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Imaginen que organizan una cena entre amigos y, a la hora de pagar, el anfitrión propone un sistema donde casi todos ponen más para que dos coman langostinos mientras el resto se conforma con una ensalada. Exactamente eso ha pasado este viernes 4 de septiembre de 2026 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Ministerio de Hacienda, con Arcadi España al timón, ha sacado adelante un nuevo modelo de financiación autonómica que tiene el apoyo de Cataluña y Canarias, y el desprecio absoluto del resto de comunidades. Arcadi España juega la carta de la nostalgia y la urgencia: dice que el modelo actual caducó hace 12 años y que llevábamos 17 sin debatir el tema. Básicamente, nos dice que el coche no anda y que su propuesta es la única pieza de recambio disponible, lanzando un dardo al Partido Popular por no presentar una alternativa. Mientras tanto, desde la Junta de Andalucía, Carolina España no se anda con rodeos y califica el plan de un privilegio exclusivo para Cataluña. Es la eterna pelea del patio del colegio, pero con miles de millones en juego. El Gobierno presume de un 'estirón' presupuestario: una aportación del Estado de casi 21.000 millones de euros adicionales. Suena a cifra astronómica, pero en la práctica es como añadirle un poco de nata a un pastel que sigue estando mal repartido. Prometen que nadie perderá recursos y que el sistema será 'más equitativo y solidario', una frase que en el lenguaje de la calle suena a 'no te preocupes, que el sablazo no será tan fuerte'. Ahora la pelota queda en el Congreso de los Diputados, donde se decidirá si este reparto a la carta se convierte en ley o si acaba en la papelera de reciclaje política.
Hay una magia contable que solo dominan los elegidos y que convierte una deuda en aire. Mientras el ciudadano medio se lleva un susto cardiaco si el banco le pasa un recibo del agua, en las altas esferas de la aviación existe el 'arte del aplazamiento'. Resulta que Plus Ultra, la aerolínea que ahora tiene a la UDEF revisando los papeles, logró colarse en el banquete de los 53 millones de euros de los fondos FASEE durante la pandemia. ¿El truco? Estar 'al corriente' sin haber pagado realmente. El juez José Luis Calama ha puesto la lupa sobre tres certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que parecen sacados de un libro de malabarismos financieros. En julio de 2017, la compañía ya debía 308.475,51 euros; un sablazo que en septiembre del mismo año se 'aplazó' para que no molestara. Luego vinieron las reconsideraciones de abril y octubre de 2020, engordando la cifra hasta los 451.954,79 euros. Para la Administración, si la deuda está fraccionada, es como si no existiera: no es vencida ni exigible. Es la diferencia entre deberle dinero al vecino y tener un plan de pagos firmado por el ayuntamiento; en el segundo caso, técnicamente, 'estás al día'. Así, la TGSS validó en agosto de 2020 que a finales de 2019 la aerolínea era una alumna ejemplar, permitiéndole acceder a la millonaria ayuda pública. Todo esto mientras el Gobierno de Pedro Sánchez y el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero orbitan en el radar de la investigación. Para rematar la jugada, la TGSS admite que antes de 2023 no guardaba un registro completo de los certificados emitidos. Una laguna administrativa que, curiosamente, siempre parece favorecer al que tiene el jet privado.
Hay una diferencia abismal entre que te avisen de que va a llover y que te digan que viene un tsunami. Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso este jueves intentando vender que el Gobierno caminaba a ciegas durante la crisis fronteriza de Ceuta, usando como escudo dos notas del CENIF de los días 28 y 29 de julio. El problema es que el Ministerio del Interior ha filtrado la nota del 28 de julio y resulta ser un papel mojado; una advertencia tan irrelevante que el propio CENIF, en el informe entregado a la Audiencia Nacional, ni siquiera se molestó en incluirla en la lista de alertas. Es como si el capitán del barco ignorara que el casco tiene una fisura del tamaño de un dedo mientras el agua ya le llega a las rodillas. La hipocresía es un deporte de élite en Moncloa. Mientras el Ejecutivo lanza una campaña de desprestigio contra el CENIF, los datos duros son implacables: hubo nueve avisos concretos entre el 8 de julio y el 4 de agosto que señalaban a Marruecos como el arquitecto de la avalancha humana. Nueve veces que el Gobierno tuvo el mapa del tesoro y decidió que era mejor jugar a las escondidas. Sánchez se agarra ahora a la nota del 29 de julio, hablando de 'riesgo potencial' e 'impacto bajo', pero el Interior se ha guardado ese documento bajo llave, probablemente porque no encaja en la narrativa de la sorpresa. Al final, intentar justificar la gestión de la frontera con una nota que el propio organismo emisor considera insignificante es como querer pagar una hipoteca con monedas de céntimo: el gesto es tierno, pero la deuda sigue ahí y la realidad es demoledora.
