El texto original es una mina de oro de nepotismo, pero el periodista se queda corto al no conectar explícitamente la red de favores con la gestión presupuestaria global. Es una crónica de 'enchufes' que necesita más datos sobre el coste real de esas residencias oficiales.
En el mundo real, cuando alguien te dice que 'esto viene de arriba', normalmente significa que alguien ha decidido que las reglas son sugerencias y que el presupuesto público es su hucha personal. En ADIF, la ingeniería financiera no se aplicó a las vías, sino a las puntuaciones. Un audio de enero de 2022, enviado por José Vicente Porras, jefe de coordinación de inversiones, resume la gestión pública actual: 'Sé que es una jodienda que nos toquen los puntos, pero el que los toca es el que manda'. Traducido al idioma de la calle: 'Haced el truco de magia con las notas porque el jefe quiere que gane su amigo'. El 'truco' consistió en desplumar la valoración técnica de la empresa francesa Thales para que una alianza entre Siemens y FCC pudiera llevarse el contrato de señalización entre Los Rosales y Zafra. Un proyecto de 139 kilómetros de vía única que costó 20,4 millones de euros, pagados con fondos Next Generation de la UE. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de cinco euros, aquí se jugaban con millones como quien reparte cartas en una partida de póker amañada. Y no fue un desliz puntual; hubo otro contrato en el tramo Villanueva de la Serena y Brazatortas por 28 millones de euros en 2023, y un tercero más pequeño. Lo más fascinante es el 'plan de carrera' de los implicados. En lugar de una carta de despido, recibieron un traslado con vistas. Ángel Contreras, quien pasó de director general de Conservación y Mantenimiento a presidente de la compañía, fue reubicado estratégicamente. Otros como Gustavo Adolfo Álvarez y Abel Rajo también fueron movidos de tablero. Incluso el propio Porras sigue en la casa, ahora como jefe de área de coordinación de inversiones sur. Todo bajo la mirada cómplice de Óscar Puente, quien defendió a Contreras hasta septiembre de 2024, cuando finalmente fue sustituido por Luis Pedro Marco de la Peña. Una danza de sillas musicales donde el único que pierde es el que paga la entrada: el contribuyente.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, en los despachos del Estado han descubierto el arte de la 'generosidad selectiva'. Entre enero y septiembre de 2026, el Gobierno ha soltado 3.923 millones de euros mediante contratos negociados sin publicidad. Para los que no hablen 'burocracia', esto es el clásico contrato a dedo: sin anuncios, sin concursar y con la discrecionalidad como bandera. Un salto del 122,2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando la cifra era de 1.765,3 millones. Lo más fascinante no es solo el volumen, sino el tamaño del bocado. Mientras los lotes solo crecieron un 15,8% (de 2.535 a 2.936), el dinero se disparó. Traducción: no es que contraten más cosas, es que las que contratan a dedo son ahora mucho más caras. Es como si antes invitaran a cenar a un amigo y ahora le pagaran el alquiler del piso. El primer trimestre fue el auténtico festín, concentrando 2.400 millones frente a los modestos 486,77 millones del inicio de 2025. La Oirescon, que es quien lleva la cuenta de este banquete, ya avisó en su informe de 2024 (publicado en 2026) que la concurrencia está en cuidados intensivos. En servicios, la media de licitadores cayó de 5,65 en 2021 a 3,55 en 2024. En suministros, la caída es similar: de 4,31 a 2,97. Al final, el mercado público parece un club privado donde solo entran los que tienen la llave correcta. Con un 22% del importe total adjudicado moviéndose por esta vía 'excepcional', la excepción se ha convertido en la norma y la transparencia en un rumor lejano.
