La noticia es un ejercicio de indignación presupuestaria muy efectivo, aunque ignora si existen convenios similares en otros ministerios para dar perspectiva. El contraste con los cursos de idiomas es el clavo final en el ataúd de la coherencia administrativa.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, en los despachos del poder la conciliación familiar tiene un precio muy específico: 312.373 euros. No es una cifra cualquiera; es el coste de que los hijos de los empleados del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y otros colegas de Vivienda y Transición Ecológica, disfruten de payasos e hinchables pagados con el dinero de todos. Óscar Puente ha liderado una logística envidiable. No se trata de un simple castillo hinchable de feria, sino de un despliegue de 24 meses de duración coordinado por la empresa Idra Socioeducativo, S. L. El calendario es una obra maestra de la planificación: 49 días de gloria repartidos entre Navidad, Reyes, Semana Santa y un verano extendido en siete periodos de 35 días. Todo bajo la noble bandera de 'promover relaciones interculturales' y 'aumentar la calidad del trabajo'. Traducción callejera: que el funcionario esté tranquilo en su puesto sabiendo que el niño está saltando en un castillo financiado por el contribuyente. Lo más fascinante es el contraste. Mientras el Gobierno se gasta casi 400.000 euros en 2026 en que sus altos cargos de Hacienda, Agricultura e Inclusión aprendan inglés y francés —porque manejar el presupuesto nacional requiere, aparentemente, un curso de idiomas—, el Ministerio de Transportes decide que la creatividad infantil es una prioridad presupuestaria. El contrato incluye cuentacuentos y excursiones, transformando la Plataforma de Contratación del Sector Público en el catálogo de fiestas más caro de España. Al final, la 'igualdad de oportunidades' que pregonan se queda en el recinto del castillo hinchable; fuera de ahí, el resto de los padres siguen contando los céntimos para el helado del domingo.
Bruselas juega al ajedrez con el bolsillo del ciudadano y, curiosamente, siempre le toca hacer jaque al conductor. La lógica europea es de una sencillez pasmosa, casi infantil: si llenar el depósito se convierte en un lujo comparable a comprarse un cuadro de Picasso, el conductor, por pura desesperación, se pasará al coche eléctrico. Es la pedagogía del sablazo. Mientras nosotros intentábamos mantener el IVA y el Impuesto Especial de Hidrocarburos bajo control para que ir a trabajar no costara un riñón, en la capital comunitaria nos miraban con el ceño fruncido, tachando nuestras ayudas de 'competencia desleal'. España ha sido el oasis de Europa; un coladero donde conductores franceses y portugueses venían en tropel a repostar, aprovechando que aquí el gasóleo no dolía tanto como en sus países. Pero el cuento se acaba. El 1 de octubre las ayudas desaparecen y el silencio de Bruselas es, sencillamente, sepulcral. No hay reproches, no hay llamadas de atención; hay una sonrisa invisible mientras proyectan que la gasolina y el gasóleo escalen hasta los 2,20 euros. Sánchez quiso jugar la carta de eliminar las ayudas históricas al gasóleo, pero el Congreso le puso el freno. Ahora, el Ejecutivo está atado de pies y manos. Las gasolineras, que ya conocen el cuento de que el Estado paga con la lentitud de una tortuga con reuma, han mandado al carajo cualquier descuento directo de 20 céntimos por litro porque no quieren arriesgar su liquidez. Mientras Italia intenta poner un parche ridículo eliminando el impuesto de circulación, nosotros nos preparamos para el hachazo. Al final, la transición ecológica no es una cuestión de conciencia ambiental, sino de que el surco del depósito sea financieramente insostenible.
