La noticia es un bombazo de irregularidad administrativa, pero se queda corta al no cuestionar quién se beneficia electoralmente de este 'inflado' del censo. Demasiado tiempo dedicado a la bibliografía de la autora y poco al rastro del dinero o el poder detrás de la orden.
Gestionar la seguridad nacional en España se ha convertido en un juego de sillas musicales donde el premio es, básicamente, no colapsar. Interior ha decidido que es hora de recoger los trastos en Ceuta y Melilla, retirando a 210 agentes de las unidades de intervención y reserva. El cálculo es sencillo: 160 efectivos abandonan Ceuta y unos 50 Melilla. ¿El motivo? Las elecciones generales asoman y la Península necesita que alguien vigile que el patio no se incendie. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ya ha soltado el bufando, y con razón. No se puede gobernar a base de 'parches' y despliegues temporales que duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio. En Melilla, el catálogo dice que hay más de 600 efectivos, pero es una cifra maquillada; entre administrativos y especialidades que no pisan la frontera, la operatividad real es un chiste. Es como decir que tienes un equipo de fútbol completo, pero resulta que el portero es el contable y el delantero está archivando papeles. Pero lo más delirante es la logística. Mientras el coste de la vida sube más rápido que la espuma, los agentes desplazados sobreviven con una dieta de 77,13 euros diarios, una cifra congelada desde 2005. Para que nos entendamos: 48,92 euros para dormir y 28,21 para comer. En pleno siglo XXI, pedirle a un policía que se busque un hotel y se alimente con el presupuesto de hace veinte años es, sencillamente, una broma de mal gusto. A esto sumemos las denuncias de los sindicatos SUP, CEP y JUPOL sobre habitaciones compartidas y calor asfixiante en dependencias militares. Al final, el mensaje es claro: el refuerzo es un anuncio publicitario, pero la realidad es un agujero presupuestario y una plantilla exhausta.
Hay una forma muy elegante de decir que alguien te está tomando el pelo, y luego está lo que pasó el 30 de julio en Ceuta. Mientras nosotros discutimos por el precio del aceite, en el Estrecho se montó una puesta en escena digna de un guion surrealista. El teniente coronel Miguel Lobo ha dejado claro ante la jueza María Tardón que Rabat no solo miraba desde la barrera, sino que jugaba al 'pasa la pelota' con seres humanos. La jugada fue sencilla: autoridades marroquíes recogían gente en la playa de Castillejos y, en lugar de gestionar la situación, empezaron a arrojar migrantes por la borda. Sí, literalmente los tiraban al agua para que el barco naranja de Salvamento Marítimo, que pasaba por allí como quien va a hacer un recado, los recogiera. A las 05:38, el Salvamar Atria ya avisaba al COS de Ceuta de que la patrullera marroquí no estaba rescatando, sino 'despachando' pasajeros al mar. Unos minutos después, a las 05:47, se confirmaba el patrón: más personas al agua para cruzar a nado. En total, una gestión humana que dejó un saldo de 28 hombres y dos mujeres rescatados en esa secuencia, dentro de una avalancha de más de 70.000 personas. Lo más delirante es el contraste interno. Mientras Lobo veía a seis embarcaciones de las Fuerzas Armadas marroquíes operando en la zona, en suelo español la Policía Nacional y la Guardia Civil se peleaban por si cerrar o abrir una puerta. Lorenzo Juan Fages quería el muro cerrado para que el problema fuera legalmente de Marruecos; Lobo prefería abrir para evitar que la gente acabara aplastada. Una gestión a ciegas, sin órdenes del Delegado del Gobierno, donde la única estrategia clara fue la de Rabat: usar a la gente como moneda de cambio y tirarlos al agua cuando el barco naranja estuviera lo suficientemente cerca para hacer el trabajo sucio.
