Crítica:
La noticia es un despliegue de tecnicismos jurídicos que ocultan el escándalo detrás de la cifra. El texto original es demasiado respetuoso con la burocracia cuando lo que hay es un posible fraude electoral masivo.
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Puigdemont: de la república al 'cambio de género' nacional
Carles Puigdemont ha decidido que su lucha política ya no es una cuestión de leyes, sino de psicología profunda. En una entrevista con El Punt-Avui, el líder nominal de Junts per Catalunya ha soltado la bomba: se siente como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero sustituyendo el género por la nacionalidad. Según él, ser español es una 'agresión' y una 'violencia de identidad'. Es un giro argumental digno de telenovela: después de años insistiendo en que los catalanes nunca fueron españoles, ahora confiesa que quiere 'dejar de serlo'. Básicamente, admite que el papel dice que es español, aunque su corazón lata en ritmo independentista. Lo más surrealista llega cuando intenta simplificar la geopolítica comparando el Estado con un contrato de servicios. Puigdemont se pregunta, con una ingenuidad que asusta, por qué puede darse de baja de Telefónica, de Google, de La Caixa o de la Iglesia católica, pero no puede hacer lo mismo con España. Tratar la nacionalidad como si fuera una suscripción mensual de Netflix o una tarifa de fibra óptica es, cuanto menos, una gimnasia mental admirable. Para él, el DNI es un grillete y la ley es un obstáculo burocrático que le impide alcanzar su 'verdadera esencia'. Mientras tanto, el calendario sigue siendo su obsesión. No piensa pisar suelo patrio antes del 29N, esperando a que el Tribunal Supremo extinga su causa gracias a la amnistía. No quiere volver como un ciudadano más, sino con el traje de presidente de la Generalitat puesto, aunque también baraja opciones más modestas como la alcaldía de Amer o el retiro dorado. Al final, el hombre que decidió el destino de millones en una república de ocho segundos ahora busca que el Estado le permita 'desinstalar' la nacionalidad española como quien borra una app que ya no usa.
RGC: Miles de beneficiarios juegan al escondite
La Generalitat de Cataluña gestiona la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con la precisión de quien intenta atrapar humo con las manos. Según datos exclusivos de Libre Mercado, en 2025 hubo 14.219 expedientes 'ilocalizables'. Traducido al lenguaje de la calle: miles de personas cobran una ayuda para la 'dignidad' mientras el Estado juega al escondite con ellas. De esos fantasmas administrativos, 4.386 tenían NIE, lo que supone un 30,9% del total. Es el triunfo del 'estoy en casa, pero no abro'. El director general de Prestaciones Sociales, Valentí Arroyo Peña, firma una documentación que es un poema al descontrol. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el sistema ha permitido que el número de titulares caiga un 33% desde el pico de 2021 (54.752) hasta los 35.184 registrados al 31 de julio de 2026. La Generalitat dice que es por el empleo y la autonomía; nosotros lo llamamos 'limpieza de archivos' o, sencillamente, que la gente se esfuma. Pero lo más jugoso no es quién no está, sino cuánto se ha ido. Hay un agujero contable de 4.637.898,88 euros en pagos indebidos en 474 liquidaciones. Solo en 2024, el sablazo fue de 3.644.098,75 euros. Para que nos entendamos: es como si el vecino se llevara el premio de la lotería con tu billete y la administración se encogiera de hombros. Y eso que la Sindicatura de Cuentas ya había avisado en junio de 2025 que el agujero total en prestaciones era de 167,5 millones, con 36 millones solo en la RGC. Ahora nos venden los 'controles trimestrales' y la 'interoperabilidad' como la panacea. Muy bonito en el papel, pero cuando tienes 11.265 casos sin localizar solo en los primeros siete meses de 2026, la interoperabilidad parece más un concepto filosófico que una herramienta de gestión.
