Crítica:
La noticia es un catálogo de negligencias, pero el texto original se pierde en el ruido ideológico. Falta una respuesta clara del Ministerio de Defensa sobre por qué no había guantes, más allá de la queja de la ATME.
La noticia es un catálogo de negligencias, pero el texto original se pierde en el ruido ideológico. Falta una respuesta clara del Ministerio de Defensa sobre por qué no había guantes, más allá de la queja de la ATME.
Hacer un trámite en la Seguridad Social ya es una odisea digna de un libro de aventuras, pero lo de Fernando Grande-Marlaska en Ceuta roza el surrealismo administrativo. Tras la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas el pasado 30 de julio, el Ministerio del Interior ha decidido que la solución para gestionar la devolución de los menores extranjeros es desplegar un ejército... de seis agentes. Sí, han leído bien. Seis policías para lidiar con una montaña de expedientes que, según fuentes vecinales y policiales, ronda los 5.000 casos. Es como intentar vaciar un estadio de fútbol con una cuchara de café mientras el dueño del estadio jura que solo hay tres personas dentro. La danza de las cifras es el deporte nacional en el Gobierno. Mientras el Ministerio decía que solo quedaban 1.500 inmigrantes, Juan Jesús Vivas hablaba de más de 10.000 y las asociaciones del barrio de El Príncipe cifraban los menores en más de 4.500. Pero la joya de la corona es la eficacia: en seis años, España ha devuelto a 41 menas de un total de 28.000 entradas, y casualmente, ninguno ha aterrizado en Marruecos. El 'refuerzo' llegó el 17 de agosto, pero no para sumar, sino para sustituir. Seis agentes nuevos para relevar a los seis anteriores, asegurando en un documento interno una 'adecuada capacidad de respuesta'. Mientras tanto, el garantismo farragoso de la norma española deja a niños y niñas en entornos donde las agresiones sexuales se disparan, alejándolos de unos padres que Marruecos dice reclamar, pero que la burocracia prefiere mantener en el limbo. Al final, lo único que parece gestionarse con rapidez es el 'exceso de alojamiento' en el régimen económico de los funcionarios.
Hay una aritmética del absurdo que solo se entiende desde los despachos climatizados de Madrid. Mientras en Ceuta la sanidad pública parece estar jugando una partida de póker con las cartas marcadas y los pacientes esperando que alguien haga un milagro, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que es el momento ideal para hacer generosidad transfronteriza. Hablamos de un 'sablazo' total que supera los 3,1 millones de euros destinados a Marruecos, una cifra que, vista desde la cola de urgencias de una ciudad española, suena a chiste de mal gusto. El desglose es una obra maestra de la ingeniería financiera. Por un lado, tenemos la 'propina' de 488.930 euros repartidos desde 2024 en proyectos de organización sanitaria. Aquí entran 117.420 euros para el Observatorio de Salud del Mediterráneo con ISGlobal, 143.260 euros para el proyecto Averroès 2 y otros 228.250 euros vía Real Decreto 1037/2025 para seguir enseñando a los marroquíes cómo organizar su medicina familiar. Es como si en tu casa el techo se estuviera cayendo y decidieras pagarle un curso de albañilería al vecino de enfrente. Pero el plato fuerte es el Hospital Español de Tánger. A comienzos de 2025, el Consejo de Ministros soltó 2.689.588 euros para una 'intervención de emergencia' que incluía demoler el ala sur del edificio porque se caía a pedazos. Es comprensible que no quieran que el edificio se desplome, pero la paradoja es lacerante: Mónica García niega el colapso sanitario en casa mientras el Ejecutivo moviliza millones para que no colapse un hospital en Rabat. Al final, el dinero público fluye con una agilidad envidiable hacia el exterior, mientras que en Ceuta la gestión parece haberse quedado congelada en el tiempo.
