Crítica:
El texto original es correcto, pero peca de excesiva prudencia al usar demasiados 'presumiblemente'. La contradicción entre el resultado electoral y el intento de fraude es el verdadero núcleo que la noticia no explota.
El alcalde de Tánger huye a España tras estallar un caso de fraude electoral en Marruecos
Alcalde de Tánger: maletas, fraude y fuga
Otros artículos
Medallas invisibles: el truco para ocultar favores
Hay quien dice que la discreción es una virtud; en la Policía Nacional, parece que es la herramienta perfecta para esconder el 'amiguismo'. Resulta que, justo antes de celebrar el patrón de los Ángeles Custodios el próximo 2 de octubre en Valencia, ha surgido una oferta irresistible: 'tapar' los nombres de los condecorados ajenos al Cuerpo. Un correo enviado entre el miércoles 16 y el jueves 17 sugiere que, si alguien no quiere que su nombre aparezca en la Orden General, puede pedir el anonimato. Oficialmente, es por 'seguridad'. Extraoficialmente, huele a intentar evitar que el público se pregunte qué hacía el primo de un mando en la lista de medallas blancas sin haber movido un dedo por la institución. El contraste es sangrante. Mientras el agente de a pie lucha con una ley de 1964 que parece redactada en piedra, el Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha convertido el reparto de insignias en un deporte de riesgo judicial. No hablamos de simples trofeos para la vitrina. Las cruces rojas suponen un sablazo positivo del 10% en el sueldo vitalicio, incluyendo la jubilación. Es como si te regalaran un bono de compra mensual para toda la vida por un mérito que, a veces, la Justicia no encuentra por ningún lado. La Audiencia Nacional ya ha pasado la escoba: en mayo de 2024 anuló 56 condecoraciones de 2022 (7 de plata y 49 cruces rojas) por falta de justificación. Poco después, volaron otras 6 medallas de plata de 2023 otorgadas a comisarios jubilados. Al final, el miedo al juez ha logrado lo que los sindicatos no pudieron en años: que este año no haya medallas de plata para jubilados. Menos ingeniería financiera y más transparencia, aunque sea tarde.
Visados para Gaza: burocracia con doble vara
En el tablero político español, hay gestos que son como comprarse una corbata de seda para ir a un funeral: quedan muy bien en la foto, pero no resucitan al muerto. Sumar ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para crear un 'corredor humanitario' que saque de Gaza a los estudiantes con plaza en universidades españolas. Suena noble, casi poético. El problema es que, mientras el discurso vuela, la burocracia camina con botas de plomo. La paradoja es exquisita. Tenemos a jóvenes con becas y plazas confirmadas en instituciones como la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad Carlos III de Madrid o la Universidad Pompeu Fabra, pero atrapados en un limbo administrativo que hace que esperar el autobús un lunes por la mañana parezca un trámite ágil. Según la red Gaza 40+ España, hay al menos seis estudiantes en este vacío legal; algunos entregaron sus papeles en noviembre de 2025 y hoy siguen sin saber si su visado es un 'sí', un 'no' o un 'quizás' perdido en un cajón consular. Los números no mienten, aunque a veces se escondan. España ha evacuado a solo 19 estudiantes académicos en diez meses, mientras unos 50 siguen esperando que alguien pulse el botón de 'enviar' en su expediente. Sumar denuncia un 'patrón de opacidad' y saca a relucir la comparación que más duele: Ucrania. Para los ucranianos hubo alfombra roja y visados exprés; para los gazatíes, parece que el Consulado General de España en Jerusalén ha decidido aplicar la técnica del silencio administrativo. Pedir ahora un mecanismo 'calendarizado' y coordinar el tránsito con Israel y Egipto es, en lenguaje de calle, intentar arreglar el grifo cuando la casa ya está inundada. La hipocresía reside en que el respaldo institucional existe, el dinero de las becas está ahí, pero el pasaporte sigue siendo un muro más alto que el de Gaza.
