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La Administración tiene una manía adorable: es experta en enviar el recibo, pero mediocre en cobrar la factura. El Ministerio de Educación ha lanzado un grito desesperado reclamando 446,2 millones de euros en becas concedidas entre 2018/2019 y 2025/2026. Un agujero contable que, si lo comparamos con la economía doméstica, sería como prestarle dinero al vecino para que estudie y que luego desaparezca sin dejar rastro ni una nota en la nevera. En el escaparate de los 'deudores', Marruecos se lleva la medalla de oro con 7,88 millones de euros reclamados, seguido de cerca por Rumanía con casi 5,9 millones. Pero no nos engañemos con la foto: que Marruecos lidere la lista de reintegros es, en parte, porque también lidera la de beneficiarios con 61.774 personas (el 20,10% del total extranjero). Es pura estadística de volumen. Venezuela (1,58 millones) e Italia (1,51 millones) también aparecen en el podio del 'paga lo que debes'. Lo verdaderamente fascinante es la gestión del secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa Díaz. El Ministerio nos dice cuánto ha pedido, pero calla convenientemente cuánto ha ingresado. Es el clásico truco de quien dice que tiene una cuenta corriente millonaria pero no tiene saldo para un café. El pico de reclamaciones llegó en 2021/2022 con 81,87 millones de euros, una cifra que dinamitó los registros anteriores. ¿Y por qué se pide el dinero? Pues porque estudiar es difícil, pero dejarlo es gratis. El 90,55% de los reintegros se debe al abandono de estudios. Básicamente, miles de personas usaron la beca como un bono de vacaciones académicas y luego pasaron de todo. Mientras tanto, el sistema nacional de becas movió 2.565 millones de euros en 2024/2025, demostrando que el grifo sigue abierto aunque la tubería tenga fugas del tamaño de un estadio.
Hay dimisiones que son como un 'me voy por motivos personales' cuando en realidad te han pillado con la mano en la masa. Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, ha decidido hacer las maletas cinco semanas antes del 29-N, y en Ferraz el silencio es tan espeso que se podría cortar con un cuchillo. Oficialmente, el hombre dice que no había condiciones para seguir; extraoficialmente, huele a quemado. Para algunos, es una cuestión de supervivencia: quedarse fuera de las listas electorales significa perder el aforamiento justo cuando Vox le tiene preparada una querella por el lío de la acampada de la Puerta del Sol. Pero hay una sombra más alargada. Martín no era un funcionario cualquiera; era el capitán de Bancal de Rosas, la asociación que montó el 'chanchullo' creativo para financiar las primarias de Pedro Sánchez en 2017. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se pone nerviosa. Bancal de Rosas recaudó 128.908 euros. De esos, 100.400 llegaron vía un crowdfunding relámpago en menos de dos semanas. Un sistema 'novedoso', según Martín, que básicamente consistía en picar el dinero en trozos de 50 euros para que nadie preguntara de dónde venía la pasta. Es la técnica del 'cambio pequeño' aplicada a la alta política: fraccionar para camuflar. Ahora, el juez Ismael Moreno y la Audiencia Nacional están rebuscando en esos cajones. El Tribunal de Cuentas ya ha soltado la lista de donantes y el pánico ha saltado. Mientras el PSOE dice que el presidente 'no podía estar al tanto de todo' (la vieja y confiable excusa del jefe que no lee los tickets), la UCO ya ha demostrado que el núcleo duro —Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán— tiene un doctorado en ingeniería electoral fraudulenta. Que Martín se marche ahora no es una coincidencia; es una maniobra de limpieza antes de que el viento sople más fuerte.
