartén por el mango. Una solución política que, para muchos, es simplemente un cambio de etiqueta para una realidad ya impuesta.
Hay quien dice que la soledad es un camino hacia la iluminación, pero en la política europea, quedarse solo suele ser el síntoma de un delirio caro. Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el último romántico de la electrificación forzosa, convirtiéndose en el único presidente de la UE que sigue insistiendo en enterrar los motores de combustión para 2035. Mientras el resto de Europa empieza a despertar de la hipnosis verde, Sánchez se empeña en mantener un calendario que, en la práctica, es como intentar correr un maratón con zapatos de plomo mientras China ya va en jet privado. El presidente español no se ha limitado a asentir en las cumbres; ha llegado a enviar dos cartas a Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, presionando para que el coche eléctrico sea la única ley. Es un gesto curioso, casi tierno, si no fuera porque esa postura le sirve en bandeja de plata a los intereses chinos, que llevan diez años sacándonos ventaja en el negocio de las baterías. Es como si el dueño de una panadería insistiera en prohibir el horno para que todos compren el pan congelado que importa el vecino de enfrente. La trama da un giro de guion digno de serie B en septiembre. Francia, que hasta entonces era el cómplice ideal de Sánchez, ha soltado la mano del presidente español para abrazar la tesis de Alemania. El eje franco-alemán ha comprendido que prohibir los híbridos y los combustibles renovables —que ya bajan el CO2 un 90%— es un suicidio industrial. Ahora, mientras Bruselas prepara la marcha atrás oficial, España se queda en el rincón, defendiendo un 'error histórico' que pone en jaque a nuestras propias fábricas de automoción, que necesitan tiempo y oxígeno, no decretos apresurados que favorecen al gigante asiático.
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de desenfreno: da vértigo. El Ministerio de Igualdad, ahora bajo el mando de Ana Redondo, se mueve en la liga de los 500 millones de euros anuales. Para que nos entendamos, es como si el Estado decidiera pagarle la hipoteca a medio barrio durante décadas sin pestañear. Aunque la cifra ha bajado desde los 573 millones que manejaba Irene Montero en 2023, el presupuesto para 2026 se planta en 511,5 millones, mientras que en 2025 se gastaron 482,3 millones, rozando el 96% de ejecución. La narrativa oficial es que el dinero 'vuela' hacia las comunidades autónomas (un 74% del total), principalmente para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se lleva 320 millones. Es la partida sagrada. De ahí, 160 millones van directos a programas de lucha contra la violencia machista y otros 179,8 millones se reparten según los criterios de la Comisión Sectorial. Incluso hay 17 millones de fondos europeos para centros de crisis 24 horas. Luego llega la 'Igualdad de oportunidades', un saco de 232 millones para cerrar brechas laborales. Aquí destaca el Plan Corresponsables con 142,5 millones, que busca que los padres también cambien pañales. Pero donde la ironía se vuelve espesa es en el 3% restante. 14,5 millones se van en anuncios y campañas, como el vídeo de Paco León ('Por huevos'), que costó 1,6 millones de euros. Mientras tanto, la burocracia interna consume 17 millones, y la cúpula directiva se lleva un millón anual en sueldos. Ana Redondo cobra 89.275,52 euros, pero sus secretarios y directores generales superan los 100.000 euros, llegando hasta los 130.473,83 euros de la Secretaria de Estado. Una arquitectura financiera donde la sensibilidad social convive con sueldos de alta gama.
Hay coincidencias que parecen escritas por un guionista de comedias negras. Ángel Víctor Torres llega a ministro y, tres días después, el 23 de noviembre de 2023, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional decide que la limpieza de La Mareta —la joya de la corona en Lanzarote— debe quedar en manos de Capross 2004 SL. No es cualquier empresa; es la fundada por Sebastián Franquis, secretario general del PSOE de Gran Canaria, y ahora regentada por sus sobrinos. Un timing tan preciso que hace que el reloj de mi cocina parezca un instrumento impreciso. El contrato se cerró en 115.732,92 euros, una cifra que para el ciudadano medio suena a fortuna, pero que palidece frente al valor estimado del contrato: 16,9 millones de euros. Es como si te vendieran un coche usado diciendo que el valor del concesionario es millonario para justificar el precio del aceite. Mientras nosotros miramos la cuenta corriente antes de comprar el jamón, Capross 2004 SL ha sabido navegar las aguas del sector público con una destreza envidiable. Entre 2018 y 2023, cuando Torres presidía Canarias, la empresa acumuló 162 contratos públicos. Un ritmo frenético: pasaron de 24 adjudicaciones en 2018 a 39 en 2021. El resultado de esta 'dinámica laboral' fue sencillo: triplicar sus propiedades inmobiliarias en 2021 con la compra de dos locales en Las Palmas. La ingeniería financiera no se detiene. María Dolores Menéndez Company, gerente de Patrimonio Nacional, ha firmado prórrogas que extienden este idilio hasta el 2 de enero de 2027. Entre limpiezas en centros de salud por 9,3 millones, el Cabildo de Tenerife por 1,9 millones y la Agencia Tributaria por 1,6 millones, la familia Franquis ha convertido la limpieza en un arte del crecimiento patrimonial. Todo muy legal, probablemente, pero con un aroma a fragancia institucional que marea.