Medallas invisibles: el 'modo incógnito' de Marlaska
Hay quien dice que la transparencia es la base de la democracia, pero en el Ministerio del Interior parece que la transparencia es más bien un accesorio opcional, como el aire acondicionado en un coche barato. Resulta que la Dirección de Organización y Transformación Digital de la Policía Nacional ha tenido la brillante idea de enviar un correo electrónico el pasado 16 de septiembre ofreciendo a los condecorados la posibilidad de 'no aparecer' en la Orden General. Básicamente, es el botón de 'modo incógnito' aplicado a las medallas del Estado. Una jugada maestra para que el amiguismo no deje huella digital. El despliegue de generosidad es conmovedor. Para el patrón de la Policía Nacional, que se celebrará en Valencia el 2 de octubre, se ha batido un récord de 'medallas blancas' para gente que no es policía. Hablamos de 651 condecoraciones frente a las 641 de 2025. Es como si el Ministerio estuviera repartiendo caramelos en un cumpleaños, pero con el presupuesto público y sin decir exactamente por qué se premia a tantos jueces, fiscales y funcionarios. El motivo es un secreto de Estado; la afinidad, en cambio, es un libro abierto. Y mientras el agente de a pie mira desde la barrera, Interior sigue insistiendo en las medallas de plata pensionadas para comisarios jubilados. Es una batalla legal que parece un partido de tenis infinito entre el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y los tribunales. Aunque la Audiencia Nacional ya avaló las medallas de 2023 y 2024, y el Tribunal Supremo ya ratificó una resolución, el Ministerio quiere una segunda sentencia del alto tribunal para blindar la jurisprudencia. Porque claro, no basta con ganar; hay que asegurarse de que nadie pueda volver a preguntar por qué se premia la jubilación con dinero público mientras la transparencia se oculta en un correo electrónico.
Castillos hinchables a precio de oro público
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, en los despachos del poder la conciliación familiar tiene un precio muy específico: 312.373 euros. No es una cifra cualquiera; es el coste de que los hijos de los empleados del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y otros colegas de Vivienda y Transición Ecológica, disfruten de payasos e hinchables pagados con el dinero de todos. Óscar Puente ha liderado una logística envidiable. No se trata de un simple castillo hinchable de feria, sino de un despliegue de 24 meses de duración coordinado por la empresa Idra Socioeducativo, S. L. El calendario es una obra maestra de la planificación: 49 días de gloria repartidos entre Navidad, Reyes, Semana Santa y un verano extendido en siete periodos de 35 días. Todo bajo la noble bandera de 'promover relaciones interculturales' y 'aumentar la calidad del trabajo'. Traducción callejera: que el funcionario esté tranquilo en su puesto sabiendo que el niño está saltando en un castillo financiado por el contribuyente. Lo más fascinante es el contraste. Mientras el Gobierno se gasta casi 400.000 euros en 2026 en que sus altos cargos de Hacienda, Agricultura e Inclusión aprendan inglés y francés —porque manejar el presupuesto nacional requiere, aparentemente, un curso de idiomas—, el Ministerio de Transportes decide que la creatividad infantil es una prioridad presupuestaria. El contrato incluye cuentacuentos y excursiones, transformando la Plataforma de Contratación del Sector Público en el catálogo de fiestas más caro de España. Al final, la 'igualdad de oportunidades' que pregonan se queda en el recinto del castillo hinchable; fuera de ahí, el resto de los padres siguen contando los céntimos para el helado del domingo.
Marruecos: más estadios que hospitales
En Marruecos, votar es como intentar cambiar el canal de la tele cuando el mando está en manos del dueño de la casa. El reciente proceso electoral ha dejado un sabor a ceniza con una abstención del 61,9%, la cifra más alta en veinte años. Básicamente, el país ha dicho: 'ahórrense el teatro'. Y es que, mientras el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) se lleva 97 de los 395 escaños, superando los 66 de la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) de Aziz Ajanuch, todos saben que quien firma los cheques y elige a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa es el rey Mohamed VI y su selecto club de amigos, el Majzén. En este tablero de piezas movidas desde el Palacio Real, emerge la figura de Fouzi Lekjaa. Ingeniero agrónomo y exdirector de Presupuestos, Lekjaa es el hombre que sabe hacer magia con los números y el balón. Desde la Presidencia de la Federación Real Marroquí de Fútbol en 2014 hasta su nombramiento como ministro delegado del Presupuesto en 2021, ha sido el arquitecto de la marca 'Leones del Atlas'. Ahora, con la Orden del Trono en el bolsillo desde 2023, se perfila como el primer ministro ideal para un régimen que prefiere la estética al bienestar. El plan es ambicioso: soltar 200.000 millones de euros en infraestructuras para el Mundial 2030. Quieren que el Estadio Hassan II en Casablanca sea la joya de la corona y albergue la final en 2028. Pero hay un pequeño detalle: mientras el Estado tira la casa por la ventana con cemento y césped, el desempleo juvenil roza el 37% y la tasa general el 13%. La calle ya ha gritado '¡Menos estadios, más hospitales!', una frase que suena a bofetada cuando comparas el presupuesto de un estadio con la carencia de una gasa en un centro de salud. Lekjaa tendrá que jugar la final más difícil de su vida: gestionar la rabia de una generación Z que no quiere goles, sino dignidad.
