Crítica:
El texto original es una crónica de hechos, pero omite cualquier respuesta oficial de La Moncloa sobre la eficacia de las videollamadas frente a la presencia física. Es un relato de contrastes que juega con la indignación del lector.
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PSOE: el carnet que ya nadie quiere
Hacer política hoy en día se parece mucho a mantener una suscripción de streaming que ya no te gusta: te das cuenta de que pagas por algo que no consumes y, un día, haces clic en 'cancelar'. En el PSOE, ese clic lo han dado 27.205 militantes desde que Pedro Sánchez recuperó la Secretaría General en las primarias de 2017. No es un goteo; es una fuga de agua en el sótano que nadie quiere arreglar. Si ajustamos el calendario a su llegada a la Moncloa en junio de 2018, la cifra sigue siendo un sablazo: 23.290 afiliados que decidieron que ya era suficiente. Lo más irónico es que el censo socialista solo ha respirado una vez. En 2019, aprovechando el frenesí de la triple cita electoral, el partido sumó unos modestos 98 afiliados netos. Una cifra que, comparada con el resto de la serie, es como intentar tapar un agujero en el casco de un barco con un chicle. Luego llegó la pandemia, y entre 2020 y 2021, el partido sufrió un desplome de casi 11.100 bajas. La gente, mientras se encerraba en casa, decidió que el carnet del PSOE sobraba en la cartera. ¿Y el dinero? Ahí entra la ingeniería contable. En 2025, el PSOE ingresó 9.555.283 euros por cuotas, muy lejos de los 10.844.428 euros que recaudaron en el pico de 2019. Eso sí, la financiación privada total alcanzó los 26 millones de euros, alimentada por la venta de lotería y el alquiler de casetas en fiestas populares. Al final, el partido sobrevive gracias a que ha reclasificado sus cuentas ante el Tribunal de Cuentas, moviendo convenios municipales de la columna de 'privados' a la de 'públicos' desde 2022 para que los números no asusten tanto. Menos militantes, pero la maquinaria sigue aceitada.
Mónica García: Quirón es el socio secreto
Hay una gimnasia mental que ya quisiera el Cirque du Soleil: se llama 'gestionar la sanidad'. Mónica García, la ministra que ha hecho del ataque a la colaboración público-privada su deporte nacional y de señalar a Isabel Díaz Ayuso su mantra diario, acaba de dejarnos el manual de instrucciones sobre cómo hacer exactamente lo que criticas mientras miras al frente. En el Hospital Universitario de Ceuta, la coherencia ha salido por la ventana para dejar entrar al Grupo Quirón. No es un desliz, es una estrategia de manual. Mientras en los micrófonos Quirón es el villano que 'selecciona pacientes', en los papeles del INGESA es el socio preferido. Hablamos de 12 servicios externalizados. Para que el ciudadano medio lo entienda: es como criticar que el vecino use una empresa de limpieza y luego contratar tú a la misma empresa para que te friegue el suelo, pero cobrando el detergente con dinero público. El colmo del surrealismo llega con las endoscopias con sedación profunda. El contrato, adjudicado en febrero de 2026 a IDCQ Hospitales y Sanidad por 158.899 euros, obliga a los pacientes a pegarse un viaje hasta Los Barrios (Cádiz). Si resulta que necesitas una biopsia, felicidades: el servicio no está externalizado, así que tienes que volver a Ceuta y reprogramar todo. Un baile burocrático que puede retrasar diagnósticos críticos varios meses. Un sablazo a la eficiencia. Pero la fiesta sigue. En 2024, con García ya al mando, se rubricaron contratos de neurología y rehabilitación logopédica con Quirón. Sumemos 6.900 euros para test VHIT y 24.000 euros para artroresonancias en abril. Y para rematar la jugada, el 'estirón' presupuestario: 2.172.000 euros a la UTE Clínica Radiológica-Resona-Rusadir para resonancias. ¿Lo más irónico? Compraron una máquina de 3 teslas tan potente que algunos pacientes con tatuajes metálicos no pueden usarla, obligando a mantener el concierto privado. Al final, la sanidad pública de Ceuta parece más un catálogo de subcontratas que un servicio asistencial.