Piquetes vs Trabajo: El delirio sindical
Hay que tener una dosis de optimismo casi mística para creer que el derecho a impedir que otro gane su jornal es un valor superior. Pau Garcia Orrit, secretaria de Juventud de CCOO, lo ha soltado sin anestesia: su derecho a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar. Es una lógica fascinante, casi de patio de colegio, donde el 'yo mando aquí' se disfraza de lucha obrera. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el saldo no se vuelva rojo antes del día quince, desde la cúpula sindical nos explican que trabajar es un concepto secundario. La narrativa es tan surrealista que llega a dar risa. Su compañero de mesa, en un despliegue de gimnasia mental digno de premio, argumentó que el derecho al trabajo no está protegido porque hay 2,4 millones de personas en paro. Traducido al lenguaje de la calle: como hay gente que no encuentra curro, los que sí lo tienen no deberían tener derecho a ejercerlo si a un sindicalista le molesta. Una joya de la coherencia. Todo esto ocurre en la antesala de la huelga general del 11 de noviembre, con el calendario electoral del 29 de noviembre respirándoles en la nuca. Resulta curioso que CCOO y UGT, que han gestionado sus subvenciones con la misma naturalidad con la que uno pide el café, hayan decidido despertar ahora. Durante años, mientras la inflación se merendaba los salarios y la vivienda se volvía un artículo de lujo, el silencio desde los sindicatos fue sepulcral. Pero ahora, convenientemente, deciden jugar a ser la voz del pueblo. Olvidan que el Artículo 6.4 del RDL 17/1977 y la sentencia 137/1997 del Tribunal Constitucional dejan claro que la libertad de decidir si se secunda un paro es sagrada. No se puede coaccionar al vecino solo porque uno lleva una acreditación colgada al cuello.
Joyas, indultos y el manual del riesgo cero
Pedro Sánchez ha decidido jugar al tenis en una pista donde él mismo pone la red y elige al árbitro. Su reciente tour mediático —pasando por El País, La Vanguardia, el pódcast Keep it Cutre y ahora La Séptima de Javier Ruiz— es el equivalente político a ir al dentista y pedir que te pongan música relajante: cero riesgos, máxima comodidad. Mientras tanto, el presidente despliega su manual de supervivencia: agitar el fantasma de los años 50 para asustar al electorado, una estrategia que ya vimos en 2023 y que ahora recicla como quien calienta las sobras del domingo. Pero lo verdaderamente fascinante es la gimnasia mental sobre las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez despacha el asunto con una ligereza pasmosa, soltando que el expresidente 'no quiere tenerlas'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si te pillaran con la caja fuerte del vecino y dijeras que, en realidad, te hacías un favor al devolverla. Resulta curioso que el 'faro moral' del socialismo esté imputado por delitos fiscales mientras el jefe del Ejecutivo defiende un expediente 'impoluto' sobre el préstamo a Plus Ultra, como si habláramos de una cuenta de ahorros sin comisiones. Para rematar la jugada, Sánchez mantiene la puerta abierta al indulto de Álvaro García Ortiz, condenando la sentencia judicial con un guiño gubernamental. Y sobre su ausencia en el funeral de las víctimas de Urda, la excusa es la 'preferencia personal' por lo aconfesional. Una elegancia exquisita: enviar a Carlos Cuerpo y Milagros Tolón mientras él se ahorra el protocolo religioso. Al final, Sánchez admite que su meta es que el rival termine gritando 'qué hijo de puta', confirmando que en el tablero del poder, la ética es un accesorio y la ironía, la única moneda que nunca se devalúa.
