Crítica:
La noticia se queda en el 'dicen que dicen', basando toda la tensión en una amenaza sin verificar. Mucho ruido sobre el 'regalo para Europa' y poca evidencia tangible de que los archivos de Pegasus existan realmente.
Otros artículos
Sánchez y los 45 millones 'familiares'
Hay coincidencias que rozan el milagro y otras que huelen a fragancia de despacho ministerial. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desembolsado 45.150.000 euros para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre 2018 y agosto de 2026. Sobre el papel, es cooperación internacional; en la práctica, es un flujo constante de fondos hacia una agencia cuya misión española ha sido el feudo de María Jesús Herrera Ceballos durante quince años. Sí, la misma que comparte manta y almohada con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Si miramos la factura, las cuotas ordinarias son el ruido blanco: empezaron en 1.200.000 euros anuales (2018-2020), subieron a 1.400.000 euros (2021-2023) y ahora se han acomodado en los 1.450.000 euros anuales desde 2024. Sumando esos 'gastos de mantenimiento', llegamos a 12.150.000 euros. Pero aquí viene el truco de magia financiera, el verdadero sablazo que haría palidecer a cualquier administrador de comunidad de vecinos: los 33.000.000 euros destinados a 'programas y proyectos adicionales'. Es fascinante. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, el Ejecutivo ha decidido que la OIM es una prioridad absoluta, situándola solo por detrás de ONU Mujeres y la UNRWA en el ranking de generosidad adicional. Casi tres cuartas partes del dinero total se han movido por la vía de los proyectos extra, justo donde la discrecionalidad es la reina. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos se retira, el relevo lo toma Fernando Medina Donoso, un abogado que ya conoce el terreno tras dirigir la misión en Colombia. El ciclo se cierra, el dinero ha fluido y la ética, como siempre, se ha quedado esperando en la cola del paro.
Medalla de oro al arquitecto del caos
Hay premios que, vistos con el retrovisor, parecen una broma de mal gusto o un error de cálculo monumental. En noviembre de 2025, Fernando Grande-Marlaska decidió que era el momento ideal para entregar la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi. No fue un detalle menor; hablamos de la máxima categoría, el 'estrellato' de las medallas, entregado en un acto privado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con la presencia de Mercedes González. El motivo: una cooperación ejemplar en seguridad. El problema es que, mientras nosotros seguimos intentando que la factura de la luz no nos deje en la calle, la 'cooperación' parece haber tenido una letra pequeña muy peligrosa. El grupo de hackers Jabaroot ha dinamitado la narrativa oficial filtrando datos de 70.000 agentes de la DGSN y la DGST marroquí. Según Jabaroot, el mismo Hammouchi que luce la medalla española sería el cerebro detrás de la avalancha migratoria en Ceuta hace un mes. Es el clásico caso de darle las llaves de casa al que luego te organiza el asalto al salón. Hammouchi no es un funcionario cualquiera; es el hombre que controla la policía y el espionaje interior del Reino, asesor del rey Mohamed VI y un experto en coleccionar honores, como la Orden Nacional del Mérito que le dio Francia en 2015. Eso sí, su currículum tiene manchas que no salen con lejía, como aquella citación judicial en París en 2014 por supuestas torturas. Ahora, junto a Fouad Ali el Himma, el hombre de confianza del Palacio, Hammouchi aparece como el arquitecto de una operación para poner a España contra las cuerdas. Al final, la Gran Cruz parece haber sido un anticipo muy generoso para alguien que, según los datos filtrados, prefiere coordinar crisis que evitarlas.