El Gobierno se ha despertado hoy con una sonrisa, probablemente porque han descubierto que el camino más corto hacia la 'protección social' es convertir el Estado en el principal empleador de los que no tienen empleo. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cesta de la compra, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, presume de una 'tasa de cobertura' que crece con una fuerza envidiable. Traducido al lenguaje de la calle: el 86,75% de los parados ya depende de una ayuda para no hundirse. Un récord histórico que, en lugar de alarmar, se vende en Moncloa como un trofeo de gestión. La ingeniería financiera es fascinante. En julio, 1,86 millones de personas cobraban una prestación, un 2% más que hace un año. El Estado ha soltado 2.115 millones de euros en un solo mes, con una media de 1.159 euros por persona. Para el Ejecutivo, esto es 'inversión'; para cualquier persona con sentido común, es un subsidio a la inactividad que se vuelve estructural. La hipocresía alcanza su pico cuando celebran que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegue a casi 2,7 millones de personas, sumando un total de 3,36 millones de ciudadanos que viven de prestaciones no contributivas. El desglose es un catálogo de la dependencia. Tenemos a 980.659 personas en la prestación contributiva (un 5,7% más que en 2025) y a 812.116 en subsidios. Incluso el colectivo extranjero ha subido al 12,78% del total, con 237.382 beneficiarios y un gasto de 253,16 millones de euros. El Gobierno dice que 'protege a más colectivos'. Claro, protegen la dependencia para que nadie se atreva a soltar la mano del Estado. Es la política del 'colchón eterno': mientras más gente esté cómodamente instalada en el subsidio, más fácil es presumir de cobertura social mientras el mercado laboral real sigue siendo un campo de minas.
El Gobierno ha enviado a Bruselas el Plan Nacional de Restauración de la Naturaleza, un documento que tiene la precisión de una receta de cocina escrita en un idioma que nadie habla. Mientras el agricultor promedio intenta que la cuenta bancaria no termine en números rojos, Sánchez propone 'actuaciones' sobre 1.982 kilómetros cuadrados de ecosistemas agrarios para 2030, cifra que subirá a 2.363 kilómetros cuadrados hacia 2050. Traducido al lenguaje de la calle: el Estado te dice que quiere 'mejorar el paisaje', pero no te dice si tu parcela pasará a ser un pantano o un refugio de polinizadores. La ingeniería del plan es fascinante por su vaguedad. Hablan de recuperar 65 kilómetros de ríos de flujo libre y 120 kilómetros cuadrados de llanuras aluviales eliminando presas y azudes. Para quien vive del riego, esto no es 'restauración', es un sablazo directo a la infraestructura que mantiene vivo el cultivo. El Ministerio para la Transición Ecológica presume de haber escuchado a 500 entidades y de procesar 26.543 aportaciones en la consulta de enero a marzo de 2026, pero el resultado es un mapa de incertidumbres donde los datos duros solo sirven para decorar el informe. El contraste es brutal. Por un lado, la ambición de plantar 3,5 millones de árboles y recuperar 3.241 kilómetros cuadrados de bosques para 2030; por otro, el pánico rural. Las asociaciones advierten que el Reglamento europeo de 2024 podría dinamitar el 40% del territorio cultivable de la Red Natura. Básicamente, Bruselas quiere el jardín perfecto, pero el coste lo paga el que ara la tierra. Mientras tanto, el Gobierno se toma su tiempo: la versión definitiva no llegará hasta el 1 de septiembre de 2027. Para entonces, puede que el campo ya sea un recuerdo romántico.