En España hemos perfeccionado el arte de la 'independencia creativa'. Mientras que para una empresa que cotiza en Bolsa la Ley de Sociedades de Capital exige que al menos un tercio de sus consejeros sean independientes —y la CNMV sugiere que lleguen a la mitad para que el negocio no parezca una cena familiar—, en las empresas públicas no cotizadas la cosa cambia. Aquí, la OCDE ha soltado untoInforme que básicamente dice que los estándares de independencia son, en la práctica, un mito urbano. Es el clásico truco del almendruco: si cotizas, te pones el traje de la transparencia; si no, el consejo de administración se convierte en el salón de juegos de quien firma el cheque público. Mientras Corea del Sur, Rumanía o Ucrania se han tomado la molestia de legislar para que sus empresas estatales no sean simples extensiones del despacho del ministro, en España preferimos el 'estilo flexible'. La hipocresía alcanza su cénit con la SEPI. Según el informe Dedómetro de la Fundación Hay Derecho, que analizó 35 nombramientos entre 2004 y 2026 en joyas como Telefónica, Indra, Redeia o Talgo, el mérito es una variable secundaria. El proceso de selección es tan opaco que parece una tómbola de barrio, priorizando perfiles con un currículum que huele a despacho público y favores políticos más que a gestión empresarial. Al final, el 45% de los países examinados por la OCDE prohíbe que los políticos se sienten en esos consejos para evitar que el dinero público se gestione como una caja de caudales partidista. Nosotros, en cambio, seguimos jugando al dominó con los consejeros dominicales, asegurándonos de que la 'autonomía' sea solo una palabra bonita en un PDF que nadie lee mientras se reparten los asientos.
Gestionar el censo electoral en este país es, básicamente, como intentar organizar una boda masiva usando servilletas usadas y un teléfono fijo que no funciona. A cinco semanas del 29 de noviembre, la Oficina del Censo Electoral (OCE) ha soltado la bomba: no tienen ni idea de quién es quién en la 'ley de nietos'. El Tribunal Supremo les pidió limpiar la lista de los nacionalizados afectados por las cautelares del 10 de septiembre, y la respuesta del INE es un 'no sé, pregúntale a Albares'. Es la clásica maniobra de pasar la pelota cuando el marrón es demasiado grande. Mientras el ciudadano medio se pelea con la máquina del cajero, el Estado admite que no sabe por qué procedimiento entró cada elector en el CERA. Tenemos un agujero de información monumental: Carolina de Manueles ya había contabilizado 369.017 nacionalidades concedidas (con 168.896 en el anexo I y 195.872 en el III, por citar algunos), pero esa cifra es humo si no sabes quién de ellos puede votar. Es como tener la lista de invitados de la fiesta pero no saber quién ha pagado la entrada y quién se ha colado por la cocina. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando el INE admite que el CERA creció en 408.262 electores entre julio de 2023 y julio de 2026, llegando a los 2.736.522 inscritos, y decidió que no hacía falta avisar a la Junta Electoral porque 'estaba justificado'. Claro, estaba justificado, pero no saben identificarlos. Para rematar la faena, la Policía Nacional ha tenido que aclarar que el miDNI es un adorno informativo si no se lee el QR; es decir, que hemos estado jugando al 'simulacro de identidad' con la democracia. Entre 476.153 cartas devueltas y 3.569 duplicados, el sistema no es un censo, es una lotería donde el premio es la incertidumbre jurídica.
Hay una diferencia abismal entre el tiempo del reloj y el tiempo de la Administración. Para las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, han pasado dos años; para los despachos, parece que el calendario se ha quedado congelado en una eterna pausa para el café. Mientras 233 personas fueron borradas del mapa, la justicia avanza a paso de tortuga con artritis, dejando a los afectados en lo que ellas mismas llaman la 'casilla de salida'. Es el clásico truco del poder: sustituir la reparación por la burocracia. Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Elisabeth González, las voces que llevan el peso de tres asociaciones de víctimas, no compran el cuento del 'aprendizaje'. Para ellas, que el Gobierno ahora aplique los protocolos no es una lección aprendida, sino simplemente dejar de hacer el ridículo. Es como si después de quemar la casa por dejar el gas abierto, el dueño presumiera de haber descubierto cómo cerrar la llave. No es evolución, es que el 24 de octubre de 2024 decidieron ignorar el manual de instrucciones y el precio lo pagaron otros. El trauma se ha vuelto un invitado permanente. Cada vez que el cielo se nubla, el estómago se revuelve y el insomnio vuelve a cobrar alquiler. La Generalitat ofreció una ayuda psicológica que fue más un parche que una cura, obligando a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Sanidad a sacar las USMES para hacer el trabajo sucio. Mientras tanto, la sombra de Carlos Mazón planea sobre el tablero, con la posibilidad de blindarse como senador para esquivar el viento de la justicia. Al final, piden que los expertos manden y los políticos se quiten de en medio, porque gestionar alertas no puede ser una cuestión de marketing electoral ni de aforamientos estratégicos.
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Xavier Domínguez