Crítica:
El texto original es demasiado complaciente con el lenguaje técnico. Se limita a exponer la falta de independencia sin cuestionar el beneficio político detrás de este vacío legal.
La OCDE cuestiona la independencia de los consejos de las empresas públicas españolas
Empresas públicas: el club del amigo
Otros artículos
La Mareta: limpieza familiar con aroma PSOE
Hay coincidencias que parecen escritas por un guionista de comedias negras. Ángel Víctor Torres llega a ministro y, tres días después, el 23 de noviembre de 2023, el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional decide que la limpieza de La Mareta —la joya de la corona en Lanzarote— debe quedar en manos de Capross 2004 SL. No es cualquier empresa; es la fundada por Sebastián Franquis, secretario general del PSOE de Gran Canaria, y ahora regentada por sus sobrinos. Un timing tan preciso que hace que el reloj de mi cocina parezca un instrumento impreciso. El contrato se cerró en 115.732,92 euros, una cifra que para el ciudadano medio suena a fortuna, pero que palidece frente al valor estimado del contrato: 16,9 millones de euros. Es como si te vendieran un coche usado diciendo que el valor del concesionario es millonario para justificar el precio del aceite. Mientras nosotros miramos la cuenta corriente antes de comprar el jamón, Capross 2004 SL ha sabido navegar las aguas del sector público con una destreza envidiable. Entre 2018 y 2023, cuando Torres presidía Canarias, la empresa acumuló 162 contratos públicos. Un ritmo frenético: pasaron de 24 adjudicaciones en 2018 a 39 en 2021. El resultado de esta 'dinámica laboral' fue sencillo: triplicar sus propiedades inmobiliarias en 2021 con la compra de dos locales en Las Palmas. La ingeniería financiera no se detiene. María Dolores Menéndez Company, gerente de Patrimonio Nacional, ha firmado prórrogas que extienden este idilio hasta el 2 de enero de 2027. Entre limpiezas en centros de salud por 9,3 millones, el Cabildo de Tenerife por 1,9 millones y la Agencia Tributaria por 1,6 millones, la familia Franquis ha convertido la limpieza en un arte del crecimiento patrimonial. Todo muy legal, probablemente, pero con un aroma a fragancia institucional que marea.
Censo electoral: un colador con voto
Gestionar el censo electoral en este país es, básicamente, como intentar organizar una boda masiva usando servilletas usadas y un teléfono fijo que no funciona. A cinco semanas del 29 de noviembre, la Oficina del Censo Electoral (OCE) ha soltado la bomba: no tienen ni idea de quién es quién en la 'ley de nietos'. El Tribunal Supremo les pidió limpiar la lista de los nacionalizados afectados por las cautelares del 10 de septiembre, y la respuesta del INE es un 'no sé, pregúntale a Albares'. Es la clásica maniobra de pasar la pelota cuando el marrón es demasiado grande. Mientras el ciudadano medio se pelea con la máquina del cajero, el Estado admite que no sabe por qué procedimiento entró cada elector en el CERA. Tenemos un agujero de información monumental: Carolina de Manueles ya había contabilizado 369.017 nacionalidades concedidas (con 168.896 en el anexo I y 195.872 en el III, por citar algunos), pero esa cifra es humo si no sabes quién de ellos puede votar. Es como tener la lista de invitados de la fiesta pero no saber quién ha pagado la entrada y quién se ha colado por la cocina. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando el INE admite que el CERA creció en 408.262 electores entre julio de 2023 y julio de 2026, llegando a los 2.736.522 inscritos, y decidió que no hacía falta avisar a la Junta Electoral porque 'estaba justificado'. Claro, estaba justificado, pero no saben identificarlos. Para rematar la faena, la Policía Nacional ha tenido que aclarar que el miDNI es un adorno informativo si no se lee el QR; es decir, que hemos estado jugando al 'simulacro de identidad' con la democracia. Entre 476.153 cartas devueltas y 3.569 duplicados, el sistema no es un censo, es una lotería donde el premio es la incertidumbre jurídica.