Hay una forma muy sofisticada de decir 'me importa un bledo' y se llama 'reunión de coordinación por videoconferencia'. Mientras Ceuta se hunde en un caos que haría temblar a cualquiera, Pedro Sánchez ha descubierto que el fondo marino de Lanzarote es mucho más relajante que el desbordamiento de 80.000 inmigrantes ilegales. El lunes pasado, el guion fue digno de una comedia negra: a las 9:15 horas, el presidente gestionaba la crisis desde la comodidad de la Residencia Real de La Mareta; a las 10:45, ya estaba camuflado con neopreno en Puerto Calero, buscando peces en lugar de soluciones. Es fascinante el contraste. En Ceuta, Juan Jesús Vivas denuncia una pasividad gubernamental que roza lo surrealista, mientras la Guardia Civil contabiliza 15 violaciones y los sanitarios alertan sobre sarna y tuberculosis. Pero claro, coordinar un Estado desde el sofá de una residencia de Patrimonio Nacional es el nuevo estándar de eficiencia. Sánchez ha visitado la ciudad autónoma una sola vez, prefiriendo pasar sus días con Salvador Illa y Jesús Calleja, disfrutando de un despliegue de seguridad que incluye helicópteros y lanchas del GEAS para que su inmersión en Puerto del Carmen sea tan privada como su agenda política. La ingeniería del descanso es total: Begoña Gómez acompaña al presidente mientras aguarda su juicio por tráfico de influencias y malversación, y el Consejo de Ministros no se molesta en reunirse hasta el 25 de agosto. Mientras tanto, la ciudad autónoma espera respuestas que no llegan por Zoom. Al final, parece que la única 'invasión' que realmente preocupa en La Mareta es que algún periodista se cuele en el espigón antes de que el presidente pueda desembarcar.
En el PSOE, la libertad de expresión tiene el mismo valor que un billete de Monopoly si el mensaje no coincide con el guion de Moncloa. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar la cuenta del súper, en las oficinas del partido se gestiona una 'limpieza' de redes sociales que haría palidecer a cualquier régimen del siglo XX. La chispa fue la crisis de Ceuta, pero el incendio es estructural. Melchor León y Sebastián Guerrero, voces ceutíes que se atrevieron a llamar 'vergüenza' a la gestión de Pedro Sánchez, son solo la punta de un iceberg de miedo y WhatsApps intimidatorios. El sistema es tan predecible como un lunes por la mañana: publicas una crítica, recibes un mensaje de un superior invocando los Estatutos Federales y, acto seguido, la sugerencia velada de que tu carrera política podría terminar en un 'agujero contable' de relevancia. Es el clásico 'borra eso o te borramos nosotros'. Un concejal segoviano vivió el proceso en tiempo real: un tuit cuestionando la colaboración con Marruecos y, al instante, más de 20 llamadas para 'ponerle a parir'. Básicamente, el partido funciona ahora como un grupo de WhatsApp familiar tóxico, donde el patriarca no admite réplicas. La purga no entiende de geografías. En Galicia, el PSdG ya ha entrenado el músculo del silencio; el exsecretario de organización de las Juventudes de Orense fue fulminado por pedir la dimisión de Xosé Tomé tras denuncias de acoso sexual. Como bien confiesa un senador, la 'caza de brujas' es el nuevo estándar operativo desde Madrid hasta Valencia. El PSOE se ha convertido en una olla a presión donde los estatutos, que deberían proteger al militante, se usan como el garrote para mantener la fila india. En resumen: se predica democracia, pero se gestiona con el mando a distancia del miedo.
Hay una mística muy particular en la gestión del Ministerio del Interior: pedirle al agente que sea un superhéroe en la calle y tratarlo como a un refugiado en el cuartel. Mientras Fernando Grande-Marlaska se desplaza a Ceuta con el presupuesto del Estado asegurando sábanas de hilo y aire acondicionado en hoteles de categoría, los policías nacionales que sostienen el dispositivo de seguridad en la ciudad autónoma han descubierto que el 'estándar gubernamental' incluye dormir en colchones manchados y viejos. Es el lujo del siglo pasado. La Confederación Española de Policía (CEP), a través de su portavoz Miguel Gutiérrez, ha tenido que salir al paso para denunciar un escenario que parece sacado de una película de guerra mal presupuestada. Los agentes han sido instalados en el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, unas dependencias que estaban en desuso y que han sido 'acondicionadas' con la misma urgencia con la que uno intenta tapar una gotera con celo. El resultado es un hacinamiento donde siete u ocho funcionarios comparten estancias diminutas, conviviendo con maletas y trastos acumulados. Pero el verdadero monumento a la eficiencia administrativa es el baño: un único inodoro para 70 agentes. Setenta personas haciendo cola para el retrete después de una jornada de máxima exigencia. Para rematar el cuadro, en pleno agosto, con el calor y la humedad de Ceuta asfixiando cualquier rastro de dignidad, las duchas funcionan a base de suerte y el agua caliente es un mito urbano. No es que la CEP pida un spa con masajes tailandeses; piden que el listón de la higiene no esté enterrado bajo tierra. Al final, la 'marca de la casa' de Interior parece ser esa capacidad asombrosa de exigir profesionalidad absoluta mientras se ofrece un alojamiento que haría palidecer a cualquier albergue municipal.