Hay quien confunde la diplomacia con un juego de sillas donde el premio es el mapa del vecino. Nizar Baraka, el ministro de Obras Públicas y Agua y secretario general del partido Istiqlal, ha decidido que es el momento perfecto para recordar que, para Rabat, Ceuta es un pendiente por cobrar. Con una retórica que parece sacada de un manual de 'cómo irritar a tu socio', Baraka ha soltado que no retrocederán 'ni un solo palmo' de lo que consideran suyo. Es el tercer aviso en semanas; una insistencia que ya no es un desliz, sino una estrategia de Estado coordinada, especialmente cuando Ahmed Tufiq, el ministro de Asuntos Religiosos, ya pedía la 'liberación' de las plazas españolas delante del propio Mohamed VI. Mientras tanto, en Madrid, Pedro Sánchez juega al equilibrismo en el Congreso. El presidente describe la relación como 'casi perfecta', una definición tan optimista que roza la fantasía, mientras intenta explicar cómo es posible que la Gendarmería marroquí dejara la puerta abierta durante 10 horas el pasado 30 de julio, permitiendo que entre 80.000 y 100.000 personas saltaran la valla en un asalto masivo. Es como decir que tu vecino es un santo mientras te vacía la nevera por la ventana. Para rematar la jugada, el Gobierno ha sacado a la luz un dato que guardaba bajo llave: la convocatoria a la embajadora Karima Benyaich el 21 de agosto. El detalle cómico es que la embajadora no estaba en casa. Una gestión 'prudente', dicen, que en la calle se traduce como intentar dar untoque en un teléfono que no tiene cobertura. La opacidad ha sido tal que hasta sus propios socios parlamentarios han sentido el frío de la contradicción. En resumen: Rabat marca el ritmo y Madrid intenta convencer al país de que todo es una coreografía acordada.
En el tablero político, hay gestos que son un bofetón y otros que son un plantón. Lo de Isabel Díaz Ayuso este viernes con el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es, básicamente, cerrar la puerta en las narices del Ministerio de Hacienda. El motivo es el de siempre, pero con un sabor más amargo: un nuevo Modelo de Financiación Autonómica que huele a pacto de despacho entre Pedro Sánchez y Salvador Illa. Para Madrid, esto no es una reforma, es una ingeniería financiera para blanquear la deuda de los independentistas mientras el resto paga la fiesta. Mientras el ciudadano medio mira el ticket del súper con pavor, el Gobierno pretende regar las autonomías con más de 20.000 millones de euros. Pero claro, el reparto no es para todos por igual. Según los datos de Fedea y la Universidad de las Hespérides, el modelo es un traje a medida para Cataluña, que se llevaría una mejora de 507 euros por habitante. Madrid, en cambio, es el primo pobre de la capacidad tributaria: aunque nominalmente reciba 409 euros, en la práctica pierde 97 euros netos por persona una vez que se descuenta su aportación al sistema. Es como si te subieran el sueldo 400 euros pero te subieran el alquiler 497; al final del mes, sales perdiendo. Desde el despacho de Arcadi España han gritado que esto es "gamberrismo institucional", una expresión casi tierna para describir la tensión. Ayuso intentó montar un muro coordinando a Andalucía y Castilla y León para tumbar el quorum, pero los otros barones prefieren ir a votar el 'no' en persona. Al final, con el voto garantizado de Cataluña y Canarias, el plan seguirá adelante. Como bien señaló Ángel de la Fuente, estamos ante un riesgo moral donde el Estado se vacía para alimentar una estética fiscal cuestionable que deja a Madrid aportando diez veces más que los catalanes.
Hay cosas que no se hacen, y conceder indultos tres días antes de las vacaciones es, básicamente, el equivalente político a dejar la persiana bajada para que nadie vea que estás vaciando la caja fuerte. El Gobierno ha jugado al bingo de la clemencia y ha salido premiada una red de intereses que haría palidecer a cualquier manual de ética. Entre Laura Borrás y Juan Fernández Gutiérrez, el plato fuerte es Natalio Grueso, el antiguo 'rey Midas' del Centro Niemeyer de Avilés. Grueso no es un cualquiera; es el hombre que convirtió la gestión pública en una cuenta corriente personal. Fue condenado por el Tribunal Supremo en abril de 2023 a ocho años de prisión por malversar 762.593 euros. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: mientras tú peleas con el banco por una comisión de mantenimiento, Grueso usaba el dinero de todos para financiar los viajes de su madre, su exmujer y hasta su abuela. Todo esto camuflado con una ingeniería financiera digna de un casino, donde un empleado de El Corte Inglés alteraba facturas para que los caprichos del gestor pasaran por gastos oficiales. De hecho, la deuda con los grandes almacenes rozó los 700.000 euros, una cifra que terminó por cerrarles el crédito porque, al final, hasta la paciencia corporativa tiene un límite. Pero el despliegue de generosidad no acabó ahí. Se gastó 182.616 euros en la cafetería y el restaurante del centro sin que nadie supiera muy bien en qué se fueron los platos. Y ahora, tras pasar dos años jugando al escondite en un pueblo del Algarve, el Gobierno le perdona todo bajo el convenientísimo paraguas de los 'motivos de salud'. Lo más cínico es el club de fans: Woody Allen, Joan Manuel Serrat y otros divos que disfrutaron de sus contratos estratosféricos firmaron el perdón. Es un sistema circular perfecto: el político perdona al gestor, el gestor pagó al artista y el artista pide el indulto. Todos felices, menos el contribuyente.