Marlaska: roles de género y medallas dudosas
Fernando Grande-Marlaska ha decidido que la mejor forma de 'romper roles de género' no es en los libros, sino entre rejas. Con la solemnidad que da celebrar a La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, el ministro ha presumido de un despliegue de módulos mixtos que pasaron de ser una anécdota de ocho centros en 2018 a una red de 33 prisiones en la actualidad. El plan es ambicioso: que hombres y mujeres compartan terapias de adicciones y salud mental para alcanzar una 'corresponsabilidad' que, curiosamente, suele olvidarse cuando se trata de limpiar los pasillos o gestionar el presupuesto. Mientras el ciudadano de a pie intenta que la hipoteca no se convierta en un deporte extremo, el Ministerio diseña una ingeniería social donde la identidad se redefine en el patio. Marlaska lo vende como una herramienta contra las 'desigualdades históricas', como si mezclar reclusos en un taller de costura fuera la panacea para borrar siglos de prejuicios. Para darle color al evento, se sumaron convenios con el Inaem para que los internos tengan cultura, porque leer a Cervantes entre muros es el complemento ideal para la 'identidad fluida'. Pero el verdadero espectáculo llegó con las medallas. En un despliegue de generosidad institucional, se repartieron oros al director del Centro Penitenciario de Granada y al consejero técnico de Relaciones Institucionales. No podía faltar el toque surrealista: una Medalla de Plata para Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, quien tiene la particularidad de estar imputado en el caso Leire. Nada dice 'mérito' como una condecoración mientras esperas que el juez decida si cometiste un delito. Todo esto bajo la mirada aprobatoria de Ángel Luis Ortiz, Ángel Gabilondo y Aina Calvo, en una fiesta donde el respeto mutuo parece reservado exclusivamente para quienes llevan el galón en el hombro.
ONGs en Ceuta: ¿Ayuda o explosivos caseros?
Hay un giro en el guion de la solidaridad que deja a cualquiera con la boca abierta. Resulta que en Ceuta, donde la realidad es un incendio constante, la sección 6 del Tribunal de Instancia e Instrucción ha decidido mirar debajo de la alfombra de ciertas asociaciones humanitarias. La pregunta es sencilla pero devastadora: ¿estaban repartiendo mantas y comida o 'explosivos caseros' para animar a los inmigrantes a darse unos golpes con las fuerzas de seguridad? El escenario es dantesco. Desde aquella invasión del 30 de julio, donde entraron más de 80.000 personas, el Gobierno de Ceuta dice que quedan 13.000 en las calles (aunque el Ejecutivo nacional, en su eterna danza de cifras, dice que son 10.000). Mientras el ciudadano de a pie intenta que no le suba la luz, el grifo del dinero público fluía con una generosidad pasmosa. Hablamos de 6,5 millones de euros iniciales para Cruz Roja Española, que luego se inflaron hasta los 44,51 millones el 28 de agosto de 2026 gracias a la Unión Europea. Y para rematar el festín, 25 millones más para la infancia. Pero aquí viene el sarcasmo: mientras se firman cheques de 432.100 euros para Luna Blanca o 580.000 para la Fundación Cruz Blanca, una querella de HazteOír.org, admitida por la magistrada María de la Luz Lozano, sugiere que algunas ONG, como No Name Kitchen, podrían haber cambiado el arroz por artefactos de deflagración. Es la ingeniería financiera más surrealista de la historia: pagar con impuestos el material para que alguien ataque a los militares que custodian la frontera. Una gestión de fondos públicos que no es solo un agujero contable, sino una bofetada con guante blanco a la seguridad ciudadana.
Comentarios