Cuando el agua llega al cuello, el Gobierno saca las carpas del trastero. La ministra Elma Saiz ha aterrizado en Ceuta con una solución que tiene toda la pinta de ser un parche de urgencia: 1.500 plazas nuevas repartidas en cuatro puntos que parecen elegidos al azar, desde el parking de Embolsamiento y la Loma Colmenar hasta la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y el espacio El Guano. Un despliegue 'temporal y extraordinario' que llega 18 días después de que la ciudad se viera desbordada por una avalancha de inmigrantes. La aritmética del conflicto es fascinante. Mientras el Ejecutivo habla de 72.000 entradas irregulares los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno local, liderado por Juan Jesús Vivas, habla de 80.000. Pero el verdadero sablazo no está en la cifra de entrada, sino en los que se quedan: el Gobierno intentó maquillar la realidad diciendo que solo quedaban 2.500 personas, mientras Vivas denuncia que hay entre 8.000 y 10.000 personas viviendo en la calle. Es como decir que en una fiesta solo quedan tres invitados cuando la casa sigue llena de gente durmiendo en el sofá. Para intentar calmar las aguas, Saiz ha recordado que soltó 6,5 millones de euros para la emergencia, dinero que fluye a través de Cruz Roja para repartir 4.000 kits de comida y asistencias diarias. Mucho despliegue de 'marco de legalidad' y 'atención humanitaria', pero la realidad es que el CETI está saturado y la playa del Trampolín es un asentamiento permanente. Mientras Vivas amenaza con llamar a la puerta de Isabel Perelló y Cándido Conde-Pumpido para que alguien ponga orden, la ministra pide al PP, y a Cuca Gamarra, que no compren el discurso de Vox. Al final, entre carpas y bufaes, el Supremo ha prohibido las devoluciones en caliente para quienes llegan a nado, convirtiendo la gestión migratoria en un trámite de oficina que tardará meses en resolverse mientras la ciudad autónoma sigue en vilo.
Hay una diferencia abismal entre lo que Correos dice que hace y lo que realmente hace, y no hablo de que tu paquete llegue tres días tarde. En el expediente resuelto el 16 de junio por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la empresa pública ha hecho un malabarismo digno de Cirque du Soleil: aseguraron haber entregado el desglose diario de votos custodiados para el 23-J, cuando en realidad solo soltaron una cifra global. Es como si pides la factura detallada de la luz para ver dónde se te escapa el dinero y la compañía te responde con el total del año diciendo que 'la información ha sido facilitada adecuadamente'. Un ciudadano, que parece tener más paciencia que todos nosotros juntos, pidió el 24 de noviembre de 2025 saber exactamente cuántos votos pernoctaban cada noche en los CTA, CAM y oficinas de reparto. Correos, en una resolución del 23 de diciembre, le lanzó un dato seco: 2.469.890 votos. Ni un centro más, ni un día menos. Lo delirante llega cuando los Servicios Jurídicos de Correos le juran al CTBG que sí habían respondido 'adecuada y completamente' sobre el número de votos por local y día. Mentira piadosa o laguna mental corporativa; el propio Consejo constató que el desglose no existía en el envío. Al final, obligaron a la sociedad estatal a soltar los datos. Sobre la seguridad, Correos se puso el traje de 'secreto de Estado' invocando el artículo 14.1.k de la Ley de Transparencia para no decir si tenían cámaras o vigilantes, alegando que revelar el cerrojo comprometería el proceso. El CTBG aceptó el misterio de las llaves, pero no la mentira sobre los números. Porque una cosa es proteger la caja fuerte y otra muy distinta intentar colar un gato por liebre al organismo que debe vigilarlos.
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