Hay quienes confunden la diplomacia con el catálogo de una joyería de lujo. Mientras el ciudadano medio se pelea con la letra pequeña de la hipoteca, en las altas esferas del socialismo parece que el lenguaje oficial se hablaba en quilates y vías férreas. La Fiscalía Anticorrupción tiene ahora sobre la mesa un testimonio que convierte el AVE a La Meca en una operación de ingeniería financiera digna de un casino. No es solo José Luis Rodríguez Zapatero; ahora José Bono y José Luis Ábalos entran en el baile como los 'intermediarios' de un negocio que, según la testigo, supera los diez mil millones de dólares. Un volumen de dinero que hace que cualquier presupuesto familiar parezca un juego de niños. La trama es deliciosa en su descaro: las joyas no serían el gesto afectuoso de un monarca, sino una comisión en especie, un 'bonus' por haber colocado el tren de alta velocidad en Arabia Saudí. Aquí es donde la historia se pone interesante y la hipocresía se vuelve arte. Zapatero insiste en que el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz le regaló las piezas en 2007. ¿Por qué tanta insistencia en esa fecha? Sencillo: por la prescripción. Si el regalo fue en 2007, el asunto es agua pasada; si fue en 2019, bajo el mandato de Pedro Sánchez, estamos ante un problema contable muy serio con Hacienda. Pero el hambre de negocios no conoce fronteras. La testigo apunta que este mismo engranaje, que ya manejó el Consorcio Hispano-Árabe entre 2011 y 2017, ha aterrizado en Punta Cana. Reuniones a finales de 2024 y principios de 2025 en la República Dominicana para adjudicar obras ferroviarias. Al parecer, el modelo de 'lobby político' es exportable: primero el desierto, luego el Caribe, y siempre con la misma receta de intermediarios y favores.
Hablemos de magia financiera. No de esa que hace desaparecer el conejo del sombrero, sino de la que convierte el petróleo venezolano en maletines en el barrio del Viso. La UCO ha dejado el rastro bien marcado: 300.000 euros que viajaron desde las arcas de PDVSA hasta el bolsillo de Víctor de Aldama el 3 de enero de 2020. Para que el Banco de Caminos no hiciera demasiadas preguntas, se inventaron un contrato ficticio entre Apamate Corporate and Trust y Deluxe Fortune por 15 millones de euros. Una compra de sociedades que nunca ocurrió, básicamente un papel mojado para justificar un movimiento de fondos que haría palidecer a cualquier auditor serio. La coreografía es fascinante. Francisco Flores, el hombre de confianza de los hermanos Rodríguez, mueve el dinero; Aldama lo recibe y, según sus propias testificales, lo fragmenta en extracciones pequeñas para no levantar sospechas —el clásico 'pitufeo' de quien no quiere que el banco llame por teléfono— y se lo entrega en metálico a José Luis Ábalos en su residencia. Todo esto mientras Delcy Rodríguez aterrizaba en España invitada por el propio dúo Aldama-Ábalos. Es el ciclo perfecto del favor político: petróleo, cuentas instrumentales y visitas oficiales. Pero la trama tiene más capas que una cebolla. Mientras el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional rastrea el dinero, el PSOE presenta una contabilidad que parece escrita en arameo: facturas desaparecidas y conceptos 'ininteligibles' que el Tribunal de Cuentas no sabe dónde encajar. Y en el banquete no falta José Luis Rodríguez Zapatero, cuya empresa Análisis Relevante cobró 120.000 euros por informes sobre la situación mundial, un precio bastante generoso por decir que el mundo sigue girando. Al final, lo que parece una red de asesoría es, en realidad, una ingeniería financiera donde el bien público es el último de la lista.
Hay quien dice que el silencio es oro, pero en Correos el silencio es una orden administrativa. La compañía ha lanzado una circular que básicamente le dice a sus empleados que se traguen la lengua si no quieren acabar en la lista negra. Nada de entrevistas, nada de comentarios y, por supuesto, ni un solo tuit sobre la operativa del voto por correo. Es el clásico 'aquí no pasa nada', pero dicho con la solemnidad de quien gestiona el destino de una urna. La paranoia ha llegado a niveles domésticos. Han decidido quitarle las llaves de las oficinas al personal de limpieza. Sí, han decidido que alguien que pasa la mopa podría, en un descuido, montar una ingeniería electoral compleja entre el cubo y el detergente. Según la CGT, la empresa cree que estas trabajadoras podrían alterar los votos, así que ahora las llaves duermen en la caja fuerte, bajo la mirada vigilante de los jefes. Es como si en tu casa quitaran las llaves al perro para que no abra la nevera, pero aquí lo que se custodia es la democracia. Para rematar el cuadro, tenemos una huelga indefinida en la sede de la calle Conde de Peñalver en Madrid a partir del 3 de noviembre. Pero ojo, que el Gobierno no se deja: obligarán a cumplir el 100 % de los servicios mínimos a los diez técnicos de tecnología. Porque claro, diez personas son el muro de contención entre el caos y la estabilidad del sistema. Correos dice que respetan la libertad de expresión, siempre y cuando esa libertad no moleste, no informe y se mantenga en el ámbito de lo estrictamente personal. En resumen: puedes opinar sobre el clima, pero si hablas de los sobres, te cae el libro. Una gestión de la comunicación que parece más un búnker que un servicio público.
