Crítica:
La noticia es un dardo directo pero carece de la respuesta oficial del Ministerio, dejando el relato en una sola vía. El título es efectista, aunque la realidad descrita es lo suficientemente grotesca como para no necesitar adornos.
Marlaska tiene a los policías desplegados en Ceuta durmiendo en el suelo, con un inodoro para 70 agentes y ...
Marlaska: un váter para 70 policías
Otros artículos
Sánchez: buceo en Lanzarote y Zoom en Ceuta
Hay una forma muy sofisticada de decir 'me importa un bledo' y se llama 'reunión de coordinación por videoconferencia'. Mientras Ceuta se hunde en un caos que haría temblar a cualquiera, Pedro Sánchez ha descubierto que el fondo marino de Lanzarote es mucho más relajante que el desbordamiento de 80.000 inmigrantes ilegales. El lunes pasado, el guion fue digno de una comedia negra: a las 9:15 horas, el presidente gestionaba la crisis desde la comodidad de la Residencia Real de La Mareta; a las 10:45, ya estaba camuflado con neopreno en Puerto Calero, buscando peces en lugar de soluciones. Es fascinante el contraste. En Ceuta, Juan Jesús Vivas denuncia una pasividad gubernamental que roza lo surrealista, mientras la Guardia Civil contabiliza 15 violaciones y los sanitarios alertan sobre sarna y tuberculosis. Pero claro, coordinar un Estado desde el sofá de una residencia de Patrimonio Nacional es el nuevo estándar de eficiencia. Sánchez ha visitado la ciudad autónoma una sola vez, prefiriendo pasar sus días con Salvador Illa y Jesús Calleja, disfrutando de un despliegue de seguridad que incluye helicópteros y lanchas del GEAS para que su inmersión en Puerto del Carmen sea tan privada como su agenda política. La ingeniería del descanso es total: Begoña Gómez acompaña al presidente mientras aguarda su juicio por tráfico de influencias y malversación, y el Consejo de Ministros no se molesta en reunirse hasta el 25 de agosto. Mientras tanto, la ciudad autónoma espera respuestas que no llegan por Zoom. Al final, parece que la única 'invasión' que realmente preocupa en La Mareta es que algún periodista se cuele en el espigón antes de que el presidente pueda desembarcar.
PSOE: Borra el tuit o estás fuera
En el PSOE, la libertad de expresión tiene el mismo valor que un billete de Monopoly si el mensaje no coincide con el guion de Moncloa. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar la cuenta del súper, en las oficinas del partido se gestiona una 'limpieza' de redes sociales que haría palidecer a cualquier régimen del siglo XX. La chispa fue la crisis de Ceuta, pero el incendio es estructural. Melchor León y Sebastián Guerrero, voces ceutíes que se atrevieron a llamar 'vergüenza' a la gestión de Pedro Sánchez, son solo la punta de un iceberg de miedo y WhatsApps intimidatorios. El sistema es tan predecible como un lunes por la mañana: publicas una crítica, recibes un mensaje de un superior invocando los Estatutos Federales y, acto seguido, la sugerencia velada de que tu carrera política podría terminar en un 'agujero contable' de relevancia. Es el clásico 'borra eso o te borramos nosotros'. Un concejal segoviano vivió el proceso en tiempo real: un tuit cuestionando la colaboración con Marruecos y, al instante, más de 20 llamadas para 'ponerle a parir'. Básicamente, el partido funciona ahora como un grupo de WhatsApp familiar tóxico, donde el patriarca no admite réplicas. La purga no entiende de geografías. En Galicia, el PSdG ya ha entrenado el músculo del silencio; el exsecretario de organización de las Juventudes de Orense fue fulminado por pedir la dimisión de Xosé Tomé tras denuncias de acoso sexual. Como bien confiesa un senador, la 'caza de brujas' es el nuevo estándar operativo desde Madrid hasta Valencia. El PSOE se ha convertido en una olla a presión donde los estatutos, que deberían proteger al militante, se usan como el garrote para mantener la fila india. En resumen: se predica democracia, pero se gestiona con el mando a distancia del miedo.
