Crítica:
La noticia es un catálogo de negligencias donde el Gobierno juega al 'yo no sabía' mientras Bruselas se desespera. Falta profundizar en quién financió exactamente las campañas digitales que movilizaron a esa masa.
200.000 personas respondieron al llamamiento para el asalto masivo a Ceuta
Ceuta: El colador fronterizo que avergüenza a España
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Pines de oro para un AVE lento
Hay que tener valor. Mucho valor. El 17 de noviembre de 2025, Óscar Puente se plantó ante los micrófonos para decirnos que el AVE Madrid-Barcelona volaría a 350 km/h sin mover un solo ladrillo del trazado. Era el día del triunfo, la 'ofensiva' contra la infraestructura obsoleta. Pero claro, un logro así no se celebra con un apretón de manos; se celebra con merchandising. Al día siguiente, la cuenta de TikTok de la Moncloa nos regaló la imagen del ministro repartiendo pines conmemorativos al Gabinete, como quien reparte cromos en el patio del colegio. Aquí viene el detalle que hace que a cualquiera le suba la tensión: esos 350 pines costaron 1.266,67 euros, IVA incluido. Para el ciudadano que mira la cuenta corriente con miedo, mil euros son una hipoteca pequeña o una compra del mes para tres familias; para el Ministerio de Transportes, es el precio de adornarse la solapa para celebrar algo que, en la práctica, no existía. Una ingeniería financiera del ego donde el metal brilla más que la realidad. La ironía alcanzó niveles estratosféricos dos meses después. Antes de que el primer tren pudiera siquiera soñar con esos 350 km/h, ocurrió la tragedia de Adamuz, con 46 muertos y 150 heridos. De repente, el mundo cambió. Las promesas de velocidad se convirtieron en restricciones de Adif y el mapa ferroviario pasó de ser una autopista al cielo a un laberinto de frenazos. Hoy, si entras en la web de Renfe, el viaje más rápido Madrid-Barcelona tarda 3 horas y 2 minutos. Nada de 'menos de 2 horas'. Al final, lo único que realmente alcanzó la velocidad del rayo fue el gasto de los pines, que desaparecieron del presupuesto público mucho antes de que el AVE pudiera siquiera acelerar.
Sablazo de 25 millones solo para menas
En el tablero del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, las prioridades tienen un aroma muy particular. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra y reza para que el recibo de la luz no sea una película de terror, el Gobierno ha decidido soltar un 'sablazo' de 25.055.700 euros. No es para arreglar baches ni para rescatar al autónomo que no llega a fin de mes, sino para el programa TándEM, un traje a medida diseñado exclusivamente para menas y ex menas. La ingeniería financiera es sencilla: basándose en el artículo 50 de la Ley 3/2023 de Empleo, el Ejecutivo ha etiquetado a este grupo como 'colectivos vulnerables'. Una etiqueta que, en la práctica, funciona como un pase VIP para acceder a fondos que el resto de los jóvenes desempleados solo ven en los folletos. El plan consiste en combinar formación y trabajo remunerado durante doce meses, apoyándose en entidades sin ánimo de lucro que, convenientemente, gestionan el flujo del dinero público. Lo verdaderamente surrealista es el calendario. Esta generosidad presupuestaria llega justo cuando Ceuta parece un escenario de caos absoluto. El 30 de julio, unas 80.000 personas cruzaron ilegalmente el espigón de El Tarajal, provocando colas kilométricas en la Jefatura de Policía. Resulta irónico que el Gobierno tenga 25 millones para 'itinerarios de inserción', pero no pueda costear suficientes traductores para que los funcionarios de Ceuta entiendan qué ocurre en la frontera. Al final, la 'integración social' se convierte en una partida presupuestaria donde el dinero fluye con una agilidad que envidiaría cualquier emprendedor español.