En Marruecos, votar es como intentar cambiar el canal de la tele cuando el mando está en manos del dueño de la casa. El reciente proceso electoral ha dejado un sabor a ceniza con una abstención del 61,9%, la cifra más alta en veinte años. Básicamente, el país ha dicho: 'ahórrense el teatro'. Y es que, mientras el Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM) se lleva 97 de los 395 escaños, superando los 66 de la Reagrupación Nacional de Independientes (RNI) de Aziz Ajanuch, todos saben que quien firma los cheques y elige a los ministros de Interior, Exteriores y Defensa es el rey Mohamed VI y su selecto club de amigos, el Majzén. En este tablero de piezas movidas desde el Palacio Real, emerge la figura de Fouzi Lekjaa. Ingeniero agrónomo y exdirector de Presupuestos, Lekjaa es el hombre que sabe hacer magia con los números y el balón. Desde la Presidencia de la Federación Real Marroquí de Fútbol en 2014 hasta su nombramiento como ministro delegado del Presupuesto en 2021, ha sido el arquitecto de la marca 'Leones del Atlas'. Ahora, con la Orden del Trono en el bolsillo desde 2023, se perfila como el primer ministro ideal para un régimen que prefiere la estética al bienestar. El plan es ambicioso: soltar 200.000 millones de euros en infraestructuras para el Mundial 2030. Quieren que el Estadio Hassan II en Casablanca sea la joya de la corona y albergue la final en 2028. Pero hay un pequeño detalle: mientras el Estado tira la casa por la ventana con cemento y césped, el desempleo juvenil roza el 37% y la tasa general el 13%. La calle ya ha gritado '¡Menos estadios, más hospitales!', una frase que suena a bofetada cuando comparas el presupuesto de un estadio con la carencia de una gasa en un centro de salud. Lekjaa tendrá que jugar la final más difícil de su vida: gestionar la rabia de una generación Z que no quiere goles, sino dignidad.
Fernando Grande-Marlaska ha decidido que la mejor forma de 'romper roles de género' no es en los libros, sino entre rejas. Con la solemnidad que da celebrar a La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, el ministro ha presumido de un despliegue de módulos mixtos que pasaron de ser una anécdota de ocho centros en 2018 a una red de 33 prisiones en la actualidad. El plan es ambicioso: que hombres y mujeres compartan terapias de adicciones y salud mental para alcanzar una 'corresponsabilidad' que, curiosamente, suele olvidarse cuando se trata de limpiar los pasillos o gestionar el presupuesto. Mientras el ciudadano de a pie intenta que la hipoteca no se convierta en un deporte extremo, el Ministerio diseña una ingeniería social donde la identidad se redefine en el patio. Marlaska lo vende como una herramienta contra las 'desigualdades históricas', como si mezclar reclusos en un taller de costura fuera la panacea para borrar siglos de prejuicios. Para darle color al evento, se sumaron convenios con el Inaem para que los internos tengan cultura, porque leer a Cervantes entre muros es el complemento ideal para la 'identidad fluida'. Pero el verdadero espectáculo llegó con las medallas. En un despliegue de generosidad institucional, se repartieron oros al director del Centro Penitenciario de Granada y al consejero técnico de Relaciones Institucionales. No podía faltar el toque surrealista: una Medalla de Plata para Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, quien tiene la particularidad de estar imputado en el caso Leire. Nada dice 'mérito' como una condecoración mientras esperas que el juez decida si cometiste un delito. Todo esto bajo la mirada aprobatoria de Ángel Luis Ortiz, Ángel Gabilondo y Aina Calvo, en una fiesta donde el respeto mutuo parece reservado exclusivamente para quienes llevan el galón en el hombro.
Hay un arte muy preciso en el que consiste en intentar lanzar una piedra contra el tablero y acabar recibiendo el tablero entero en la cara. Jordi Évole, el maestro de la entrevista incómoda, intentó jugar al sarcasmo con la campaña 'Todos somos caballas' —esa iniciativa de la Asociación Valenciana de Empresarios que llevó el apoyo a Ceuta hasta los dorsales del Real Madrid y el Elche—. Pero el periodista cometió el pecado capital de la era digital: usar a una anciana como remate de un chiste. Comparó la situación de los ceutíes con el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que, tras 71 años viviendo en su casa de Madrid, acabó en la calle. El problema es que el sarcasmo, cuando se usa para hacer 'bromitas' con la miseria ajena, tiene un efecto bumerán letal. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, no tardó en recordarle que la realidad no se filtra con efectos de edición. Le soltó un dato que no cabe en un tuit: el 7 de septiembre, en Hospitalet de Llobregat, una mujer de 54 años decidió quitarse la vida cinco meses después de ser desahuciada. Mientras Évole diseccionaba la ironía de las camisetas, en Cataluña —la comunidad que lidera los desahucios este año— alguien se rendía al abandono institucional. Es la eterna danza de la hipocresía mediática. Usar la tragedia de una abuela para ridiculizar un gesto solidario es como intentar apagar un incendio con gasolina. Al final, el periodista que vive de exponer las costuras ajenas se ha quedado con la costura abierta. Maricarmen ya no es el ejemplo de una injusticia, sino la herramienta de un comentario desafortunado que ha dejado a Évole en la posición más incómoda de su carrera: la del entrevistado que no sabe responder.