Hay que tener una confianza ciega en el sistema para que dos agentes del régimen marroquí se instalen en el CETI de Ceuta como quien reserva un Airbnb barato. No fueron inmigrantes desesperados, sino 'ojos' oficiales. W.C., de 31 años, y E.M.L., de 34, entraron el 16 de julio, justo cuando en Tánger ya se empezaba a cocinar el asalto a la valla. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una cita previa, estos dos caballeros disfrutaron de un pase VIP durante más de cinco semanas, con la invasión del 30 de julio ocurriendo prácticamente desde el comedor del centro. El guion es de película serie B: W.C., el policía, se vendió como un desertor. Un cuento que no se creyó nadie con dos dedos de frente, pero que le sirvió para ejercer de 'capataz' sobre los internos gracias a un trato de favor de la anterior dirección del centro. A su lado, E.M.L., el militar, hacía de sombra. Ninguno tenía antecedentes penales, un detalle que en el mundo real es sospechoso cuando llegas a pedir asilo para ganar tiempo y mapear vulnerabilidades. No buscaban refugio, buscaban el plano de la casa. La hipocresía alcanza su pico cuando comparamos esto con el informe de 21 páginas del 28 de octubre enviado a la juez María Tardón. Mientras Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi daban órdenes en la valla, estos dos infiltrados hacían el trabajo sucio desde dentro. El final fue casi cómico: uno expulsado por ir ebrio y el otro en una devolución colectiva. El resultado es un CETI descabezado, una dirección interina que no sabe por dónde le da el aire y fugas masivas, como la del 26 de octubre donde de 200 marroquíes solo devolvieron cinco. Un sistema que deja entrar al enemigo con alfombra roja no es un error; es un coladero.
Hay una danza muy curiosa ocurriendo en los despachos del PSOE. El juez Santiago Pedraz ha pedido unos contratos y el partido ha respondido con una creatividad que envidiaría cualquier guionista de Netflix. Para evitar entregar los papeles que podrían alimentar la presunta 'cloaca' de Leire Díez y Santos Cerdán, el PSOE ha sacado la carta del 'secreto profesional'. Es el truco clásico: envolver el dinero en papel de abogado para que nadie pregunte qué hay dentro. El juez no quiere saber qué se dijeron en el confesionario, solo quiere ver quién ha pagado y cuánto, pero el partido insiste en que revelar los contratos lesionaría los intereses de terceros. Muy noble. Sin embargo, en el afán de quedar bien, han soltado la perla que la UCO ha subrayado con fluorescente: admiten que no pueden dar la información rápido porque no está centralizada y que las organizaciones territoriales hacen sus propios encargos. Traducido al lenguaje de la calle: el grifo del dinero no solo sale de la central, sino que hay 'cajas' repartidas por todas las regiones. Básicamente, le han dado al juez el mapa del tesoro mientras intentaban decir que no tenían la llave. Para rematar la jugada, han alegado que están muy liados con la campaña electoral y que siete días hábiles —desde la notificación del 7 de octubre— son insuficientes para revisar cinco años de archivos territoriales. Es fascinante. Para organizar mítines y eslóganes tienen una maquinaria suiza, pero para buscar un contrato en un cajón el partido se convierte en una oficina de correos de pueblo en agosto. La UCO ahora sabe que si quiere encontrar la ruta del dinero, no debe mirar solo el despacho del jefe, sino bajar a las provincias.
Hay una magia muy particular en los pasillos del poder: la capacidad de convertir la 'honestidad' en un concepto opcional según sople el viento. El pasado 21 de abril, Isabel Rodríguez se paseó por el Consejo de Ministros vendiendo la transparencia del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como si fuera el Santo Grial de la democracia. Prometió datos abiertos, luz clara y un ejercicio de sinceridad frente a los portales privados. Pero, como ocurre cuando llega la hora de pasar la factura, el Gobierno ha aplicado un giro de guion digno de telenovela barata. La Orden VAU/1167/2026 es una obra maestra de la ingeniería administrativa. Por un lado, el Ministerio de Vivienda se pone en modo 'fiscal implacable' con las comunidades autónomas. Les exige que remitan mensualmente cada detalle, cada céntimo y cada circunstancia personal de los desahuciados. Quieren saberlo todo: ingresos, edad, sexo y hasta el color de las cortinas del beneficiario. Es como si en tu casa te obligaran a llevar un libro de cuentas detallado de cada café que te tomas, pero el administrador del edificio decidiera que el balance final es 'información confidencial'. Aquí reside la trampa. Mientras las autonomías sudan la gota gorda alimentando el sistema a través de la Red SARA —con un margen hasta el 1 de junio de 2027 para arreglar los cables—, el artículo 9 de la norma le da a la Dirección General de Planificación y Evaluación el superpoder de decidir qué se publica y qué se guarda en el cajón. No hay periodicidad, no hay obligación, solo 'criterios de relevancia'. En cristiano: publicaremos lo que nos haga quedar bien y esconderemos el agujero contable o la lista de espera de quienes siguen en la calle. Pedro Sánchez ha hecho de la vivienda su bandera, pero parece que la bandera ahora tiene un parche que tapa las cifras incómodas.