Trump elige Rabat y deja plantada España
Mientras en Moncloa se miran el ombligo, en Rabat se están sirviendo el champán caro. Donald Trump ha decidido que Marruecos es el 'crush' del momento, y lo hace con una generosidad que ya quisiera cualquier vecino europeo. No es solo cariño diplomático; es una transferencia de confianza que duele. Para que nos entendamos: entre enero y mayo, las exportaciones estadounidenses a Marruecos alcanzaron los 2.745 millones de dólares, una cifra que hace que la balanza comercial parezca un buffet libre para Washington. El idilio se ha fraguado en tres actos que parecen sacados de una película de espías con presupuesto infinito. Primero, el 30 de abril, inauguraron un Consulado General en Casablanca que costó 350 millones de dólares. Sumemos a eso los 150 millones de la nueva embajada en Rabat y tenemos un ticket de gasto que dejaría tiritando a cualquier ayuntamiento español. No es solo ladrillo; es una alfombra roja para que fondos como Pimco o Citadel, y gigantes como Oracle, Cisco o Dell, se instalen cómodamente mientras 120 multinacionales ya han echado raíces. Luego vino el romanticismo palaciego. El embajador Duke Buchan —que ya sabe dónde nos aprieta el zapato porque fue embajador en España— le susurró al Rey Mohamed VI que Trump está "firmemente" con él, incluso en el espinoso asunto del Sáhara. El mensaje es claro: desde Tánger hasta Dajla, Washington pone la firma. Pero el giro cruel llegó el 1 de agosto. El Departamento de Estado, dirigido por Marcos Rubio, lanzó un aviso de viaje sobre Ceuta que es, básicamente, un dardo envenenado. Al colocar a España en el "Nivel 2" por riesgo de disturbios y terrorismo, Washington le dice al mundo que Marruecos es, paradójicamente, un sitio más tranquilo para pasear que el territorio español. Un movimiento maestro de relaciones públicas que deja a España como el vecino problemático mientras Rabat brilla como el socio fiable.
Vivienda: El sueño joven es un chiste
Vender humo es gratis, pero alquilar un estudio en Madrid cuesta un riñón y medio. Pedro Sánchez ha bautizado este periodo como la 'legislatura de la vivienda', una etiqueta con más marketing que resultados, porque mientras el discurso oficial se llena la boca con soluciones, la realidad es que los jóvenes españoles han convertido el cuarto de sus padres en su residencia permanente. No es una elección generacional, es un bloqueo financiero. Los datos de Eurostat son el golpe de realidad que no cabe en un tuit oficial. En 2010, la diferencia entre España y la media europea era un suspiro, apenas un 2,8%. Hoy, esa brecha es un abismo: mientras la media de la Unión Europea se planta en el 49,8%, en España el 68,7% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siguen anclados al hogar familiar o dependiendo de la cartera de los progenitores. Es el máximo histórico. Bajo el mandato de Sánchez, la cifra ha trepado del 62,8% al actual 68,7% en 2025. Básicamente, independizarse se ha vuelto un deporte de riesgo o una fantasía de ciencia ficción. Lo más doloroso es mirar al vecino. Mientras Alemania, Austria o Estonia han logrado que sus jóvenes cierren la maleta y se marchen de casa, España ha decidido nadar contracorriente. Solo Croacia, Eslovaquia e Italia nos llevan la delantera en este ranking del estancamiento. Mientras en Francia o Bélgica la subida ha sido un paseo moderado, aquí ha sido un cohete. Al final, la 'legislatura de la vivienda' ha resultado ser la legislatura de 'espera a que tus padres hereden algo', porque con los salarios actuales, intentar pagar un alquiler es como intentar comprar un yate con el cambio de un café.