Carpas y parches: el plan para Ceuta
Cuando el agua llega al cuello, el Gobierno saca las carpas del trastero. La ministra Elma Saiz ha aterrizado en Ceuta con una solución que tiene toda la pinta de ser un parche de urgencia: 1.500 plazas nuevas repartidas en cuatro puntos que parecen elegidos al azar, desde el parking de Embolsamiento y la Loma Colmenar hasta la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y el espacio El Guano. Un despliegue 'temporal y extraordinario' que llega 18 días después de que la ciudad se viera desbordada por una avalancha de inmigrantes. La aritmética del conflicto es fascinante. Mientras el Ejecutivo habla de 72.000 entradas irregulares los pasados 30 y 31 de julio, el Gobierno local, liderado por Juan Jesús Vivas, habla de 80.000. Pero el verdadero sablazo no está en la cifra de entrada, sino en los que se quedan: el Gobierno intentó maquillar la realidad diciendo que solo quedaban 2.500 personas, mientras Vivas denuncia que hay entre 8.000 y 10.000 personas viviendo en la calle. Es como decir que en una fiesta solo quedan tres invitados cuando la casa sigue llena de gente durmiendo en el sofá. Para intentar calmar las aguas, Saiz ha recordado que soltó 6,5 millones de euros para la emergencia, dinero que fluye a través de Cruz Roja para repartir 4.000 kits de comida y asistencias diarias. Mucho despliegue de 'marco de legalidad' y 'atención humanitaria', pero la realidad es que el CETI está saturado y la playa del Trampolín es un asentamiento permanente. Mientras Vivas amenaza con llamar a la puerta de Isabel Perelló y Cándido Conde-Pumpido para que alguien ponga orden, la ministra pide al PP, y a Cuca Gamarra, que no compren el discurso de Vox. Al final, entre carpas y bufaes, el Supremo ha prohibido las devoluciones en caliente para quienes llegan a nado, convirtiendo la gestión migratoria en un trámite de oficina que tardará meses en resolverse mientras la ciudad autónoma sigue en vilo.
Correos miente sobre votos del 23-J
Hay una diferencia abismal entre lo que Correos dice que hace y lo que realmente hace, y no hablo de que tu paquete llegue tres días tarde. En el expediente resuelto el 16 de junio por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), la empresa pública ha hecho un malabarismo digno de Cirque du Soleil: aseguraron haber entregado el desglose diario de votos custodiados para el 23-J, cuando en realidad solo soltaron una cifra global. Es como si pides la factura detallada de la luz para ver dónde se te escapa el dinero y la compañía te responde con el total del año diciendo que 'la información ha sido facilitada adecuadamente'. Un ciudadano, que parece tener más paciencia que todos nosotros juntos, pidió el 24 de noviembre de 2025 saber exactamente cuántos votos pernoctaban cada noche en los CTA, CAM y oficinas de reparto. Correos, en una resolución del 23 de diciembre, le lanzó un dato seco: 2.469.890 votos. Ni un centro más, ni un día menos. Lo delirante llega cuando los Servicios Jurídicos de Correos le juran al CTBG que sí habían respondido 'adecuada y completamente' sobre el número de votos por local y día. Mentira piadosa o laguna mental corporativa; el propio Consejo constató que el desglose no existía en el envío. Al final, obligaron a la sociedad estatal a soltar los datos. Sobre la seguridad, Correos se puso el traje de 'secreto de Estado' invocando el artículo 14.1.k de la Ley de Transparencia para no decir si tenían cámaras o vigilantes, alegando que revelar el cerrojo comprometería el proceso. El CTBG aceptó el misterio de las llaves, pero no la mentira sobre los números. Porque una cosa es proteger la caja fuerte y otra muy distinta intentar colar un gato por liebre al organismo que debe vigilarlos.
Marlaska: escolta premiado con sueldo de oro
Hay quienes confunden el servicio público con una agencia de colocación para amigos. Fernando Grande-Marlaska ha decidido que la lealtad en el primer anillo de seguridad se paga con el mejor de los cheques. A principios de julio, mientras el país miraba hacia otro lado, el ministro 'enchufó' a David, uno de sus escoltas personales, como jefe de seguridad en el consulado español de Tánger. Un destino que en el argot policial es el 'billete dorado': estar cerca de casa, pero con un sueldo que hace llorar al contribuyente. Estamos hablando de más de 12.000 euros brutos al mes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda, es como si el jefe de tu comunidad decidiera que, por llevarle las bolsas de la compra, ahora eres el administrador del edificio con un sueldo de estrella de cine. Lo más cínico es el calendario. El nombramiento ocurrió semanas antes de que Ceuta sufriera aquella invasión migratoria de finales de julio, donde más de 80.000 marroquíes cruzaron la frontera. Mientras la frontera ardía, el 'premio' ya estaba firmado. Pero Marlaska no es un innovador, es un heredero. Sigue la escuela de José Luis Ábalos y Koldo García, quienes ya habían convertido las embajadas en centros de retiro dorado. Ábalos colocó a Rubén de Aldama en Rusia en 2021 y a otro escolta en Cuba, coordinando la jugada con el embajador Ángel Martín Peccis. Jupol, el sindicato policial, ya ha llevado este 'meritocracia a dedo' a los tribunales, denunciando que la libre designación es la excusa perfecta para saltarse la ley. Al final, el esquema es sencillo: cuidas bien al ministro y, en lugar de jubilarte con una pensión modesta, te mandan a Tánger a cobrar 12.000 euros al mes por mirar que no se pierda ninguna maleta.