Bruselas ha decidido jugar al profesor que vigila el examen desde la esquina del aula, pero sin quitarle el móvil al alumno. La Comisión Europea, bajo el mando del irlandés Michael McGrath, ha soltado un comunicado que es una obra maestra de la diplomacia pasivo-agresiva. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez hace malabares con indultos y borrones penales que parecen sacados de un catálogo de 'ofertas de lavado', la UE dice que seguirá 'supervisando'. Traducción: 'Os estamos mirando, pero no os vamos a dar el toque todavía'. El asunto saltó por los aires tras una queja de Hazte Oír sobre la ingeniería financiera y legal aplicada a condenados por corrupción. La Comisión recuerda que existe una Directiva comunitaria adoptada el 29 de abril de 2026 que España tiene que transponer al derecho nacional antes de junio de 2028. Es como si te dieran un plazo para pagar la hipoteca y tú respondieras que estás pensando en cambiar el color de las cortinas. Mientras tanto, los expedientes de Laura Borrás, Álvaro García Ortiz y José Luis Ábalos flotan en un limbo donde el concepto de 'sentencia' parece ser una sugerencia opcional. La hipocresía es el plato fuerte. El informe del 17 de julio ya ponía banderas rojas sobre nuestra transparencia, pero ahora Bruselas se lava las manos diciendo que la legalidad de los indultos es 'competencia nacional'. Básicamente, nos dicen que el Estado de Derecho en España es como ese coche antiguo que hace ruidos extraños: saben que el motor falla, pero mientras el coche siga rodando y no bloquee el tráfico europeo, se limitarán a escribirlo en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2027. Una vigilancia que, a día de hoy, tiene la fuerza de un aviso de cookies que todo el mundo ignora.
Gestionar la seguridad nacional en España se ha convertido en un juego de sillas musicales donde el premio es, básicamente, no colapsar. Interior ha decidido que es hora de recoger los trastos en Ceuta y Melilla, retirando a 210 agentes de las unidades de intervención y reserva. El cálculo es sencillo: 160 efectivos abandonan Ceuta y unos 50 Melilla. ¿El motivo? Las elecciones generales asoman y la Península necesita que alguien vigile que el patio no se incendie. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya ha soltado el bufando, y con razón. No se puede gobernar a base de 'parches' y despliegues temporales que duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio. En Melilla, el catálogo dice que hay más de 600 efectivos, pero es una cifra maquillada; entre administrativos y especialidades que no pisan la frontera, la operatividad real es un chiste. Es como decir que tienes un equipo de fútbol completo, pero resulta que el portero es el contable y el delantero está archivando papeles. Pero lo más delirante es la logística. Mientras el coste de la vida sube más rápido que la espuma, los agentes desplazados sobreviven con una dieta de 77,13 euros diarios, una cifra congelada desde 2005. Para que nos entendamos: 48,92 euros para dormir y 28,21 para comer. En pleno siglo XXI, pedirle a un policía que se busque un hotel y se alimente con el presupuesto de hace veinte años es, sencillamente, una broma de mal gusto. A esto sumemos las denuncias de los sindicatos SUP, CEP y JUPOL sobre habitaciones compartidas y calor asfixiante en dependencias militares. Al final, el mensaje es claro: el refuerzo es un anuncio publicitario, pero la realidad es un agujero presupuestario y una plantilla exhausta.