Bombones públicos: el dulce negocio de Hacienda
Hay quien dice que el poder corrompe, pero en Canarias el poder sabe a cacao y tiene un aroma sospechosamente familiar. Gabriel Andrés Megías Martínez, el número dos de Hacienda, ha decidido que los bombones de cortesía en los hoteles de lujo de Maspalomas y Meloneras deben pagar el impuesto AIEM. Un 'sablazo' fiscal que, sobre el papel, protege la industria local, pero que en la práctica es un regalo envuelto en papel dorado para su propio bolsillo. Mientras el turista cree que el bombón es gratis, el hotel paga un peaje que Megías firmó el 3 de agosto de 2026 en la Consulta nº 2.331, asegurando que las reglas de las franquicias internacionales no valen nada frente al fisco canario. Aquí es donde la historia deja de ser técnica y se vuelve una comedia de enredos. Resulta que Megías no es solo un burócrata con firma pesada; es el hijo del histórico director de La Isleña y consejero de Andrtés Megías Mendoza, S.A. Además, su familia controla 'La Candelaria', otra potencia chocolatera. El señor viceconsejero juega al escondite con la transparencia: en su ficha pública dice que no tiene 'actividad privada', pero en el Registro Mercantil su firma aparece nítida en las cuentas de 2024 como consejero de la empresa familiar. Es el clásico truco de firmar con la mano izquierda mientras la derecha recoge los beneficios. Para rematar el cuadro, tenemos a Pedro Ortega, el Director General de La Isleña desde 1989, que ha hecho un baile de sillas digno de un experto: ha sido presidente de ASINCA (que gestiona 350.000 euros públicos), Consejero de Economía entre 2015 y 2019 y ahora lidera la Confederación Canaria de Empresarios. Un ecosistema donde el regulador, el empresario y el político comparten el mismo café y, posiblemente, el mismo chocolate. No es gestión pública; es un club privado con presupuesto estatal.
Correos: El enchufe que costó 15.000 euros
Hay quienes confunden la gestión de una empresa pública con el presupuesto de su propia casa, o peor aún, con la hucha de un club de amigos. El caso de Correos y la trama Hirurok es el manual perfecto de cómo convertir el dinero de todos en un escudo protector personal. Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, no se limitó a colocar a Leire Díez en un puesto diseñado a medida —donde la propia Díez pudo retocar la oferta de empleo como quien edita un filtro de Instagram para salir mejor—, sino que convirtió esa plaza en el centro de operaciones de una ingeniería financiera bastante creativa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, en los despachos de Correos se fraguaba un plan para 'proteger' al presidente. ¿La herramienta? Contratos menores que, en el lenguaje de la calle, son el agujero negro ideal para evitar controles. Desde febrero de 2022, Leire Díez coordinó con Juan Antonio Carrillo Donaire, del despacho SDEP, un encargo relacionado con la editorial Vicens Vives. Pero no se engañen: el informe jurídico era la fachada; la verdadera misión era blindar a Serrano. El cinismo alcanza su cénit cuando entran en juego las comisiones. Un contrato de 15.000 euros no es una fortuna para el Estado, pero para Vicente Fernández y Carrillo era la excusa perfecta para discutir el porcentaje de la 'mordida'. 'Lo que tú digas', se respondieron, repartiéndose el botín mientras aseguraban una cobertura jurídica para Juanma por al menos dos años. Todo esto quedó registrado en los móviles, esas cajas negras que ahora la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción Número 5, se encarga de clonar. Al final, el 'perfil de Relaciones Institucionales' resultó ser, básicamente, un perfil de relaciones públicas para el beneficio del PSOE y sus allegados.
Marlaska: seis policías para cinco mil menas
Hacer un trámite en la Seguridad Social ya es una odisea digna de un libro de aventuras, pero lo de Fernando Grande-Marlaska en Ceuta roza el surrealismo administrativo. Tras la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas el pasado 30 de julio, el Ministerio del Interior ha decidido que la solución para gestionar la devolución de los menores extranjeros es desplegar un ejército... de seis agentes. Sí, han leído bien. Seis policías para lidiar con una montaña de expedientes que, según fuentes vecinales y policiales, ronda los 5.000 casos. Es como intentar vaciar un estadio de fútbol con una cuchara de café mientras el dueño del estadio jura que solo hay tres personas dentro. La danza de las cifras es el deporte nacional en el Gobierno. Mientras el Ministerio decía que solo quedaban 1.500 inmigrantes, Juan Jesús Vivas hablaba de más de 10.000 y las asociaciones del barrio de El Príncipe cifraban los menores en más de 4.500. Pero la joya de la corona es la eficacia: en seis años, España ha devuelto a 41 menas de un total de 28.000 entradas, y casualmente, ninguno ha aterrizado en Marruecos. El 'refuerzo' llegó el 17 de agosto, pero no para sumar, sino para sustituir. Seis agentes nuevos para relevar a los seis anteriores, asegurando en un documento interno una 'adecuada capacidad de respuesta'. Mientras tanto, el garantismo farragoso de la norma española deja a niños y niñas en entornos donde las agresiones sexuales se disparan, alejándolos de unos padres que Marruecos dice reclamar, pero que la burocracia prefiere mantener en el limbo. Al final, lo único que parece gestionarse con rapidez es el 'exceso de alojamiento' en el régimen económico de los funcionarios.
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