El texto original es una mina de oro de contradicciones que el autor aprovecha bien, aunque peca de redundante en la parte final. La comparación trans es el núcleo del absurdo, pero el artículo no profundiza en la implicación legal de tal analogía.
Hay que tener una piel de rinoceronte y un sentido del humor muy particular para gestionar el Estado mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cesta de la compra no sea un artículo de lujo. Pedro Sánchez aterriza en Canarias el próximo 21 de noviembre, pero no llega con un plan de choque técnico, sino con un disfraz. El PSOE Canarias, en un alarde de creatividad que haría palidecer a un diseñador de tarjetas de felicitación, decidió promocionar las citas de las 11:00 en Tenerife y las 17:30 en Gran Canaria con un dibujo: un perro blanco, capa roja de Superman y el lema 'Perro Sánchez'. Es fascinante. Mientras en El Hierro las fronteras son un colador y la clase media canaria siente que el fisco le mete un sablazo cada vez que parpadea, el equipo de marketing institucional decide que la solución es un meme infantil. Es como intentar apagar un incendio forestal con una pistola de agua de juguete. La desconexión es total: el Ejecutivo juega a los superhéroes digitales mientras el sector primario y el turístico se hunden en un fango de trabas administrativas y salarios que no suben ni aunque se lo pidan por favor. La respuesta en X ha sido un jarro de agua fría. El muro del partido se ha convertido en el confesionario del hartazgo social. No es ruido, es el síntoma de quien paga impuestos de primer mundo para recibir, a cambio, un espectáculo de tercera categoría. Al final, ponerle una capa roja a un perro animado no baja la inflación ni cierra las fronteras; solo deja claro que, para algunos, gobernar es una broma y nosotros somos el remate del chiste.
Carles Puigdemont ha decidido que su lucha política ya no es una cuestión de leyes, sino de psicología profunda. En una entrevista con El Punt-Avui, el líder nominal de Junts per Catalunya ha soltado la bomba: se siente como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, pero sustituyendo el género por la nacionalidad. Según él, ser español es una 'agresión' y una 'violencia de identidad'. Es un giro argumental digno de telenovela: después de años insistiendo en que los catalanes nunca fueron españoles, ahora confiesa que quiere 'dejar de serlo'. Básicamente, admite que el papel dice que es español, aunque su corazón lata en ritmo independentista. Lo más surrealista llega cuando intenta simplificar la geopolítica comparando el Estado con un contrato de servicios. Puigdemont se pregunta, con una ingenuidad que asusta, por qué puede darse de baja de Telefónica, de Google, de La Caixa o de la Iglesia católica, pero no puede hacer lo mismo con España. Tratar la nacionalidad como si fuera una suscripción mensual de Netflix o una tarifa de fibra óptica es, cuanto menos, una gimnasia mental admirable. Para él, el DNI es un grillete y la ley es un obstáculo burocrático que le impide alcanzar su 'verdadera esencia'. Mientras tanto, el calendario sigue siendo su obsesión. No piensa pisar suelo patrio antes del 29N, esperando a que el Tribunal Supremo extinga su causa gracias a la amnistía. No quiere volver como un ciudadano más, sino con el traje de presidente de la Generalitat puesto, aunque también baraja opciones más modestas como la alcaldía de Amer o el retiro dorado. Al final, el hombre que decidió el destino de millones en una república de ocho segundos ahora busca que el Estado le permita 'desinstalar' la nacionalidad española como quien borra una app que ya no usa.