Hay una diferencia abismal entre el manual de instrucciones y la realidad del mostrador. Mientras que para el ciudadano de a pie conseguir una cita administrativa es como intentar ganar la lotería sin comprar el boleto, cuatro consulados españoles en Argentina —Rosario, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca— decidieron jugar a los ingenieros electorales. El negocio es sencillo: si quieres la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, tienes que firmar tu alta en el censo electoral antes siquiera de saber si eres español. Es como pedirle a alguien que pague la suscripción anual de un gimnasio antes de dejarle entrar a ver si tiene el cuerpo para el entrenamiento. En Rosario, bajo la batuta de Pablo Patas Casteleiro, la lista de la compra era delirante: 11 documentos en una carpeta perfecta para el escaneo. Lo irónico es que, mientras el exilio del antepasado pasaba a segundo plano sin pruebas rigurosas, el formulario de inscripción de residente español y la solicitud del censo de residentes ausentes eran el peaje obligatorio. Y aquí viene el truco de magia: exigían que estos papeles fueran entregados 'sin fecha' y 'sin firma'. En cualquier oficina de barrio, entregar un documento sin firma es la receta perfecta para que te den la vuelta al mostrador y te digan que vuelvas mañana. Pero aquí, era el requisito para no perder el turno. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha salido al paso diciendo que todo es 'falso', envolviéndose en la manta de que cumplen las instrucciones de la JEC. Sin embargo, el contraste con el consulado de Buenos Aires es sangrante: allí, el censo es el paso final, no la entrada al club. En el resto de provincias, se ha preferido inflar el padrón electoral con aspirantes que podrían tardar años en obtener el pasaporte, convirtiendo un trámite de identidad en una campaña de captación de votos encubierta.
Hay una forma muy elegante de decir que alguien te está tomando el pelo, y luego está lo que pasó el 30 de julio en Ceuta. Mientras nosotros discutimos por el precio del aceite, en el Estrecho se montó una puesta en escena digna de un guion surrealista. El teniente coronel Miguel Lobo ha dejado claro ante la jueza María Tardón que Rabat no solo miraba desde la barrera, sino que jugaba al 'pasa la pelota' con seres humanos. La jugada fue sencilla: autoridades marroquíes recogían gente en la playa de Castillejos y, en lugar de gestionar la situación, empezaron a arrojar migrantes por la borda. Sí, literalmente los tiraban al agua para que el barco naranja de Salvamento Marítimo, que pasaba por allí como quien va a hacer un recado, los recogiera. A las 05:38, el Salvamar Atria ya avisaba al COS de Ceuta de que la patrullera marroquí no estaba rescatando, sino 'despachando' pasajeros al mar. Unos minutos después, a las 05:47, se confirmaba el patrón: más personas al agua para cruzar a nado. En total, una gestión humana que dejó un saldo de 28 hombres y dos mujeres rescatados en esa secuencia, dentro de una avalancha de más de 70.000 personas. Lo más delirante es el contraste interno. Mientras Lobo veía a seis embarcaciones de las Fuerzas Armadas marroquíes operando en la zona, en suelo español la Policía Nacional y la Guardia Civil se peleaban por si cerrar o abrir una puerta. Lorenzo Juan Fages quería el muro cerrado para que el problema fuera legalmente de Marruecos; Lobo prefería abrir para evitar que la gente acabara aplastada. Una gestión a ciegas, sin órdenes del Delegado del Gobierno, donde la única estrategia clara fue la de Rabat: usar a la gente como moneda de cambio y tirarlos al agua cuando el barco naranja estuviera lo suficientemente cerca para hacer el trabajo sucio.
Hay una ironía deliciosa en que la institución encargada de velar por el ciudadano se haya dado un banquete de medio millón de euros en vales restaurante. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con el presupuesto para que el menú del día no le cueste un riñón, en el despacho de Ángel Gabilondo la cuenta ha subido como la espuma. Hablamos de 477.696 euros quemados en dos años para alimentar a una plantilla cuyos sueldos oscilan entre los 27.600 y los 110.400 euros. Un lujo que, en lenguaje de calle, es como si tú decidieras mejorar tu dieta justo cuando el alquiler te asfixia. El salto es obsceno. En 2024, la licitación se cerró en 185.000 euros. Pero, de repente, alguien decidió que el hambre apretaba más y el gasto se disparó un 30%. Edenred España fue la feliz beneficiaria de un contrato inicial de 238.848,77 euros, que luego se prorrogó para cubrir el 2026. No se contentan con el festín pasado; ya han lanzado un nuevo expediente el 23 de octubre con un presupuesto base de 240.984 euros y un valor estimado que roza los 527.990 euros si se extiende hasta 2028. Lo más fascinante es la sofisticación del sistema: tarjetas prepago, físicas o virtuales, recargas en 48 horas y una exigencia de tener al menos 50 restaurantes en el código postal 28010. Básicamente, se aseguran de que el funcionario no tenga que caminar más de dos manzanas para gastarse el dinero público. Todo bajo la premisa de 'sufragar comidas' por prolongar la jornada. Una ingeniería financiera del menú diario que deja el concepto de austeridad en el cajón de los trastos viejos.
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Xavier Domínguez