DANA: Dos años de olvido y blindajes
Hay una diferencia abismal entre el tiempo del reloj y el tiempo de la Administración. Para las víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, han pasado dos años; para los despachos, parece que el calendario se ha quedado congelado en una eterna pausa para el café. Mientras 233 personas fueron borradas del mapa, la justicia avanza a paso de tortuga con artritis, dejando a los afectados en lo que ellas mismas llaman la 'casilla de salida'. Es el clásico truco del poder: sustituir la reparación por la burocracia. Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Elisabeth González, las voces que llevan el peso de tres asociaciones de víctimas, no compran el cuento del 'aprendizaje'. Para ellas, que el Gobierno ahora aplique los protocolos no es una lección aprendida, sino simplemente dejar de hacer el ridículo. Es como si después de quemar la casa por dejar el gas abierto, el dueño presumiera de haber descubierto cómo cerrar la llave. No es evolución, es que el 24 de octubre de 2024 decidieron ignorar el manual de instrucciones y el precio lo pagaron otros. El trauma se ha vuelto un invitado permanente. Cada vez que el cielo se nubla, el estómago se revuelve y el insomnio vuelve a cobrar alquiler. La Generalitat ofreció una ayuda psicológica que fue más un parche que una cura, obligando a la Delegación del Gobierno y al Ministerio de Sanidad a sacar las USMES para hacer el trabajo sucio. Mientras tanto, la sombra de Carlos Mazón planea sobre el tablero, con la posibilidad de blindarse como senador para esquivar el viento de la justicia. Al final, piden que los expertos manden y los políticos se quiten de en medio, porque gestionar alertas no puede ser una cuestión de marketing electoral ni de aforamientos estratégicos.
Sánchez y el negocio familiar del placer
Hay niveles de hipocresía que ya no caben en el BOE. La plataforma Stop Abolición ha decidido soltarle la manta al presidente del Gobierno con un vídeo que es, básicamente, un 'te pillo' en toda regla. Mientras Pedro Sánchez se pone la capa de salvador feminista y lanza cuatro intentos de leyes abolicionistas en cuatro años —como aquel intento fallido de colarlo en la ley del solo sí es sí en 2022 o las iniciativas truncadas de 2024—, resulta que el negocio del placer familiar no es precisamente un secreto de estado. Las trabajadoras sexuales no se han andado con chiquitas: han visitado más de 15 locales gestionados en su día por la familia del presidente y han hablado con tres extrabajadores. El mensaje es lapidario: Sánchez sabe perfectamente que los clubes de alterne no son los campos de concentración que venden algunas diputadas del PSOE para ganar votos en los salones del feminismo moderno. Es el clásico caso de querer limpiar el mantel mientras debajo hay un banquete de ingeniería familiar que no cuadra con el discurso oficial. Para estas mujeres, el 'patológico optimismo' del Moncloa es un lujo que ellas no pueden permitirse mientras viven en un limbo laboral, sin marco legal y con el miedo metido en el cuerpo. Mientras tanto, en el Parlamento, el espectáculo sigue. Cayetana Álvarez de Toledo, que no deja pasar ni una mosca, ya ha usado el vídeo en su precampaña en Toledo para subrayar que hasta quienes están en el escalón más bajo de la escala social ven la costura del disfraz. Al final, la política se ha convertido en una lista de la compra de promesas vacías donde el coste lo pagan las que, sencillamente, no tienen un despacho con aire acondicionado.
Sánchez usa el Guernica como spot electoral
Hay quien usa el gimnasio para ponerse en forma y hay quien usa el patrimonio nacional para ponerse el traje de candidato. Pedro Sánchez ha decidido que el Museo Reina Sofía no es solo un templo del arte, sino el plató perfecto para su última producción de precampaña. El 24 de octubre de 2026, el presidente se coló en el museo para grabar un vídeo en X donde, con el Guernica de Pablo Picasso haciendo de fondo, soltó el mantra del "No a la guerra". Es la clásica jugada de quien quiere comprarse una coherencia ética usando el carrito de la compra de todos los españoles. El relato es sencillo: Sánchez presume de una diplomacia "sin dobles raseros" y de haber resistido "enormes presiones" para no recortar ni un céntimo del Estado del bienestar, rechazando subir el gasto militar al 5% del PIB. Suena muy noble, casi poético, si no fuera porque los presupuestos de Defensa y los compromisos con la OTAN cuentan una historia distinta, una donde las cifras no bailan al ritmo de su discurso. Es como decir que estás a dieta mientras te escondes un donut detrás de la espalda. La indignación no ha tardado en llegar. Miguel Tellado ya ha soltado el zasca en redes, denunciando que el 29N se acabará este "privilegio" de usar fondos públicos como si fueran el salón de su casa para inflar el ego. Mientras el ciudadano medio pide cita previa para entrar en el museo, el jefe del Ejecutivo lo convierte en su estudio de grabación privado. Al final, el Guernica, que nació para denunciar el horror, termina siendo el decorado de un spot electoral donde la única tragedia es la desfachatez de instrumentalizar el arte para ganar votos.
