Crítica:
La pieza es un catálogo de testimonios anónimos que, aunque potentes, carecen de una respuesta oficial del partido para equilibrar la balanza. Es un ejercicio de denuncia más que un análisis periodístico contrastado.
El PSOE amenaza por whatsapp a los cargos que denuncian la «vergüenza» del Gobierno en Ceuta: «Borra ese co...
PSOE: Borra el tuit o estás fuera
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Sarna en Ceuta: Militares sin guantes
Hay una ironía cruel en el hecho de que quienes visten el uniforme para proteger la frontera terminen derrotados por un ácaro de ocho patas. Mientras el Gobierno se pierde en el laberinto de los comunicados oficiales, una veintena de militares de la unidad de Regulares ha acabado aislada en el cuartel González Tablas. ¿El motivo? Un brote de sarna que ha convertido su piel en un campo de batalla de granos y ampollas. La gestión del Ministerio de Defensa parece haber seguido la lógica del 'ya se verá'. Estos soldados han estado desmontando chozas de cañas y cartones en la playa del Trampolín y alrededores del CETI sin guantes ni mascarillas. Básicamente, los mandos los enviaron a limpiar el desastre con las manos desnudas, como quien limpia el polvo de un mueble, ignorando que el Sarcoptes scabiei no entiende de rangos ni de patriotismo. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), con Marco Antonio Gómez al frente, ha puesto el dedo en la llaga: es inadmisible que el personal trabaje a destajo desde el 31 de julio en una crisis migratoria sin el equipo básico de protección. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, aterrizó el domingo en Ceuta solo para coleccionar abucheos y negar un colapso sanitario que los médicos locales ya dan por hecho. El cuadro es dantesco. Entre el picor insoportable, los insultos de quienes consideran que el uniforme es una invitación al ataque y la presión psicológica de saber que sus familias en Villa Capona podrían acabar pared con pared con los asentamientos, el soldado español está al límite. Margarita Robles ya activó apoyo psicológico para los incendios de León y Zamora; parece que para el picor y el trauma de Ceuta, el Ministerio prefiere mirar hacia otro lado mientras el ácaro sigue cavando sus túneles.
Sánchez: buceo en Lanzarote y Zoom en Ceuta
Hay una forma muy sofisticada de decir 'me importa un bledo' y se llama 'reunión de coordinación por videoconferencia'. Mientras Ceuta se hunde en un caos que haría temblar a cualquiera, Pedro Sánchez ha descubierto que el fondo marino de Lanzarote es mucho más relajante que el desbordamiento de 80.000 inmigrantes ilegales. El lunes pasado, el guion fue digno de una comedia negra: a las 9:15 horas, el presidente gestionaba la crisis desde la comodidad de la Residencia Real de La Mareta; a las 10:45, ya estaba camuflado con neopreno en Puerto Calero, buscando peces en lugar de soluciones. Es fascinante el contraste. En Ceuta, Juan Jesús Vivas denuncia una pasividad gubernamental que roza lo surrealista, mientras la Guardia Civil contabiliza 15 violaciones y los sanitarios alertan sobre sarna y tuberculosis. Pero claro, coordinar un Estado desde el sofá de una residencia de Patrimonio Nacional es el nuevo estándar de eficiencia. Sánchez ha visitado la ciudad autónoma una sola vez, prefiriendo pasar sus días con Salvador Illa y Jesús Calleja, disfrutando de un despliegue de seguridad que incluye helicópteros y lanchas del GEAS para que su inmersión en Puerto del Carmen sea tan privada como su agenda política. La ingeniería del descanso es total: Begoña Gómez acompaña al presidente mientras aguarda su juicio por tráfico de influencias y malversación, y el Consejo de Ministros no se molesta en reunirse hasta el 25 de agosto. Mientras tanto, la ciudad autónoma espera respuestas que no llegan por Zoom. Al final, parece que la única 'invasión' que realmente preocupa en La Mareta es que algún periodista se cuele en el espigón antes de que el presidente pueda desembarcar.
