Crítica:
El texto original es una pieza de opinión disfrazada de noticia, cargada de animosidad personal. Se apoya excesivamente en 'fuentes' anónimas y augurios previos para validar una narrativa de vendetta.
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Policías trans: ¿Mujeres o agresores de género?
Estamos ante un cortocircuito administrativo de manual, de esos que te dejan el cerebro haciendo chispa. Resulta que en Ceuta, cinco agentes de la Policía Nacional, afiliadas al Sindicato Policial Trans No Normativos (TNN), han decidido que es momento de reclamar sus derechos. ¿El motivo? Han sido detenidas bajo el protocolo de violencia de género. Sí, han leído el acta. El problema es que, según el DNI y la ley trans impulsada por Irene Montero, estas personas son legalmente mujeres. Y aquí viene la joya de la corona: la ley de violencia de género (LO 1/2004) está diseñada para castigar la violencia de hombres sobre mujeres. Detener a una 'mujer' por violencia de género es, técnicamente, un error de sistema, como intentar pagar el café con un ticket de parking. El caso estrella es el de David Osasuna. Tras una denuncia de su pareja por un asunto con su hijo menor, Osasuna se entregó voluntariamente. Pero el inspector de radiopatrullas, el jefe regional de operaciones y el juez de guardia decidieron ignorar el papel oficial y tratarla como varón. La llevaron a la UFAM, firmaron papeles de VioGén y la mandaron al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Un despliegue de burocracia que, para el TNN y su vicepresidenta Daniel Gallardo, es una vulneración de derechos fundamentales. Lo fascinante es el ruido de fondo. Mientras el sindicato pide que se les reconozca como mujeres hasta para usar el vestuario, la FELGTBI+ y la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres miran el espectáculo con escepticismo. Unos hablan de 'fraude de ley' y otros de 'transfobia'. Al final, el caso de Osasuna terminó en el Juzgado de Instrucción n.º 4 con la retirada de la denuncia, pero la manzana de la discordia sigue ahí: ¿es la ley trans una herramienta de identidad o un escudo legal para esquivar la LO 1/2004? El Estado, que suele ser experto en complicarse la vida, ha encontrado aquí su laberinto favorito.
Voto por correo: entre ofertas y caos
Imaginen el escenario: usted quiere decidir el futuro del país el 29-N, pero su voto tiene que hacer cola detrás de tres freidoras de aire, un set de sartenes antiadherentes y diez fundas de móvil compradas en oferta. Bienvenidos a la tormenta perfecta de Correos. El calendario ha decidido jugar una broma pesada al ente presidido por Pedro Saura, haciendo coincidir el voto por correo con el Black Friday y el Cyber Monday. Es el choque frontal entre la democracia y el consumismo desenfrenado. Mientras el sector logístico se prepara para mover entre 100 y 130 millones de envíos —un promedio de 3,5 millones de paquetes diarios que harían temblar a cualquiera—, Correos decide que la mejor estrategia es el minimalismo laboral. La compañía, que arrastra un agujero contable de más de 1.000 millones de euros heredado de la era de Juan Manuel Serrano (2018-2023), ha decidido que contratar refuerzos es un lujo que no se pueden permitir. Es como intentar vaciar una piscina olímpica con un vaso de plástico mientras llueve a cántaros. Los números no mienten, aunque la dirección intente maquillarlos con frases vacías sobre 'poner todos los recursos necesarios'. CCOO ya ha soltado la bomba: hay 7.400 carteros menos que en las generales del 23-J, cuando se gestionaron 2,6 millones de votos a distancia. Ahora, con la previsión de rozar el millón de votos por correo más la avalancha de objetos electorales, el sindicato pide 20.000 contratos de refuerzo. Pero claro, en la cúpula prefieren los tijeretazos a la eficiencia. Mientras Francisco Aranda, presidente de UNO, dice que el sector privado lo tiene todo bajo control gracias a la digitalización, en la empresa pública la realidad huele a oficina saturada y cartero al borde del colapso. Básicamente, nuestro derecho al voto ha quedado atrapado en la misma logística que el pedido de Amazon que llega tarde.