Adiós a los 120: Europa nos frena
Bruselas ha decidido que el camino más corto hacia el paraíso de la seguridad vial pasa por pisar el freno. El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC) y la ONU han lanzado una propuesta que suena a castigo escolar: bajar el límite de las autopistas a 100 km/h en toda la Unión Europea. El argumento es el de siempre, el del miedo. Nos venden que reducir solo 1 km/h la velocidad media salvaría a 2.200 personas al año, mientras que subir 10 km/h dispara el riesgo de acabar en una noticia policial en un 220 %. Para los burócratas, que en 2025 murieron 19.500 personas y otras 100.000 quedaron heridas de gravedad, la solución no es mejorar la formación del conductor, sino recortar la velocidad como quien recorta el presupuesto de una fiesta. Es la lógica del 'parche': si no sabemos conducir, que vayamos más lento. Mientras tanto, los Países Bajos ya han abrazado este ritmo de paseo, pero el resto de Europa mira con escepticismo. La paradoja tiene nombre y apellido: Alemania. El país de la ingeniería y la Autobahn, donde en algunos tramos el límite es el sentido común y la potencia del motor, presume de una de las tasas de mortalidad más bajas del continente. Es el equivalente a decir que puedes comer dulces si sabes cómo digerirlos, mientras que en España nos quieren poner a dieta forzada. En casa, la DGT sigue jugando al gato y al ratón. En agosto, la Guardia Civil montó 3.466 puntos de control y chequeó más de un millón de coches, cazando a 69.231 conductores que decidieron que el límite de 120 km/h era más una sugerencia que una ley. Al final, pasaremos de los 120 km/h españoles o los 140 km/h polacos a un ritmo uniforme europeo que hará que los viajes largos se sientan como una cola en el supermercado un sábado por la tarde.
Sánchez gasta 8 millones en autopromoción
Hay una magia contable fascinante en los despachos de Moncloa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de modernizar el país es contando lo bien que lo están haciendo. El Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional ha reservado la suma de 7.951.688 euros para decirnos que las cosas funcionan. Sí, casi ocho millones de euros para que nos enteremos de que existen 'mejoras'. El desglose es una joya del surrealismo administrativo. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se lleva 2.000.000 € para que sepamos que hay servicios digitales; es decir, gastan dos millones en decirnos que podemos hacer el trámite por internet en lugar de hacer cola en una oficina. Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa se funde otros 2.000.000 € en 'visibilizar' el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Básicamente, pagan millones para decirnos que el dinero que ya llega es 'transformador'. Pero el premio al optimismo se lo lleva el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que a través del SEPE ha destinado 2.260.933 € para 'difundir la marca' de la nueva Agencia Española de Empleo. Porque claro, el empleo no llega solo, necesita un logotipo caro. A esto sumamos 1.190.755 € del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para vendernos una 'justicia del siglo XXI' y 500.000 € del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el servicio LACT. Lo irónico es que la Ley 29/2005 prohíbe destacar logros de gestión. Pero el Ejecutivo ha encontrado el truco: meterlo todo en el saco de 'interés social'. En total, el Plan 2026 supone un desembolso de 155.601.788 euros. Un 3,45% menos que en 2025, porque la austeridad también es cuestión de marketing.
Calabozos de Ceuta: Ruinas y cerrojos rotos
Gestionar la frontera de Ceuta se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo sobre escombros. Mientras el Gobierno presume de control migratorio, el puesto fronterizo de El Tarajal parece más el decorado de una película de terror que una instalación de seguridad nacional. El Ministerio del Interior, bajo la batuta de Fernando Grande-Marlaska, ha dejado que los calabozos se conviertan en ruinas, transformando la custodia de inmigrantes en una lotería de riesgos. La cronología es un monumento a la desidia: una inspección en 2023 ya gritaba que el área estaba 'inutilizada parcialmente'. En 2024, la Jefatura Superior de Policía de Ceuta volvió a enviar un oficio, básicamente un 'socorro' administrativo. Pero en el despacho central, el reloj corre a ritmo de siesta. Las obras no arrancaron hasta abril de este año, con un plazo de 10 meses que parecen una eternidad cuando tienes a 90.000 inmigrantes cruzando el espigón el pasado 30 de julio. Traducido al lenguaje de la calle: tenemos una frontera que es un colador y unas celdas que son un chiste. Hablamos de instalaciones donde los detenidos podían manipular los cerrojos desde dentro —como quien abre una puerta mal ajustada en casa— y donde la videovigilancia era un mito urbano. Sin interfonos ni micrófonos, la seguridad dependía más de la buena voluntad que de la técnica. Para rematar la faena, el SUP, a través de Ismael Derdabi Montegordo, advierte que la ciudad está saturada. Mientras Interior se toma su tiempo con el hormigón, la Jefatura de Policía de Ceuta hace malabares con el espacio, intentando encajar en un vaso de agua a miles de personas foráneas. Una gestión brillante: dejar que la infraestructura se caiga a trozos justo cuando el flujo migratorio revienta las costuras del enclave.