Cayetana destroza el 'feminismo' de Sánchez
Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a sacar el bisturí en Toledo, y esta vez no ha dejado ni un trozo de piel intacto. Con la soltura de quien pide un café mientras incendia la oficina, la candidata número dos del PP por Madrid ha traducido el 'feminismo' de Pedro Sánchez a lenguaje de calle: básicamente, un envoltorio brillante para un producto caducado. Para Cayetana, la coherencia del presidente es como el saldo de una cuenta corriente tras un fin de semana de desenfreno: inexistente. La crónica del 'sultán de la hipocresía' empezó con un sablazo familiar: Sabiniano, el suegro, y aquella sauna Adán que, según la diputada, financió pizzas y carrera política. Luego pasó al menú de 'excesos' del entorno: Tito Berni y sus orgías con cocaína en plena pandemia, y José Luis Ábalos, que según ella, usaba el dinero público para contratar 'Jésicas y Nicoletas', llegando incluso al surrealismo de pagarle un piso en la Plaza de España a una trabajadora sexual. Como si fuera un catálogo de errores, sumó a Paco Salazar, el asesor que supuestamente acosaba en Moncloa y terminó como 'premio' en Buenos Aires amañando votos. Pero el golpe final fue técnico. Cayetana recordó que la ley del 'solo sí es sí' de Irene Montero terminó siendo una puerta giratoria para 1.230 agresores sexuales, de los cuales 126 salieron a la calle. Y para rematar, mencionó las pulseras de control telemático de Ana Redondo, que resultaron ser tan útiles como un cenicero en una moto. Incluso el arte sufrió el ataque. El vídeo de Sánchez frente al Guernica fue tachado de 'uso espurio', recordándole que fue Leopoldo Calvo-Sotelo quien trajo la obra en septiembre de 1981. Para cerrar, lanzó un dardo a Emiliano García-Page, calificándolo de 'socialista con piel de cordero' y cómplice del cinismo del PSOE.
Sablazo al Gobierno por la Ley Nietos
Hay una magia muy particular en la gestión del tiempo de nuestros ministros: lo que durante meses fue un trámite relajado, se convierte en una emergencia nacional cuando el Tribunal Supremo saca la cartera. De repente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de José Manuel Albares ha descubierto que los fines de semana existen, y ha decidido que sus cónsules los pasen en la oficina. El motivo es un auto judicial que no admite más 'olvidos' y que exige la lista de los 163.020 afectados por la suspensión del voto de nacionalizados. Todo este incendio administrativo nace de la 'creatividad' de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, quien en 2022 decidió que la Ley de Nietos era más bien una sugerencia flexible para repartir pasaportes españoles como si fueran folletos de una inmobiliaria. Ahora, el Gobierno se encuentra en el aprieto de filtrar quién es descendiente de exiliados y quién entró por la puerta trasera antes de las elecciones del 29 de noviembre. La urgencia es tan real que Albares ha fulminado vacaciones y permisos, ordenando que el personal de las Embajadas se ponga el mono de trabajo. Félix Bolaños, que también está en la lista de espera del Supremo, asegura que ya dio instrucciones, pero la realidad es que solo 48 oficinas consulares han logrado avanzar en el caos. Lo más tierno de la crónica es el castigo: una multa de 1.000 euros para los ministros si no cumplen. Para alguien que gestiona presupuestos millonarios, mil euros son el precio de un almuerzo ejecutivo mal pagado, pero el Supremo amenaza con reiterar el sablazo hasta que los nombres aparezcan. Es la danza clásica del poder: ignorar el proceso hasta que el ruido judicial se vuelve insoportable.
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