Hay que tener una creatividad desbordante para mirar un edificio de 230.202 euros y decidir que, en los papeles, vale lo mismo que un chicle masticado. El PSOE ha registrado un inmueble de su Comisión Ejecutiva Regional de Madrid por un céntimo. Un céntimo. Mientras el ciudadano medio suda tinta para que no le suban la tasa de basuras, en el partido de Pedro Sánchez aplican una aritmética cuántica donde el ladrillo se evapora. El Tribunal de Cuentas, que no es precisamente un entusiasta de la fantasía, ha soltado el bombazo en un informe sobre el ejercicio de 2020, año que, casualmente, orbita en la misma galaxia que el «caso Koldo» y las investigaciones del juez Ismael Moreno sobre financiación ilegal. La excusa técnica es la amortización, pero aquí viene el truco: el suelo no se amortiza. Es decir, que decir que un edificio vale 0,01 euros es como decir que tu coche es gratis porque los neumáticos están gastados, ignorando que el chasis sigue ahí. Pero el céntimo es solo el aperitivo. El banquete incluye 27 inmuebles más, con un valor catastral superior al millón de euros, que el partido simplemente olvidó anotar en la contabilidad. Una amnesia selectiva envidiable. Para rematar la faena, el PSOE registró un deterioro de 1,05 millones de euros en un edificio de la Fundación Ideas para el Progreso con una tasación caducada. Básicamente, han maquillado el balance infravalorando su patrimonio en 5,1 millones de euros, usando provisiones «ficticias» —como 3,6 millones por costes laborales— para que las cuentas no parezcan tan infladas. Al final, el Tribunal de Cuentas es claro: el balance del PSOE no es una imagen fiel, es un cuadro abstracto donde el dinero público y el patrimonio juegan al escondite.
Hay una elegancia casi quirúrgica en cómo el Estado gestiona la miseria. Miguel Ángel Pérez Triano, el exdelegado en Ceuta, decidió que la mejor forma de aplicar el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo (PEMA) —ese manual de instrucciones que desde junio obliga a la UE a hacer 'triajes' para detectar vulnerabilidades— no era mejorar la acogida, sino comprar un trozo de tierra. Porque claro, cuando la Jefatura de Policía le dijo que meter a la gente en naves industriales era un lío logístico, la solución no fue buscar dignidad, sino buscar una parcela privada con buenos enchufes. El plan, detallado en un correo electrónico el pasado 16 de julio, era montar un campamento de carpas y módulos al estilo Ibiza, pero sin el glamour de las fiestas. El escenario: una parcela de 2.200 metros cuadrados junto a la prisión. Un lugar idílico para que los recién llegados esperen a que la burocracia decida su suerte, ya que, mientras dura el triaje, no tienen autorización de entrada y quedan a disposición de las autoridades. Básicamente, un limbo con suministro eléctrico y saneamiento. Los números son el combustible de esta maquinaria. Pérez Triano advirtió que Ceuta es el epicentro de la presión migratoria. Solo en los primeros seis meses del año, 2.582 personas entraron de forma irregular, un incremento del 164% interanual que haría temblar a cualquier gestor de inventarios. A esto se suma el 'efecto nadadores' y el golpe del Tribunal Supremo, que puso freno a las devoluciones en caliente. Ante el caos, la respuesta institucional fue pragmática: si no hay sitio en la nave, compramos un terreno y ponemos carpas. Eficiencia pura, siempre que no te toque dormir en una de ellas.
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