El texto original es una sucesión de declaraciones sin contrastar que permiten al presidente esquivar cualquier pregunta incómoda. Falta una investigación real sobre el 'expediente impoluto' de Plus Ultra para no ser un mero eco de la comunicación oficial.
Hay que tener una dosis de optimismo casi mística para creer que el derecho a impedir que otro gane su jornal es un valor superior. Pau Garcia Orrit, secretaria de Juventud de CCOO, lo ha soltado sin anestesia: su derecho a hacer piquetes está por encima del derecho de la gente a trabajar. Es una lógica fascinante, casi de patio de colegio, donde el 'yo mando aquí' se disfraza de lucha obrera. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cuenta corriente para que el saldo no se vuelva rojo antes del día quince, desde la cúpula sindical nos explican que trabajar es un concepto secundario. La narrativa es tan surrealista que llega a dar risa. Su compañero de mesa, en un despliegue de gimnasia mental digno de premio, argumentó que el derecho al trabajo no está protegido porque hay 2,4 millones de personas en paro. Traducido al lenguaje de la calle: como hay gente que no encuentra curro, los que sí lo tienen no deberían tener derecho a ejercerlo si a un sindicalista le molesta. Una joya de la coherencia. Todo esto ocurre en la antesala de la huelga general del 11 de noviembre, con el calendario electoral del 29 de noviembre respirándoles en la nuca. Resulta curioso que CCOO y UGT, que han gestionado sus subvenciones con la misma naturalidad con la que uno pide el café, hayan decidido despertar ahora. Durante años, mientras la inflación se merendaba los salarios y la vivienda se volvía un artículo de lujo, el silencio desde los sindicatos fue sepulcral. Pero ahora, convenientemente, deciden jugar a ser la voz del pueblo. Olvidan que el Artículo 6.4 del RDL 17/1977 y la sentencia 137/1997 del Tribunal Constitucional dejan claro que la libertad de decidir si se secunda un paro es sagrada. No se puede coaccionar al vecino solo porque uno lleva una acreditación colgada al cuello.
Hay quien confunde la fiscalización pública con rellenar un formulario de encuestas de satisfacción en el supermercado. El Tribunal de Cuentas, bajo la batuta de Enriqueta Chicano, parece haber aplicado esta última filosofía al analizar los contratos de ADIF y Adif-Alta Velocidad financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE. Mientras nosotros contamos los céntimos para que no nos den el sablazo en la factura de la luz, el Tribunal aprobó en diciembre de 2025 un informe que, según fuentes internas, es tan superficial que parece escrito con lápiz borrable. El resultado de este 'análisis administrativo' —que es la forma elegante de decir que se quedaron en la superficie— ha sido el combustible perfecto para que la Fiscalía Europea decidiera entrar en escena de oficio la semana pasada. ¿El motivo? Un posible fraude en la seguridad y señalización del AVE Madrid-Sevilla. No hablamos de un error de carpintería en una oficina, sino de la infraestructura donde ocurrió la tragedia de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales. Es fascinante el contraste. Mientras la Fiscalía Europea y la UCO ahora buscan el destino real del dinero, el informe de Chicano se preocupaba por si los 'Anejos' estaban bien cumplimentados o si faltaba la firma de algún representante en veintitrés expedientes. Básicamente, mientras el barco hacía agua por todas partes, el Tribunal de Cuentas revisaba que los salvavidas tuvieran la etiqueta puesta correctamente. Sugerir que ADIF 'automatice la sincronización de información' vía API es como pedir que compren un robot aspirador mientras la casa se quema. Al final, la Fiscalía Europea ha tenido que hacer el trabajo sucio porque el organismo encargado de vigilar el dinero público prefirió hacer una lista de recomendaciones genéricas en lugar de buscar el agujero contable.