Hay una ironía deliciosa en que la institución encargada de velar por el ciudadano se haya dado un banquete de medio millón de euros en vales restaurante. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con el presupuesto para que el menú del día no le cueste un riñón, en el despacho de Ángel Gabilondo la cuenta ha subido como la espuma. Hablamos de 477.696 euros quemados en dos años para alimentar a una plantilla cuyos sueldos oscilan entre los 27.600 y los 110.400 euros. Un lujo que, en lenguaje de calle, es como si tú decidieras mejorar tu dieta justo cuando el alquiler te asfixia. El salto es obsceno. En 2024, la licitación se cerró en 185.000 euros. Pero, de repente, alguien decidió que el hambre apretaba más y el gasto se disparó un 30%. Edenred España fue la feliz beneficiaria de un contrato inicial de 238.848,77 euros, que luego se prorrogó para cubrir el 2026. No se contentan con el festín pasado; ya han lanzado un nuevo expediente el 23 de octubre con un presupuesto base de 240.984 euros y un valor estimado que roza los 527.990 euros si se extiende hasta 2028. Lo más fascinante es la sofisticación del sistema: tarjetas prepago, físicas o virtuales, recargas en 48 horas y una exigencia de tener al menos 50 restaurantes en el código postal 28010. Básicamente, se aseguran de que el funcionario no tenga que caminar más de dos manzanas para gastarse el dinero público. Todo bajo la premisa de 'sufragar comidas' por prolongar la jornada. Una ingeniería financiera del menú diario que deja el concepto de austeridad en el cajón de los trastos viejos.
Hay que tener valor, o una cara de cemento armado, para pedir prestada la sala de la casa y luego cerrar la puerta con llave para protestar contra el dueño. Así es el surrealismo valenciano del 26 de octubre de 2026. CCOO, UGT y STEPV aplicaron la técnica del 'caballo de Troya' institucional: solicitaron un espacio a la Conselleria de Educación bajo la excusa de una junta de personal para, acto seguido, transformarlo en un búnker de reivindicaciones. Es como pedir el salón del vecino para una lectura del libro del club y terminar haciendo una sentada contra el precio del alquiler mientras tienes el mando de la tele en la mano. El telón de fondo es una lucha de egos y agendas. Estos tres sindicatos, que intentan reanimar una huelga educativa que tiene el pulso más débil que un café aguado, quisieron jugar a los porteros de discoteca vetando a CSIF y ANPE de la reunión del lunes a las 09:00 horas. El problema es que la Conselleria no ha comprado el ticket de entrada a este juego de exclusiones y ha dejado claro que recibirá a todo aquel que quiera sentarse a hablar. La tensión tiene un nombre: el valenciano. Mientras STEPV sueña con primar el idioma, el CSIF ya se adelantó en junio cerrando un acuerdo sobre la capacitación y el diploma de mestre en valenciá, blindando la ley de libertad educativa. Para STEPV, esto es como llegar a la fiesta y descubrir que alguien ya se ha comido todo el jamón. Para rematar la faena, el encierro ocurre apenas cinco días después de que la DANA Adam cancelara la cita del 21 de octubre. Solo 48 horas lectivas después, la paciencia se agotó y el teatro comenzó. Una coreografía política donde la urgencia es inversamente proporcional a la coherencia.
Hay quien dice que el arte es eterno, pero el presupuesto de la cúpula de Miquel Barceló en Ginebra ha resultado ser un agujero negro con hambre insaciable. Todo empezó en 2007, cuando la España de Zapatero decidió que la mejor forma de proyectar prestigio era regalándole a la ONU una remodelación de sala y una obra de arte. El plan inicial era un paseo sencillo: 3 millones de euros. Una cifra que, vista hoy, parece el presupuesto de un cumpleaños infantil comparado con la realidad. Al final, la ingeniería financiera transformó esos 3 millones en un sablazo de 20 millones de euros, de los cuales el Estado puso más de la mitad. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler, el erario público financió un capricho que, irónicamente, empezó a desprenderse poco después de que el rey Juan Carlos y Zapatero cortaran la cinta. La estructura organizativa es una joya de la hipocresía. Se creó ONUArt, una fundación que entre 2009 y 2014 tuvo la actividad de una piedra: absolutamente ninguna. Su única función real ha sido servir de hucha para recaudar fondos y mantener el techo de Barceló, a quien se le pagaron más de 8 millones de euros (con la mitad saliendo del Ministerio de Asuntos Exteriores). En el Patronato bailaban nombres como Repsol, Telefónica, la Caja de Ahorros de Cataluña y la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, bajo la mirada de Moratinos. Zapatero, que prefería el perfil bajo hasta 2024, cuando asumió la presidencia, ha decidido dimitir ahora que el ruido es insoportable. Pero el festín sigue: el año pasado, Pedro Sánchez aprobó una subvención directa de 1,5 millones de euros. Al parecer, mantener el arte moderno es más caro que mantener la coherencia política.
