El texto es un ejercicio de manual sobre el desplazamiento de culpas, aunque peca de no dar voz a las víctimas reales del estallido. La narrativa es efectiva, pero la ausencia de datos sobre el número exacto de inmigrantes convierte la crisis en un concepto abstracto.
Parece que el control fronterizo en Ceuta tiene la porosidad de un colador viejo. Mientras el ciudadano medio se juega el cuello con la declaración de la renta o espera tres meses para una cita médica, un ciudadano marroquí con condena en firme por adoctrinamiento terrorista decidió que las órdenes de prohibición de entrada eran, básicamente, sugerencias opcionales. El sujeto, que ya tenía el sello de 'no deseado' en el pasaporte tras sus andanzas entre 2022 y 2023, se coló en la entrada masiva de finales de julio. Lo más fascinante no es que haya entrado, sino que se tomó su tiempo. Se instaló en un domicilio particular, probablemente disfrutando de la tranquilidad de quien sabe que el sistema es un laberinto de papeles. Estuvo cómodamente instalado hasta que, esta semana, la Guardia Civil decidió hacer su trabajo en la zona portuaria. El despliegue fue cinematográfico: un control rutinario, el sujeto subiéndose a una motocicleta y el momento en que la documentación revela que el caballero tenía prohibido pisar España. La reacción fue inmediata: expulsión exprés a Marruecos. Pero el ruido ya estaba hecho. Ahora, casi un mes después de aquel caos de los días 30 y 31 de julio, España ha tenido que levantar la mano y pedir ayuda a la Comisión Europea. Resulta que para clasificar y tramitar los expedientes de los que aún quedan en situación irregular, necesitamos que Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) vengan a decirnos cómo se hace. Es la eterna historia: el incendio llega primero y los bomberos europeos vienen a revisar el manual de instrucciones mientras el humo sigue saliendo por las ventanas.
Hay una forma muy elegante de decir que alguien quiere tapar el sol con un dedo: se llama Real Decreto 681/2026. Mientras en Ceuta la realidad es un incendio forestal, Pedro Sánchez ha decidido llegar un mes tarde —específicamente el 25 de agosto— con un extintor que, en lugar de agua, dispara silencio. El decreto no es una herramienta de seguridad, es un manual de relaciones públicas para evitar que la verdad se escape por las costuras. Lo más fascinante es el Artículo 10. Mientras el ciudadano de a pie lucha por entender por qué su factura de la luz sube sin aviso, el Gobierno ha decidido que la Guardia Civil y la Policía Nacional ya no pueden hablar por sí mismas. Ahora, toda la comunicación pasa por un Gabinete de Coordinación Informativa dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicación. En cristiano: Moncloa tiene el mando a distancia de la verdad. Si el agente de calle ve que la frontera es un coladero, que se lo guarde; si lo cuenta, el castigo puede ser tan real como el cese de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), que cometió el 'pecado' de confirmar la entrada de invasores marroquíes los días 30 y 31 de julio. El contraste es obsceno. El decreto ignora el colapso sanitario y las denuncias por violación, prefiriendo usar eufemismos como 'presión inédita'. No hay presupuesto extra ni estatus de agente de la autoridad para los militares, porque gastar dinero en seguridad es caro, pero controlar el relato es gratis. El Artículo 7 activa una 'Célula de Coordinación' que suena a película de espías, pero que en realidad sirve para que nada llegue a los medios sin el sello de aprobación de la Portavocía. Es la gestión de la crisis convertida en gestión del maquillaje.