ADIF: Fondos europeos y fiscalización de juguete
Hay quien confunde la fiscalización pública con rellenar un formulario de encuestas de satisfacción en el supermercado. El Tribunal de Cuentas, bajo la batuta de Enriqueta Chicano, parece haber aplicado esta última filosofía al analizar los contratos de ADIF y Adif-Alta Velocidad financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Mientras nosotros contamos los céntimos para que no nos den el sablazo en la factura de la luz, el Tribunal aprobó en diciembre de 2025 un informe que, según fuentes internas, es tan superficial que parece escrito con lápiz borrable. El resultado de este 'análisis administrativo' —que es la forma elegante de decir que se quedaron en la superficie— ha sido el combustible perfecto para que la Fiscalía Europea decidiera entrar en escena de oficio la semana pasada. ¿El motivo? Un posible fraude en la seguridad y señalización del AVE Madrid-Sevilla. No hablamos de un error de carpintería en una oficina, sino de la infraestructura donde ocurrió la tragedia de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales. Es fascinante el contraste. Mientras la Fiscalía Europea y la UCO ahora buscan el destino real del dinero, el informe de Chicano se preocupaba por si los 'Anejos' estaban bien cumplimentados o si faltaba la firma de algún representante en veintitrés expedientes. Básicamente, mientras el barco hacía agua por todas partes, el Tribunal de Cuentas revisaba que los salvavidas tuvieran la etiqueta puesta correctamente. Sugerir que ADIF 'automatice la sincronización de información' vía API es como pedir que compren un robot aspirador mientras la casa se quema. Al final, la Fiscalía Europea ha tenido que hacer el trabajo sucio porque el organismo encargado de vigilar el dinero público prefirió hacer una lista de recomendaciones genéricas en lugar de buscar el agujero contable.
Niños de parapeto en la huelga general
Hay quienes confunden una huelga general con una excursión escolar al zoológico, pero con la diferencia de que el zoológico no suele incluir bengalas ni cargas policiales. La Policía ha interceptado un protocolo, redactado originalmente en catalán, que parece más el manual de instrucciones de una guardería itinerante que una convocatoria social. La consigna es clara: cada adulta debe cargar con '2 ó 3 criaturas'. Una logística que, vista desde la calle, suena a intentar meter tres maletas en un maletero de Smart; forzado y peligroso. El manual es una joya de la hipocresía organizativa. Recomiendan escribir el teléfono del responsable en el brazo del niño con rotulador permanente, como quien marca una maleta para que no se la lleven en el aeropuerto. El detalle del botiquín para 'caídas y arañazos' y las mascarillas para el 'humo de las bengalas' es el toque maestro: admiten que el entorno es una zona de guerra, pero lo venden como un paseo familiar. Mientras nosotros nos peleamos con el precio del aceite, aquí diseñan un 'Bloque Infantil' donde los menores sirven, según fuentes policiales, de parapetos humanos disfrazados de civismo. Lo más surrealista llega con la gestión de la tensión. Si la cosa se pone fea, el plan es sentarse en el suelo en círculos concéntricos: niños dentro, adultos fuera. Una formación que recuerda más a un ritual místico que a una medida de seguridad real. Todo esto ocurre en el marco de la huelga del 11 de noviembre, mientras la cúpula de Blocus en España ya ha sentido el hachazo policial tras los intentos de montar revueltas en Halloween. Usar a la infancia para blindar una movilización no es activismo; es una ingeniería del riesgo donde los niños son la moneda de cambio.
Ábalos y el truco de las facturas
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo gestiona como si fuera el cajero automático de su primo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, la UCO ha salido este jueves a buscar un 'kit de supervivencia' compuesto por facturas falsas que superan los 200.000 euros. No hablamos de un error contable ni de un descuido con el IVA, sino de una ingeniería financiera diseñada para maquillar mordidas por contratos públicos adjudicados a dedo, esos que se dan con la misma naturalidad con la que uno reparte invitaciones a una boda. El juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, ha decidido que ya es hora de limpiar el mantel. Por eso, los registros no se han quedado en el papel, sino que han aterrizado en la sede de Adif Alta Velocidad y en la empresa Azvi en Sevilla. El despliegue ha dejado seis detenciones y un recorrido que une la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia con el refugio de Cristian Corvillo en Córdoba. Corvillo es la pieza clave, el hombre que fue chófer de Pedro Sánchez en Andalucía durante las primarias de 2017 y que, según parece, mantenía una 'línea directa' con Ábalos. Un puente perfecto para que empresarios andaluces ayudaran a blanquear el dinero. Lo más cínico es que este modus operandi —facturas por trabajos fantasma— ya era el pan de cada día en Peñarroya, donde Luisa Ruiz, exalcaldesa y aliada de Corvillo, ya se ganó una condena de seis años en el caso Rocket. Al final, parece que en ciertos círculos el blanqueo de capitales no es un delito, sino una asignatura obligatoria de la carrera política.
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