En el teatro de la Audiencia Nacional, la trama es un clásico: el juego de la patata caliente. Por un lado, tenemos al teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de operaciones de la Comandancia de Ceuta, que ha decidido que la mejor defensa es el 'yo no sabía nada'. Según el militar, nadie le pasó el dato de que en Marruecos se estaba organizando una fiesta colectiva para saltar la valla coincidiendo con el Día del Trono. Mientras el ciudadano medio tiene que pelearse con el bot de Movistar para que le bajen la tarifa, aquí el Teniente Coronel sostiene que dejar la puerta abierta era una cuestión de seguridad para evitar un aplastamiento. Una lógica brillante: para evitar que la gente se pise, mejor que entren todos. El espectáculo alcanzó su clímax con un vídeo donde el militar y el inspector jefe de la Policía Nacional, Lorenzo Juan Fages, se dedican a discutir en la frontera mientras el flujo migratorio avanzaba a un ritmo de 2.000 personas por hora. Básicamente, mientras el país ardía, los encargados de la llave se peleaban por quién tenía la competencia de la cerradura. 'La puerta es mía, no de la Policía', parece decir el manual de instrucciones del caos. Para añadir sal a la herida, Gonzalo Sanz, exdelegado del Gobierno en Ceuta, ha soltado la bomba el pasado 1 de octubre: él sí recibió avisos. Entregó su móvil a la juez María Tardón como quien entrega el ticket del supermercado para reclamar un producto caducado, confirmando que la información estaba ahí, pero se quedó perdida en algún limbo burocrático. Ahora, la juez Tardón espera que el Ministerio de Defensa le aclare si hubo buques marroquíes merodeando entre el 29 de julio y el 10 de agosto. Al final, entre el 'no me avisaron' y el 'yo sí sabía', la valla se convirtió en un colador y la responsabilidad en un humo denso.
Hay una belleza casi poética en la justicia cuando se trata de pasar factura. Álvaro García Ortiz, el hombre que alguna vez fue la voz máxima del Ministerio Fiscal, se encuentra ahora en la posición que tantos ciudadanos conocen: peleando contra una minuta que parece redactada por un optimista delirante. La historia comienza con un abogado que, con la tranquilidad de quien pide un café, presentó una factura inicial de 78.382,32 euros (IVA incluido). Un sablazo que haría palidecer a cualquier familia española al mirar el extracto bancario del mes. La Fiscalía y la Abogacía del Estado, en un raro momento de lucidez y ahorro, saltaron diciendo que aquello era 'excesivo'. Tras un baile de impugnaciones y decretos, la cifra bajó a 39.009,48 euros. Pero aquí entra el Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares, que el 5 de octubre decidió que 38.508,26 euros son, básicamente, 'cambio suelto' dada la complejidad del asunto. Según el colegio, mandar comisiones rogatorias a Irlanda y Estados Unidos y gestionar quince piezas separadas justifica que el bolsillo de García Ortiz sufra este recorte. El balance final es un ejercicio de ironía institucional. García Ortiz, condenado el 9 de diciembre de 2025 por revelar datos reservados, no solo arrastra una inhabilitación de dos años y una multa diaria de 20 euros, sino que debe soltar 10.000 euros de indemnización por daños morales a Alberto González Amador. El empresario, que inicialmente soñaba con 300.000 euros y cuatro años de cárcel para el exfiscal, se conforma con el premio de consolación y que el Tribunal Supremo, en su auto del 2 de julio de 2026, valide que el abogado no trabaje gratis. Al final, la justicia es lenta, pero la tasación de costas es un reloj suizo.
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