El Gobierno ha decidido que el papeleo es un estorbo cuando hay votos en juego. En lugar de esperar a que el ciudadano vaya a la oficina, han montado un 'consulado móvil' que recorrerá Buenos Aires a partir de octubre. Es, básicamente, un servicio de entrega a domicilio, pero en lugar de pizzas, reparten pasaportes y derechos de sufragio. Mientras que cualquier mortal que intente pedir una cita previa en la Seguridad Social siente que está jugando a la ruleta rusa con su salud, el Consulado General de Buenos Aires se pone las pilas para gestionar 645.000 peticiones, parte de un despliegue masivo de 2,6 millones de solicitudes globales. La Ley de Memoria Democrática, o 'Ley de Nietos' para los que no usan lenguaje jurídico, se ha convertido en una especie de buffet libre de nacionalidades. Resulta fascinante que se admitan 'expedientes incompletos' y que se nacionalice a descendientes de personas que emigraron 54 años antes de la Guerra Civil. Sí, han llegado a incluir emigrantes del siglo XIX. Es una interpretación de la ley tan elástica que hace que el yoga parezca rígido. Todo bajo la batuta de Sofía Puente, quien desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública decidió que el concepto de 'exilio' era demasiado estrecho y que cualquier maleta hecha por razones económicas contaba como persecución política. El senador César Mogo, el comisario del PSOE en el Exterior, presume en el programa 'Mañanas Picantes' de que los residentes en Argentina serán pronto la tercera o cuarta provincia española. Un desliz geográfico adorable, pero una estrategia electoral brillante. No es filantropía ni reparación histórica; es ingeniería electoral pura y dura. Están fabricando una provincia virtual en el Atlántico para blindar el tablero interno, transformando el árbol genealógico en una herramienta de campaña.
Marlaska ha aterrizado en el Congreso con la calculadora en la mano y una narrativa que, según quien la mire, es un plan maestro o un ejercicio de gimnasia mental. La estrella del día es un nuevo Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) permanente para 800 personas. Suena muy ordenado en el papel, pero mientras el CETI actual —diseñado para 512 almas— ya vive el drama de albergar a más de 800, el Gobierno nos vende una solución que no tiene ni fecha de entrega ni un trozo de tierra asignado. Es como prometer un piso nuevo cuando el alquiler actual ya tiene goteras y el salón está lleno de gente durmiendo en el suelo. Para montar este despliegue, el ministro ha pedido 35,6 millones de euros a la Unión Europea. Básicamente, el 90% del sablazo (32 millones) lo paga Bruselas a través del Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras. Pero ojo, que el dinero no es solo para camas. El menú incluye drones, embarcaciones ligeras y 'dispositivos remotos de actuación subacuática', que en lenguaje de calle significa que quieren que la frontera sea un búnker tecnológico. Todo esto mientras se alargan los espigones de El Tarajal y Benzú para que el muro sea, si cabe, más muro. Lo más fascinante es la guerra de las cifras. Marlaska dice que quedan 5.000 inmigrantes en la ciudad (1.500 menores) de los 72.000 que llegaron. Pero el PP y Vox, apoyándose en que la Cruz Roja reparte 9.300 raciones diarias, sugieren que hay unos 20.000. Es la eterna danza de los números: para el Gobierno es una gestión controlada; para la calle, un agujero que no deja de crecer. Todo esto envuelto en un despliegue de 1.600 agentes y una inversión previa desde 2018 de 34,4 millones, sin olvidar los 66,6 millones previstos para nuevas jefaturas policiales. Mucho hormigón y mucha vigilancia, pero poca claridad sobre cuánta gente hay realmente pisando el asfalto de Ceuta.