Marlaska: un váter para 70 policías
Hay una mística muy particular en la gestión del Ministerio del Interior: pedirle al agente que sea un superhéroe en la calle y tratarlo como a un refugiado en el cuartel. Mientras Fernando Grande-Marlaska se desplaza a Ceuta con el presupuesto del Estado asegurando sábanas de hilo y aire acondicionado en hoteles de categoría, los policías nacionales que sostienen el dispositivo de seguridad en la ciudad autónoma han descubierto que el 'estándar gubernamental' incluye dormir en colchones manchados y viejos. Es el lujo del siglo pasado. La Confederación Española de Policía (CEP), a través de su portavoz Miguel Gutiérrez, ha tenido que salir al paso para denunciar un escenario que parece sacado de una película de guerra mal presupuestada. Los agentes han sido instalados en el Regimiento Mixto de Artillería nº 30, unas dependencias que estaban en desuso y que han sido 'acondicionadas' con la misma urgencia con la que uno intenta tapar una gotera con celo. El resultado es un hacinamiento donde siete u ocho funcionarios comparten estancias diminutas, conviviendo con maletas y trastos acumulados. Pero el verdadero monumento a la eficiencia administrativa es el baño: un único inodoro para 70 agentes. Setenta personas haciendo cola para el retrete después de una jornada de máxima exigencia. Para rematar el cuadro, en pleno agosto, con el calor y la humedad de Ceuta asfixiando cualquier rastro de dignidad, las duchas funcionan a base de suerte y el agua caliente es un mito urbano. No es que la CEP pida un spa con masajes tailandeses; piden que el listón de la higiene no esté enterrado bajo tierra. Al final, la 'marca de la casa' de Interior parece ser esa capacidad asombrosa de exigir profesionalidad absoluta mientras se ofrece un alojamiento que haría palidecer a cualquier albergue municipal.
Carpas y parches: el plan para Ceuta
Cuando el agua llega al cuello, el Gobierno saca las carpas del trastero. La ministra Elma Saiz ha aterrizado en Ceuta con una solución que tiene toda la pinta de ser un parche de urgencia: 1.500 plazas nuevas repartidas en cuatro puntos que parecen elegidos al azar, desde el parking de Embolsamiento y la Loma Colmenar hasta la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y el espacio El Guano. Un despliegue 'temporal y extraordinario' que llega 18 días después de que la ciudad se viera desbordada por una avalancha de inmigrantes. La aritmética del conflicto es fascinante. Mientras el Ejecutivo habla de 72.000 entradas irregulares los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno local, liderado por Juan Jesús Vivas, habla de 80.000. Pero el verdadero sablazo no está en la cifra de entrada, sino en los que se quedan: el Gobierno intentó maquillar la realidad diciendo que solo quedaban 2.500 personas, mientras Vivas denuncia que hay entre 8.000 y 10.000 personas viviendo en la calle. Es como decir que en una fiesta solo quedan tres invitados cuando la casa sigue llena de gente durmiendo en el sofá. Para intentar calmar las aguas, Saiz ha recordado que soltó 6,5 millones de euros para la emergencia, dinero que fluye a través de Cruz Roja para repartir 4.000 kits de comida y asistencias diarias. Mucho despliegue de 'marco de legalidad' y 'atención humanitaria', pero la realidad es que el CETI está saturado y la playa del Trampolín es un asentamiento permanente. Mientras Vivas amenaza con llamar a la puerta de Isabel Perelló y Cándido Conde-Pumpido para que alguien ponga orden, la ministra pide al PP, y a Cuca Gamarra, que no compren el discurso de Vox. Al final, entre carpas y bufaes, el Supremo ha prohibido las devoluciones en caliente para quienes llegan a nado, convirtiendo la gestión migratoria en un trámite de oficina que tardará meses en resolverse mientras la ciudad autónoma sigue en vilo.