El Gobierno de Pedro Sánchez maneja las estadísticas del empleo como quien maquilla un coche viejo para venderlo por un precio de estreno. Nos venden el cuento de las afiliaciones a la Seguridad Social como si hubiéramos descubierto el fuego, pero basta con mirar la letra pequeña para notar que el 'milagro' tiene truco. Mientras el Ejecutivo se llena la boca con el crecimiento, la realidad es que más del 82% del empleo creado es de baja productividad. En cristiano: estamos creando puestos de trabajo que sirven para pagar el alquiler, pero no para salir del agujero. El verdadero sablazo llega con los datos de Eurostat del segundo trimestre de 2026. Mientras que en la Unión Europea la media del paro de larga duración es del 1,9%, en España escalamos hasta el 3,2% de la población activa. Traducido al lenguaje de la calle, nuestro paro crónico es un 68,4% superior al promedio comunitario. Es una diferencia abismal, como comparar el presupuesto de un ayuntamiento pequeño con la factura de la luz de un centro comercial. Estamos en el podio del fracaso, solo superados por Grecia (4,3%) y Eslovaquia (3,7%). Nos hemos quedado rezagados frente a vecinos como Portugal (2%), Francia (2,1%), Italia (2,6%) y, por supuesto, el eterno motor alemán con su 1,1%. No es solo un porcentaje; son 797.000 personas que llevan más de un año buscando trabajo activamente, atrapadas en un limbo donde las promesas gubernamentales no llegan. El 'espectacular crecimiento' del que presumen en Moncloa parece ser un traje que solo les queda bien a ellos, mientras que para casi 800.000 ciudadanos la economía sigue siendo un deporte de riesgo.
Hay quien dice que la democracia es un reloj suizo, pero el Tribunal Supremo acaba de avisar de que al CERA le han metido arena en los engranajes. No es una sospecha ligera; hablamos de 'indicios racionales de irregularidades de gran relevancia'. Traducido al idioma de la calle: el censo electoral tiene un agujero del tamaño de un estadio y alguien ha estado jugando al Tetris con las nacionalidades para inflar los números justo antes de las elecciones del 29 de noviembre. La jugada es casi artística. Mientras tú peleas con la administración para renovar el DNI, 162.454 personas han aterrizado en el censo mediante una interpretación creativa de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y la Instrucción del 25 de octubre de 2022 de la DGSJFP. Sí, más de ciento sesenta mil votos que aparecen por arte de magia, restando apenas a 901 que sí entraron por la vía directa. Es como si en un partido de fútbol un equipo empezara con diez jugadores extra en el campo y el árbitro, el Supremo, decidiera que, para que el partido no sea una farsa, esos jugadores tienen que sentarse en el banquillo hasta que se aclare quién les pagó el billete. Iustitia Europa y Vox pidieron cautelares, y aunque el Supremo ha denegado algunas suspensiones, ha dejado claro que permitir que este grupo vote sería convertir la sentencia final en un simple trozo de papel decorativo. El riesgo es real: esos votos, repartidos por todas las circunscripciones, podrían alterar el resultado de las Cortes Generales. Al final, el 'interés general' de tener un proceso limpio ha ganado la partida al derecho individual de sufragio de quienes entraron en el CERA con el manual de instrucciones al revés.
La Generalitat de Cataluña gestiona la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con la precisión de quien intenta atrapar humo con las manos. Según datos exclusivos de Libre Mercado, en 2025 hubo 14.219 expedientes 'ilocalizables'. Traducido al lenguaje de la calle: miles de personas cobran una ayuda para la 'dignidad' mientras el Estado juega al escondite con ellas. De esos fantasmas administrativos, 4.386 tenían NIE, lo que supone un 30,9% del total. Es el triunfo del 'estoy en casa, pero no abro'. El director general de Prestaciones Sociales, Valentí Arroyo Peña, firma una documentación que es un poema al descontrol. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz, el sistema ha permitido que el número de titulares caiga un 33% desde el pico de 2021 (54.752) hasta los 35.184 registrados al 31 de julio de 2026. La Generalitat dice que es por el empleo y la autonomía; nosotros lo llamamos 'limpieza de archivos' o, sencillamente, que la gente se esfuma. Pero lo más jugoso no es quién no está, sino cuánto se ha ido. Hay un agujero contable de 4.637.898,88 euros en pagos indebidos en 474 liquidaciones. Solo en 2024, el sablazo fue de 3.644.098,75 euros. Para que nos entendamos: es como si el vecino se llevara el premio de la lotería con tu billete y la administración se encogiera de hombros. Y eso que la Sindicatura de Cuentas ya había avisado en junio de 2025 que el agujero total en prestaciones era de 167,5 millones, con 36 millones solo en la RGC. Ahora nos venden los 'controles trimestrales' y la 'interoperabilidad' como la panacea. Muy bonito en el papel, pero cuando tienes 11.265 casos sin localizar solo en los primeros siete meses de 2026, la interoperabilidad parece más un concepto filosófico que una herramienta de gestión.