Sánchez: del Consejo Nacional al spa andorrano
Hay una coreografía política que ya es rutina: el drama, el anuncio solemne y la huida inmediata al spa. Pedro Sánchez ha presidido este martes el Consejo de Seguridad Nacional en el Complejo de la Moncloa, un acto que, sobre el papel, destila urgencia y gravedad. Pero la realidad tiene un ritmo distinto, más parecido al de quien deja la cafetera encendida y sale corriendo hacia la puerta. Apenas unas horas después de jugar al estratega jefe, el presidente ya tiene el equipaje listo para volver a Andorra. Mientras en Ceuta la situación es un incendio que no se apaga y el Ministerio de Defensa ha tenido que enviar a más de un centenar de militares desde Canarias para intentar poner orden desde el 30 de julio, el jefe del Ejecutivo planea su estancia del jueves al domingo. No es un viaje de trabajo; es el regreso al hotel de lujo con spa, cicloturismo y senderismo junto a Begoña Gómez. Es el contraste obsceno: mientras el país debate si el presidente debe comparecer en el Congreso por la crisis de Ceuta, él prefiere el aire puro de los Pirineos. La logística es envidiable. El dispositivo de seguridad ya se ha adelantado al país vecino, asegurando que el colchón esté mullido antes de que llegue el dueño. Agustín Pery y Manuel Marín lo han dejado claro: convocar el Consejo 25 días después de que el asunto estuviera supuestamente zanjado no es gestión, es una maniobra de distracción. Es dar manotazos de ahogado para justificar la ausencia. Mientras Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Margarita Robles intentan sostener el relato en el Parlamento, el capitán del barco decide que el mejor lugar para reflexionar sobre la crisis es una piscina climatizada. Una gestión ejemplar, si lo que se busca es el arte de desaparecer justo cuando el ruido se vuelve insoportable.
Illa quiere volver a cobrar peajes
Parece que la luna de miel con las autopistas gratuitas ha durado lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha decidido que el aire puro de la gratuidad en la AP-7 ya ha pasado factura y ahora quiere que el conductor vuelva a abrir la cartera. El argumento es el de siempre: la carretera está hecha polvo por el flujo incesante de camiones que van y vienen de la Junquera, y los Mossos no dan abasto con las mafias que han convertido el asfalto en su zona de recreo. Pero claro, cobrar solo en Cataluña sería como poner el impuesto del aire solo en Barcelona; el ruido político sería ensordecedor. Por eso, el consejero de Movilidad ha tenido la brillante idea de extender el 'sablazo' a todo el territorio español, invitando a Pedro Sánchez a montar un plan conjunto. La ingeniería financiera es sencilla: para los turismos, el tajo iría de los 3 a los 8 céntimos por kilómetro. Traducido al lenguaje de la calle, es soltar entre 15 y 40 euros cada 500 kilómetros. Un gasto que, comparado con el precio actual de la cesta de la compra, parece una broma, pero que pica en el bolsillo del que viaja por necesidad. Para los camiones, la broma es más pesada: 20 céntimos por kilómetro, lo que se traduce en un billete de 100 euros cada 500 kilómetros. Illa mira con nostalgia el modelo de la A-636 vasca, donde los turismos ya pagan 0,16 euros por kilómetro (unos 2,5 euros por tramos cortos de 15 kilómetros) mediante un sistema dinámico sin cabinas. Básicamente, te registras en una web, das tus datos y esperas que el cargo llegue a tu cuenta mientras disfrutas del paisaje. Un sistema moderno para un problema antiguo: querer que el usuario pague el mantenimiento que el Estado no puede costear.
Pines de oro para un AVE lento
Hay que tener valor. Mucho valor. El 17 de noviembre de 2025, Óscar Puente se plantó ante los micrófonos para decirnos que el AVE Madrid-Barcelona volaría a 350 km/h sin mover un solo ladrillo del trazado. Era el día del triunfo, la 'ofensiva' contra la infraestructura obsoleta. Pero claro, un logro así no se celebra con un apretón de manos; se celebra con merchandising. Al día siguiente, la cuenta de TikTok de la Moncloa nos regaló la imagen del ministro repartiendo pines conmemorativos al Gabinete, como quien reparte cromos en el patio del colegio. Aquí viene el detalle que hace que a cualquiera le suba la tensión: esos 350 pines costaron 1.266,67 euros, IVA incluido. Para el ciudadano que mira la cuenta corriente con miedo, mil euros son una hipoteca pequeña o una compra del mes para tres familias; para el Ministerio de Transportes, es el precio de adornarse la solapa para celebrar algo que, en la práctica, no existía. Una ingeniería financiera del ego donde el metal brilla más que la realidad. La ironía alcanzó niveles estratosféricos dos meses después. Antes de que el primer tren pudiera siquiera soñar con esos 350 km/h, ocurrió la tragedia de Adamuz, con 46 muertos y 150 heridos. De repente, el mundo cambió. Las promesas de velocidad se convirtieron en restricciones de Adif y el mapa ferroviario pasó de ser una autopista al cielo a un laberinto de frenazos. Hoy, si entras en la web de Renfe, el viaje más rápido Madrid-Barcelona tarda 3 horas y 2 minutos. Nada de 'menos de 2 horas'. Al final, lo único que realmente alcanzó la velocidad del rayo fue el gasto de los pines, que desaparecieron del presupuesto público mucho antes de que el AVE pudiera siquiera acelerar.