El PSOE 'maquilla' la quiebra de su fundación
Hay una magia contable que solo se domina en los pasillos del poder: hacer que un agujero negro se convierta en un saldo positivo justo antes de que lleguen las urnas. El 14 de junio de 2023, mientras el país se preparaba para el 23-J, el PSOE aplicó un 'truco de magia' financiero para rescatar a la Fundación Pablo Iglesias. No fue una donación generosa, sino una reestructuración de 2,554 millones de euros que convirtió viejos créditos en aire fresco. Así, la entidad pasó de tener un patrimonio negativo de 2,259 millones al inicio de año a lucir unos modestos pero orgullosos 257.277 euros al cierre. Es como si alguien que debe el alquiler de tres años, de repente, borrara la deuda con un apretón de manos y terminara el mes con dinero para el aperitivo. Pero el rescate no terminó en la ingeniería financiera. La fundación, presidida por María Luisa Carcedo, se convirtió en una aspiradora de fondos públicos. Entre el Ministerio de Cultura (114.771 euros) y el de Exteriores (237.024 euros), sumaron 368.562 euros en subvenciones. Incluso la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, en un giro irónico, soltó casi 9.500 euros. Si a esto le sumamos los 259.940 euros que el PSOE transfirió directamente, la cuenta llega a unos ingresos de 847.420 euros, incluyendo una donación anónima de una persona jurídica que prefiere seguir en las sombras. Al final, tras gastar 789.101 euros, la fundación cerró con beneficios de 49.318 euros. Mientras tanto, el PSOE presume de ser el coleccionista de fundaciones más prolífico, con diez entidades para 'divulgar su pensamiento', dejando al PP con dos y a Vox con una sola. Eso sí, no todo es brillo: el Tribunal de Cuentas ya pide liquidar la Fundación Carlos Chivite en Navarra, que es básicamente un cascarón vacío que ni siquiera presenta auditorías. La coherencia, al parecer, es el único activo que no figura en sus balances.
Pasaportes gratis: el coladero de la Ley Nietos
Parece que en el Ministerio de Justicia han confundido la Ley de Memoria Democrática con un buffet libre de pasaportes europeos. La jugada es maestra: mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda al alquiler, Sofía Puente —hermana del ministro Óscar Puente— diseñó una instrucción que convirtió la ley en un coladero. La idea era sencilla: relajar los requisitos de exilio político para que entrar en el censo electoral fuera más fácil que pedir una pizza. Los datos son para flipar. El Gobierno admite ante el Tribunal Supremo que ya han soltado más de 163.000 nacionalidades bajo esta directriz, en medio de un tsunami de 2,4 millones de solicitudes. Pero ojo, que en México la cosa es deporte nacional: fuentes consulares aseguran que más del 90% de los casos allí pasaron por este 'atajo' de Sofía Puente, saltándose la obligación de demostrar que el antepasado huyó por razones políticas. El caso de Juan G. es la joya de la corona de la hipocresía administrativa. Un señor de 82 años, nacido el 7 de octubre de 1944 en el DF, que consiguió el pasaporte europeo el 9 de junio de 2023 (justo antes del 23-J) sin presentar ni una fe de bautismo. Sus padres nacieron en México en 1913 y 1918. Para que nos entendamos: sus progenitores eran mexicanos de pura cepa décadas antes de que Franco siquiera supiera lo que era un golpe de Estado. El abuelo, que supuestamente era español y emigró a finales del siglo XIX, no pudo ser exiliado político de la Guerra Civil porque, técnicamente, la guerra ocurrió medio siglo después de su marcha. Lo más cínico es que Juan no era un cualquiera, sino un 'alto cargo' amigo del cónsul. Ahora, con el Tribunal Supremo frenando el chiringuito, el Gobierno intenta que Ángel Gabilondo salve los muebles vía Tribunal Constitucional. Una ingeniería financiera de votos donde el precio es la legalidad.
Vivienda en Palma: ¿Cero impuestos para españoles?
En el pleno de Palma, la política se ha convertido en un juego de sillas donde el ciudadano medio siempre se queda de pie. Fulgencio Coll, el número uno de Vox en la capital balear, ha lanzado una propuesta que suena a música celestial para el que intenta alquilar un zulo: castigar con más impuestos al extranjero que compra casa y dejar en cero el tributo para el español que busca su primera vivienda. Es el clásico contraste entre el sueño de la propiedad y la pesadilla del alquiler actual. La narrativa es clara: mientras que hace décadas el hijo de un obrero podía comprarse un piso con sudor y tesón, hoy el hijo de un profesional cualificado termina compartiendo nevera y traumas con tres desconocidos en un piso compartido. Coll no se corta y apunta el dedo directamente a Pedro Sánchez, acusándolo de ser el 'mejor amigo de los especuladores'. La lógica es tan sencilla como cruel: si tienes una demanda infinita y una oferta que parece un desierto, el precio sube más que la factura de la luz en invierno. Los números son el martillazo de esta crónica. En los últimos cinco años, España ha recibido a unos cinco millones de personas, pero la construcción residencial se ha quedado congelada en niveles ridículos, con menos de 90.000 unidades anuales. Es como intentar meter a toda una ciudad en un armario empotrado. Para Vox, la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023 no ha sido una solución, sino el empujón final para que los pequeños propietarios, asustados, retiren sus casas del mercado, dejando el camino libre a los grandes rentistas. El plan cierra con una propuesta tajante: repatriaciones, remigraciones y deportaciones para limpiar el tablero y, supuestamente, liberar espacio para los suyos.