Hay una magia muy particular en la gestión de la cooperación internacional: la capacidad de convertir millones de euros en humo con la elegancia de un prestidigitador. El Gobierno de España, a través de la AECID, ha decidido jugar a la ruleta rusa con el erario público en Malí, un Estado que, siendo generosos, podríamos llamar 'cuasi fallido' y que, siendo realistas, es un hervidero de yihadistas y conflictos étnicos. El plato fuerte es el llamado «Proyecto Anacardo». Desde 2022, se han soltado casi 17 millones de euros —concretamente 16,7 millones— para fomentar el sector del anacardo. Mientras que en España intentar sacar un permiso de obras es un calvario burocrático, aquí el dinero fluye hacia un sector que, según fuentes independientes, arrastra pérdidas de 6.000 millones de francos (unos 9 millones de euros) y se hunde en el contrabando. Es como intentar llenar un cubo agujereado con billetes de cien. Pero la ingeniería financiera no se detiene ahí. Existe una subvención llamada «proyecto SARI Mali» por un monto que huele a truco de magia: 499.999,90 euros. Esa cifra no es aleatoria; es el límite exacto para evitar que los controles se vuelvan molestos. Mientras el Gobierno presume de ayudar a mujeres agricultoras, la web del receptor solo muestra cursos de 'liderazgo y comunicación'. Básicamente, nos venden un curso de oratoria mientras el dinero se evapora en un país donde el control es una utopía. El ministro Albares podría intentar explicarlo, pero la realidad es que enviar fondos a un territorio asediado por grupos armados sin una auditoría real es, en el mejor de los casos, una ingenuidad criminal y, en el peor, un agujero contable diseñado para que el dinero termine financiando cualquier cosa menos nueces de anacardo.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'perro' para que el otro piense 'caniche', pero Ali Lmrabet prefiere llamar a las cosas por su nombre, aunque eso implique jugar al escondite con la justicia de Rabat. Este periodista, que ya sabe lo que es que el Estado marroquí le cierre el grifo profesional durante 10 años y que el Rey Mohamed VI le concediera un indulto tras una huelga de hambre que casi lo manda al otro barrio en 2004, ha soltado una bomba que huele a naftalina y a despacho cerrado. Según Lmrabet, el 'lobby' marroquí en España no solo camina, sino que baila un vals muy coordinado con el PSOE. Para Lmrabet, la influencia no es un secreto de Estado, sino una cuestión de 'estilo de vida'. Menciona que figuras como José Bono o Felipe González se han comprado casas en Tánger, como quien se compra un piso en la playa para pasar el verano, mientras que a Zapatero lo tratan en Marruecos como si fuera el invitado de honor en todas las bodas. Es el clásico intercambio de favores donde las joyas y los inmuebles parecen ser la moneda de cambio para mantener la paz en el Estrecho. Sobre el asalto a Ceuta del 30 de julio, Lmrabet aplica la lógica del sentido común: nadie quema la casa el día de su propia fiesta. Al ser la Fiesta del Trono, es improbable que Yassine Mansouri y la DGST organizaran el caos; más bien parece que el control social, ese que se apoya en tecnología israelí para que nadie respire sin permiso, tuvo un fallo de sistema. Mientras tanto, el CNI guarda información en el cajón que el Ejecutivo maneja con la soltura de quien oculta la factura del restaurante para que no lo regañen en casa. En resumen: un Rey con una enfermedad autoinmune, una filtración de 70.000 agentes que deja a los servicios secretos más desnudos que la bola de Navidad y un puente de oro tendido hacia Moncloa.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido que cuidar el planeta es un trámite burocrático que estorba el camino hacia Marte. La FAA, en una propuesta lanzada el 29 de julio, quiere limpiar el camino de 'regulaciones innecesarias' para que los cohetes despeguen y aterricen sin que un pajarito en peligro de extinción les corte el ritmo. Básicamente, quieren hacer con la ley ambiental lo que hacemos nosotros con los términos y condiciones de una app: hacer clic en 'aceptar' sin leer y pasar de largo. El plan es quirúrgico: eliminar 13 leyes federales del camino. Hablamos de dinamitar la National Environmental Policy Act, la Endangered Species Act y trozos del Clean Water Act y el Clean Air Act, además de la National Historic Preservation Act. Para el Departamento de Transporte, estas leyes son el freno de mano de la 'innovación estadounidense'. Es la lógica del 'primero disparo, luego pido permiso', tratando la protección del aire y el agua como si fueran una multa de aparcamiento que se puede negociar en el ayuntamiento. Todo esto ocurre mientras SpaceX, con su Starship V3 en Boca Chica, Texas, intenta jugar al Tetris con el terreno público. Buscan un intercambio de tierras en el Lower Rio Grande Valley National Wildlife Refuge que ya ha provocado una medida cautelar de emergencia la semana pasada por parte de grupos conservacionistas y tribales. Mientras tanto, el gobierno se apoya en órdenes ejecutivas de diciembre de 2025 y agosto para acelerar la construcción de puertos espaciales. El mensaje es claro: si quieres llegar a las estrellas, no importa si pisoteas el jardín del vecino, siempre y cuando la seguridad nacional y la política exterior no se vean comprometidas. El espacio es el límite, pero parece que la ecología es solo una sugerencia.
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