Ceuta: El colador fronterizo que avergüenza a España
El 30 de julio no fue un día cualquiera; fue el día en que la frontera de Ceuta decidió jugar al colador. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, un ejército de 200.000 personas —según The Wall Street Journal— decidió que era el momento ideal para probar suerte. No fue una coincidencia, fue una coreografía digital. Unos cuantos mensajes virales sobre una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía las devoluciones rápidas sirvieron de cerilla para prender la mecha. De repente, el sueño europeo se convirtió en una carrera de obstáculos donde las mafias del tráfico humano fueron las directoras de orquesta, aprovechando el caos para colar sus 'paquetes' preferidos. El resultado es un agujero de seguridad que deja mal parado a cualquiera. El Gobierno dice que entraron más de 80.000 personas. Para que nos entendamos: es como si intentaran meter el estadio Santiago Bernabéu entero por una puerta de servicio en una sola tarde. Juan Vivas, presidente de Ceuta, ya avisaba de que los cruces habían pasado de 200 diarios a 1.500 el 29 de julio, justo antes del Día del Trono marroquí. Pero claro, la inteligencia era invisible. Fernando Grande-Marlaska dice que no sabía nada, mientras Margarita Robles sale al rescate defendiendo que el CNI y el CIFAS hicieron su trabajo. Un despliegue de optimismo institucional mientras los servicios públicos de la ciudad están en cuidados intensivos. En Bruselas, el humor es negro. La Comisión Europea mira a España con la cara que pone un profesor cuando el alumno no ha entregado el trabajo y, además, miente. No hay petición formal de ayuda a Frontex ni a Europol, y las devoluciones avanzan a paso de tortuga: entre 25 y 30 expedientes diarios. A este ritmo, terminaremos de gestionar la crisis cuando ya estemos celebrando el próximo siglo. Una vulnerabilidad expuesta que deja a la Unión Europea con el flanco sur abierto de par en par.
Sablazo de 25 millones solo para menas
En el tablero del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, las prioridades tienen un aroma muy particular. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea una película de terror, el Gobierno ha decidido soltar un 'sablazo' de 25.055.700 euros. No es para arreglar baches ni para rescatar al autónomo que no llega a fin de mes, sino para el programa TándEM, un traje a medida diseñado exclusivamente para menas y ex menas. La ingeniería financiera es sencilla: basándose en el artículo 50 de la Ley 3/2023 de Empleo, el Ejecutivo ha etiquetado a este grupo como 'colectivos vulnerables'. Una etiqueta que, en la práctica, funciona como un pase VIP para acceder a fondos que el resto de los jóvenes desempleados solo ven en los folletos. El plan consiste en combinar formación y trabajo remunerado durante doce meses, apoyándose en entidades sin ánimo de lucro que, convenientemente, gestionan el flujo del dinero público. Lo verdaderamente surrealista es el calendario. Esta generosidad presupuestaria llega justo cuando Ceuta parece un escenario de caos absoluto. El 30 de julio, unas 80.000 personas cruzaron ilegalmente el espigón de El Tarajal, provocando colas kilométricas en la Jefatura de Policía. Resulta irónico que el Gobierno tenga 25 millones para 'itinerarios de inserción', pero no pueda costear suficientes traductores para que los funcionarios de Ceuta entiendan qué ocurre en la frontera. Al final, la 'integración social' se convierte en una partida presupuestaria donde el dinero fluye con una agilidad que envidiaría cualquier emprendedor español.
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