RTVE: 2 millones por un 'viaje' a Waterloo
Hay quien dice que el dinero público es como el agua, pero en RTVE lo gestionan como si fuera champán en boda de magnates. Resulta que la cadena pública ha soltado 1,72 millones de euros a NSN Media Productions, la productora de Joel Borrás y Andrés Iniesta, para que Jordi Basté pudiera viajar hasta Waterloo y charlar con Carles Puigdemont en la comodidad de su residencia belga. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, la corporación que preside José Pablo López ha decidido que el camino más corto hacia la investidura de Pedro Sánchez en 2023 pasaba por abrir el grifo de La2Cat. El despliegue financiero es modesty pura. En 2025, el programa 'Plà Seqüència' costó 640.000 euros. Este año, el presupuesto ha pegado un estirón hasta los 985.000 euros. Pero ojo, que la generosidad no termina ahí. NSN Media también factura el programa de debate 'No se n’ha parlat prou', de Laura Rosel, por otros 505.000 euros. En total, la productora se ha embolsado 2,22 millones de euros. Un sablazo institutional que hace que cualquier presupuesto familiar parezca un chiste de mal gusto. La hipocresía alcanza su cénit cuando CCOO se indigna, no solo porque se externalice una entrevista de este calibre ignorando a los periodistas de casa, sino porque los fragmentos de la charla aterrizaron primero en RAC1, una radio privada del Grupo Godó, antes que en la pantalla pública que la pagó. Básicamente, hemos pagado el viaje, la cena y el hotel para que la primicia se la llevaran otros. Todo esto por un 8,3% de audiencia en Cataluña. Un éxito rotundo, si es que medimos la eficiencia por la cantidad de euros invertidos por cada espectador que no cambió de canal.
Marlaska: cascos de museo para la frontera
En el Ministerio del Interior, parece que la gestión de materiales se maneja con la misma filosofía que quien intenta arreglar una fuga de agua con celo y esperanza. Fernando Grande-Marlaska tiene a 330 guardias civiles en las vallas de Ceuta y Melilla patrullando con cascos que tienen más años que algunas de las leyes que deben aplicar. Hablamos de piezas caducadas hace más de 20 años; material que, irónicamente, ya se exhibe en museos como reliquia histórica mientras el agente de turno lo lleva puesto para que no le reviente la cabeza. Para que nos entendamos: la vida útil de estos cascos antidisturbios es de 15 años. Pasado ese plazo, el poliestireno interno se reseca y se vuelve tan útil como un cenicero en una moto. No absorben impactos, solo bailan sobre la cabeza, provocando que los agentes sufran fracturas en las manos al resbalárseles el equipo o, peor aún, que el casco se parta como una galleta ante una pedrada. En el asalto de 2022 a Melilla, donde 2.500 subsaharianos intentaron entrar y 500 lo lograron, la precariedad pasó factura: un guardia perdió su especialidad de GRS por las secuelas de un golpe que un casco decente habría neutralizado. La solución del Ministerio ha sido una obra maestra de la ingeniería del parche. Prometieron 600 cascos nuevos, pero en Melilla los repartieron entre los GRS y la Usecic, dejando a los de Fiscal y Fronteras en el olvido. ¿El resultado? El responsable de material de Melilla hace 'canibalismo' de equipo: despieza cascos viejos para ponerle correas y tornillos a otros que están igual de mal. Mientras tanto, los agentes comparten el 'material caliente' (chalecos y espinilleras) como quien comparte un cepillo de dientes en un hostal barato. Con 200 efectivos en Ceuta y 130 en Melilla, la seguridad fronteriza se ha convertido en un ejercicio de supervivencia donde el presupuesto parece haberse evaporado en el camino.
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