La noticia es un despliegue de indignación justificada, aunque se apoya excesivamente en declaraciones sindicales sin contrastar la versión técnica de los 'objetivos' cumplidos. El contraste entre la deuda y los bonus es el clavo que sostiene toda la pieza.
Hay que tener una capacidad de gimnasia mental digna de un circo para liderar una acampada contra los rentistas mientras se tiene el billete de lotería más gordo del Registro de la Propiedad guardado en el cajón. Fernando de los Santos, el portavoz del Sindicato de Inquilinas y profesor de Filosofía del Derecho en la UAM, se vende como alguien que sufre la precariedad 'en sus propias carnes'. Pero resulta que esas carnes descansan sobre la tranquilidad de un piso de 155 metros cuadrados, más terraza y trastero, en la calle Segre, en El Viso. Para los que no conocen el código postal, El Viso no es donde uno busca un alquiler compartido; es donde el dinero no hace ruido porque ya lo tiene todo. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que no le suban la renta, De los Santos es heredero de una joya valorada en 1.303.000 euros, un activo que desde septiembre de 2021 ha escalado desde los 900.000 euros sin despeinarse. Un inmueble libre de hipotecas que, según Idealista, podría rentar unos 3.130 euros al mes. Básicamente, el adalid de los sin techo tiene una red de seguridad que es, en realidad, un colchón de oro. El árbol genealógico es un despliegue de poder: nieto de Aurelio Menéndez, cofactor de Uría Menéndez y primer marqués de Ibias. No solo es el linaje, es la praxis. El portavoz aparece como apoderado de Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho S.L. desde enero de 2010, una constructora de puentes y túneles que, curiosamente, tiene su domicilio social en el mismo piso lujoso de su madre, Begoña Menéndez. El círculo se cierra con Asesoramiento y Consulting de Obras S.L. Es la paradoja perfecta: luchar contra el sistema inmobiliario mientras se es el heredero legítimo de la ingeniería financiera y el ladrillo de alta gama.
Hay una danza muy curiosa en el tablero energético. Mientras el ciudadano medio mira el surtidor de gasolina como quien mira una película de terror, el Gobierno de España juega al escondite con el petróleo. Resulta que en marzo, junto a la Agencia Internacional de la Energía (AIE), nos comprometimos a soltar 400 millones de barriles para que los precios dejaran de asfixiarnos. Pero aquí viene el truco: España prometió 11,5 millones de barriles (unos 12,3 días de consumo), y se ha quedado a medio gas. El Consejo de Ministros firmó el 17 de marzo de 2026 y el BOE lo selló el 20, pero solo soltaron la primera fase de cuatro días. Los otros 8,3 días restantes están cogiendo polvo en el almacén porque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no ha dado el 'ok'. Desde Washington, Chris Wright, el secretario de Energía de EE. UU., no ha tenido mucha delicadeza. Mientras Trump presume de liberar 172 millones de barriles y Japón cumple la palabra, Wright ha lanzado un dardo directo: hay países europeos que solo han liberado una fracción de lo prometido. Básicamente, nos están diciendo que somos el alumno que no ha hecho los deberes. Mientras tanto, el diésel se resiste a bajar de los 1,93 euros el litro y el Ejecutivo intenta poner un parche con rebajas fiscales el pasado martes, una maniobra que parece querer tapar el sol con un dedo. El empresariado catalán, con un informe entre manos, ha destapado la hipocresía: tenemos el 67,5% de la contribución inmovilizada. Hablamos de unos 1.380 millones de litros físicos que representan hasta 1.100 millones de euros en capital congelado. Lo más cínico es que mantener ese petróleo guardado cuesta entre 79 y 215 millones de euros anuales, un gasto que, como ocurre con cualquier factura mal gestionada, acaba pagándolo el conductor en cada repostaje. Italia, en cambio, fue al grano y ejecutó todo el 26 de marzo. En España, preferimos la burocracia al ahorro del bolsillo.