Correos miente sobre votos del 23-J
Hay una diferencia abismal entre lo que Correos dice que hace y lo que realmente hace, y no hablo de que tu paquete llegue tres días tarde. En el expediente resuelto el 16 de junio por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la empresa pública ha hecho un malabarismo digno de Cirque du Soleil: aseguraron haber entregado el desglose diario de votos custodiados para el 23-J, cuando en realidad solo soltaron una cifra global. Es como si pides la factura detallada de la luz para ver dónde se te escapa el dinero y la compañía te responde con el total del año diciendo que 'la información ha sido facilitada adecuadamente'. Un ciudadano, que parece tener más paciencia que todos nosotros juntos, pidió el 24 de noviembre de 2025 saber exactamente cuántos votos pernoctaban cada noche en los CTA, CAM y oficinas de reparto. Correos, en una resolución del 23 de diciembre, le lanzó un dato seco: 2.469.890 votos. Ni un centro más, ni un día menos. Lo delirante llega cuando los Servicios Jurídicos de Correos le juran al CTBG que sí habían respondido 'adecuada y completamente' sobre el número de votos por local y día. Mentira piadosa o laguna mental corporativa; el propio Consejo constató que el desglose no existía en el envío. Al final, obligaron a la sociedad estatal a soltar los datos. Sobre la seguridad, Correos se puso el traje de 'secreto de Estado' invocando el artículo 14.1.k de la Ley de Transparencia para no decir si tenían cámaras o vigilantes, alegando que revelar el cerrojo comprometería el proceso. El CTBG aceptó el misterio de las llaves, pero no la mentira sobre los números. Porque una cosa es proteger la caja fuerte y otra muy distinta intentar colar un gato por liebre al organismo que debe vigilarlos.
Marlaska: escolta premiado con sueldo de oro
Hay quienes confunden el servicio público con una agencia de colocación para amigos. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que la lealtad en el primer anillo de seguridad se paga con el mejor de los cheques. A principios de julio, mientras el país miraba hacia otro lado, el ministro 'enchufó' a David, uno de sus escoltas personales, como jefe de seguridad en el consulado español de Tánger. Un destino que en el argot policial es el 'billete dorado': estar cerca de casa, pero con un sueldo que hace llorar al contribuyente. Estamos hablando de más de 12.000 euros brutos al mes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, es como si el jefe de tu comunidad decidiera que, por llevarle las bolsas de la compra, ahora eres el administrador del edificio con un sueldo de estrella de cine. Lo más cínico es el calendario. El nombramiento ocurrió semanas antes de que Ceuta sufriera aquella invasión migratoria de finales de julio, donde más de 80.000 marroquíes cruzaron la frontera. Mientras la frontera ardía, el 'premio' ya estaba firmado. Pero Marlaska no es un innovador, es un heredero. Sigue la escuela de José Luis Ábalos y Koldo García, quienes ya habían convertido las embajadas en centros de retiro dorado. Ábalos colocó a Rubén de Aldama en Rusia en 2021 y a otro escolta en Cuba, coordinando la jugada con el embajador Ángel Martín Peccis. Jupol, el sindicato policial, ya ha llevado este 'meritocracia a dedo' a los tribunales, denunciando que la libre designación es la excusa perfecta para saltarse la ley. Al final, el esquema es sencillo: cuidas bien al ministro y, en lugar de jubilarte con una pensión modesta, te mandan a Tánger a cobrar 12.000 euros al mes por mirar que no se pierda ninguna maleta.
Dos millones para culpar a otros: Vivienda
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler y mira la cuenta corriente con pánico, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha decidido que la mejor forma de solucionar el problema es gastarse más de dos millones de euros en un anuncio. Sí, han soltado esa millonada —dinero que podría haber pagado miles de fianzas reales— para lanzar 'Una ley para vivir', una campaña que, en lugar de construir casas, se dedica a señalar con el dedo al Partido Popular y a las autonomías. Es la clásica jugada de quien rompe un plato y paga dos millones para contratar a alguien que grite que la culpa es del que no lo recogió. Isabel Rodríguez, al mando de la cartera, ha orquestado un despliegue en televisión, radio y prensa cuyo eslogan es una joya de la evasión: «Aplicar la Ley de Vivienda depende de tu comunidad autónoma». Básicamente, el Gobierno nos dice que tienen la medicina, pero que el farmacéutico (la CCAA) no quiere darla. El dato llegó a THE OBJECTIVE tras un baile burocrático digno de premio; el Ministerio pidió ampliar plazos alegando que la información era 'compleja'. Claro, sumar dos millones es difícil cuando tienes que explicar por qué usas fondos públicos para pelearte con la oposición. La paradoja es deliciosa. Una ley aprobada en 2023 que solo funciona a pleno rendimiento en Cataluña y en algunos rincones de Navarra, el País Vasco y Asturias, mientras el resto del mapa la ignora por considerarla un freno al alquiler. El Gobierno se escuda en la sentencia 79/2024 del Tribunal Constitucional para justificar el gasto como 'información ciudadana'. Llamar 'información' a una campaña de desprestigio político pagada con nuestros impuestos es como llamar 'ajuste de precios' a un sablazo en la factura de la luz.
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