Hay un giro en el guion de la solidaridad que deja a cualquiera con la boca abierta. Resulta que en Ceuta, donde la realidad es un incendio constante, la sección 6 del Tribunal de Instancia e Instrucción ha decidido mirar debajo de la alfombra de ciertas asociaciones humanitarias. La pregunta es sencilla pero devastadora: ¿estaban repartiendo mantas y comida o 'explosivos caseros' para animar a los inmigrantes a darse unos golpes con las fuerzas de seguridad? El escenario es dantesco. Desde aquella invasión del 30 de julio, donde entraron más de 80.000 personas, el Gobierno de Ceuta dice que quedan 13.000 en las calles (aunque el Ejecutivo nacional, en su eterna danza de cifras, dice que son 10.000). Mientras el ciudadano de a pie intenta que no le suba la luz, el grifo del dinero público fluía con una generosidad pasmosa. Hablamos de 6,5 millones de euros iniciales para Cruz Roja Española, que luego se inflaron hasta los 44,51 millones el 28 de agosto de 2026 gracias a la Unión Europea. Y para rematar el festín, 25 millones más para la infancia. Pero aquí viene el sarcasmo: mientras se firman cheques de 432.100 euros para Luna Blanca o 580.000 para la Fundación Cruz Blanca, una querella de HazteOír.org, admitida por la magistrada María de la Luz Lozano, sugiere que algunas ONG, como No Name Kitchen, podrían haber cambiado el arroz por artefactos de deflagración. Es la ingeniería financiera más surrealista de la historia: pagar con impuestos el material para que alguien ataque a los militares que custodian la frontera. Una gestión de fondos públicos que no es solo un agujero contable, sino una bofetada con guante blanco a la seguridad ciudadana.
Nos vendieron el Plan de Recuperación como el nuevo Plan Marshall, una pócima mágica para que España saltara al siglo XXI de un plumazo. Pedro Sánchez prometió una transformación estructural, pero cinco años después, el resultado parece más una reparación de fachada hecha con cemento barato. Entre 2021 y julio de 2026, se han adjudicado 69.035 millones de euros —un 4% del PIB—, una cifra que suena a gloria en los comunicados oficiales, pero que en la calle no huele a progreso. El Gobierno quería que la inversión pública llegara al 4% del PIB; se han quedado en un 2,9% para 2025. Es como prometer un banquete y servir un plato de lentejas frío: un 30% por debajo de la meta y muy lejos del 3,7% medio de la UE. Lo más triste es que ni siquiera hemos recuperado el ritmo de antes de la crisis. ¿El efecto tractor? Un mito. Los fondos no han impulsado inversión nueva, sino que han servido para tapar agujeros del presupuesto nacional. Es la clásica maniobra de usar la tarjeta de crédito para pagar la hipoteca mientras dices que estás ahorrando. La repartición del botín es el colmo de la hipocresía. De los 67.574 millones resueltos a abril de 2026, los 100 mayores perceptores se llevaron 28.359 millones. El 90% de ese pastel se quedó en casa: Administraciones y empresas públicas. ADIF lidera la fiesta con 5.825 millones, seguida por Tragsa (1.448 millones), Defensa (1.168 millones) y Transformación Digital (922 millones). Según EsadeEcPol, el 1% de los beneficiarios se quedó con el 71,4% del total. En resumen: mucho ruido, mucha ingeniería financiera y una productividad que, en el segundo trimestre de 2026, sigue estancada en los niveles de 2019. Seis años para avanzar un magro 0,4% anual. Un fiasco con sello europeo.
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