Hay quienes confunden una huelga general con una excursión escolar al zoológico, pero con la diferencia de que el zoológico no suele incluir bengalas ni cargas policiales. La Policía ha interceptado un protocolo, redactado originalmente en catalán, que parece más el manual de instrucciones de una guardería itinerante que una convocatoria social. La consigna es clara: cada adulta debe cargar con '2 ó 3 criaturas'. Una logística que, vista desde la calle, suena a intentar meter tres maletas en un maletero de Smart; forzado y peligroso. El manual es una joya de la hipocresía organizativa. Recomiendan escribir el teléfono del responsable en el brazo del niño con rotulador permanente, como quien marca una maleta para que no se la lleven en el aeropuerto. El detalle del botiquín para 'caídas y arañazos' y las mascarillas para el 'humo de las bengalas' es el toque maestro: admiten que el entorno es una zona de guerra, pero lo venden como un paseo familiar. Mientras nosotros nos peleamos con el precio del aceite, aquí diseñan un 'Bloque Infantil' donde los menores sirven, según fuentes policiales, de parapetos humanos disfrazados de civismo. Lo más surrealista llega con la gestión de la tensión. Si la cosa se pone fea, el plan es sentarse en el suelo en círculos concéntricos: niños dentro, adultos fuera. Una formación que recuerda más a un ritual místico que a una medida de seguridad real. Todo esto ocurre en el marco de la huelga del 11 de noviembre, mientras la cúpula de Blocus en España ya ha sentido el hachazo policial tras los intentos de montar revueltas en Halloween. Usar a la infancia para blindar una movilización no es activismo; es una ingeniería del riesgo donde los niños son la moneda de cambio.
Hay quien gestiona el Estado y hay quien lo gestiona como si fuera el cajero automático de su primo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, la UCO ha salido este jueves a buscar un 'kit de supervivencia' compuesto por facturas falsas que superan los 200.000 euros. No hablamos de un error contable ni de un descuido con el IVA, sino de una ingeniería financiera diseñada para maquillar mordidas por contratos públicos adjudicados a dedo, esos que se dan con la misma naturalidad con la que uno reparte invitaciones a una boda. El juez Ismael Moreno, del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, ha decidido que ya es hora de limpiar el mantel. Por eso, los registros no se han quedado en el papel, sino que han aterrizado en la sede de Adif Alta Velocidad y en la empresa Azvi en Sevilla. El despliegue ha dejado seis detenciones y un recorrido que une la casa del exministro José Luis Ábalos en Valencia con el refugio de Cristian Corvillo en Córdoba. Corvillo es la pieza clave, el hombre que fue chófer de Pedro Sánchez en Andalucía durante las primarias de 2017 y que, según parece, mantenía una 'línea directa' con Ábalos. Un puente perfecto para que empresarios andaluces ayudaran a blanquear el dinero. Lo más cínico es que este modus operandi —facturas por trabajos fantasma— ya era el pan de cada día en Peñarroya, donde Luisa Ruiz, exalcaldesa y aliada de Corvillo, ya se ganó una condena de seis años en el caso Rocket. Al final, parece que en ciertos círculos el blanqueo de capitales no es un delito, sino una asignatura obligatoria de la carrera política.
Gestionar el voto por correo es, habitualmente, como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con la mitad de los tornillos perdidos. Pero lo de Pedro Saura en Correos es llevar el surrealismo a otro nivel. Llegamos al 29-N con una plantilla que no está precisamente para fiestas, sino en pie de guerra. La jugada es maestra: coincidir en el calendario con el Black Friday y la campaña de Navidad. Es decir, pedirle al cartero que gestione la democracia, las ofertas de freidoras de aire y los regalos de Santa Claus, todo al mismo tiempo y con el mismo equipo. Un triatlón logístico donde el premio es el agotamiento. Mientras el Ministerio del Interior prepara un cheque de entre 60 y 70 millones de euros para financiar el despliegue, la dirección parece haber olvidado que el dinero no mueve los sobres, sino las personas. CCOO ya ha hecho los números: un millón de solicitudes de voto por correo requieren 20.000 contrataciones. Sin embargo, la respuesta de la empresa ha sido entregar la documentación diez minutos antes de la reunión, un movimiento de 'magia' corporativa que los sindicatos tachan de opacidad. Lo más gordo no es solo la falta de manos, sino la 'gratificación roñosa'. En lugar de incentivar el esfuerzo, la propuesta rebaja las compensaciones respecto a 2023. Es como si te pidieran hacer el doble de horas extras pero te pagaran el café con un cupón de descuento caducado. Entre las sombras del caso Leire Díez y las sospechas de PP y Vox sobre la limpieza del proceso, Correos intenta navegar una tormenta perfecta. Al final, la profesionalidad de la plantilla es el colchón donde la dirección se apoya para no caerse, pero el colchón ya tiene demasiados agujeros.