Hay que tener una dosis de optimismo casi mística para creer que el derecho a impedir que otro gane su jornal es un valor superior. Pau Garcia Orrit, secretaria de Juventud de CCOO, lo ha soltado sin anestesia: su derecho a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar. Es una lógica fascinante, casi de patio de colegio, donde el 'yo mando aquí' se disfraza de lucha obrera. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el saldo no se vuelva rojo antes del día quince, desde la cúpula sindical nos explican que trabajar es un concepto secundario. La narrativa es tan surrealista que llega a dar risa. Su compañero de mesa, en un despliegue de gimnasia mental digno de premio, argumentó que el derecho al trabajo no está protegido porque hay 2,4 millones de personas en paro. Traducido al lenguaje de la calle: como hay gente que no encuentra curro, los que sí lo tienen no deberían tener derecho a ejercerlo si a un sindicalista le molesta. Una joya de la coherencia. Todo esto ocurre en la antesala de la huelga general del 11 de noviembre, con el calendario electoral del 29 de noviembre respirándoles en la nuca. Resulta curioso que CCOO y UGT, que han gestionado sus subvenciones con la misma naturalidad con la que uno pide el café, hayan decidido despertar ahora. Durante años, mientras la inflación se merendaba los salarios y la vivienda se volvía un artículo de lujo, el silencio desde los sindicatos fue sepulcral. Pero ahora, convenientemente, deciden jugar a ser la voz del pueblo. Olvidan que el Artículo 6.4 del RDL 17/1977 y la sentencia 137/1997 del Tribunal Constitucional dejan claro que la libertad de decidir si se secunda un paro es sagrada. No se puede coaccionar al vecino solo porque uno lleva una acreditación colgada al cuello.
Hacienda ha lanzado el anzuelo con un cebo que parece sacado de un sueño febril: un piso con garaje en Villajoyosa, Alicante, por la módica suma de 7.627 euros. Para el ciudadano medio, que ve cómo el alquiler devora su nómina antes del día diez, esto suena a milagro. Pero cuidado, que en la Administración Pública el 'regalo' suele venir con una trampa del tamaño de un rascacielos. El inmueble, situado en el Residencial El Drago (avenida Pianista Gonzalo Soriano), tiene 81,86 metros cuadrados y una plaza de garaje (la número 95) de 18,71 metros. La tasación dice 139.118 euros, pero el precio de salida es un chiste: 7.627 euros. Si la puja no llega a los 3.813 euros, Hacienda decide si acepta la oferta o manda todo al traste. Aquí es donde entra la 'ingeniería financiera' del anuncio. Quien gane la puja —que cierra el 16 de noviembre a las 18:00— no está comprando un piso, sino que está adoptando una deuda heredada. El inmueble arrastra una hipoteca con el BBVA de 123.316 euros (datos de julio de 2025) y un agujero con la Seguridad Social de 8.174 euros. En total, un sablazo de 131.491 euros que el nuevo dueño debe pagar sí o sí, sumando además los intereses acumulados que nadie quiere calcular. Como si el despliegue económico no fuera suficiente, el comprador puja a ciegas. Ni visitas, ni llaves. El piso está ocupado y Hacienda, con una honestidad pasmosa, admite que no sabe quién vive allí ni bajo qué derecho. Básicamente, pagas el valor real del piso para ganar el derecho a pelearte en los tribunales con un desconocido. Una oportunidad brillante para quien disfrute del riesgo extremo y los abogados.
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