Dana: 25 millones y solo un 6%
Hay una diferencia abismal entre el lenguaje de los boletines oficiales y la realidad de quien no tiene techo. El Gobierno, en un despliegue de generosidad administrativa, aprobó el Real Decreto-ley 7/2024 el 11 de noviembre para inyectar 25 millones de euros destinados a comprar viviendas para los damnificados de la dana en Valencia. Una cifra que suena a solución definitiva, pero que en la práctica ha tenido la agilidad de un caracol con artritis. Al cierre de 2025, las cuentas de CASA 47 (la entidad que nació del antiguo Sepes mientras cambiaba de nombre y estatutos el 10 de diciembre de 2025) revelan que solo se han ejecutado 1,516 millones de euros. Traducido al lenguaje de la calle: han gastado el 6,1% del presupuesto. Mientras las familias esperaban un techo, la administración se dedicó a hacer compras quirúrgicas: una casa en Catarroja por 61.320 euros, otra en Sot de Chera por 41.700 euros y un par de inmuebles en Sollana por 81.270 y 74.920 euros. El resto del dinero, unos 23,4 millones, descansa plácidamente en una cuenta bancaria, como quien guarda el cambio en un cajón mientras la casa se quema. La ironía alcanza niveles artísticos cuando vemos que se gastaron 11.620 euros en mobiliario, probablemente para que las pocas casas compradas no parecieran museos del vacío. Y por si fuera poco, el Tesoro Público juega al escondite con los 30 millones de euros en donaciones ciudadanas. Hacienda solo ha dado detalles de un tercio; los otros 20 millones son un misterio contable que no aparece en ningún desglose público. El Estado ha demostrado que es experto en aprobar decretos urgentes, pero un desastre gestionando la urgencia.
Vacunas en Ceuta: solidaridad o parche urgente
Gestionar la salud pública en España es, a veces, como intentar organizar una mudanza en medio de un huracán mientras discutes quién ha pagado el camión. El Ministerio de Sanidad, bajo el mando de Mónica García, ha convocado para el lunes 24 de agosto a las comunidades autónomas con un único punto en la agenda: el 'Mecanismo de solidaridad para vacunas'. Traducción para el ciudadano de a pie: Ceuta está desbordada y ahora toca pedir limosna de dosis a las regiones para cubrir a los inmigrantes que saltaron la valla desde el 30 de julio, un flujo que ya alcanzó las 80.000 personas. La lista de la compra sanitaria es larga: triple vírica, varicela, polio, tétanos y difteria. Mientras tanto, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y presidente del Ingesa, prepara las maletas para visitar la ciudad autónoma y evaluar el impacto en el Hospital Universitario y la Atención Primaria. Es la clásica visita de 'estudio de campo' que llega ocho días después de que la ministra García aterrizara allí y, al volver a Madrid, decidiera que el Gobierno local no había sido 'lo suficientemente ágil'. El contraste es delicioso. Mónica García tilda de 'xenofobia' cualquier preocupación por el sobrecoste o la saturación del sistema, como si el presupuesto público fuera un pozo sin fondo y no una cuenta corriente que ya está en números rojos. Por su parte, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, no se ha quedado callado, recordando que nadie da lecciones de solidaridad a quien tiene el agua al cuello. Al final, entre el juego de culpas y la retórica del Congreso, lo único cierto es que las vacunas no llegan por decreto, sino por una solidaridad convocada de urgencia cuando el incendio ya es visible desde el satélite.
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