Dos millones para culpar a otros: Vivienda
Mientras el ciudadano medio hace malabares con el alquiler y mira la cuenta corriente con pánico, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha decidido que la mejor forma de solucionar el problema es gastarse más de dos millones de euros en un anuncio. Sí, han soltado esa millonada —dinero que podría haber pagado miles de fianzas reales— para lanzar 'Una ley para vivir', una campaña que, en lugar de construir casas, se dedica a señalar con el dedo al Partido Popular y a las autonomías. Es la clásica jugada de quien rompe un plato y paga dos millones para contratar a alguien que grite que la culpa es del que no lo recogió. Isabel Rodríguez, al mando de la cartera, ha orquestado un despliegue en televisión, radio y prensa cuyo eslogan es una joya de la evasión: «Aplicar la Ley de Vivienda depende de tu comunidad autónoma». Básicamente, el Gobierno nos dice que tienen la medicina, pero que el farmacéutico (la CCAA) no quiere darla. El dato llegó a THE OBJECTIVE tras un baile burocrático digno de premio; el Ministerio pidió ampliar plazos alegando que la información era 'compleja'. Claro, sumar dos millones es difícil cuando tienes que explicar por qué usas fondos públicos para pelearte con la oposición. La paradoja es deliciosa. Una ley aprobada en 2023 que solo funciona a pleno rendimiento en Cataluña y en algunos rincones de Navarra, el País Vasco y Asturias, mientras el resto del mapa la ignora por considerarla un freno al alquiler. El Gobierno se escuda en la sentencia 79/2024 del Tribunal Constitucional para justificar el gasto como 'información ciudadana'. Llamar 'información' a una campaña de desprestigio político pagada con nuestros impuestos es como llamar 'ajuste de precios' a un sablazo en la factura de la luz.
Caos en Ceuta: el juego sucio real
En el tablero político de Marruecos, las piezas se mueven con la sutileza de un camión de mudanzas. El 30 de julio, mientras el Palacio celebraba la Fiesta del Trono con el brillo habitual, 80.000 personas decidieron que el mejor regalo para el rey Mohamed VI era un asalto masivo a Ceuta. Una coreografía migratoria que, según fuentes como TO, no fue un impulso espontáneo, sino una maniobra de ingeniería política orquestada por Fouad Ali El Himma, el 'virrey' y amigo íntimo del monarca, para dinamitar la imagen del Gobierno actual. Abdelilah Benkirane, el líder del PJD y experto en caminar por el filo de la navaja, ha decidido jugar la carta de la 'cortesía institucional'. Ha pedido aclaraciones al Rey sobre quién organizó el despliegue. Es el equivalente político a preguntar en un grupo de WhatsApp quién ha borrado el chat: todos saben quién fue, pero nadie quiere ser el primero en señalar con el dedo. Benkirane, que encabeza la lista para las legislativas del 23 de septiembre, aprovecha el caos para machacar a Aziz Akhannouch. El premier Akhannouch, que llegó al poder en septiembre de 2021 con el RNI, vive hoy su propio calvario. Es el dueño de la mayor red de gasolineras del país y, casualmente, las familias marroquíes han visto cómo la cesta de la compra y el combustible subían hasta tocar el techo. Un conflicto de intereses que huele a cerrado. Mientras el Programa Forsa prometía el éxito y terminó dejando a jóvenes con amenazas de cárcel, el RNI y el PAM (con sus 102 y 87 escaños respectivamente) se desmoronan. En este juego de tronos, el PAM ya tiene su 'fichaje estrella': Fouzi Lekjaa, el jefe del fútbol, quien podría heredar el mando si la estrategia de la avalancha sobre Ceuta logra enterrar definitivamente a Akhannouch.
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