Hay una diferencia abismal entre invitar a la jefa de la casa y acabar cenando con el portero porque la dueña no está en la ciudad. Eso es, en lenguaje cristiano, lo que Pedro Sánchez intentó colar en el Congreso este jueves. El presidente salió al Pleno con el pecho hinchado asegurando que había convocado a la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, para darle un toque de atención por las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Un gesto de fuerza, una respuesta contundente, el manual del líder firme. El problema es que la embajadora no estaba en Madrid. Estaba, básicamente, haciendo cualquier otra cosa fuera de España. La realidad es mucho más modesta: el 21 de agosto quien pisó el Ministerio de Asuntos Exteriores fue el encargado de negocios, el sustituto que firma los papeles cuando el jefe no está. Es como presumir de haber tenido una reunión privada con el CEO de una multinacional cuando en realidad te atendió el secretario de recepción. Para el ciudadano de a pie, que ve cómo el precio de la cesta de la compra sube mientras los políticos juegan al teléfono escacharrado, esto es solo otro martes en Moncloa. Lo más surrealista es la coreografía del silencio. La reunión fue el 21 de agosto, pero el Gobierno decidió guardarla en el cajón hasta el jueves, usando la 'prudencia' como escudo para soltar la bomba justo en medio del debate parlamentario. Mientras tanto, José Manuel Albares, el ministro que tiene que limpiar los trastos, tuvo que salir al rescate para matizar que Benyaich no había acudido a la cita. Todo esto mientras en Rabat, figuras como Abdellatif Ouahbi o Ahmed Toufiq hablan de 'liberación' de nuestras ciudades autónomas. Al final, Sánchez nos vendió un despliegue diplomático de primera categoría que resultó ser un trámite de segunda, donde la precisión del relato importa menos que la foto del momento.
Gestionar la frontera de Ceuta se ha convertido en un ejercicio de matemáticas creativas que haría palidecer a cualquier contable en época de impuestos. El Gobierno se ha aferrado al número 5.000 como quien se agarra a un clavo ardiendo, convirtiéndolo en el mantra oficial de Fernando Grande-Marlaska y Pedro Sánchez. El problema es que, en la calle, los números bailan un tango surrealista. Empezamos el 3 de agosto con la Delegación del Gobierno diciendo que había 2.500 personas, mientras la Ciudad Autónoma, que es la que tiene el barro en las botas, hablaba de hasta 5.000. Diez días después, el Ejecutivo, en un arranque de generosidad estadística, disparó la cifra a 8.000. Básicamente, triplicaron la apuesta en una semana sin que nadie supiera muy bien dónde estaban los demás. Luego viene el truco de magia: miles de personas desaparecen del mapa, pero el número oficial no se mueve. Tenemos 3.658 retornos voluntarios según Ángel Víctor Torres, más 214 expulsiones y otros 148 aventureros que, hasta el 19 de agosto, se colaron hacia la Península en 29 embarcaciones rumbo a Málaga y Cádiz. Si hiciéramos la resta como en primaria, la cuenta no saldría. Pero claro, la Policía Nacional ya lo confesó en un informe del 26 de agosto: no hay datos fiables. Es como intentar contar granos de arena en una tormenta. Para rematar la jugada, el Gobierno suelta un plan de choque de 309 millones de euros —un sablazo al presupuesto que no envidiaría ningún fondo de inversión— para dar plazas a 6.000 personas, aunque solo hayan alojado a 3.400. Mientras los ceutíes salen a la calle hartos de la improvisación, el Estado sigue jugando al Tetris con la gente, sin saber cuántos duermen en centros, cuántos en habitaciones alquiladas y cuántos siguen durmiendo a la intemperie. Al final, los 5.000 son una cifra de catálogo, una foto borrosa de una realidad que nadie ha sabido censar.
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Margarita Caballero