Hay que tener una elasticidad mental admirable para llamar 'fondos buitre' a la gestión de Isabel Díaz Ayuso mientras uno mismo se sirve un refresco con dinero público. Fernando de los Santos, el portavoz del Sindicato de Inquilinas y autoproclamado mártir de la carestía habitacional, resultó ser un experto en la ingeniería de la oportunidad. En 2021, mientras el mundo intentaba sobrevivir a la pandemia, De los Santos se embolsó una subvención al alquiler de la Comunidad de Madrid por 2.725,50 euros. Lo más cómico es que su idoneidad para recibir el dinero era de 0,35 sobre 1. Básicamente, era el candidato menos apto, pero el cheque llegó igual, uniéndose a un grupo exclusivo de apenas 2.000 jóvenes menores de 35 años. El contraste es, sencillamente, obsceno. Mientras De los Santos clama que sufre el problema de la vivienda 'en sus propias carnes', su árbol genealógico es un mapa del poder madrileño. Es nieto de Aurelio Menéndez, exministro de Adolfo Suárez y cofundador de Uría Menéndez, y sobrino de la marquesa de Íbias. No hablamos de alguien que cuenta los céntimos para el autobús, sino de un apoderado de Tecnoasfalt Aglomerados con Caucho SL, una constructora familiar que hace puentes y túneles. Pero el plato fuerte está en el barrio de El Viso. Mientras el portavoz lucha contra los 'rentistas', espera heredar un piso de 155 metros cuadrados más terraza en la calle Segre, valorado en unos 1.303.000 euros. Un inmueble que, según Idealista, podría rentarse por 3.130 euros mensuales. Es decir, que el hombre que dice que la vivienda no debe ser un negocio de unos pocos, tiene el negocio familiar montado en el corazón de Chamartín. Una coherencia que solo se puede alcanzar con un doctorado en cinismo.
Gestionar el dinero público parece haberse convertido en un ejercicio de magia: ahora aparece, ahora no. El Tribunal de Cuentas ha soltado un informe que es, básicamente, un manual de cómo ignorar la Ley de Transparencia sin despeinarse. De 253 contratos examinados, el 41,5% —unos 105 expedientes— brillaban por su ausencia en el Portal de Transparencia. Claro, estaban en la Plataforma de Contratación, que es como decir que el dinero no ha desaparecido, sino que lo han guardado en un cajón donde solo los iniciados saben mirar. Estamos hablando de 446,1 millones de euros destinados a protección y promoción social. Para que nos entendamos, es una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto familiar mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, pero aquí se gestiona con la ligereza de quien olvida las llaves en casa. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se lleva la medalla de oro en la opacidad con 66 contratos invisibles (un 44,6%), seguido por Derechos Sociales con 20 y Trabajo con 10. Lo más delirante es la 'ingeniería administrativa'. El 29,64% de los contratos no tenían memoria justificativa. Es decir, gastan millones sin explicar muy bien para qué sirven, usando párrafos genéricos que parecen redactados con una plantilla de Word de 1998. El Imserso, por su parte, se permitió 57 contratos negociados sin publicidad en Ceuta y termalismo, saltándose la documentación preparatoria. Y para rematar el cuadro, tenemos el caso de Migraciones y Tragsatec: un encargo de 4,81 millones de euros formalizado en marzo de 2022 que se publicó tres años tarde. A este ritmo, nos enteraremos de qué hicieron con el dinero cuando ya estemos jubilados o en el horno. Una gestión donde la transparencia es, sencillamente, una sugerencia opcional.