Hay una coreografía del absurdo que solo el Estado sabe ejecutar con precisión quirúrgica. Mientras en Urda (Toledo) el horror se escribía con sangre el pasado 28 de octubre, dejando un saldo desgarrador de 68 fallecidos, en los despachos del Ministerio de Hacienda el reloj marcaba las 17.29 horas. Justo en ese instante, José Santos Santamaría Cruz estampaba su firma electrónica en un contrato de auditoría para Adif y Adif Alta Velocidad. El contraste es obsceno: en un lado, el caos de un accidente ferroviario; en el otro, la burocracia moviéndose con la calma de quien pide un café. El negocio, adjudicado a Grant Thornton, es una joya del ahorro administrativo. El presupuesto de salida era de 422.401,59 euros, pero la consultora llegó con una oferta tan agresiva que Hacienda casi se asusta. Un 72,3% de rebaja es, en lenguaje de calle, comprarse un coche de lujo al precio de una bicicleta usada. Al final, el contrato se cerró en 117.000 euros (141.570 euros con IVA), una cifra que parece más un descuento de temporada que un servicio de revisión para los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Lo más irónico es que mientras Grant Thornton presume de 'herramientas tecnológicas' para justificar que trabajará menos horas, la Fiscalía Europea y la UCO están rebuscando en el cajón de los trastes de Adif. Hay investigaciones abiertas por fondos comunitarios y el Tribunal de Cuentas ya había avisado sobre deficiencias en contratos de más de 95 millones de euros destinados precisamente a la seguridad y señalización de la línea donde ocurrió la tragedia. Al final, el Gobierno firma auditorías baratas el mismo día que el sistema colapsa, demostrando que en la gestión pública, el ahorro en el papel suele salir muy caro en la realidad.
Hay una magia muy particular en los despachos de ADIF: la capacidad de hacer que el dinero cambie de color según sople el viento. Resulta que, el 28 de julio de 2026, Luis Nistal Martínez, subdirector de Fondos Europeos, decidió que un tren auscultador de 17,6 millones de euros no 'encajaba' en el Plan de Recuperación. Un movimiento quirúrgico, casi humilde, para decir que ese gasto no cumplía los requisitos europeos justo tres meses antes de que la UCO entrara por la puerta pidiendo papeles. Es como darse cuenta de que has comprado un televisor caro con la tarjeta de ahorros del colegio justo cuando el director te pide las facturas. Pero aquí viene el giro de guion. Mientras el tren auscultador era 'desterrado' de la contabilidad europea para evitar problemas, la renovación de señalización ERTMS y control de tráfico de la línea Madrid-Sevilla —un sablazo de 77,5 millones de euros sin IVA adjudicado a Thales— seguía cómodamente instalada en el presupuesto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Lo curioso es que este contrato, el de Thales, es precisamente el que tiene ahora a la Fiscalía Europea respirándoles en la nuca por un posible fraude. Para rematar la jugada, ADIF hizo un malabarismo administrativo en 2023: cambiaron la etiqueta del dinero. Pasaron de los fondos FEDER (programa 2014-2020) al NextGenerationEU. No cambiaron la obra, ni el plazo, ni el precio; solo cambiaron el cajón donde guardaban el recibo. Y para dormir tranquilos, se apoyan en un informe de la Abogacía del Estado de junio de 2021 que básicamente dice que, si al final Bruselas no paga, no pasa nada, el contrato sigue siendo válido. En resumen: una ingeniería financiera donde la transparencia es un concepto opcional y la coincidencia temporal es, sencillamente, sospechosa.
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