Hay una magia contable en Barcelona que envidiaría cualquier ilusionista de Las Vegas. Resulta que el Sindicato de Inquilinas, esa entidad que grita fuerte en las plazas, solo ha recibido una modesta ayuda de 5.210 euros en 2024. Un detalle, casi una propina. Pero aquí viene el truco: justo en la oficina de al lado, compartiendo ADN, fundadores y hasta el mismo aire, está IDRA (antes HIDRA), un centro de investigación que parece tener el número de WhatsApp directo de la ventanilla de subvenciones. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca una factura de lujo, IDRA ha absorbido la suma de 1.507.108,4 euros entre 2022 y 2026. El desglose es una oda a la generosidad institucional: 1.327.078,92 euros provenientes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, más un 'picoteo' de 174.029,48 euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y otros 6.000 euros del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La ingeniería es brillante. Por un lado, tenemos la lucha callejera y, por otro, la 'investigación urbana'. Nombres como Jaime Palomera y Carme Arcarazo bailan entre ambas estructuras con una agilidad envidiable, permitiendo que el dinero público fluya hacia la entidad que no tiene que dar tantas explicaciones sobre sus protestas. Es el clásico caso de 'estamos luchando contra el sistema', mientras el sistema te deposita un millón y medio en la cuenta corriente. Al final, la justicia social tiene un coste, y en este caso, el erario público ha decidido financiar el 'estudio' de la lucha con un cheque que haría temblar a cualquier inquilino real.
En el mundo real, si te avisan de que se inunda la cocina por WhatsApp, no esperas a que llegue un notario con un acta sellada para cerrar la llave del agua. Pues bien, en el Olimpo del poder, Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska han intentado vendernos que un aviso urgente del CNI no cuenta si no viene en un sobre lacrado con sello de cera y caligrafía gótica. La trama es tan absurda que roza el surrealismo: el Gobierno pretendía que un 'flash' —esa alerta rápida que los espías lanzan cuando el tiempo apremia— no tenía validez frente a la 'Nota Informativa'. Traduzcamos esto al lenguaje de la calle: es como si el jefe de seguridad de tu barrio te manda un mensaje diciendo 'están entrando por la ventana' y tú respondieras que no puedes actuar porque no has recibido un PDF firmado en tres ejemplares. La burocracia de 'La Casa' es paquidérmica; una nota oficial puede tardar ocho horas en llegar al escritorio, pasando por filtros de jefes que rebajan el tono para no asustar al personal. Por eso existen los canales autorizados, incluidos los WhatsApps, que el ministro del Interior conocía perfectamente pero decidió ignorar en sus declaraciones. Grande-Marlaska jugó al diccionario, asegurando que 'no había ningún informe', omitiendo convenientemente que un aviso flash es, a efectos prácticos, la misma información pero sin el envoltorio burocrático. Mientras Margarita Robles intentaba salvar los muebles el 25 de agosto de 2026, confirmando que el CNI hizo su trabajo el día 29 previo a la invasión, el presidente se deslizaba hacia las vacaciones en La Mareta. Una gestión impecable: el CNI avisa, el Interior finge demencia y el jefe se va a Lanzarote mientras la frontera de Ceuta se convertía en un coladero.
En el Ministerio del Interior parecen haber confundido el presupuesto público con el presupuesto de una agencia de inteligencia de serie B. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y mira la cuenta corriente con pánico, en los despachos de Fernando Grande-Marlaska se dedicaban a jugar al 'quién es quién' con los periodistas. Iustitia Europa ha lanzado un grito de auxilio al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid para que, por favor, alguien guarde los archivos digitales antes de que el botón de 'borrar' haga su magia habitual. No es un simple Excel de contactos. Estamos hablando de un dosier titulado 'Tertulianos. Radio y Televisión', una joya de la ingeniería administrativa que clasificaba a profesionales según su ideología y su 'lealtad' al Gobierno. Básicamente, un casting ideológico pagado con nuestros impuestos. La denuncia, interpuesta el pasado día 9, busca que un análisis forense desmonte la cronología de este invento y revele quién dio la orden de fichar a la prensa. Lo más jugoso llega con la ORIS–Ministerio del Interior, una unidad de comunicación que desapareció el 1 de mayo de 2025, casi como si quisiera borrar el rastro de un crimen. Iustitia Europa ha puesto el foco en seis guardias civiles que estaban allí antes del cierre. Según Luis María Pardo, presidente de la formación, algunos de estos agentes podrían haberse rebelado ante órdenes que huelen a prácticas impropias de una democracia. Ahora la pelota está en el tejado de la Fiscalía, mientras el país espera saber si el Ministerio del Interior funciona como un órgano del Estado o como el club de fans más vigilante de la historia.
Comentarios